Un tribunal italiano negó de nuevo el 6 de febrero la libertad solicitada por la defensa del ex fiscal militar de la provincia de Cautín, llamado «El Pinochet chico de Temuco», ciudad que está 700 km al sur de Santiago. El abogado Alfonso Podlech Michaud vivía en Chile en impunidad e incluso era una autoridad […]
Un tribunal italiano negó de nuevo el 6 de febrero la libertad solicitada por la defensa del ex fiscal militar de la provincia de Cautín, llamado «El Pinochet chico de Temuco», ciudad que está 700 km al sur de Santiago. El abogado Alfonso Podlech Michaud vivía en Chile en impunidad e incluso era una autoridad local por ser miembro del Tribunal Calificador de Elecciones de Temuco, el sistema del Estado que garantiza las elecciones democráticas. Llevaba una vida «normal», como una «persona respetable», pero en vez de pasar sus vacaciones en algún lugar de Chile, eligió viajar a Europa, sin sospechar que allí estaba encargado por homicidio, el mismo error que cometió Augusto Pinochet cuando se fue de paseo a Londres en 1998.
Quienes cometieron asesinatos o desapariciones en Chile y otros países de Sur América no podrán seguir desplazándose a su antojo por el mundo porque les podría guardar el mismo destino que a este ex fiscal militar chileno, detenido el 27 de julio 2008 en el aeropuerto madrileño de Barajas, mientras disfrutaba vacaciones en Europa. Podlech fue extraditado a Italia el 13 de agosto 2007 y ahora, en vez de alojarse en un confortable, hotel está tras las rejas, procesado por el fiscal Giancarlo Capaldo por homicidio y secuestro del desaparecido ex sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli Leonelli, visto por última vez en Temuco en octubre de 1973.
Podlech cayó preso en España porque su nombre apareció entre 140 órdenes de arresto y extradición emitidas por la justicia de Italia en 2007, por la desaparición en Sur América de 25 ciudadanos de origen italiano. La justicia que jamás se impartió en Chile respecto a este ex fiscal militar actuó en España e Italia. Las 140 órdenes configuran una suerte de lista de criminales de la «Operación Cóndor» impunes de Chile, Argentina y Uruguay, parecida a la nómina de 39 «extraditables» chilenos que por decisión del juez español Baltasar Garzón no pueden abandonar el país desde hace 10 años por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Podlech ha sido el único apresado entre los 140 de la lista, debido a la escasa cooperación de los países suramericanos con los tribunales italianos.
Medio centenar de activistas chilenos de derechos humanos y familiares de las víctimas se propusieron, entre otras tareas, difundir ampliamente esta noticia, entre otros temas nunca acogido por la gran prensa mundial ni local, tras participar en el encuentro «Juicio y Castigo a Podlech», efectuado el 7 de febrero en Roma. Así lo informó el periodista Marcelo Henríquez Kries, hijo de otra víctima de Podlech, el médico Hernán Henríquez Aravena, cuya esposa -Ruth Kríes1– lo vio por última vez cuando se lo llevaron de su hogar el 24 de septiembre de 1973.
Los activistas chilenos, provenientes de su país, Italia y diversas otras naciones -como España, Suiza, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica y Canadá-, fueron convocados en la capital italiana por Jeremías Levinao, Ruth Kries y Fresia Cea, todos familiares de ciudadanos asesinados o desaparecidos por la acción de Podlech cuando era fiscal militar en Temuco en 1973, bajo la dictadura de Pinochet.
Casos de ítalo-descendientes
El fiscal Capaldo investiga también otras desapariciones y muertes de italianos en los años 70 y 80 en Sur América. Entre otros juicios, investiga la desaparición en Chile de Juan Bosco Maino Canales, Juan José Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño. Y concluyó otros procesos contra militares argentinos condenados en rebeldía por no presentarse.
El fiscal indaga las desapariciones de ítalo-descendientes desde fines de los años 90, justo cuando los nuevos gobiernos de los países que habían sufrido dictaduras impusieron leyes de amnistía, obediencia debida y punto final. Desde 1999 conoció los casos de los ítalo-uruguayos Daniel Banfi, asesinado en 1974; Bernardo Arnone, Gerardo Gatti y Juan Pablo Recagno, desaparecidos en 1976; y Andrés Bellizzi, desaparecido en 1977. Capaldo viajó a Argentina y Uruguay en 2002, pero no obtuvo apoyo de los gobiernos.
La lista de extraditables incluye al ex comandante en jefe de la marina argentina Emilio Massera, quien también está en la mira del Fiscal, pero lo protege una pretendida mala salud mental similar a «demencia subcortical leve» que le inventaron en Chile a Pinochet. Sin embargo, los galenos que han viajado desde Italia a examinarlo tienen otra opinión. Sometido de nuevo a una última pericia por el médico italiano Piero Rocchini el ex almirante fue declarado «plenamente en condiciones de ser sometido a juicio», según el diario Página/12 del 3 de febrero. En cambio, el Cuerpo Médico Forense argentino sostiene que el dictador es insano e inimputable y ese «diagnostico» es compartido por los tribunales. La jueza María Servini de Cubría lo declaró «insano» y la Corte Suprema avaló que es «incapaz» de enfrentar un proceso penal. Los procesos en su contra fueron suspendidos en Argentina en 2005, después que una junta médica dictaminó «involución mental» por efecto de un derrame cerebral que habría ocurrido en diciembre de 2002.
