A la deuda deshonrosa generada en América Latina por los gobiernos ilegítimos desde la creación de los organismos financieros internacionales -en la década de los sesenta- se agrega ahora un nuevo mecanismo perverso: el canje de deuda externa por naturaleza. Un nuevo recurso del capital transnacional para aumentar su control sobre los países pobres. Si […]
A la deuda deshonrosa generada en América Latina por los gobiernos ilegítimos desde la creación de los organismos financieros internacionales -en la década de los sesenta- se agrega ahora un nuevo mecanismo perverso: el canje de deuda externa por naturaleza. Un nuevo recurso del capital transnacional para aumentar su control sobre los países pobres. Si bien este mecanismo ha sido puesto en marcha por Estados Unidos en una decena de países, los casos de Paraguay y Colombia son bien ilustrativos del papel que juegan en estos procesos las grandes «transnacionales» de la conservación.
Los programas de «canje de deuda por naturaleza» se tratan, a simple vista, de un acuerdo entre el gobierno estadounidense y un gobierno de un país pobre deudor, mediante el cual Estados Unidos exonera del pago de una parte de la deuda externa a ese estado. En contrapartida, el país deudor debe invertir determinada cantidad de dinero que Estados Unidos le otorga para implementar proyectos de conservación de su medio ambiente.
Parece un cuento de hadas: Estados Unidos se transforma en un estado protector y salvador de la Madre Naturaleza a nivel mundial, que al mismo tiempo libra a los países más pobres de tener que pagar su deuda externa.
Con una mirada un poco más profunda se descubre un complejo entramado de relaciones que echa por la borda la historia del «Hermano Mayor».
Bajo la excusa del cuidado del medio ambiente, el gobierno estadounidense, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y grandes organizaciones no gubernamentales (ONG) de ese país, entre otros actores, despliegan una brutal estrategia de apoderamiento de los recursos naturales de los países no desarrollados.
El mecanismo
Los «canjes de deuda por naturaleza» fueron creados a mediados de la década de los ochenta y en los últimos años aumentaron los acuerdos de este tipo alcanzados por Estados Unidos. Este país ya firmó este tipo de convenios con naciones como Bangladesh, Bélice, El Salvador, Filipinas, Panamá, Perú, Colombia y Paraguay.
La estructura general de estos acuerdos sigue, a grandes rasgos, la lógica siguiente. A modo de ejemplo: el gobierno de Estados Unidos otorga a un país deudor nueve millones de dólares, monto que le descontará además de su deuda de externa.
Grandes ONG conservacionistas también otorgan fondos al estado deudor. Las estadounidenses Nature Conservancy, Conservation International y World Wildlife Fund, consideradas como grandes transnacionales de la conservación, figuran en varios de estos acuerdos.
El país «beneficiario» se compromete a utilizar durante determinado tiempo el dinero que recibe en la implementación de proyectos de conservación de sus bosques tropicales, dirigidos por ONG locales que deben ser reconocidas por Estados Unidos.
Este tipo de acuerdos son posibles bajo las disposiciones de la Ley de Conservación de Bosques Tropicales (TFCA, por su sigla en inglés), promulgada en Estados Unidos en 1998. Esa norma regula la utilización por parte del gobierno estadounidense de fondos presupuestales para financiar proyectos de conservación en diversas partes del mundo.
Según la Embajada estadounidense en Colombia, la TFCA fue creada para «proporcionar una oportunidad, a los países en vías de desarrollo que califiquen, de reducir su deuda con Estados Unidos, al tiempo que generan financiación para actividades que ayuden a conservar sus importantes áreas de bosques tropicales» [1].
Por otra parte, la USAID también está involucrada en la firma de estos acuerdos.
Paraguay: el caso más reciente
El gobierno paraguayo, presidido por Nicanor Duarte, firmó en junio un acuerdo de canje de deuda por naturaleza con el de Estados Unidos, que encabeza George Bush, por una suma que supera los siete millones de dólares. El acuerdo todavía debe ser aprobado por el Congreso paraguayo.
Según información brindada por el Ministerio de Hacienda de Paraguay, el acuerdo, en el que participa la USAID y siempre en el marco de la TFCA, es el primer canje de deuda que firma ese país [2].
Paraguay se comprometió, prosigue el Ministerio de Hacienda, a «generar fondos en moneda local para utilizar en la conservación de bosques tropicales en Paraguay» [3], tarea que llevarán adelante ONG locales.
El ministro de Ambiente paraguayo, Alfredo Molinas, fue más enfático todavía. Según el diario paraguayo ABC Color, el jerarca dijo que el dinero que su país reciba de Estados Unidos «está atado» a proyectos del bosque tropical del Alto Paraná. Molinas subrayó que el acuerdo con Estados Unidos constituye un «hito histórico» en el proceso de reducción de la deuda externa de Paraguay.
Varias organizaciones y congresistas opositores al gobierno de Duarte manifestaron su disconformidad por la poca información y la ausencia de discusión pública sobre el canje que se firmó con Estados Unidos.
Organizaciones no gubernamentales pidieron incluso aplazar la firma del convenio, para impulsar antes una discusión nacional sobre sus riesgos y beneficios en seminarios, debates y foros.
Una mirada un poco más profunda: Colombia
Según información brindada por la Embajada de Estados Unidos en Colombia, esos dos países acordaron en abril de 2004 un canje de deuda por naturaleza por unos diez millones de dólares [4].
Por su parte, el gobierno colombiano, que preside Álvaro Uribe, se comprometió a utilizar los fondos en la implementación de proyectos locales de conservación, con el objetivo de proteger importantes áreas de bosques tropicales.
