Ecuador: Revolución o Reforma

El objetivo de este trabajo es documentar la situación institucional del Ecuador, sus antecedentes, y la teoría pertinente, para concluir que todas las evidencias señalan el camino equivocado que se ha seguido hasta ahora, el de la Reforma, con resultados negativos. Por ello, soportan la decisión de un cambio radical, una Revolución, que sea inclusiva, participativa y ética, como se recomienda en los análisis internacionales. El  análisis parte del contexto latinoamericano actual, los antecedentes de la situación ecuatoriana, la teoría pertinente para el análisis, los análisis políticos, y el Informe 2005 de la CIDH de la OEA. La conclusión, es que la consulta popular para el llamado a una Asamblea Constituyente como ha planteado el Presidente electo Rafael Correa, es la mejor alternativa y marca un cambio de época, como él la ha definido.

«Revolución es el sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado…; es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos…; es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio…; es no mentir jamás ni violar principios éticos; es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas…, es luchar por nuestros sueños de justicia….».[1]

Ama quilla, ama llulla, ama shua. [2]

El Contexto

Los procesos políticos que está viviendo América Latina, después de la larga noche neoliberal, están produciendo cambios en todos los órdenes de las relaciones de poder, que indican que el continente con mayor desigualdad del mundo asiste a un renovado protagonismo de las luchas populares, silenciadas por el terror de las dictaduras genocidas de los años 70 y 80. La salida democrática, con países rehenes de una deuda externa ilegítima, y en el contexto de la globalización financiera mundial, sufrió la embestida de la fuga de capitales que produjeron las conocidas hiperinflaciones de fines de los 80, para imponer los programas de ajuste fiscal y cambio estructural, a través del FMI y el Banco Mundial. En la década de los noventa, estos programas se impusieron en forma diferente en los países de la región, salvo en Chile que lo había hecho en 1973.

Para las recuperadas democracias sudamericanas, la clave para la penetración de la política  y los gobiernos, fue la «estrategia del caballo de Troya», a través de la corrupción de sus partidos políticos mayoritarios, y la designación de ministros de economía formados en las universidades de Harvard y Chicago, en la línea más radical del neoliberalismo. Así fue en Argentina con Menem-Cavallo, en Brasil con Collor-Henrique Cardoso, en Perú con Fujimori-Boloña, y en Bolivia Paz Zamora-Sanchez de Losada-Banzer, como había sido De la Madrid-Salinas-Zedillo, en México. Ante la caída de la URSS y el fin de la guerra fría, el neoconservadurismo de Thatcher y el ofertismo de Reagan, se conjugaron en las políticas de shock neoliberales en Latinoamérica, con su expresión extrema en la convertibilidad y la privatización «furiosa» en Argentina, y ya en el año 2000, la dolarización en Ecuador. 

El fundamentalismo de mercado ha producido en estas tierras, un capitalismo bandolero («crony capitalism», en inglés), con manifestaciones en todos los órdenes de la vida, incluyendo el salvajismo de las mafias ligadas al narcotráfico. El mercado, entonces, no es una simple entelequia donde la oferta encuentra su demanda, sino que es manejado por mecanismos institucionales corruptos y monopólicos. Lo que sucede es que habiendo desaparecido o minimizado el rol del Estado, una vez producida la crisis y la fuga, la recuperación actual del crecimiento basada en las exportaciones primarias y el consumo interno por «derrame», es producto casi exclusivo del mercado, consolidando el modelo, pero la costumbre y los medios, lo adjudican a los gobiernos, creando una opinión pública desorientada.

Las recetas del Consenso de Washington, en la práctica, eliminaron el Estado, especialmente en cuanto a la provisión de los más elementales derechos que solo «figuran» en las constituciones: la salud, la educación y la seguridad social. El Estado terminó privatizado, en las manos de grupos parasitarios que viven de los subsidios, para ganar una rentabilidad que duplica y triplica los estándares mundiales. Es decir que la larga noche todavía no ha dado a luz un amanecer popular, y las luchas continuarán, por lo que es necesario separar la paja del trigo. En estos momentos, por ejemplo, se viven horas decisivas en Bolivia para sancionar una Constitución Popular.  

