La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), que desde 1961 financia proyectos afines con la política exterior estadounidense bajo el eufemismo de «ayuda humanitaria», en su página web apunta: «La localización estratégica única de El Salvador y los fuertes lazos históricos y culturales con Estados Unidos hacen de la estabilidad política y económica […]
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), que desde 1961 financia proyectos afines con la política exterior estadounidense bajo el eufemismo de «ayuda humanitaria», en su página web apunta: «La localización estratégica única de El Salvador y los fuertes lazos históricos y culturales con Estados Unidos hacen de la estabilidad política y económica del país un interés vital para Estados Unidos. La liberación política y económica que El Salvador ha adoptado con éxito ha hecho de este país un modelo pos conflicto para países en desarrollo».
En la misma línea se colocan aquellos analistas que festejan los «beneficios» de la introducción del dólar estadounidense como moneda oficial salvadoreña y las innumerables ventajas que traerá la apertura de los mercados a partir del tratado de libre comercio centroamericano, al que también se suma la República Dominicana (CAFTA-DR). El Salvador fue el primer país de la región en poner en vigencia el cafta, el 1 de marzo pasado, y ahora Washington busca cerrar las negociaciones con el resto de los gobiernos involucrados en ese pequeño ALCA.
Sin embargo, en el último informe mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que mide el desarrollo humano de 177 países, El Salvador aparece en la posición 104, un lugar detrás del que obtuvo en el informe de 2004. Su distribución de la riqueza es una de las peores del continente: en 1999, el 20 por ciento más rico recibió un 45 por ciento de las ganancias, mientras que un año después acaparó el 57 por ciento. En el otro extremo, el del 20 por ciento más pobre, la participación fue de un 5,6 por ciento, descendiendo al 2,9 en el mismo período.
Tampoco se encontrarán datos alentadores si se revisan, por ejemplo, los índices de mortalidad infantil, que trepan a 32 niños por cada mil nacidos vivos; o la tasa de analfabetismo, que abarca al 20,3 por ciento de la población, sobre un total de 6,2 millones de habitantes.
Emigración masiva
Más de 2,5 millones de salvadoreños emigraron, sobre todo a Estados Unidos donde viven alrededor de 2 millones. Desde el punto de vista económico, la expulsión de pobres se ha convertido en una de las mayores fuentes de ingresos para el Estado salvadoreño, a tal punto que en 2004 el país recibió 2.547 millones de dólares en concepto de remesas, lo que significa más del 16 por ciento del pbi nacional. Si se cortaran esas remesas, alrededor de 360 mil hogares quedarían en situación de extrema pobreza.
El tema migratorio es un arma que la ultraderecha utiliza con frecuencia para influenciar el voto ciudadano. En los últimos comicios del 12 de marzo para elegir alcaldes y diputados, el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) presentó la extensión del Estatuto de Protección Temporal (TPS) como un logro de su gestión. El TPS es un acuerdo firmado entre los presidentes Elías Antonio Saca y George W Bush, que regulariza la situación migratoria de sólo 250 mil salvadoreños en Estados Unidos y cuya prórroga rige hasta setiembre de este año. Además, ARENA apoyó esta presentación con una campaña de terror en la que presagiaba el fin de las remesas en caso de que triunfara su principal opositor, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln).
Los terroristas del futuro
La migración tuvo particular incidencia en la conformación de las pandillas urbanas, conocidas en El Salvador, y en muchos países de América, con el nombre de «maras».
Las maras se originaron durante la década de 1970 en Estados Unidos en un duro contexto de marginalidad y xenofobia que afectó principalmente a los hijos de inmigrantes mexicanos y centroamericanos. Por eso diversos estudios explican la naturaleza del fenómeno como una forma de supervivencia de estos grupos frente a las condiciones adversas que les imponía la sociedad estadounidense. Las dos pandillas más importantes surgieron en las calles 18 y 13 de Los Ángeles, de donde también adquirieron los nombres que las identifican: Mara 18 y MS-13 o Mara Salvatrucha (MS). La primera se fundó con miembros de origen mexicano, mientras que la MS respondía a jóvenes salvadoreños. Sin embargo, luego se incorporaron a sus filas pandilleros de diversos orígenes, sobre todo de Honduras, Guatemala y, en menor medida, Nicaragua.
El fenómeno llegó a Centroamérica al final de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos realizó las primeras deportaciones masivas de inmigrantes ilegales hacia los países cuyas experiencias revolucionarias se vieron frustradas tras la caída del bloque socialista.