Los tribunales italianos aguardan también la extradición del ex militar uruguayo Antranig Ohannessian, detenido en marzo 2008 en el aeropuerto de Buenos Aires, acusado del secuestro y asesinato de cuatro ciudadanos italianos, pero el fiscal Capaldo explicó que aún no ha recibido respuesta de las autoridades argentinas.
Encuentro chileno en Roma
La justicia italiana rechazó en dos ocasiones la excarcelación de Podlech, quien permanece en la prisión romana de Rebbibia. Durante una reunión con los familiares de las víctimas, el abogado querellante Giancarlo Maniga, explicó que si Podlech apela de nuevo para seguir obstruyendo el juicio que debió comenzar en enero, estaría prolongando un proceso judicial que en Italia puede tener larga duración.
Maniga explicó que el homicidio agravado con secuestro es un delito que en Italia no prescribe y amerita cadena perpetua. Para el jurista, Podlech está en «custodia cautelar» por un delito grave que requiere una condena definitiva, aunque tiene aún posibilidad de apelar ante el tribunal superior de Casazione. Y si el tribunal confirmara su custodia, su caso sería separado de los 140 investigados de la Operación Cóndor y sería sometido de inmediato a juicio, explicó Maniga. Los familiares aplaudieron al jurista y expresaron su satisfacción, relató el periodista Henríquez.
La defensa de Podlech podría pedir un «juicio abreviado» sobre la base de los documentos ya presentados en el caso, bloqueando la llegada de más pruebas. También sus abogados podrían inventar una enfermedad grave para liberarlo, solicitando arresto domiciliario o en un hospital, pero tiene que someterse al juicio, sea abreviado o no.
Cuando le preguntaron al abogado Maniga ¿cómo apoyar el proceso? respondió que dándolo a conocer a la opinión pública y presentando nuevos testimonios ante el fiscal. Desde que el 9 de febrero se cerró el sumario con los testimonios del caso Venturelli, la justicia puede abrir un nuevo cuaderno con testimonios sobre otros asesinatos de Podlech en la Araucanía, cuando esa región estuvo sometida a su jurisdicción.
«Nosotros ya no somos víctimas y no tenemos miedo», dijo Ricardo Parvex, de la Asociación de ex Presos Políticos en Francia, al sintetizar el sentimiento del grupo. «Ahora son ellos quienes tienen miedo de enfrentarse a su pasado a la hora de rendir cuentas ante la justicia. Por eso han perdido las ganas de salir de vacaciones al exterior. En vez de un confortable hotel cinco estrellas, les podría estar aguardando una solitaria celda en alguna cárcel. Chile mismo es ahora una gran prisión para varias decenas de criminales, cuyas responsabilidades están siendo investigadas por la justicia en Francia, España e Italia», añadió.
El juicio a Podlech fue sólo uno de los objetivos del encuentro de familiares y activistas en Roma, aunque tal vez el más urgente, explicó Henríquez. Los fallos definitivos dictados en los últimos tres años por la Corte Suprema de Chile han garantizado la impunidad al rebajar sustancialmente las condenas de primera y segunda instancia a criminales, como ocurrió el 4 de febrero en el caso del dirigente del MIR Jécar Antonio Neghme Cristi, asesinado en Santiago el 4 de septiembre de 1989, la misma noche en que se proclamó la candidatura presidencial de Patricio Aylwin. El máximo tribunal chileno rebajó por unanimidad las condenas de sus asesinos otorgándoles libertad inmediata.
Los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Carlos Künsemüller y los abogados integrantes Juan Carlos Cárcamo y Oscar Herrera condenaron a 5 años de «libertad vigilada» al brigadier Enrique Leddy Araneda y a «penas remitidas» de 3 años al coronel Pedro Javier Guzmán Olivares y al capitán Luis Arturo Sanhueza Ross; a la misma «pena», pero por 2 años, al coronel Jaime Eduardo Norambuena Aguilar y al capitán Silvio Corsini Escárate, y por 541días al mayor Manuel Allende Tello, en tanto el general Gustavo Abarzúa Rivadeneira quedó exento de condena. (Los «supremos» Segura y Ballesteros fueron designados por el gobierno del socialista Ricardo Lagos y suelen dejar en libertad a los asesinos invocando como «atenuante» su pertenencia a las Fuerzas Armadas).