Los movimientos populares se han levantado en los momentos más álgidos de las crisis: el primero fue el venezolano, el Caracazo en 1989, tras el colmo de la desfachatez de un régimen de dos partidos que se repartieron durante 40 años el poder por turnos[3], con una pobreza que superaba el 80% de la población. Y lo primero que hizo el Presidente Chavez, cuando asumió en 1999, fue convocar a una Asamblea Constituyente, para cambiar las reglas de juego a favor del pueblo. Brasil, con una clase dirigente precavida, ya se había adelantado en 1988, y la asamblea constituyente declaró delito penal la discriminación racial, estableció el presupuesto participativo en los municipios, y todo el movimiento social que generó, finalmente terminó en la elección del Partido de los Trabajadores, con Lula Presidente. Sin embargo, la corrupción en el PT y en el entorno del presidente ha continuado y en consecuencia sus políticas vienen consolidando el modelo neoliberal, en una suerte de neo-desarrollismo populista. Al igual que en Argentina, donde en lugar de «que se vayan todos», se quedaron todos, disimulados en la recuperación de un crecimiento sin redistribución.[4]

A lo largo de los últimos diez años, el pueblo ecuatoriano viene librando una serie de luchas que se podrían caracterizar como inscriptas en el terreno de lo institucional, porque van dirigidas hacia un conjunto de problemas de este tipo, que han sido identificadas en muchos estudios académicos, de organismos internacionales, y encuestas a la propia sociedad, diagnosticando claramente sus causas y propuesto soluciones, que la clase política se ha negado persistentemente a admitir y afrontar, en las diversas instancias de las crisis que ha vivido el país. De distintas maneras, apelando a mecanismos diversos, ha resistido los embates populares en el pico de las crisis, y una vez pasado el temporal, ha encontrado los modos de perpetuarse en el poder. En Ecuador, no existiendo claramente un partido mayoritario, se ha seguido la estrategia de «El Gatopardo», la famosa novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa hablando de Sicilia: «es necesario que todo cambie para que todo permanezca igual».  

Los Antecedentes

El gobierno ecuatoriano no pudo aplicar la experiencia neoliberal radical y de shock en la presidencia de Sixto Durán Ballén (1992-96), un conservador tradicional que prefería el gradualismo, con su vicepresidente el economista neoliberal Alberto Dahik, que huyó del país por graves actos de corrupción. Y se inaugura así, una larga lista de gobernantes corruptos que no terminan su mandato y huyen del país, de políticos que cambian de partido, de posturas, de promesas, en un círculo vicioso que comienza con el financiamiento de las campañas electorales, y se vuelve estructural, culminando con 17 diputados con órdenes de prisión. El director de la Oficina Anticorrupción afirmó que «En el Ecuador las tres Funciones del Estado, Ejecutiva, Legislativa y Judicial se encuentran contaminadas, así como los gobiernos locales y los organismos de control.»[5]

Durante la década de los 90, en Ecuador se ensayaron todas las fórmulas posibles para la aplicación del recetario neoliberal, incluida una extrema liberalización bancaria que traería consecuencias catastróficas. Sin embargo, no se pudo imponer la privatización de ningún servicio público, ni de la seguridad social, que se rechazó por consulta popular en 1995. En 1996, cuando se iniciaba la presidencia del «loco Bucaram», un grupo de banqueros delincuentes, contratan al inefable Domingo Cavallo, para imponer la convertibilidad, en un país que registraba 25% de inflación anual, pretextando hiperinflación, para completar un desfalco multimillonario, pero también esta propuesta es rechazada[6] y las manifestaciones populares, que comienzan a sentirse protagonistas de la historia, provocan la caída del gobierno, en las históricas jornadas del 5 y 6 de febrero de 1997. Ya por ese entonces, la CONAIE (Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador), reclamaba la convocatoria de una Asamblea Constituyente.  

Pero la estafa bancaria se concretaría más tarde en 1999, al amparo del régimen más corrupto de la historia ecuatoriana, del democristiano Jamil Mahuad, que, en un anticipo de la crisis Argentina, decretó un feriado bancario, un congelamiento de depósitos, y un salvataje financiero, con pérdidas superiores a los 8.000 millones de dólares, para huir del país, no sin antes decretar la eliminación del sucre, la moneda nacional y la dolarización unilateral de la economía, en un verdadero «salto al vacío». En noviembre del mismo año 1999, había aprobado la firma en secreto por su canciller Ortiz, del «Acuerdo de Cooperación» para la instalación de la Base norteamericana de Manta, que ya se había desplegado y planificado por EEUU, mucho más tiempo antes, como parte del Plan Colombia. El «Acuerdo Ortiz», está en total violación a la Constitución y las leyes del Ecuador.