El Salvador lo vivió a partir de los acuerdos de paz de 1992, que terminaron con más de doce años de guerra civil. Desde entonces, los sucesivos gobiernos de ARENA identifican a las maras como la principal causa de violencia, justificando con este argumento el creciente gasto en seguridad y leyes represivas cada vez más duras que no logran bajar la tasa de criminalidad de forma significativa.
El Salvador lo vivió a partir de los acuerdos de paz de 1992, que terminaron con más de doce años de guerra civil. Desde entonces, los sucesivos gobiernos de ARENA identifican a las maras como la principal causa de violencia, justificando con este argumento el creciente gasto en seguridad y leyes represivas cada vez más duras que no logran bajar la tasa de criminalidad de forma significativa.
Es cierto que el país registra uno de los índices más altos de violencia, con un promedio de entre nueve y diez homicidios diarios, pero las causas van más allá de las pandillas. Las Naciones Unidas y varias ong coinciden en que los factores principales que deben combatirse son el deterioro de la situación socioeconómica y la tenencia indiscriminada de armas en manos de particulares y empresas privadas de seguridad.
El discurso oficial que apunta exclusivamente contra las maras es funcional a un negocio que mueve miles de millones de dólares por año y en el cual están involucrados desde jefes policiales hasta funcionarios estatales y militares retirados. Según cifras de la propia Policía Nacional Civil (PNC), en 2003 había más de 170 empresas de seguridad privada que empleaban a 23 mil agentes, es decir, 3 mil efectivos más que los de la PNC. Hoy existen entre 200 y 300 empresas con armamento y tecnología que superan la infraestructura de la seguridad pública.
El economista del PNUD William Pleitez afirmó recientemente que El Salvador «es uno de los países latinoamericanos que más invierte en seguridad y uno de los que menos seguridad tiene». Los datos que maneja el organismo indican que el Estado salvadoreño gasta más del 11 por ciento de su pbi en ese rubro, una cifra desproporcionada que duplica el presupuesto destinado a educación y salud, que en su conjunto sólo alcanza un 4,8 por ciento.
Por su parte, Santo Alberto Hernández, director de Fe y Alegría, explicó a BRECHA que el problema de las maras podría solucionarse con la mitad del dinero que invierte el Estado y con un buen plan preventivo de formación y trabajo para incluir a los jóvenes marginados, sobre todo los que poseen antecedentes de violencia familiar, que son el caldo de cultivo de las pandillas. «En realidad existe un desinterés por parte del gobierno de controlar todo esto», porque si se soluciona el problema «se termina el negocio de las empresas de seguridad», agregó. Fe y Alegría trabaja con unos 700 menores en el corazón de la colonia Zacamil de San Salvador, donde opera una «clica» de la Mara Salvatrucha llamada Locos Liro Crazy (véase recuadro en pág 37). A pocas cuadras de sus instalaciones comienza el territorio de una célula de la Mara 18.
El fenómeno de las pandillas se transformó en el pretexto ideal para los planes de recolonización de la Casa Blanca en la región, siempre en el marco de su cruzada global contra el «eje del mal». En este sentido, el presidente salvadoreño viene desempeñando el rol de legitimador ante sus pares centroamericanos.
En febrero de 2005 el diario Boston Herald se encargó de instalar el rumor de que existían vinculaciones entre la Mara Salvatrucha y la red terrorista Al Qaeda. Inmediatamente, Antonio Saca aseguró a la prensa que dichas informaciones eran «bastante graves» y que era consciente del problema, aunque reconoció que no tenía pruebas al respecto.
A un año de esas declaraciones, y tras el fracaso de su plan Súper Mano Dura, Saca ya no duda de que los mareros «serán los terroristas del futuro». Así los definió en la II Convención Antipandillas, que se realizó en San Salvador del 4 al 6 de abril, con la participación de autoridades del fbi, la dea y fuerzas de seguridad de México y América Central. El jefe de la policía salvadoreña, Rodrigo Ávila, tampoco ahorró palabras para ponerse en línea con el discurso del «enemigo terrorista» al asegurar que «si esto fuera una guerra y se aplicaran los conceptos de la guerra, aquí las pandillas se acabarían en dos meses».
Impunidad
A pesar de los acuerdos de paz que se firmaron en 1992 entre el gobierno de El Salvador y la guerrilla del fmln, las heridas de la guerra civil de la década de 1980 aún siguen abiertas. El analista Dagoberto Gutiérrez considera que «no es posible pensar en reconciliarse sin luchar exitosamente contra la impunidad, como una especie de presupuesto, pero que es también consustancial. Al mismo tiempo que se lucha contra la impunidad, la sociedad se encuentra, es decir, se reconcilia. Por eso, luchar contra la impunidad es luchar por la democracia».