Para llevar a cabo este canje de deuda por naturaleza, el gobierno de Estados Unidos cedió a Colombia 7 millones de dólares de asignaciones bajo la TFCA. Las ONG Nature Conservancy, Conservation International y World Wildlife Fund contribuyeron con 1,4 millones de dólares.
Las áreas de Colombia que se beneficiarían por la firma de este acuerdo son los bosques del noreste de los Andes tropicales, la región del río Orinoco en los Llanos Orientales y el Caribe. Estas zonas son inmensamente ricas en fauna y flora.
Según Hildebrando Vélez, integrante de la organización ambientalista Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, la TFCA exige que en el país que recibe los fondos se establezca un administrador que los maneje, que tenga la confianza de Estados Unidos [5]. Vélez explica que en el caso colombiano el administrador es el Fondo para la Acción Ambiental, fundación sin fines de lucro constituida en el año 2000. Esa institución es la encargada de ceder los fondos para financiar proyectos de ONG colombianas, dispuestas a trabajar en la conservación de los bosques tropicales en las áreas seleccionadas.
Las consecuencias
En realidad lo que se logra con los programas de canje de deuda por naturaleza es entregar a Estados Unidos y a Nature Conservancy, Conservation International y World Wildlife Fund, el poder de decisión sobre los recursos naturales de un país.
El país deudor, que supuestamente es el «beneficiario» del canje, en realidad pierde posibilidades de decidir sobre el manejo de sus propios recursos, facultad que cede al gobierno estadounidense, a las empresas privadas asociadas a él y a las grandes transnacionales de la conservación.
Por lo general, están de por medio las regiones más ricas y abundantes en recursos de la nación deudora. Ese país no solo depende, con estos canjes, de decisiones foráneas para manejar sus recursos, sino que además queda expuesto al ingreso a su territorio de grandes empresas privadas que se dediquen a brindar servicios ambientales, entre otros.
En El Salvador quedó bajo «protección» un bosque nublado único en ese país, donde proliferan orquídeas y raros ejemplares de monos araña, pumas y búhos rayados. En Belice, el canje le costó al estado la entrega de un segmento del Corredor Montañoso Marino Maya, que abarca un pedazo de costas en el Caribe. En el caso de Perú, el acuerdo con Estados Unidos incluyó el Santuario Histórico de Machu Picchu y la denominada Reserva Natural de Pacaya-Samiria, así como bosques tropicales de la selva amazónica.
El ambientalista Hildebrando Vélez realiza una crítica de los proyectos de conservación locales que se implementan en el marco del cumplimiento de estos programas de canjes de deuda por naturaleza. Explica que esos proyectos «estarían orientados a que actores particulares realicen tareas que son responsabilidad del Estado, debilitando al mismo y transfiriendo sus funciones a actores privados» [6]. Esos emprendimientos también buscarían «asegurar la conservación biológica con el propósito de tener una disponibilidad futura de recursos para proveer servicios ambientales privatizados» [7], agrega Vélez.
Los servicios ambientales (como el ecoturismo) responden a una lógica de mercantilización de la naturaleza, según la cual los recursos naturales tienen un valor económico y por tanto pueden ser vendidos. Vélez explica además que esos servicios son prestados por grandes corporaciones transnacionales o sus subsidiarias nacionales.
Es de esperar que esas empresas no respeten los derechos de las comunidades locales que habitan las zonas donde ellas operan. Esas comunidades corren el riesgo de perder sus territorios y sus recursos naturales por la firma de acuerdos en los que participó el propio gobierno de su país.
Vélez va más allá en su crítica de los proyectos de conservación pactados en el marco de los canjes de deuda por naturaleza. Considera que servirían también para mitigar los impactos medioambientales de los megaproyectos que se realicen en el marco de la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Lo que parece preocupar al ambientalista colombiano es que mediante esas acciones de mitigación de impactos ambientales, que en principio siempre son bienvenidas, se puedan encubrir los graves efectos del IIRSA en la región.
De esta forma, los canjes de deuda por naturaleza son un complejo mecanismo político y financiero destinado a asegurar al gobierno de Estados Unidos y a las grandes «transnacionales de la conservación» el derecho de apoderarse de los recursos naturales de los países más pobres y dependientes.
El manejo de esos recursos permite además a Estados Unidos satisfacer una de las demandas más importantes del sistema capitalista y neoliberal que promueve, que es la promoción de la participación de empresas transnacionales que se dediquen, entre otros rubros, a la gestión de los recursos y a la venta de servicios ambientales. En este sentido, resultan bastante claros los procesos de apropiación y privatización del agua en países ricos en ese recurso, principalmente en América Latina.
Publicado originalmente en la Revista Biodiversidad, octubre de 2006, un proyecto conjunto de REDES-AT (Uruguay) y GRAIN (España). Ha sido tomado de Ecoportal.
[1] «Acuerdo de canje de deuda por naturaleza para Colombia». Embajada de los Estados Unidos de América. Bogotá, Colombia. 23 de abril de 2004. Ver en: http://bogota.usembassy.gov
[2] «El Gobierno firmó convenio para canjear deuda por naturaleza con Estados Unidos». Ministerio de Hacienda, República del Paraguay. 7 de junio de 2006. Ver en: http://www.hacienda.gov.py
[3] Ídem.
[4] «Acuerdo de canje de deuda por naturaleza para Colombia». Embajada de los Estados Unidos de América. Bogotá, Colombia. 23 de abril de 2004. Ver en: http://bogota.usembassy.gov.
[5] «Canjes de deuda por naturaleza». Hildebrando Vélez. Revista Biodiversidad, número 42. Octubre de 2004.
[6] Ídem
[7] Ídem