El 21 de Enero de 2000, el pueblo ecuatoriano se levanta una vez más, en lo que se llamó la Rebelión del Arco Iris: sin distinción de categorías, los pueblos originarios, indígenas, maestras, militares, los movimientos sociales, marchan sobre la casa de gobierno para obligar al presidente Mahuad a una huída similar a la que dos años después se repetiría en Argentina. Le sucedió el Vicepresidente Noboa que confirmó la dolarización y terminó el mandato. Aprovechando aquella insurrección, y con el nombre de Sociedad Patriótica 21 de Enero, el Coronel Lucio Gutierrez, ganaría las elecciones a fines de 2002, para inmediatamente traicionar sus postulados, y el acuerdo con el movimiento indígena, pactar con la administración Bush, sumarse a la ola de acuerdos TLC, y considerarse «el mejor aliado de Washington». Tanto entreguismo del coronel resultó indignante, dice Alberto Acosta, en su relato de las memorables jornadas de la «Rebelión de los forajidos», como se autoproclamaron los manifestantes tomando las palabras del Coronel, que habían sido unos «forajidos que fueron a atacarme a mi domicilio».[7]  

Las proclamas eran contundentes. «Por ello exigimos QUE SE VAYAN TODOS, con el dictador a la cabeza, pero también sus secuaces del PRE y del PRIAN, en el Congreso, en los Tribunales Electoral y Constitucional, en la asaltada Corte Suprema de Justicia, en el Consejo Nacional de la Judicatura y en el Banco Central del Ecuador. Recuérdese que la dolarización, impuesta por uno de los gobiernos más corruptos de la historia, contradice flagrantemente la norma constitucional; una decisión que, como hemos visto en estos cinco años, ha provocado un desmedido encarecimiento del costo de vida, ha redundado directamente en la pérdida de competitividad del aparato productivo nacional, ha generado un creciente desempleo y ha consolidado las tendencias especulativas del sistema financiero, sin sentar las ofrecidas bases para el desarrollo del país. La destrucción de lo poco de institucionalidad que le queda al país es cada vez más evidente y descarada. La existencia misma del país está en riesgo.» [8]

El relato de los acontecimientos es muy significativo de la destrucción de las instituciones: «El régimen mostró de manera descarnada la manipulación de las instituciones políticas, por parte de los partidos. Mostró sin pudor que no cuentan los marcos constitucionales, las reglas, solo importa de qué lado está la mayoría. Ese asalto a las instituciones provocó una crisis de constitucionalidad insostenible. Paralizó al sistema político y llevó al colapso a las instituciones. Las instituciones controladas por la mayoría gobiernista se caían de ilegitimidad. Lucio Gutiérrez, huyó de Carondelet en un helicóptero, el 20 de abril de 2005″ [9] 

Con estos antecedentes, la República del Ecuador, viene sufriendo una prolongada inestabilidad institucional, cuyas causas el pueblo conoce, y se ha dado cuenta del orden de prioridades: en primer lugar, las instituciones, cooptadas por el poder del «mercado», han instaurado un sistema de representación falso, donde los «agentes» tergiversan el mandato de su «principal». En segundo lugar, siente, que toda esta estafa no puede ser vendida como democracia, y que los que así quieren presentarla, le están tomando el pelo y le están diciendo estúpido en la cara, con una desvergüenza que ha lastimado las más elementales raíces de su dignidad.

La Teoría Institucional y el discurso

Resulta llamativo que todo el discurso liberal de la «defensa de las instituciones» y del «Estado de Derecho», la «seguridad jurídica» y los «derechos de propiedad», «el imperio de la ley», y la «gobernabilidad», no se detiene a explicar y oculta el verdadero significado y el contenido de la palabra que tanto invocan. Aquí vamos a tratar de desmitificar el remanido concepto.  

