Palestina, la República Saharaui, la nación Mapuche o el barrio valenciano de El Cabanyal. Territorios y pueblos muy distintos pero unidos en una causa común: la resistencia contra el expolio de sus recursos frente a la amenaza de estados y multinacionales. Para analizar la cuestión, una veintena de colectivos sociales han organizado este fin de […]
Palestina, la República Saharaui, la nación Mapuche o el barrio valenciano de El Cabanyal. Territorios y pueblos muy distintos pero unidos en una causa común: la resistencia contra el expolio de sus recursos frente a la amenaza de estados y multinacionales. Para analizar la cuestión, una veintena de colectivos sociales han organizado este fin de semana en Valencia el I Seminario contra la Expoliación de Territorios, en la que miembros de diferentes pueblos en resistencia han compartido sus experiencias de lucha.
Con el silencio cómplice, cuando no la connivencia, del estado español, la República Saharaui lleva más de tres décadas sometida al reino de Marruecos. Dih Mohamed Naucha, representante del Frente Polisario, ha explicado algunos ejemplos de este apoyo en los últimos tiempos. «Por presiones del Ministerio de Asuntos Exteriores español, Panamá ha dejado de reconocer a la República Democrática Saharaui; la misma presión ha impedido resoluciones críticas de la ONU o la Unión Europea ante los últimos episodios de represión en nuestros campamentos», explica.
Según Dih Mohamed Naucha, el problema real del Sáhara no es distinto al de otros pueblos del sur: contar con riquezas naturales. Los fosfatos, la pesca (uno de los caladeros más ricos del mundo, que ha sido expoliado violando la legalidad internacional) y el petróleo convierten a la república árabe en un territorio estratégico para el imperialismo marroquí. «Vivimos secuestrados en campamentos y cuando intentamos defendernos y luchar por nuestra tierra nos reprimen y además nos llaman terroristas», señala el miembro del Frente Polisario.
Pero el aval español no es el único con el que cuenta Marruecos. Más relevante si cabe es el apoyo francés. Dih Mohamed Naucha ha subrayado que el Magreb constituye actualmente el patio trasero de Francia, algo parecido a lo que ocurre en América Latina con Estados Unidos. «No hay más que observar la relación entre la potencia gala y el exdictador tunecino, su ambición por beneficiarse del petróleo libio (camuflado en un supuesto apoyo a la oposición a Gadafi) y, en un ámbito distinto, el control del uranio de Níger por parte de sus multinacionales, entre otros muchos ejemplos».
Puede cruzarse el Charco pero la amenaza de expolio persiste. El territorio Mapuche es uno de los más asediados, en este caso, por el estado chileno y los proyectos de las transnacionales. Luis Antiyanka, de la Plataforma Civil por la Libertad de los Presos Políticos Mapuches, señala que su pueblo no quiere integrarse «después de que el estado de Chile nos haya asesinado y liquidado nuestra lengua y nuestra cultura; su política consiste en incorporarnos a su forma de vida». Y con los datos en la mano no le falta razón. El territorio de la nación mapuche se ha reducido aproximadamente en un 95% desde la fundación del estado de Chile.
Actualmente los presos mapuches rondan el centenar y cuatro de ellos, con la salud ya muy deteriorada, se mantienen en huelga de hambre durante tres meses. «Sólo por el motivo -explica Luis Antiyanka- de luchar por la defensa del territorio contra las multinacionales; por ello nos dicen que estamos en contacto con las FARC y con ETA, sin que los medios de comunicación informen de nada de lo que ocurre». Ahora parece, sin embargo, que la sociedad chilena empieza a despertar ante la amenaza de nuevas presas en la Patagonia. Una batalla ésta en la que los mapuches llevan muchas décadas empeñados.
