El desafuero de Andrés Manuel López Obrador es un hecho. El dictamen de la sección instructora de la Cámara de Diputados anticipa el resultado final de la votación del jurado de procedencia de este jueves. Difícilmente habrá sorpresas. El jefe de Gobierno de la ciudad de México perderá su fuero. La decisión de la sección […]
La decisión de la sección instructora no expresa la libre decisión de sus integrantes, sino los compromisos a los que responden. Su dictamen no fue un voto en conciencia. No fue el resultado exclusivo de una negociación entre partidos políticos. La resolución esconde un acuerdo básico, de fondo, de los poderes fácticos que controlan la vida política y económica del país. Los diputados Rebeca Godínez, Cuauhtémoc Frías y Alvaro Elías fueron tan sólo el vehículo para materializar un veto acordado en otro lado.
Los poderes fácticos decidieron bloquear una opción política a la que temen. Esos poderes han utilizado al PRI y al PAN para que representen sus intereses y no ven en López Obrador un mediador al que puedan tripular ni someter. Optaron así por excluirlo, al margen de que se trata de una fuerza real e institucional, y de la poderosa corriente de opinión a favor del tabasqueño que se creó en los meses recientes.
No existen hoy dentro de la política institucional y del marco legal herramientas suficientes para romper este bloqueo. No lo permiten los poderes fácticos. La ruta de los tribunales es un camino hacia el pantano. Sólo modificando las reglas del juego que han regulado la competencia de las elites se podrá revertir la exclusión de los sectores subalternos. Sólo liberando la energía social contenida y fundando un movimiento político alternativo que acorrale a los grupos de interés se podrán establecer condiciones equitativas de competencia y de pleno acceso a la justicia.
Dos campos políticos antagónicos se han constituido con claridad. Y lo que está en disputa entre ellos va más allá del futuro de López Obrador como candidato a la Presidencia de la República.
El dilema que enfrentan es: profundización democrática y construcción de un Estado incluyente o restauración autoritaria. Y para dirimir esta disyuntiva deberá definirse quién cerca a quién, quién aísla a quién, quién gana la contienda por la legitimidad.
Un movimiento de estas características es mucho más parecido al Frente Democrático Nacional (FDN) que impulsó la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 que al actual PRD. El programa, estructura y funcionamiento del partido del sol azteca son insuficientes para enfrentar los retos del momento. La resistencia civil desborda las siglas partidarias. Un movimiento de esta naturaleza únicamente puede nacer de la multiplicación de comités ciudadanos en regiones y organizaciones sociales, así como de espacios de intervención para individuos.
Lo que se avecina podría dar lugar a una lucha social inédita. Un conflicto con clara dimensión electoral, que ni remotamente se agota en este terreno. Una protesta emparentada lo mismo con las jornadas cívicas del doctor Salvador Nava en San Luis Potosí o la lucha anticaciquil en Guerrero, que con la insurgencia ciudadano-electoral de 1988. Un movimiento al que fácilmente se podrían sumar la exigencia de solución a demandas sociales no resueltas.
Una causa de esta naturaleza requiere que la candidatura a la Presidencia de la República de López Obrador sea explícita. No lo es hasta el momento. En la opinión pública debe quedar más claro de lo que ya está que lo que se está atropellando son los derechos de un candidato a la Presidencia y de la opción social que representa, no del alcalde de la ciudad de México
Es la hora de la calles. Y un momento así requiere de un liderazgo diferente al que se necesita para ganar en las urnas; precisa de habilidades distintas a las exigidas en labores de cabildeo o salones. Exige de una dirección con autoridad política y moral, capaz de convocar a la acción y de organizar repliegues sin ser desbordada por una masa indignada.
La ruta de la protesta asustará a las clases medias y pondrá abiertamente en contra de López Obrador a grupos de empresarios que hasta ahora no lo están. El gobierno procurará crear un clima de temor. Pero sin movilización social no hay posibilidad alguna de dar un vuelco, de fijar nuevas reglas del juego para el quehacer político.
Hasta el momento López Obrador ha tenido la iniciativa y ha fijado el terreno de la lucha. Lo deseable es que no las pierda. La protesta no se agota el próximo jueves. El movimiento debe ser capaz de administrar sus fuerzas, escoger los momentos de ofensiva, replegarse cuando sea necesario y no caer en provocaciones. No será fácil. La ira y la desesperación existentes en algunos sectores son tan grandes que será muy difícil dejar escuchar los llamados a la prudencia y será muy sencillo querer echar «toda la carne al asador» inmediatamente después de la consumación del atropello.
Nada garantiza, empero, que una iniciativa así no quede atrapada en las redes de la burocracia partidaria o de la negociación cupular; que importantes dirigentes prefieran conservar su renta política a apostar por la transformación social; que se menosprecie a la gente sencilla dispuesta a dar lo mejor de sí para frenar el atropello. Si eso sucede se habrá perdido una oportunidad única de poner a México en sintonía con sus retos.