Ciudadanos, activistas y asambleas vecinales que descubrieron cómo el anterior alcalde amañaba concursos públicos; o cómo la empresa de recogida de residuos incumplía -con el plácet del ayuntamiento- las condiciones de un contrato; o se daba el caso de que el partido en el gobierno cargaba gastos (del mismo partido) a las arcas municipales. Hallazgos […]
Ciudadanos, activistas y asambleas vecinales que descubrieron cómo el anterior alcalde amañaba concursos públicos; o cómo la empresa de recogida de residuos incumplía -con el plácet del ayuntamiento- las condiciones de un contrato; o se daba el caso de que el partido en el gobierno cargaba gastos (del mismo partido) a las arcas municipales. Hallazgos a los que se sumó la aportación de vecinos que se presentaron en agrupaciones electorales a los comicios de mayo de 2015, iniciaron Auditorías Ciudadanas o impulsaron Observatorios Municipales; con este agregado de materiales y la experiencia de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), el activista de la PACD y redactor de El Salmón Contracorriente, Yago Álvarez, ha elaborado una guía de auditoría ciudadana municipal; «Descifra tu deuda», es el título del libro de 198 páginas. Fruto del conocimiento compartido, la guía no pretende ser el manual definitivo, «ni la llave secreta que os librará de pagar todas las deudas». Se trata, más bien, del punto de partida «para un proceso sin fin», según el autor.
Nora Cortiñas, defensora de los Derechos Humanos y activista de Madres de Plaza de Mayo, advertía sobre la cruenta espiral: «Cada deuda que se paga, es un niño más con hambre»; pero en la tarea cotidiana el activista desciende al análisis de las cuentas municipales, para comprobar posibles modificaciones o desviaciones de crédito; y observa si están justificados y no contravienen la legislación. En los años del «boom» inmobiliario, muchos ayuntamientos estimaron ingresos muy superiores a los obtenidos al final del año. Así podían planificar gastos que excedían a los que hubieran sido posibles con previsiones más realistas; el dinero se destinaba principalmente a inversiones electoralistas y grandes obras. La consecuencia fue «la obligación de endeudarse», señala Yago Álvarez. No son pocos los consistorios en los que también se ha encontrado una «cuenta comodín», opaca, una especie de cajón de sastre en el que incluir gastos no justificados o sobrecostes, explica el libro «Descifra tu deuda». Una cuenta denominada de «gastos varios» o «informes y estudios».
En el capítulo quinto del libro, sobre privatizaciones, externalizaciones y contratación pública, el autor explica la importancia de los «falsos» contratos menores (inferiores a 50.000 euros en las obras, y a 18.000 euros en los servicios y suministros). Se caracterizan porque, según la Ley de Contratos del Sector Público, no necesitan ser publicitados y tampoco recibir un número mínimo de ofertas. Además, la duración máxima es de un año. En otros términos, la Administración tiene la posibilidad de contratar directamente con la empresa privada, «a dedo», sin necesidad de concurso público. El punto decisivo estriba en que, a pesar de que la ley exige el no fraccionamiento del objeto del contrato, en la práctica no ha ocurrido así: las administraciones han abusado de la partición de licitaciones para presentarlas como contratos menores (falsos). «Éste ha sido uno de los principales agujeros negros de dinero público en favor de la corrupción y el clientelismo», resalta Yago Álvarez. Otro ejemplo es el de los sobrecostes de servicios públicos y obras externalizados -como el soterramiento de la M30 de Madrid: 4.400 millones de euros de sobrecoste-, que a menudo se adjudicaron a empresas que presentaron la oferta más barata. O los llamados «elefantes blancos» u obras megalómanas, cuya auditoría «puede implicar de manera más sencilla y rápida a los ciudadanos», destaca el autor.
Una calificación aparentemente administrativa y jurídica se ha convertido, también, en fuente de irregularidades durante los últimos años. Ha ocurrido con los contratos «de servicios», y con los contratos «de concesión o gestión de servicios». En la segunda modalidad existe un riesgo, que el ayuntamiento trasfiere a la empresa con la que acuerda la externalización. Ocurre por ejemplo con la gestión del agua, en la que el beneficio empresarial puede verse condicionado por los impagos de los clientes. Este riesgo mercantil no se produce en la recogida de residuos o en la limpieza de las calles y, pese a ello, éstas se han adjudicado irregularmente en centenares de municipios como si se tratara de una «concesión o gestión de servicios»: por plazos de hasta 20 ó 25 años (en lugar del máximo de cuatro que marca la legislación). Otro capítulo susceptible de auditoría es el que tiene su origen en los préstamos a corto plazo, que han de devolverse al banco en menos de un año, y se refinancian todos los años con nuevos préstamos también a corto plazo. La clave reside en que esta deuda no figura en los presupuestos, sino que directamente se agrega a tesorería. Según Álvarez, «de ese modo se maquilla y se presenta una situación financiera y de endeudamiento irreal».