Nadie mejor que el Premio Nobel de Economía 1993, Douglas North[10], absolutamente insospechado de antiliberal, para decodificar el significado de un concepto complejo, excesivamente simplificado, y utilizado para explicar toda clase de situaciones, especialmente la falta de crecimiento y de inversiones, en esta parte del mundo. North rescata la tradición institucionalista y política de Veblen, Commons y Mitchel, en sus críticas a la economía clásica fundada en la relación del hombre con la naturaleza, o con los bienes, mientras el institucionalismo se basa en las relaciones entre los hombres y las clases sociales. En estas relaciones, transacciones, y disputas, tanto las leyes y las cortes, como las costumbres, han construido reglas de juego, que pueden ser equitativas o inequitativas, y que terminan siendo las reglas de la sociedad, que pueden ser más o menos razonables, discriminatorias o no, dependiendo del poder que se impuso al sancionarlas. En términos generales, las instituciones, son la expresión de la acción colectiva, en control o liberación de las acciones individuales. Es decir, los límites que ponen las necesidades de la vida en común a la acción individualista. Lo que puedo o no puedo hacer, lo que debo o no, lo que está permitido o no, por lo cual está directamente emparentada con la conducta y la ética individual y social.

Las instituciones, están constituidas por tres elementos: 1) las restricciones formales (la Constitución, y las Leyes); 2) las restricciones informales (las convenciones sociales, las normas de conducta, y los códigos morales); y 3) los mecanismos para hacer cumplir esas restricciones. Con estas reglas de juego, las organizaciones (políticas, económicas, sociales), y sus dirigentes, interactúan, y esta relación, muchas veces contradictoria, define el perfil institucional de los países. Las organizaciones que perduran son las que reflejan las oportunidades que ofrece el marco institucional. De modo que, por ejemplo, si los delitos de cuello blanco, no son penados por la ley, o la justicia no castiga a los poderosos, entonces, las organizaciones que predominan son las corruptas.  

Generalmente, las reglas formales, es decir, las constituciones y las leyes, son diseñadas para servir los intereses de los que tienen el poder. ¿Y quién ha detentado el poder en la historia latinoamericana, desde hace más de quinientos años? O más específicamente, quién ha escrito las constituciones y las leyes desde la independencia política de estas naciones? No hace falta responder a estas preguntas para la concluir que la historia del siglo XX, representa un continuo de gobiernos oligárquicos, y los escasos años de gobiernos populares, no lograron instalar instituciones perdurables en beneficio del pueblo, con muy escasas excepciones, y solo en algunos aspectos.

El estudio de la historia institucional ha revelado que los países desarrollados hoy en día, han sabido establecer instituciones perdurables con una estructura de premios y castigos que ha sido aplicada a todos más o menos equitativamente. O sea, la mezcla de la dinámica histórica de las instituciones formales e informales, es la que determina el desarrollo sostenible de los países. Pero mientras las reglas formales, se pueden cambiar de la noche a la mañana, como por ejemplo, imponer la dolarización de la economía, los códigos de conducta solo cambian gradualmente. Por eso no se llega muy lejos imponiendo leyes o decretos, si estos no tienen relación intrínseca o endógena con la cultura de los pueblos en un contexto de tiempo y espacio determinado.  

El corolario de todo el análisis institucional, es el siguiente: a) Las instituciones serán estables solo si nacen de y representan a las organizaciones del pueblo; b) el desarrollo sustentable y sostenible es un proceso lento que comprende lograr simultáneamente eficiencia adaptativa y equidad distributiva, simultáneamente, en lugar de la mera eficiencia de asignación, propugnada por la economía neoclásica o neoliberal; c) desarrollar una conciencia nacional, o sea una identidad alrededor de un consenso constitucional es un proceso lento, pero es la mejor garantía de su estabilidad. Justamente lo que han logrado los países recientemente industrializados del Sudeste Asiático, muchas veces puestos de ejemplo, y que lo han hecho en tiempo récord, pero porque tenían ya una cultura milenaria, en especial, en la ética de la función pública.

En toda América Latina, y más específicamente en Ecuador, los partidos políticos han dejado de representar al pueblo y han sido cooptados por un sistema democrático corrupto y el lobby del establishment económico, con lo cual el punto a) anterior, no puede ser protagonizado por ellos. El punto  b) es la construcción de un sistema económico que debe cambiar las reglas de juego asimétricas instaladas por el neoliberalismo en los años noventa. Y el punto c) implica el llamado a una Asamblea Constituyente que cambie las reglas del juego político que actualmente encadenan al pueblo ecuatoriano a la voluntad del Congreso.  