El caso Neghme y otros
También concurrió al encuentro de Roma la abogada de derechos humanos Farah Neghme Cristi, hermana de Jécar e hija de Jécar Neghme Cornejo, dirigente socialista de la salud asesinado el 26 de octubre de 1973 por militares del regimiento Tucapel de Temuco. La abogada «hibernó» un juicio que tiene en Chile contra Podlech, a quien responsabiliza de la muerte de su padre, para impedir que esta causa sea invocada por los abogados italianos del ex fiscal militar como pretexto para enviarlo a Chile, donde tendría garantizada la impunidad. La desaparición de Neghme ocurrió simultáneamente con la del Dr. Hernán Henríquez y Alejandro Flores. También viajaron a prestar testimonio desde Temuco Víctor Gavilán y Germán Carrasco. Tampoco se ha hecho justicia en las desapariciones de Arturo Hillens y Jaime Eltit Spidman, abogado de Tucapel, donde también ejercía su poder Podlech.
Los familiares de las víctimas también cuestionan la política de derechos humanos de la Concertación por la Democracia. Estiman que en 19 años de gobierno, esa coalición ha fortalecido la impunidad en Chile. «Ni siquiera tuvo voluntad política de eliminar los beneficios que otorga la Ley de Amnistía a los criminales de la dictadura cuando tuvo mayoría en ambas cámaras del parlamento, al comienzo del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet», dijo Henríquez. «Debemos luchar contra el esfuerzo sistemático de las autoridades para que nos olvidemos y por tanto no se haga nada para juzgar a los culpables», dijo José Venturelli, hijo del ex sacerdote italiano.
Las familias de las víctimas de Podlech que residen en el exterior desean revertir la entristecedora realidad respecto a sus seres queridos, pues sienten que también tienen un puesto de trabajo en esa tarea. Fresia Cea, viuda del desaparecido ex sacerdote Venturelli, apeló a la memoria afectiva de los familiares, amigos y compañeros políticos de las víctimas, exhortándoles a que aporten sus testimonios y contribuyan así al avance de los juicios, informó Henríquez.
En la llamada región de la Araucanía todavía existe colusión entre la oligarquía y los uniformados locales. Ésta fue una de las zonas del país que más sufrió la represión militarizada sistémica que impuso la dictadura, un hecho que suele pasar desapercibido en Chile. El concubinato regional oligárquico-castrense actuó violentamente contra las organizaciones mapuches y campesinas que fueron beneficiadas por la reforma agraria del gobierno de Salvador Allende, que devolvió a sus comunidades miles de hectáreas que habían sido usurpadas durante décadas por los latifundistas de la región. «En ese contexto de venganza apareció el abogado Podlech para ofrecer sus servicios a los militares y coordinar las acciones de la Fiscalía Militar de Cautín y revestir de carácter «legal» la política de exterminio de dirigentes sociales y políticos del movimiento popular regional», explicó Henríquez.
Acciones llamativas por la «visibilidad»
Roberto Vásquez, chileno residente en el Reino Unido y participante del proyecto www.MemoriaViva.com, que recopila testimonios sobre la dictadura, destacó la importancia de ganarse a la opinión pública, tal como ocurrió cuando Pinochet estuvo preso en Londres, dijo Henríquez. «Vásquez está convencido de que al dictador lo habrían dejado marchar a las poca semanas si no hubiesen existido los piquetes frente al palacio de justicia y todas las demás acciones que se idearon en aquellos históricos días», añadió. «Del mismo modo que hace 10 años lo que cambió la balanza y permitió mantener detenido al genocida durante 531 días fueron las manifestaciones de exiliados chilenos en la capital inglesa, que se extendieron a todo el Reino Unido y al resto de Europa, así también hoy es necesario mantener despierta la memoria sobre los crímenes que recaen sobre el ex fiscal Alfonso Podlech Michaud».
Los participantes del encuentro se proponen realizar más actividades contra la desmemoria, como una reciente acción en la plaza San Pedro del Vaticano, en que chilenos exhibieron fotos del represor Podlech mostrando carteles con reclamos de justicia en italiano. Aunque la demostración terminó a los pocos minutos con la intervención de la policía italiana y la detención de los manifestantes, la iniciativa tuvo una importante cobertura mediática, relató Henríquez. Un testigo de esta acción relató que «los policías italianos tardaron como 10 minutos en tomar acción…, no inmediatamente…, lo que es mucho tiempo para San Pedro. Lo que queríamos era dar a conocer que Alfonso Podlech está preso en Roma por matar a un ex sacerdote llamado Omar Venturelli».
Para la familia Henríquez-Kries, estas iniciativas demuestran que los crímenes de la dictadura siguen concitando la atención de la prensa europea, en particular en Italia y contribuyen a remover las conciencias de la gente. Ante la masiva concurrencia que acató la convocatoria del encuentro en Roma, Ruth Kries, la viuda del Dr. Henríquez Aravena, destacó que los participantes se comprometieron a iniciar acciones en sus países de residencia y coordinar la lucha contra la impunidad con las agrupaciones de derechos humanos en Chile. El abogado Maniga representaría legalmente a Ruth Kries para intentar otro proceso contra Podlech, esta vez por el asesinato de su marido, el Dr. Henríquez, desaparecido igual que Venturelli y considerado delito de homicidio con secuestro en virtud del tiempo transcurrido.
Notas:
1) Ver http://www.argenpress.info/