Dos casos emblemáticos de terrorismo se han presentado en el Perú en los últimos días. Ambos comprometen a destacados Jefes Militares que en décadas pasadas estuvieron directamente vinculados a los temas de la «guerra sucia» y ponen en evidencia que la memoria colectiva -es decir, el recuerdo de los pueblos- tiene un valor inapreciable para […]
Dos casos emblemáticos de terrorismo se han presentado en el Perú en los últimos días. Ambos comprometen a destacados Jefes Militares que en décadas pasadas estuvieron directamente vinculados a los temas de la «guerra sucia» y ponen en evidencia que la memoria colectiva -es decir, el recuerdo de los pueblos- tiene un valor inapreciable para el efecto de administrar justicia.
El primero de ellos tiene que ver con el general Luis Pérez Documet, uno de los militares más rutilantes y ostentosos del fujimorismo pero que tuvo absoluta libertad de acción desde mucho antes. Bajo el gobierno de Alan García, a fines de los ochenta, en efecto, desempeñó funciones de alto rango en las unidades militares del centro del país y fue acusado por el secuestro y ejecución de estudiantes universitarios de Huancayo. Posteriormente, y ya bajo la dictadura reciente, Pérez Documet estuvo al mando de las unidades que custodiaban las instalaciones de la Universidad Nacional de Educación de La Cantuta, razón por la que sin duda debió autorizar el ingreso de efectivos militares a ese centro en la noche del 18 de julio de 1992, cuando fueron secuestrados y luego torturados y asesinados 9 estudiantes y un profesor de esa institución educativa.
En los próximos días la justicia ordinaria iniciará el proceso incoado contra Pérez Documet y en él comparecerá una de sus víctimas, el joven Luis Alberto Ramírez, quien permaneciera secuestrado y sufriera tratos crueles, inhumanos y degradantes por disposición del citado general y bajo su supervisión directa. El joven Ramírez, que entonces tenía apenas 16 años, salvó la vida cuando estaba llamado a perecer con otros estudiantes que fueron asesinados, y hoy es testigo privilegiado en el proceso que se inicia. Probablemente por eso hace algunos días fue víctima de un nuevo atentado destinado a acabar con su vida: desde un vehículo le dispararon para matarlo, pero fue protegido por su custodio, un uniformado puesto cerca de él para su protección, habida cuenta que ya en dos ocasiones anteriores hubo también quienes intentaron asesinarlo.
El otro caso ciertamente complejo es el que envuelve al general William Zapata, uno de los más conocidos jefes militares del Perú de nuestros días.
A mediados de los ochenta el entonces Comandante William Zapata estuvo al frente de grupos de la Fuerza Armada que operaron en la región central del país y consumaron la matanza de Accomarca, ocurrida en diversos momentos entre agosto y septiembre de 1985.
Aún se recuerda que en las acciones desarrolladas en esa circunstancia por los uniformados, fueron asesinados 69 campesinos, entre hombres, mujeres y niños. Unos 20 de ellos, en efecto, fueron encerrados en una choza de la región y luego la vivienda fue incendiada, pereciendo quienes se hallaban en ella quemados vivos. A poco de ocurridos estos dramáticos hechos, la diligencia de un esforzado congresista de la Izquierda Unida de aquellos años, Jorge Tincopa, permitió poner en evidencia lo ocurrido y sancionar a los jefes de William Zapata y a su subordinado. Los primeros, Silesio Jarama y Mori fueron separados de su función, y el subordinado Teniente Telmo Hurtado -sindicado como autor material de esos y otros crímenes- fue sancionado por «abuso de autoridad» y castigado con «seis días de rigor». William Zapata, sin embargo, logró, en ese momento evadir la acción de la justicia que ahora toca la puerta de su casa.
Como los castigos fueron temporales, todos los autores de estos hechos continuaron su carrera militar. Telmo Hurtado llegó en efecto, a ascender meteóricamente bajo los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori hasta llegar al grado de Mayor. Los generales Jarama y Mori conservaron sus rangos y el Comandante William Zapata ascendió hasta llegar al puesto de General gracias a los «distinguidos servicios» que prestara a la institución castrense.
En su momento, y cuando el MRTA tomó por asalto la residencia del embajador japonés en Lima, el gobierno de Alberto Fujimori resolvió encomendar a un cuerpo especializado la denominada «operación rescate» de los rehenes. Apareció así en el escenario el Comando «Chavín de Huántar» que hasta hoy es mostrado con orgullo por las autoridades castrenses, como ejemplo de coraje, combatividad y heroísmo. Su mérito, como se recuerda, fue disponer de 140 hombres armados hasta los dientes y tomar por asalto una vivienda en la que se hallaban 14 jóvenes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru que debían ser aniquilados. Y lo fueron, sin duda, quedando sin embargo en la conciencia de los peruanos la idea de que varios de ellos fueron víctimas de una ejecución extrajudicial dado que se habían rendido y estaban sin armas. Los protocolos de autopsia confirmaron el hecho por lo menos en tres de los casos denunciados por lo que el tema aún sigue abierto en los tribunales judiciales.
Hoy, el general William Zapata sigue siendo un activo operador militar. En enero de este año estuvo al mando de los escuadrones que ocuparon militarmente la zona de Andahuaylas, agitada por la acción de Antauro Humala, y ahora mismo desempeña altas funciones en la región militar de Piura, aunque hay versiones que, por las denuncias penales que llueven en su contra, ha resuelto «pasar a la clandestinidad».
No es el caso de la residencia nipona el que convoca ahora a William Zapata, sino el tema de Accomarca. Si antes su acción pasó desapercibida, hoy la justicia lo reclama. El Juez Walter Castillo Yataco, titular de la causa, exculpó al ex Presidente García del caso, pero no pudo hacer lo mismo con los 29 uniformados que estuvieron comprometidos en esa masacre.
Más allá de las palabras, hoy puede asegurarse que la justicia peruana tendrá una prueba de fuego. Los acusados tienen poder real, pero enfrentan acusaciones que resuman sangre. Una vez más se aviva la conciencia de los pueblos y se pone en evidencia el inapreciable valor de la justicia (fin)
Gustavo Espinoza Montesinos es miembro del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera