El escenario turco se nos vuelve a presentar inmerso en una nueva crisis. El proceso judicial iniciado para ilegalizar o no al gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) presenta una vez más un falso debate en torno a la política de aquél país. Muchas informaciones nos presentan esta situación como un nuevo […]
El escenario turco se nos vuelve a presentar inmerso en una nueva crisis. El proceso judicial iniciado para ilegalizar o no al gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) presenta una vez más un falso debate en torno a la política de aquél país. Muchas informaciones nos presentan esta situación como un nuevo pulso entre las fuerzas laicistas del estado y los impulsores de un islamismo, representado por el AKP. Sin embargo este tipo de lecturas simplistas no hace sino disfrazar la compleja coyuntura turca.
La lucha por el poder entre los defensores del establishment (burocracia estatal, sectores políticos y sobre todo los militares) y el AKP, con el apoyo de sectores del capital turco temerosos de que la crisis traiga pérdidas a sus intereses monetarios, es la clave de la reciente y sobresaltada historia política de Turquía. El deseo de los primeros para mantener sus privilegios les conduce a mantener una oposición radical a los intentos reformistas auspiciados por el gobierno, de ahí que aprovechen cualquier tema (la cuestión chipriota o kurda, el acceso a al UE, el velo o los programas militares) para maniobrar contra el AKP.
No se trata pues de una defensa del laicismo, pues a pesar de que oficialmente la religión ha sido apartada de los asuntos estatales, ésta ha impregnado buena parte de la actividad estatal en las últimas décadas.
La historia se puede repetir y las fuerzas partidarias del status quo vuelven a intentar derrotar judicialmente a una fuerza política que cuenta con el respaldo de buena parte de la población. Si en el pasado ya se han producido situaciones similares (más de veinte partidos políticos prohibidos, en su mayoría de carácter islamistas, kurdo o de izquierdas), en esta ocasión el apoyo popular que sustenta el gobierno del AKP es mucho más elevado, y podría incrementarse en el futuro. Por otro lado, la reacción internacional también sería diferente, y la pasividad del pasado no se repetiría, de hecho, algunas voces ya han apuntado al coste que debería pagar Turquía (acceso a la UE, proyectos económicos).
El precio político es más que evidente, pero a determinados sectores también les preocupa el peaje económico. De momento, la reciente crisis tendrá consecuencias económicas importantes a medio o largo plazo. La economía turca está expuesta a la influencia de los movimientos de capital internacionales y depende en buena medida del comercio y los acuerdos internacionales, cualquier recesión motivada por la crisis tendrá severas consecuencias en el desarrollo económico del país.
El último pretexto ha sido la legislación promovida por el AKP en torno al uso del pañuelo islámico en las universidades, lo que se presenta como «un atentado a la laicidad del estado turco». Si embargo esta medida ha sido promulgada en clave reformista y siempre guardando un interesado equilibrio. El permiso para portar el pañuelo afecta a las estudiantes, pero no alas profesoras. Además coincide con otra medida «reformista», como es la «reevaluación» del Hadith (as tradiciones orales que relatan las palabras del profeta Mohammad), y que buscan un ainterpretación más moderna del Islam.
Las élites oligarcas parecen mostrar sus intenciones, y en esta ocasión le ha tocado el turno a la judicatura, un mecanismo «sagrado, incuestionable y no criticable» que está puesto al servicio de esa minoría influyente que quiere seguir controlando los resortes del estado turco. Algunos analistas han definido a la actual situación como «golpe burocrático o juristocracia».
De todas formas este proceso ilegalizador no es el único, ya que desde hace tres meses está abierto una solicitud similar contra otro partido parlamentario, el pro-kurdo Partido de la Sociedad Democrática (DTP). Y será probablemente la población turca la que acabe pagando todavía más la nueva desestabilización turca, siendo ofrecida para el sacrificio político (ilegalizaciones) y militar (carta blanca a la represión militar).
Algunas formaciones turcas afirman por la boca pequeña que «las urnas son las que deben castigar a los partidos políticos», pero al mismo tiempo no tienen ningún problema en aprovechar la coyuntura que se crea bajo el manto del furor ilegalizador.
En Turquía también están circulando algunas teorías que añaden al pretexto kurdo e islamista algún apunte de tipo conspirativo. Las recientes detenciones de determinados miembros cualificados de la sociedad turca podrían estar relacionadas con una investigación gubernamental destinada a desmantelar la llamada trama «Gladio» turca, conocida como Ergenekon. Esta estructura nacida durante la Guerra Fría, y autora de buena parte de las muertes políticas sin esclarecer del pasado, tendría lazos muy fuertes con las fuerzas defensoras del status quo.
Al AKP se le plantean tres opciones, una reforma constitucional consensuad, pero que no cuenta con el respaldo suficiente; el cambio de artículos constitucionales (el 68 y 69) que frenarían en parte las medidas judiciales o dificultarían las mismas, y que sería llevado a una consulta popular; y finalmente, un adelanto electoral, haciendo coincidir las elecciones municipales del próximo año (marzo 2009) con las legislativas.
El 2008 va a estar inmerso en un clima muy tenso, sin la estabilidad que demanda la sociedad turca. Estas actuaciones «golpistas» pueden tirar por tierra (tal vez lo que se pretende) la política del AKP, y al mismo tiempo «devastar los indicadores económicos». Además, el país «deberá hacer frente a importantes retos y presiones internacionales y las tensiones internas podrían incrementarse», mientras que «el problema kurdo se complicaría todavía mucho más».
Sin olvidar tampoco la influencia que una ilegalización del AKP tendría de cara al resto del mundo islámico. Tanto desde Occidente, como desde formaciones políticas islamistas, se observa con atención la evolución del AKP, al que algunas fuentes lo situarían en una especie de puente entre el Islam y la democracia, y la materialización de una formulación política de estilo «demócrata-islamista».
Las fuerzas del establishment kemalista seguirán utilizando todos los resortes, legales o conspirativos, que le quedan para frenar el cambio estructural que se puede presentar en Turquía. Si una intervención militar parece descartarse de momento (no cuenta con el apoyo internacional necesario ni de las fuerzas empresariales del país), los ataques contra los kurdos podría incrementarse (ataques militares, ilegalización del DTP, e incluso algunos pogromos), y ser de nuevo los chivos expiatorios de la crisis turca.
De materializarse los procesos contra el AKP y el DTP, nos encontraríamos con las provincias del sudeste del estado turco (la mayor parte del norte kurdo ocupado por Turquía), donde el 90 por ciento de la población habría apoyado a esas do formaciones, sin representación. De ahí que algunos analistas turcos señalen que «el sistema no se colapsará por ello, pero la situación democrática sería cuando menos precaria».
Las manobras recientes no son pues un mero movimiento legal, sino que esconde detrás importantes impulsos políticos. Por ello, esta nueva crisis se nos presenta bajo el manto de un disfraz judicial que intenta esconder los verdaderos intereses que la impulsan.
TXENTE REKONDO.- Gabinete Vasco de Análisis Internacional (GAIN)