La reconciliación se hace difícil en las condiciones actuales de un Estado y un Poder Judicial que se niegan a investigar un pasado reciente que dejó 75 mil muertos y más de 7 mil desaparecidos. Hace apenas unas semanas, miles de salvadoreños recordaron un nuevo aniversario de la muerte de uno de los símbolos de la resistencia contra la opresión y la pobreza: el arzobispo de San Salvador Óscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por los grupos paramilitares de ultraderecha conocidos como «escuadrones de la muerte».
Estos grupos, que operaban en forma conjunta con las fuerzas armadas, fueron financiados, armados y asesorados por el Pentágono y la CIA en el marco de los proyectos contrainsurgentes de la administración Reagan. En 1993 la Comisión por la Verdad de El Salvador responsabilizó por la muerte de Romero al creador de los escuadrones de la muerte, Roberto D’Aubuisson, quien casualmente también fue fundador de ARENA, el partido que gobierna el país desde hace 17 años. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna condena por el asesinato del arzobispo.
La indiferencia de la justicia llevó a los familiares de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz (un caso emblemático de la violación de los derechos humanos), que desaparecieron en junio de 1982, luego del exterminio masivo del Batallón Atlacatl en Chalatenango, a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que derivó el caso a la Corte Interamericana. El 1 de marzo de 2005 la comisión emitió una sentencia contra el Estado salvadoreño, obligándolo a cumplir una serie de medidas que incluían la reparación de daños.
No obstante, el gobierno de Saca incumplió sistemáticamente cada una de sus obligaciones, entre ellas un desagravio que debía pronunciar el presidente el 22 de marzo pasado. Saca no sólo faltó al acto sino que no pidió perdón como establecía la sentencia. En su representación envió al canciller Francisco Laínez, con un discurso preelaborado en el cual lamentó «profundamente aquellos hechos del conflicto armado». A pesar de todo, el caso es una llama de esperanza para más de 700 denuncias de niños desaparecidos que aún siguen sin respuesta.
Agua turbia
Hace apenas un mes la revista Vértice, de San Salvador, reveló que la Compañía Integral de Agentes de Seguridad Privada (CIAP), una firma establecida a principios de 2005, recluta a civiles y ex militares salvadoreños con el fin de enviarlos como mercenarios a Irak. La tarea fue encargada por una compañía llamada Black Water, con sede en Florida, Estados Unidos, y ramificaciones en varios países de América Latina, entre ellos Chile.
Pero esta no es la única empresa de seguridad privada que opera en Irak, donde además el gobierno de El Salvador aún mantiene tropas de ocupación junto a las fuerzas estadounidenses. Según otras fuentes, se calcula que existen unas 40 compañías similares a Black Water que ganan alrededor de 100 millones de dólares anuales y operan con empresas como CIAP en más de 50 países.
«Para tener respeto»
Las «clicas» son las células de una mara que se asientan en cada barrio con el objetivo de controlar y establecer tareas de choque contra las pandillas rivales, el reclutamiento de nuevos miembros, distribución de droga, robo y cobro de peajes. Están compuestas por no más de 30 pandilleros, que en su mayoría son jóvenes de entre 12 y 25 años.
En general, los jefes son deportados que cuentan con experiencia en las calles y las cárceles de Estados Unidos. Se calcula que en El Salvador existen alrededor de 150 clicas de la MS-13, mientras que el resto de las pandillas no superan las cien.
Para «brincar» (entrar) a una clica el aspirante deberá soportar una prueba conocida como «cortón», que consiste en una golpiza de seis mareros durante un tiempo estimado de 13 segundos. Así también se resuelven los problemas de indisciplina tales como el consumo desmedido de la droga que se destina a la venta.
Joel es un ex simpatizante de la MS, de 16 años, que ingresó al proyecto Calle, de Fe y Alegría, luego de salir de la cárcel por robo. El programa consiste en la reinserción social del adolescente, coordinando el trabajo entre la institución y la familia, en este caso formada por el padre y seis hermanos.
Según el joven, ninguna mara obliga a nadie a ser un pandillero, sino que «la onda es ser parte de esa familia». Sostiene que el mayor incentivo de convertirse en un marero es «más que nada para que tengan respeto».