Para corroborar lo anterior, es interesante analizar documentos de los representantes de la partidocracia ecuatoriana, y advertir hasta dónde llega el carácter antidemocrático de sus elecciones, la estrechez del concepto de institucionalidad, y como consecuencia la fragilidad de la que luego se quejan. Por ejemplo, un ex Presidente[11] dice «si las propuestas de una reforma política llegan a  enfrentar el dilema entre participación y gobernabilidad, es necesario optar por la segunda». Para reconocer, que «los partidos son menospreciados por gremios  empresariales, grupos sociales, organizaciones de la sociedad civil y en general por los ciudadanos. No es bueno para la democracia que su institución más importante sea la más desacreditada ante los ojos de la opinión pública como lo señalan las encuestas.», pero «Las democracias…lograron sobrevivir mediante arreglos constitucionales y acuerdos políticos con los que se guardaron las formas y se salvó la institucionalidad.»[12]. Es fácil imaginar la clase de democracia que sobrevivió.

El famoso sociólogo francés Alain Touraine, lo expresa así: «En América latina, no se ha constituido un lazo entre los movimientos sociales, fundados en los trabajadores, en sectores urbanos o incluso en grupos étnicos, y los partidos políticos que acepten colocar claramente las luchas sociales dentro de un marco institucional que se podría llamar, al menos formalmente, democrático.» Y en el mismo diálogo, el politólogo Ernesto Laclau concluye que «la transición hacia una sociedad más justa y democrática requiere el desplazamiento y la ruptura radical con una elite corrupta y desprestigiada, sin canales de comunicación política con la vasta mayoría de la población. Es decir que cualquier avance demanda un cambio de régimen.»[13] 

Los consensos sociales

Parece oportuno revisitar el laborioso trabajo de indagación de opiniones, consensos y controversias, realizado en 1996, por el Proyecto de Rol del Estado[14], dirigido por el distinguido economista Germánico Salgado, antes de la sanción de la presente Constitución Política de la República del Ecuador, en la Asamblea Nacional Constituyente, el 5 de junio de 1998, en Riobamba -ciudad sede de la fundación del Estado Ecuatoriano en 1830-. Se realizaron seminarios y entrevistas detalladas, en todas las regiones del país, y las conclusiones recogen el pensamiento de unos trescientos líderes de opinión entre la dirigencia ecuatoriana. El  primer capítulo se titula Gobernabilidad, marco institucional y su funcionamiento, donde se afirma: «Es impresión general entre los ecuatorianos que nuestra sociedad y nuestro Estado están aquejados por severas carencias en el marco institucional que rige la vida colectiva. Los resultados confirman esa impresión y la opinión general es que el Ecuador es ya ingobernable o se aproxima a una situación de ingobernabilidad.» Una premonición contundente y anticipatoria de los acontecimientos que jalonarían la última década, y que no fueron interpretados por los representantes reunidos en la Asamblea Constituyente desde el 20 de Diciembre de 1997. 

El análisis del problema de gobernabilidad que se realizó en el referido trabajo, clasificó en cinco tesis las causas de los problemas de gobernabilidad y del marco institucional del Ecuador: 1) Tesis Política, que captó la preferencia del 50% de opiniones, afirma que el Estado y la institucionalidad tiene relevancia solo para una minoría y no funciona la participación ciudadana; 2) Tesis Social, con el 25% de preferencia, pone el acento en la desigualdad, la falta de integración y el divorcio entre el Estado y la Sociedad. Textualmente, «El concepto de gobernabilidad democrática es aplicable a países en que todos se sienten iguales, se reconocen iguales y tienen un desarrollo pleno de su calidad de ciudadanos… Ecuador es una sociedad piramidal a la cual hemos tratado de revestir de formas jurídicas de igualdad en forma artificiosa y ajena a la realidad»; 3) Tesis de la Inmadurez o Evolutiva, 13% de preferencias, con una interesante observación sobre la superposición de metas históricas: «Cuando aún no se cierra un ciclo, aparecen nuevas demandas», un rasgo compartido por toda Latinoamérica, lógicamente, obligada a acelerar su ritmo para alcanzar el desarrollo que han logrado otras culturas milenarias. 4) Tesis del Déficit Educativo, el 6,5% se inclinó por la falta de una formación integral, especialmente en la cultura política, con gran dosis de indiferencia, debido a la corrupción; y 5) Tesis de la Deformación, con el 5,5% restante, afirma que la razón es una descomposición progresiva del Estado, tanto política como moral.

