La pobreza generalizada predomina en la sociedad nicaragüense. Según la Amnistía Internacional, el 80% de la población de aquél país vive con menos de dos dólares estadounidenses por día, es decir, menos de 60 dólares por mes. Además de tener tan bajo sueldo, los trabajadores son aun sumisos a pésimas condiciones de trabajo. En el […]
La pobreza generalizada predomina en la sociedad nicaragüense. Según la Amnistía Internacional, el 80% de la población de aquél país vive con menos de dos dólares estadounidenses por día, es decir, menos de 60 dólares por mes.
Además de tener tan bajo sueldo, los trabajadores son aun sumisos a pésimas condiciones de trabajo. En el campo, la exposición directa a pesticidas ya ha causado, de acuerdo con estimativas locales, la muerte da más de 1380 agricultores entre los años 2003 e 2006.
La falta de efectiva regulación sobre la agricultura en Nicaragua repercute en la forma de falta de respeto a los derechos indígenas. Desde el año pasado, comunidades nativas han denunciado irregularidades en la demarcación de sus tierras y la concesión de licencias para la explotación de los recursos naturales sin consultar las poblaciones locales, que sufren directamente los efectos de la actividad.
Violencia presente – En informe encaminado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer declararon su preocupación con el aumento en los índices de violencia sufrida por ellas, más grave por el descaso del poder público con el problema.
La ley también camina para restringir sus derechos. En octubre último, el gobierno nicaragüense retrocedió en la cuestión del derecho reproductivo, dejando su legislación aun más dura. El aborto, hasta la fecha considerado lícito cuando la gestación representaba riscos a la salud de la madre, es ahora ilegal en todas las circunstancias.
Las minorías sexuales también sufren con el prejuicio. En marzo de este año, la prensa nacional dio destaque a los comentarios homofobicos del presidente Enrique Bolaños, que havia ordenado la elaboración de una lista de servidores públicos «sospechosos» de homosexualidad, de modo a destituirlos. Aun hoy, las relaciones entre personas del mismo sexo son vistas como delito.