Coincidiendo, hoy, con el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la American Civil Liberties Union (ACLU), la poderosa organización defensora de los derechos civiles estadounidense -con más de 400.000 miembros- reclamó ayer al Congreso norteamericano la creación de una comisión bipartidista para investigar las políticas y prácticas sistemáticas de torturas y […]
Coincidiendo, hoy, con el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la American Civil Liberties Union (ACLU), la poderosa organización defensora de los derechos civiles estadounidense -con más de 400.000 miembros- reclamó ayer al Congreso norteamericano la creación de una comisión bipartidista para investigar las políticas y prácticas sistemáticas de torturas y abusos contra los prisioneros bajo custodia de EEUU. ACLU recuerda que EEUU firmó la Convención contra la tortura y otros tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, que entró en vigor en 1987 y que fue ratificada en 1994. «La Convención también prohíbe el traslado o entrega de personas a otros países, cuando exista el riesgo de que sean torturadas». «Es evidente», dice esta organización, «que en los últimos años Estados Unidos, como parte de su llamada guerra contra el terror, ha violado repetidamente la Convención». «El año pasado, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas condenó a EEUU por una política que permitió masificar los abusos contra los detenidos, incluyendo el uso de la tortura», añade el texto.
Por su parte, Amnistía Internacional, publicó ayer un documento en el que denuncia que en más de 100 países persisten las torturas y los malos tratos.
El director de A.I. en España, Esteban Beltrán, dijo ayer que su organización «ha registrado casos de tortura y malos tratos en Estados Unidos, Argelia, Egipto, Marruecos, Irak, México, Rusia, China, Brasil, Zimbabue, Afganistán y muchos otros lugares». España no está fuera de la denuncia. «El uso de la tortura», sostuvo Beltrán, «nunca está justificado, no importa cuáles sean las circunstancias, y la comunidad internacional debe oponerse frontalmente a los intentos de legitimarla». «El derecho internacional» recuerda en su texto Amnistía Internacional, «prohíbe absolutamente la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluso durante un estado de guerra o de excepción».
A.I. pide, entre otras cosas, que se prohíba la exportación de material destinado a la tortura.