Las acciones recomendadas por el consenso mayoritario en aquel momento, son también muy significativas: a) Creación de una verdadera democracia participativa; b) Constitución de un Estado fuerte y capaz, aunque selectivo en sus funciones, pero en especial velar por la equidad; c) Respeto auténtico a la Constitución Política; d) Reforma del régimen de Partidos Políticos y de la Ley Electoral; e) Limitar el gasto y la propaganda electoral; f) Expedir las leyes con los sistemas de control necesarios, erradicando la colusión de intereses privados y públicos; g) Formación de una élite de políticos y administradores capacitados y honestos, con la ayuda de las universidades.

Ningún gobierno de los que se sucedieron desde 1997, tomó en cuenta estas advertencias ni sus recomendaciones, con los resultados consiguientes. 

Las decisiones inconsecuentes y sus resultados 

El gobierno interino que sucedió a la caída de Abdalá Bucaram en 1997, convocó a los ecuatorianos a una consulta popular para el 25 de mayo de 1997. La complicada consulta pedía pronunciarse sobre 14 puntos: ante todo, ratificar la destitución de Bucaram, ratificar la elección de Alarcón y convocar una Asamblea Nacional que reforme la Constitución. Acudió a votar el 59% de los empadronados. La nueva Constitución fue la decimonovena desde 1830, y es la que rige actualmente, desde el 10 de agosto de 1998 y fue expedida en Riobamba el 5 de junio al concluir sus labores la Asamblea Nacional Constituyente.

Esta Constitución, según el Presidente de la Asamblea[15], aportó con instituciones y normas para mejorar la calidad del sistema democrático, facilitar la gestión de los gobiernos, reducir los conflictos políticos, otorgar estabilidad política y económica y proporcionar a la empresa un horizonte de largo plazo. … Gracias a ella, el sector privado, tendrá una mayor participación en las actividades productivas y en la prestación de seguridad y confianza para realizar sus inversiones». Aumentó el poder del Presidente en puntos de política económica…y privó al Congreso de una fuente de corrupción y manipulación política al restringir su poder en la elaboración del presupuesto nacional. «en la historia moderna del Ecuador, no existe una Constitución que, como la expedida por la Asamblea Constituyente, haya restringido tanto las atribuciones del Congreso Nacional, y, como consecuencia, fortalecido la autoridad del presidente de la República». Resulta muy raro leer estas declaraciones, que comienzan con la mejora del sistema democrático, y terminan con la restricción de las atribuciones del Congreso, especialmente en cuanto a la ley de leyes, y demuestran una vez más que existe una concepción de democracia muy restringida, y que no se tuvieron en cuenta las sugerencias del consenso de la sociedad, establecidas en el documento del Proyecto sobre el Rol del Estado, mencionado antes. Hemos visto las consecuencias, seguidamente, la evaluación que hace la OEA de la situación, siete años después.   

Uno de los documentos importantes a considerar entre los antecedentes para evaluar la situación del marco institucional del Ecuador, es el Informe Anual 2005 – Capítulo IV Ecuador, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que contiene 81 párrafos, del 118 al 198, entre los cuales algunos referidos específicamente al tema, por muy significativos se transcriben sus partes insoslayables, a continuación[16]

«128. Sin embargo, la Comisión reitera que la crisis coyuntural que se vivió durante el último año en Ecuador, refleja problemas estructurales de mucho mayor alcance que no logran ser resueltos por la grave inestabilidad política que afecta al país y la incapacidad de sus clases dirigentes de formar consensos amplios y perdurables que permitan identificar e implementar políticas públicas inclusivas necesarias para el respeto y goce efectivo de todos los derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con el ejercicio igualitario del derecho a la participación política (artículo 23 de la Convención), acceso a la justicia independiente, imparcial y gozar de un recurso efectivo (artículo 25 de la Convención), libertad de expresión, asociación y reunión (artículos 13 y 15 de la Convención), igual protección ante la ley (artículo 24 de la Convención), y de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en el Protocolo de San Salvador que Ecuador ratificó en 1993.» 

