Un tribunal militar de Taiwan confirmó que el soldado Chiang Kuo-ching fue ejecutado injustamente en agosto de 1997 por la violación y asesinato de una niña de cinco años. Pero activistas dudan que esta revisión ayude a restaurar la moratoria sobre la pena capital. Nueve presos han sido fusilados desde que el presidente Ma Ying-jeou, […]
Un tribunal militar de Taiwan confirmó que el soldado Chiang Kuo-ching fue ejecutado injustamente en agosto de 1997 por la violación y asesinato de una niña de cinco años. Pero activistas dudan que esta revisión ayude a restaurar la moratoria sobre la pena capital.
Nueve presos han sido fusilados desde que el presidente Ma Ying-jeou, del derechista Partido Nacionalista Chino (Kuomintang o KMT) puso fin en abril a una moratoria tácita de casi cinco años sobre las ejecuciones, que había comenzado en 2005 bajo el gobierno del centrista Partido Progresista Democrático (DPP).
Al hablar ante un comité legislativo el miércoles, el ministro de Justicia, Tseng Yung-fu, negó informes de prensa de que al menos 10 de los 51 convictos cuyas sentencias han sido confirmadas serían ejecutados poco después de las celebraciones este año del Día Nacional, el 10 de octubre.
El ministro aseguró que no había plazo para las ejecuciones, e indicó que «no había planes concretos ni listas de convictos».
Pero también señaló que el Ministerio «no anunciaría (las ejecuciones) en forma anticipada, sino que solo haría un informe oficial luego de que las sentencias se aplicaran». Se tomó esta decisión a pesar de las objeciones de grupos de derechos humanos, que señalan que esta política impide que las familias de los condenados se despidan de sus seres queridos.
Tras una revisión del caso, el juez del tribunal militar del distrito norte, Liu Yu-wei, anunció el 13 de este mes que un panel de tres magistrados había concluido que Chiang Kuo-ching, con 23 años en el momento de su ejecución, «no era culpable» de la violación y asesinato de una niña de cinco años en un cuartel de las Fuerzas Armadas en Taipei, en septiembre de 1996.
La corte señaló que Chiang había quedado «atrapado» como el principal sospechoso luego de que no lograra pasar una prueba con detector de mentiras, y reconoció que los agentes de contrainsurgencia de la Fuerza Aérea, actuando bajo las órdenes del entonces comandante y luego ministro de Defensa, Chen Chao-min, «utilizaron métodos impropios para obtener la confesión del acusado y la usaron para presentar débil evidencia forense y física».
Una larga campaña liderada por el padre del condenado, Chiang Chih-an, y su madre, Wang Tsai-lien, permitió que Control Yuan, el órgano supervisor del gobierno, reabriera el caso en mayo de 2010.
Ahora el gobierno está considerando una compensación, que podría llegar a 3,2 millones de dólares. Pero Wang dijo a periodistas que «cualquier reparación carecía de sentido».
La directora ejecutiva de la Alianza de Taiwan por el Fin de la Pena de Muerte (TAEDP, por sus siglas en inglés), Lin Hsin-yi, dijo a IPS que «éste era el primer caso en la historia del sistema judicial taiwanés en el que una persona es sentenciada a muerte, ejecutada, y luego declarada inocente».
«Creemos que hay muchos casos similares que deberían ser revisados», señaló Lin, y añadió que Chiang fue incluso «relativamente afortunado» porque «al menos su reputación fue reivindicada, y las personas responsables de esta injusticia han sido identificadas».
El fallo de inocencia para Chiang Kuo-ching fue emitido luego de otras dos revisiones en junio y agosto sobre las sentencias a muerte en un caso de asesinato y otro de múltiple violación, en los que se comprobó que los acusados habían sido injustamente condenados sobre la base de «confesiones» o testimonios de testigos, así como de evidencia reunida en forma incorrecta o inadecuada.
El secretario general de la Asociación de Derechos Humanos de Taiwan, Tsai Chi-hsun, dijo a IPS que varios de los 51 presos en el corredor de la muerte fueron condenados en base a confesiones obtenidas mediante torturas y sin que se presentara evidencia física en su contra.
Lin, de la TAEDP, opinó que el caso de Chiang Kuo-ching debería abrir la puerta al reconocimiento de que el sistema judicial tenía serios problemas.
La activista explicó que la única opción de un reo que ha recibido sentencia de muerte, certificada por la Suprema Corte, es realizar una apelación especial. «Pero ese camino en Taiwan está prácticamente cerrado», indicó.
El ministro de Justicia y fiscal público supremo no ha aprobado ninguna solicitud de apelaciones especiales.
Como consecuencia, Taiwan «no tiene un completo proceso para la solicitud de perdones o para la conmutación de la pena capital, como lo requiere el artículo 14 de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos», añadió Lin.
Fuente original: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=99267