Además, en ayuntamientos como el de Madrid, se extendieron durante los gobiernos del PP los «Swaps» o productos financieros que, teóricamente, «cubren» al municipio que los contrata de posibles alzas en los tipos de interés. Sin embargo, cuando las tasas de interés caen, como ha ocurrido en los últimos años, los municipios no pueden beneficiarse de las bajadas. Además, matiza el autor y activista de la PACD, «muchas veces los Swaps esconden cláusulas poco transparentes y que pueden llevar al engaño». El sobrecoste que estos derivados financieros han supuesto para el Ayuntamiento de Madrid se cifraba, en octubre de 2015, en 247 millones de euros.
Con el sello del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en febrero de 2012 vio la luz el Plan de Pago a Proveedores. La iniciativa consistía la concesión por parte de la banca de préstamos a los ayuntamientos, con el fin de que éstos pudieran pagar las deudas a sus proveedores. Una circunstancia importante es que la Administración central actuaría como avalista en los créditos; de ese modo, si el consistorio no devolvía la deuda a la entidad financiera, lo haría el estado, y la cantidad se le descontaría al ayuntamiento de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). Más de cinco mil municipios españoles se sumaron al plan. Ocurrió entonces, explica Yago Álvarez, que los municipios «aprovecharon para pagar facturas irregulares, retrasadas y que estaban escondidas en los ‘cajones’; el Plan de Pago a Proveedores fue un inmenso coladero». A ello se añade que las facturas de los suministradores a los municipios no incluyen el pago de intereses; en cambio los préstamos de los bancos a los ayuntamientos, firmados en el marco del Plan de Pago a Proveedores sí, y estos oscilaron entre el 5% y el 6%. La adhesión al Plan de Montoro implicaba además asumir fuertes restricciones, como una limitación o «techo» de gasto, la imposibilidad de contratar directamente personal y la obligación de utilizar un posible superávit para amortizar deuda pendiente. ¿Cómo se justifica, en este contexto, la declaración de ilegitimidad del Plan de Pago a Proveedores? La idea es que los municipios pagaron a los bancos intereses muy superiores (5%-6%) a los que las entidades financieras tuvieron que pagar al Banco Central Europeo (0,25% y 0,15% durante la vigencia del Plan de Pago a Proveedores) por financiarse. Y sin que hubiera riesgos, ya que los créditos a los municipios contaron con el aval del Estado.
Pero el libro «Descifra tu deuda» no se limita a las auditorías sobre gasto y endeudamiento. Incluye un capítulo en torno a la política de ingresos y recaudación fiscal. Propone, por ejemplo, revisar las exenciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), «muy altas y permisivas para los colegios privados y concertados» allí donde gobiernan partidos afines, recalca Yago Álvarez. Hay además casos en que las propiedades de la iglesia católica se arriendan a terceros, que desarrollan una actividad económica en los inmuebles. Al no dedicarse estos a culto y clero, podría revisarse la exención del IBI. En la bonificación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a las actividades empresariales «se han cometido irregularidades», apunta el autor del texto. Ofrecida para atraer las empresas a los municipios, en muchos casos la exención se ha prorrogado indefinidamente, o no se ha cobrado el impuesto una vez expirado el plazo. Otro estímulo para la implantación empresarial que puede analizarse en detalle es la reducción del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Fuentes de recaudación de ingresos y también de posible examen son las tasas a los bancos por los cajeros automáticos que ocupan la calzada pública; a las compañías telefónicas, por el uso del espacio público de las antenas; o a la Cruz Roja, por las donaciones de sangre en las calzadas, ya que el plasma -sostienen los ayuntamientos que cobran esta tasa- se vende a la sanidad pública. En este «proceso sin fin», como el autor define a las auditorías, el lenguaje es «la principal barrera que debemos derribar». Porque hace que los ciudadanos desistan de leer y entender una documentación «plagada de terminología difícil». La comprensión es, para el autor, la clave de una ciudadanía empoderada.
Prólogos de Miguel Urbán, Fátima Martín y Éric Toussaint. epílogo de Sònia Farré.
Guía de auditoría ciudadana municipal (PDF -2.2 MB)
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