«129. La Comisión no puede dejar de señalar, que la población ecuatoriana tiene un alto nivel de escepticismo con respecto a las instituciones democráticas, a la dirigencia política y a la capacidad de los órganos estatales para tutelar los derechos humanos. Ello contribuye y profundiza la inestabilidad política que ha caracterizado al país en la última década….»  

«131. Esta desconfianza en las instituciones públicas se agrava por una fuerte percepción de corrupción en el país. Los ecuatorianos piensan que 82 de cada 100 funcionarios públicos son corruptos (el más alto en América Latina) y apenas el 21% de los ecuatorianos piensa que se han realizado progresos en la lucha contra la corrupción. El Ecuador se ubica en el puesto 117 sobre 158 países en cuanto al índice de percepción de la corrupción….» 

«Es preciso remontar las causas de las dificultades institucionales del país a, por lo menos, el año 1997»

«Y en lo referido al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, se han propuesto distintas alternativas tales como: la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la anticipación de elecciones, el establecimiento de mesas de diálogo nacional y la consiguiente convocatoria a una consulta popular.» 

Por su parte, los analistas políticos[17], parece que están en una encrucijada y no encuentran una salida a lo resuelto por la gran mayoría de la ciudadanía en las elecciones: «Es evidente la necesidad de hacer reformas a la Constitución en los temas relativos a la democratización de los partidos, despartidización del TSE, estructura del TC, blindaje de los tribunales ante las influencias de los factores de poder, conformación y responsabilidades del Congreso, nominación independiente de organismos de control, etc. Los objetivos de una reforma deberían apuntar a la gobernabilidad, seguridad jurídica, representatividad política, eficiencia de la democracia y protección de los derechos ciudadanos. Son innegables las dificultades que las reformas enfrentarían en el Congreso  controlado por los partidos, que no ha demostrado voluntad ni sensibilidad para hacerlas. Debe, entonces, buscarse un método para expedir esas modificaciones sin menoscabo del Estado de derecho.»  

Esto muestra una gran contradicción y plantea un callejón sin salida, si se trata de una «reforma». Pero lo que el pueblo ha expresado al votar masivamente el llamado a consulta popular para una Asamblea Constituyente, no es «Para reformar la Constitución, según lo previsto en el Art. 283.» (inciso 1 del art. 104 CP), para continuar en el mismo régimen que no se quiere reformar.  Se trata de refundar un Estado que no ha cumplido sus deberes primordiales, por lo que se debería aplicar la norma que le sigue: «Cuando, a su juicio, se trate de cuestiones de trascendental importancia para el país, distintas de las previstas en el número anterior.» (inciso 2 del art. 104 CP).

En la Constitución Política vigente, Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 2. Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social. 3. Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente. 4. Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo. 5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. 6. Garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública libre de corrupción.

Conclusiones

Los antecedentes expuestos hasta aquí, demuestran claramente que el Estado, conformado por el marco institucional actual, no ha cumplido con los deberes, y las garantías señaladas en la Constitución. Por ello, lo que el Presidente electo ha planteado, es un cambio radical hacia una nueva Constitución, y no una mera reforma de la misma. En consecuencia, es necesario otro Estado, otra arquitectura y diseño institucional, que capacite al nuevo Estado para cumplir con sus obligaciones. Es una revolución, no una reforma lo que se plantea, y si el pueblo en su gran mayoría ha aprobado la propuesta de un cambio radical desde una pseudo democracia no representativa, hacia una democracia social participativa con vigencia real de los derechos sociales, con rendiciones de cuenta y controles en toda la cadena de decisiones públicas, esto le otorga verdadera legitimidad a sus actos, y sostenibilidad a sus decisiones. Las constituciones de los países, son normas originarias, «constitutivas», que requieren fundamentalmente una base legítima, y no meramente legal.  

Frente a la contundente voz del pueblo en las urnas, todos los diputados ya se han puesto a acercar posiciones (Lampedusa en acción) para «acordar» con el llamado a la consulta popular para la instalación de una Asamblea Constituyente, que será la primer medida de gobierno: «el pueblo es el soberano, el dueño del poder y será a través de movilizaciones que exigirá su derecho si los diputados pretenden obstaculizar el cambio» explicó Rafael Correa.

Y para dar certeza institucional, se han asegurado las principales líneas de una revolución democrática, que comprende, en primer lugar, una visión claramente soberana, con decisión de realizar transformaciones radicales hacia un socialismo moderno, es decir, de alta participación popular, descentralizado y regionalizado, inclusivo y pluricultural,  para reescribir la historia desde la visión de sus pueblos, generando una auténtica confianza, en primer lugar en su gente, y como consecuencia, en el concierto internacional, asumiendo el camino de la paz, pero desde una posición claramente antiimperialista, en contra del ALCA y su nueva versión del TLC. 

El Programa de Transformación 2007-2011 sintetiza un conjunto de ideas y propuestas con la participación de cientos de líderes y militantes, es claramente un cambio de 180° en las coordenadas políticas que han sometido al Ecuador en las últimas décadas, y revela las prioridades que asigna el pueblo a sus demandas: 1) Revolución Institucional: constitucional y democrática; 2) Revolución Ética: combate frontal a la corrupción; 3) Revolución Económica y Productiva; 4) Revolución Educativa y de la Salud, y 5) Revolución por la Dignidad, la Soberanía y la Integración Latinoamericana.

Ya no se habla de reformar la constitución y los partidos políticos, sino de cambiar de raiz un régimen, por un sistema. La diferencia es muy significativa. Un régimen es una estructura de reglas y procedimientos impuestos, ya sea por la fuerza, o por sucesivas administraciones, en forma desarticulada, por la multiplicación de miles de negociaciones políticas entre facciones, sin relación con la realidad social, sin rendición de cuentas, y como producto del devenir de las presiones de todo tipo. En cambio, un sistema democrático, resulta de un consenso razonable acerca del poder, de sus formas de ejercerlo y controlarlo, para beneficio de una ciudadanía, que termina siendo un verdadero bien público, y como tal, no pertenece ni beneficia o perjudica específicamente a nadie, sino que se basa en los principios éticos que se da cada sociedad en cada tiempo histórico. Por eso mismo, tiene la posibilidad, aunque nunca la seguridad de «constituirse» como la expresión de la nacionalidad. 

La primera batalla está ganada. La segunda, implica lograr, en primer lugar, instalar la Asamblea Constituyente, que la misma tenga verdadera representatividad, y que sesione libre de presiones, pero representando adecuadamente y en un marco de respeto, las demandas explícitas de todos los sectores y regiones del país. El delicado manejo de esta fase es sumamente importante, como podemos comprobar por los lamentables sucesos de carácter casi secesionista en Bolivia. No se trata de provocar inútilmente ni dar fundamento a las acusaciones de falta de democracia.

Los principios constitucionales que proyecta el Plan de Alianza PAÍS, responden a los graves problemas reseñados: Independencia y corresponsabilidad entre las funciones del Estado; Reestructuración y fortalecimiento de los organismos de control; Reestructuración y fortalecimiento de las entidades del Estado; Revocatoria del mandato de toda función pública y rendición de cuentas; Participación directa de la ciudadanía, en los presupuestos, fiscalización social de la obra pública, y veedurías ciudadanas; Un sistema local, nacional y regional de planificación participativa; Transformación del sistema electoral, y control al financiamiento de las campañas; Descentralización del Estado, fortaleciendo los procesos de desarrollo local. 

La Revolución Ëtica, incluye la revocatoria del mandato presidencial, dada la historia de traiciones a las propuestas; garantía de cumplimiento de los derechos civiles y políticos, con estructuras comunales, que planificarán, ejecutarán y controlarán las políticas públicas; reforma al Código Penal que precautele la transparencia con penas severas para la utilización de fondos e información del sector público en beneficio propio; mecanismos de transparencia en la administración pública; auditoria integral de la deuda externa, de los recursos del Estado, y de los gobiernos anteriores.

Estos son apenas en grandes rasgos los lineamientos generales, que contiene el programa[18] de un proyecto revolucionario que tomará forma real a partir del 15 de Enero de 2007, cuando Rafael Correa y el pueblo ecuatoriano asuma el poder, definido «no como una época de cambios sino como un cambio de época». 

Alberto Luque es argentino, Economista.  Profesor universitario y consultor internacional. Integrante del Foro Ecuador Alternativo. Director del Proyecto del Banco Mundial sobre el Rol del Estado