La saña con la que el gobierno chileno (de cualquier color) se emplea contra la nación mapuche tiene su materialización más clara en la legislación antiterrorista -herencia de la dictadura de Pinochet- aplicada casi exclusivamente contra un pueblo que se defiende con piedras o la quema de neumáticos ante proyectos que amenazan con destrozar su territorio. No es fácil que esta normativa se le aplique, por ejemplo, a Endesa, compañía que controla el 80% de los derechos del agua en Chile, obtenidos en la época de la dictadura militar.
Pocos ejemplos como el del pueblo palestino expresan la tragedia de una nación sin estado propio. La mayoría de los palestinos (7 millones sobre una población total de 11 millones) viven fuera de su territorio natural, al que sólo pueden regresar con pasaporte europeo o norteamericano. Y ya puede la ONU aprobar resoluciones (lleva más de 50) que la alianza entre Israel y Estados Unidos las deja sin efecto. «No existen procedimientos para obligar a Israel a que las aplique», se lamenta Saif Abukeshek, de la Red Internacional de Jóvenes Palestinos.
Saif ha explicado en su intervención un mecanismo de acción-reacción que funciona de manera sistemática. «Cada vez que la Unión Europea o Estados Unidos hablan de un estado palestino, Israel responde con centenares de asentamientos». El último ejemplo, la propuesta de Obama de un estado palestino enmarcado en las fronteras de 1967, a la que Israel respondió de inmediato con el anuncio de 150 nuevos asentamientos en Cisjordania. «Todo obedece a una estrategia sionista de construcción de asentamientos, confiscación de tierras y división del territorio palestino», explica el portavoz de la red de jóvenes palestinos.
«Es importante no equivocarse -subraya Saif Abukeshek-; en Israel no existen políticos de izquierda ni que apuesten por la paz; hay sólo una estrategia sionista transversal de componente racista y basada en la limpieza étnica del pueblo palestino». 63 años después de la fundación del estado de Israel, «la comunidad internacional no se preocupa por los civiles palestinos, como sí se hace cargo de manera hipócrita e interesada de los pueblos libios e iraquí».
La esencia de la cuestión -el expolio de los territorios- se da asimismo en El Cabanyal-Canyamelar, barrio marinero de Valencia de unos 20.000 habitantes, amenazado por la prolongación de una avenida, impulsada por el Ayuntamiento en 1998, que partiría el barrio en dos, dañaría de manera irreparable los edificios históricos y la trama urbana del barrio y, sobre todo, implica el derribo de 1.651 viviendas y un perjuicio directo a 1.200 familias. «Las expropiaciones y la destrucción de casas nunca se produce en los barrios residenciales de ricos», explica Tino Villora, uno de los portavoces de Salvem el Cabanyal.
¿Por qué es tan apetecible esta barriada marinera? Por su ubicación estratégica. El Cabanyal se halla en la playa, a un kilómetro de la universidad, a dos kilómetros del centro de Valencia y junto al puerto. Salpicado de casas de una o dos alturas con estructuras modernistas de principios del siglo XX, la ciudad le debe al Cabanyal una parte de su identidad. Pero poco parece importar esto a Rita Barberá y al gremio de los promotores. Según Villora, «han dejado que el barrio se degrade por la falta de inversiones y casas derruidas en condiciones absolutas de insalubridad», para justificar la necesidad de ampliar la avenida Blasco Ibáñez.
El Ayuntamiento de Valencia ha utilizado todo tipo de procedimientos, y sin el menor escrúpulo, con el fin de legitimar su proyecto. Se ha permitido, de hecho, el trapicheo de droga en calles por las que precisamente pasa la ampliación de la avenida o se han firmado alquileres, a través de empresas públicas, de casas sin un mínimo de higiene que, en algún caso, concentraban a 50 personas. La degradación y el deterioro del barrio generaban el descontento vecinal y la exigencia de mejoras que, según el consistorio, siempre debían pasar por la prolongación de Blasco Ibáñez. Al final, según Tino Villora, «se trata, como en cualquier expolio, de perjudicar a muchos para beneficiar a unos pocos».
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