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Putin el indulgente

El gobierno ruso presenta un proyecto de ley para blanquear el dinero negro evadido del pais

Fuentes: Pravda

Traducido del ruso para Rebelión por Josafat S. Comín

Los estafadores pueden respirar aliviados

El gobierno ha llevado a la Duma el proyecto de ley «sobre la declaración de impuestos simplificada», que contempla la amnistía fiscal para los poseedores de dinero negro, sacado ilegalmente del país.

En opinión de los más destacados economistas de Rusia, durante el periodo de «reformas» y privatización criminal, han salido del país, violando la legislación vigente, entre 350 y 600 mil millones de dólares. Es un proceso que continúa a fecha de hoy. Estamos hablando de beneficios obtenidos de forma ilegal, fruto de la venta de petróleo y gas, así como de dinero proveniente de actividades directamente delictivas: venta de drogas, trata de blancas, estafas multimillonarias a ciudadanos de a pie a través de pirámides financieras del tipo «MMM».

Todos estos colosales fondos han ido a parar a buen recaudo, instalándose en bancos extranjeros, principalmente «Offshore», convirtiéndose en fuente inagotable de beneficios, que alimentan la economía de una serie de países occidentales. Los propietarios de estas fabulosas fortunas son por lo general oligarcas rusos, y algún que otro representante de la élite gobernante. ¿Quiénes son? Por ahora es difícil saberlo. Los intentos de funcionarios aislados de los órganos competentes de investigar las listas, han acabado de manera lastimosa. Baste recordar aunque sea, el destino del antiguo fiscal general de la Federación Rusa Yuri Skuratov.(1)

Los nuevos ricos más sensatos se hacen perfecto cargo, de que la más mínima variación en la composición del régimen gobernante, al que están unidos por una fianza circular semidelictiva, podría ponerlos repentinamente al margen de la ley. En ese caso, serían precisamente sus cuentas en el extranjero el elemento más comprometedor, que tendrían que enfrentar. Averiguar los números de cuenta y los beneficiarios reales de esas cuentas, no supone demasiadas dificultades para los especialistas.

Es por eso que han decidido adelantarse a los acontecimientos y procurarse la legalización de sus fortunas y propiedades obtenidas de manera ilegal. Ya el año pasado se aprobó un artículo en la legislación, que contempla la reducción del periodo del plazo de prescripción de demanda para contratos privatizadores, a tres años. Ahora pretender conferir status legal a los fondos robados al estado y a los ciudadanos de Rusia.

El gobierno propone el siguiente esquema: cualquier ciudadano puede acudir antes del 1 de abril de 2007 a la inspección fiscal y anunciar la existencia de ingresos no declarados anteriormente, para luego pagar un 13% de la cantidad legalizada y recibir un certificado que atestigüe que no queda debiendo nada al estado. De esta forma, ese ciudadano queda exento de cualquier multa o recargo, así como de toda responsabilidad penal derivada de la violación de la normativa fiscal. Para esto no es necesario acreditar el origen del dinero ni tampoco indicar dónde está ingresado.

El proyecto de ley fue recibido con entusiasmo por los diputados de «Rusia Unida», entre cuyos miembros aparecen 27 multimillonarios,

amén de unos cuantos más que «solo» son millonarios.

Hoy el «partido del poder» («Rusia Unida+PLDR [Zhirinovsky]) posee la mayoría absoluta en la Duma (337). Para la aprobación de la ley bastan 226. El PCFR con sus 47 escaños poco puede hacer para evitarlo.

Las prisas que les han entrado a los del «Partido del poder» por legalizar los capitales delictivos de la burguesía rusa, demuestran que han comenzado a ponerse nerviosos en vísperas de las cercanas elecciones parlamentarias y presidenciales. Pese a tener a su disposición todos los recursos financieros y administrativos imaginables, parecen no tenerlas todas consigo, siendo incapaces de excluir al 100% que se pudiese dar un resultado impredecible.

Vadim Soloviov es secretario del CC del PCFR y responsable del servicio jurídico del CC.

Notas: Yuri Ilich Skuratov. Fiscal general del estado de 1995 a 1999. Fue apartado de su cargo por Yeltsin a raíz de la amplia difusión que tuvo una cinta emitida por la primera cadena de televisión, en la que una persona, parecida al fiscal general practicaba sexo con dos prostitutas. Skuratov siempre negó la autenticidad de esa grabación.

En el 2000 llegó a presentarse a las presidenciales, ocupando unos de los últimos puestos.