Después de que en la última crisis las cooperativas demostraran más capacidad de resistencia que las empresas mercantiles, la Generalitat y los Ateneos Cooperativos han decidido aumentar el apoyo destinado a facilitar la reconversión de compañías convencionales a sociedades gestionadas por los trabajadores.
Más allá de si realmente se ha llegado a superar o no, la última crisis económica demostró que las cooperativas tenían más capacidad de resistencia que las empresas mercantiles. Al priorizar el mantenimiento de los puestos de trabajo frente a otras variables, las cooperativas, comparativamente, destruyeron mucho menos empleo. En un contexto de ralentización económica, con algunos indicadores que advierten de la proximidad de una posible nueva crisis y con un sector industrial especialmente tocado –los expedientes de regulación de empleo (ERE) se dispararon durante el año pasado– , gana fuerza la idea del relevo cooperativo. Es decir, que cuando una empresa entra en crisis, en vez de optar por el cierre, se explore la posibilidad de mantener la actividad productiva en manos de los trabajadores a través de una cooperativa. ¿Es posible? Rotundamente sí, aunque de momento sea una vía que los últimos años no se haya llevado a cabo en ningún caso de dimensiones significativas.
Los últimos seis años, las más de 4.000 cooperativas catalanas han aumentado la plantilla total cerca de un 20%, hasta situarse en unas 50.000 personas. Una parte de estos nuevos puestos de trabajo se ha generado en nuevas cooperativas montadas por trabajadores que han salido de una empresa en crisis. Ahora bien, sin que ello haya implicado la transformación en cooperativa de la empresa previa. En este sentido, la situación es similar a la de tres años atrás, como explicamos en ese artículo. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Hablamos con Ramón Campa, técnico del Área de Economía Social del Colectivo Ronda, y con José Antonio González Espada, abogado laboralista del mismo despacho.
«Sobre todo lo que ha cambiado son las políticas públicas. Ahora existe la voluntad de poner el foco en el tema del relevo cooperativo y, de hecho, es una de las líneas de trabajo de los Ateneos Cooperativos, por ello se ha elaborado material para facilitar la conversión de empresas mercantiles en cooperativas», explica Campa. Con ello, sin embargo, no es suficiente y, según explica el técnico, «la Generalitat detecta que el relevo puede ser una necesidad inminente que ahora está desatendida» y ha elaborado un protocolo de actuación sobre cómo actuar para hacerlo posible. El manual se ha elaborado en colaboración entre los Ateneos Cooperativos, la Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector y las Cooperativas de la Generalitat y el Colectivo Ronda, ya se ha publicado y pretende facilitar procesos de relevo cooperativo.
González Espada añade que en un «contexto de crisis inminente es necesario plantear fórmulas de continuidad de la actividad empresarial, porque, en el modelo clásico, la primera y única opción es la destrucción de empleo». El abogado recuerda que durante la década de los ochenta del siglo pasado hubo algunos ejemplos de relevo cooperativo en empresas industriales, como el caso de Mol-Matric -aún en activo hoy en día-, pero que ahora no se dan. En parte porque la economía se ha desindustrializado, porque la legislación lo hace más difícil -especialmente la Ley concursal-, pero también por lo que considera una menor «conciencia de clase» del grueso de los trabajadores y la existencia, aún, de un cierto «estigma» alrededor de las cooperativas.
Detectar la oportunidad a tiempo, crucial
El protocolo identifica cinco fases para poder llevar a cabo un proceso de relevo cooperativo: la detección de la empresa en dificultades o en ciertas circunstancias que podrían dificultar la continuidad empresarial; el empoderamiento de los trabajadores para comenzar su autoorganización; el plan de viabilidad, que incluye la financiación; la oferta para quedarse con la unidad productiva que permita mantener la actividad; y la transición a la nueva forma empresarial y el inicio de la actividad ya cooperativizada.
Para facilitar el proceso, Campa explica que existe la voluntad de reforzar el nivel de conocimiento y los equipos disponibles en los Ateneos Cooperativos para hacer el acompañamiento, pero sobre todo ve fundamental que la detección de la oportunidad se haga «cuanto antes». En este sentido, González Espada recalca que una de las dificultades es que «cuando nos encontramos con una empresa que está en concurso de acreedores, lo que piensa el administrador concursal es ver si puede vender una parte de la empresa a otra que ya exista. En cambio, la cooperativa de trabajadores se tiene que formar, debe buscar la financiación y lo tiene que hacer todo en un tiempo récord y competir con otros inversores que ya existen».
