Traducido para Rebelión por Carmen García Flores
Casi dos años después de la catástrofe nuclear de Fukushima, en el noroeste de Japón, y de múltiples alegatos sobre la implicación del hampa japonesa en la reconstrucción, la policía ha arrestado, el jueves 31 de enero, un yakuza sospechoso de haber enviado ilegalmente trabajadores a la zona siniestrada. Según la policía, Yoshinori Arai dirige una banda desde el departamento de Yamagata (norte del país) afiliada al sindicato del crimen Sumiyoshi-kai, el segundo más poderoso de Japón, con 12600 miembros.
Arai habría enviado a varios grupos de jornaleros a una subcontrata de Yamagata encargada de la descontaminación radioactiva de Date, ciudad del departamento de Fukushima. Estos trabajadores sólo habrían recibido la mitad de los 20000 yens (158 euros) prometidos por jornada trabajada. El resto habría ido a los bolsillos del grupo de Arai.
Este negocio muestra que la reconstrucción y los miles de yens que absorbe son para el hampa. La obra es aún más apetitosa para el hampa nipona que sufre desde hace varios años una pérdida de ingresos debido a unas leyes represivas y una policía movilizada contra sus miembros. Un decreto de 2011 sanciona así a toda persona que mantenga lazos o haga negocios con los miembros del hampa.
En Tohoku, la región siniestrada, las bandas estaban implicadas en distinto grado en la mayor parte de las actividades ligadas a la reconstrucción, como los trabajos de demolición y el tratamiento de residuos. La policía lleva a cabo investigaciones sobre 37 negocios. En mayo de 2012. se arrestó a Makoto Owada, otro ejecutivo de la Sumiyoshi-kai por haber enviado trabajadores a la central nuclear de Fukushima a través de una sociedad pantalla del departamento de Tochigi (noreste).
Hacer venir «a los que no tengan miedo a morir»
Esta presencia del hampa especialmente en la gestión de la catástrofe nuclear se viene denunciando desde hace mucho tiempo. El periodista de investigación Tomohiko Suzuki ha escrito un libro en 2011 Los Yakuzas y la industria nuclear. Para escribirlo, trabajó durante el verano de 2011 durante un mes y medio en la central, al conseguir que lo contratara una sociedad local, filial de Toshiba, sin lazos, precisa él con el hampa.
Según él, los yakuzas han trabajado en Fukushima desde el comienzo de la catástrofe, participando en la lucha para limitar los daños. «Se han encargado de encontrar gente y de enviarla al lugar». Elegían personas endeudadas, sin techo o con discapacidades psicológicas. Según Suzuki, esta práctica no se remontaría al accidente de Fukushima y concerniría al conjunto del sector nuclear, que habría recurrido a estos servicios para los trabajos más peligrosos.
Durante los primeros días del drama, la empresa explotadora de la central, la Compañía Eléctrica de Tokyo (TEPCO), al faltar mano de obra, habría pedido a los que se encargaban de reclutar personal que hicieran venir » a los que no tienen miedo a morir «.
Muchos asuntos habrían llevado a TEPCO a anunciar, el 19 de julio de 2011, su intención de excluir a las mafias de las actividades ligadas con la central. La empresa decidió hacer firmar un documento a sus subcontratas afirmando que no tenían ningún vínculo con el hampa. Pero el recurso a las sociedades pantalla complica las posibles comprobaciones.
El anuncio del arresto de Arai coincide con el caso que implica a Tetsuo Nayuki, un miembro eminente de la Agencia de Regulación Nuclear (NRA), creada en septiembre de 2012, especialmente para » restaurar la confianza de Japón y el extranjero en la regulación» de la energía nuclear en el archipiélago. El 22 de enero, Nayuki transmitió ilegalmente informaciones a una empresa del sector nuclear, la Japan Atomic Power Company (JAPC), concerniente a los fallos que habían tenido lugar en la central de Tsuruga en el departamento de Fukui (centro del país).
Mientras que la NRA inspecciona todas las centrales para evaluar los riesgos sísmicos, la JAPC desearía tomar conocimiento de estas informaciones con el fin de preparar una contra-argumentación y estar lista para oponerse a la difusión pública de estas informaciones.
La empresa se defiende de toda acción de lobbying y afirma no haber dado dinero a Nayuki.
La policia toma declaración a un antiguo patrón de la seguridad nuclear
Ejecutivos de la nuclear en el momento de la catástrofe de Fukushima han sido llamados a declarar por la justicia nipona.
Después de varios directivos (entre ellos el ex presidente Tsunehisa Katsumata, de la Compañía Eléctrica de Tokio TEPCO, a finales de enero), la policía ha convocado a Haruki Madarame, antiguo responsable de la Comisión de la seguridad nuclear (NSC). Él era uno de los consejeros del gobierno en el momento del drama en marzo de 2011.
Los habitantes del departamento de Fukushima han presentado una denuncia en su contra. Le acusan de haber tardado en hacer públicas las cifras de la difusión de las substancias radioactivas y de no haber tomado medidas eficaces para proteger la central contra el tsunami al comienzo de la catástrofe nuclear. El ministerio fiscal deberá pronunciarse en marzo sobre las posibles acusaciones.