Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Según han informado a The Times fuentes de importantes agencias de ayuda internacional, unas 1.400 personas están muriendo a la semana en el gigante campo de internamiento de Manik Farm establecido en Sri Lanka para retener a los refugiados tamiles de la sangrienta guerra civil de la nación.
El número de muertos hará aumentar la preocupación de que el gobierno de Sri Lanka no haya detenido la catástrofe humanitaria después de que anunciara en mayo la victoria sobre la organización terrorista Tigres de Tamil. También puede dar credibilidad a las acusaciones de que el gobierno, que ha denominado los centros de internamiento «pueblos de bienestar», en realidad ha construido campos de concentración para albergar a 300.000 personas.
Mangala Samaraweera, ex-ministro de Asuntos Exteriores y hoy diputado de la oposición, afirmó: «Hay acusaciones de que el gobierno está tratando de cambiar el equilibrio étnico de la zona. Personas influyentes cercanas al gobierno han argumentado en favor de una solución».
Las noticias del índice de muertos llegaron mientras la Cruz Roja Internacional informaba de que las autoridades de Sri Lanka, que insisten en que tienen la situación bajo control, le había pedido que redujera sus operaciones.
Mahinda Samarasinghe, ministro de Gestión del Desastre y de Derechos Humanos, afirmó: «Los retos ahora son diferentes. Ya no son necesarios en la zona post-conflicto los puntos de entrada y salida de personal ni el manejo de cadáveres y el transporte de pacientes».
La pasada noche la Cruz Roja Internacional cerró dos oficinas. Una de ellas está en Trincomalee y había ayudado a proporcionar atención médica a unos 30.000 civiles heridos evacuados por mar de la zona de conflicto en el noreste. El otro está en Batticaloa, donde la Cruz Roja ha estado proporcionando «servicios de protección». Estos servicios suponen el seguimiento de acusaciones de secuestro y de asesinatos extrajudiciales, prácticas que las asociaciones de derechos humanos afirman se han convertido en habituales en el gobierno de Sri Lanka.
El campo de Manik Farm se estableció para alojar a 300.000 personas fundamentalmente civiles tamiles obligados a huir al noreste mientras el ejército lanzaba una ofensiva brutal contra los Tigres, que han estado luchando por una patria de etnia tamil durante 26 años.
Trabajadores de ayuda humanitaria y el gobierno británico han advertido que las condiciones en este lugar eran inadecuadas. Un trabajador con un puesto de responsabilidad afirmó en condición de anonimato que la mayoría de los muertos son a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua, especialmente diarrea.
Testimonios de testigos obtenidos en mayo por The Times describían largas colas para la comida y suministro inadecuado de agua dentro del campo de Manik Farm. En medio de la confusión del suministro de artículos, se empujaba a mujeres, niños y ancianos. Sólo se está permitiendo a las agencias de ayuda un acceso intermitente al campo. Ayer [9 de julio] no se permitió la entrada de Cruz Roja.
Los expertos sugieren que el presidente Rajapaksa, dirigente del país, todavía tiene que cumplir su promesa hecha en la victoria de tender la mano a la minoría de la comunidad tamil. «El discurso que emplea el gobierno es de traidores y patriotas»afirmo Paikiasothy Saravanamuthu, del Centro para Alternativas Políticas, un analista de Sri Lanka. «No hay indicios de que esté cambiando este modo de pensar».
El presidente Rajapaksa es conocido por no tolerar a los disidentes, un rasgo que las organizaciones de derechos humanos afirman que quedó demostrado esta semana cuando cinco médicos de Sri Lanka, que habían sido testigos del sangriento climax de la guerra civil del país y habían afirmado que había habido asesinatos masivos de civiles, se retractaron de la mayoría de sus testimonios.
En una conferencia de prensa celebrada el miércoles los médicos afirmaron que habían sobrestimado deliberadamente las víctimas civiles. Dado que eran observando altos cargos del gobierno, afirmaron que los tamiles les habían obligado a mentir.
Los cinco hombres añadieron que entre enero y mediados de mayo solo habían muerto hasta 750 civiles en las batallas finales de la guerra. A continuación devolvieron a los cinco médicos a la cárcel, donde han permanecido durante los últimos dos meses por supuestamente difundir la propaganda de los Tigres.
Este número era mucho más bajo que los 7.000 muertos calculados por Naciones Unidas. Una investigación de The Times reveló pruebas de que habían sido asesinados 20.000 civiles, la mayoría de ellos por el ejército.
Los médicos negaron otro testimonio anterior, incluyendo que el gobierno había bombardeado en febrero un hospital en la zona de conflicto, de lo que hay testigos de Naciones Unidas y de la Cruz Roja.
Las declaraciones [de los médicos] se encontraron con el escepticismo de los compañeros de derechos humanos. Sam Zarifi, director de Amnistía Internacional de Asia- Pacifico, afirmó que eran «esperadas y previsibles». Y añadió: «Hay importantes motivos para preguntarse si estas declaraciones fueron voluntarias y suscitan la grave preocupación de si los médicos fueron sometidos a mal tratos».
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