Un elemento fundamental es conseguir la financiación para adquirir la unidad productiva, que en el caso de empresas industriales de una cierta dimensión puede ser realmente importante. Una parte del capital debería provenir de las indemnizaciones y la capitalización del paro de los trabajadores, pero esto implica primero «vencer sus propias resistencias, porque deben estar convencidos de lo que hacen y que la cooperativa puede ser viable». Campa añade que «hay un problema de ’tempos’ y si la detección se retrasa, el proceso se complica mucho más».
Por todo ello, ambos ven fundamental un cambio en la conciencia de los trabajadores y la necesidad de hacer visibles «casos de éxito» para que puedan «perder el miedo» y ver que el proceso es factible. En este sentido, recalcan que, más allá del acompañamiento técnico, también haría falta una implicación de la administración pública en cuanto a la financiación, por ejemplo a través de líneas de crédito del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
Una ley concursal al servicio del capital
El abogado José Antonio González Espada pone énfasis en la necesidad de que los sindicatos también se impliquen para impulsar procesos de relevo cooperativo porque, al fin y al cabo, una «cooperativa necesita un cierto liderazgo para salir adelante y se podría conseguir a través del sindicalismo». «Los trabajadores deben ser conscientes de que si se crea valor y riqueza en una empresa es por su trabajo», añade, mientras que Campa puntualiza que sería útil trazar alianzas con un sindicalismo más combativo, para que «al final los medios de producción terminen en manos de los trabajadores». En este sentido, ambos hacen hincapié en la necesidad todavía de hacer «pedagogía» para demostrar que una cooperativa puede ser una empresa perfectamente viable. Y que, a diferencia de las mercantiles, esta fórmula jurídica pone los puestos de trabajo en el centro.
Uno de los mayores obstáculos que hay actualmente para sacar adelante un proceso de relevo cooperativo es la Ley Concursal, aprobada en 2003 durante la mayoría absoluta de Aznar y que ha experimentado varias reformas desde entonces, la última de las cuales en 2015. «No favorece los procesos de mantenimiento del empleo a partir de la autoorganización de las personas trabajadoras», denuncia Campa. González Espada recalca que se trata de una normativa «pensada por economistas neoliberales«, y tiene una concepción en la que «en una empresa en crisis lo que estorba son los trabajadores y se trata de quitárselos de encima lo más rápido posible y dedicarse al tema puramente financiero».
«El protagonismo principal de la Ley Concursal es la deuda con los bancos. De hecho, cuando una empresa entra en una fase preconcursal, porque prevé la posibilidad de ser insolvente, lo primero que hace es abrir una fase de negociación con los acreedores financieros y no con el resto, como proveedores, trabajadores. Al fin y al cabo, es una ley muy pensada para proteger los intereses del capital financiero», continúa el abogado. En este sentido, más allá de reclamar un cambio en la normativa, los dos miembros del Colectivo Ronda plantean que hay que «cambiar la concepción de la empresa en crisis, para que se intente proteger antes los puestos de trabajo que el capital financiero«. «Muchas empresas pueden funcionar a nivel comercial, es decir, de su actividad básica de fabricar, comprar y vender; el problema es la carga financiera que arrastran, que las hace imposibles de sostener», argumenta González Espada.
La otra gran duda con la actual normativa concursal es que las deudas de la antigua empresa no pasen a la nueva cooperativa, si bien González Espada considera que no debería ser así, porque no se trataría de una subrogación empresarial al uso: «no hay una continuidad de derechos y, por tanto, no se pueden perseguir las mismas deudas». Aunque, por algunos, pueda parecerlo, reconvertir una empresa mercantil de ciertas dimensiones en una cooperativa, en la que, como tal, las decisiones se tomen de manera horizontal, el funcionamiento sea democrático y se ponga las personas en el centro, no es una quimera. Y todo indica que ahora han aumentado las herramientas para que se convierta en una realidad.