La alianza público privada APP Acobamba, en Perú, es el primer ensayo de cooperación con compañías como BBVA o Telefónica y ONG
«Hay que pasar de la responsabilidad de los negocios al negocio de la responsabilidad», dijo Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, en el Foro del Sector Privado sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Con el recorte anunciado en marzo por el Gobierno de Mariano Rajoy de un 65% de la partida destinada a cooperación internacional, esta tendencia hacia su privatización recibe un nuevo impulso. Sin embargo, no ha venido de golpe. «La situación actual de la cooperación, con la entrada del sector privado, viene fraguándose desde gobiernos anteriores, no es sólo consecuencia de los recortes en políticas sociales y públicas», afirma Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales de América Latina. Según explica González, el informe que la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (Dgpolde) hizo en 2010 ya subrayaba la «oportunidad» de incluir al sector privado como motor de desarrollo en las políticas de cooperación y el III Plan Director 2009-2012 contemplaba el impulso de las alianzas público-privadas, una herramienta que fue primero presentada en un marco teórico elaborado por organismos como la Fundación Carolina, en cuyo patronato figuran miembros de todas las grandes empresas españolas. Como resultado, en 2011 salió la primera convocatoria abierta de la Agencia Española de Desarrollo Internacional dirigida a todo tipo de actores.
A finales de enero surgió la polémica cuando Repsol obtuvo una subvención de cerca de 150.000 euros para proyectos en Ecuador. A pesar de las protestas por parte de las ONG españolas y ecuatorianas y hasta del 15M de Quito, la subvención a la petrolera se refrendó en mayo en el BOE. El caso de Repsol no ha sido el primero. Ya está en marcha la primera experiencia española de alianza público- privada, una herramienta que se ha potenciado a nivel internacional en el ámbito de la cooperación desde la celebración del Foro de Busán, en 2011. La Alianza Público Privada-APP Acobamba, la primera puesta en marcha desde España, ha llevado hasta esta región de Perú a Telefónica, BBVA y Santillana de la mano de las ONG Ayuda en Acción, Entreculturas-Fe y Alegría, Ecodes y Solidaridad Internacional a través de un programa de cuatro años cuyo presupuesto asciende a nueve millones de euros, de los cuales 1,5millones los aporta la región de Acobamba.
Pero, subraya Erika González, «más allá de la subvención pública, lo más importante que reciben las empresas es legitimidad para acceder a ese mercado».
El tsunami de los FAD
La estrecha relación entre intereses comerciales y políticas de cooperación internacional se remonta a la etapa de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Desde su creación, hace 35 años, estos créditos se han dirigido a determinados países para la compra o contratación de empresas españolas. Algunos de los proyectos financiados con créditos FAD han sido la construcción de un hotel de lujo en Chad, una planta potabilizadora en El Salvador que nunca se llegó a terminar, proyectos de electrificación y un hospital ruinoso en Nicaragua coincidiendo con la entrada del grupo Endesa en el país y, sobre todo, la compra de material militar a empresas españolas por parte de los gobiernos de Somalia, Angola o Indonesia. Así, bajo la denominación de ayuda al desarrollo, empresas españolas han firmado acuerdos comerciales que, además, han hecho aumentar la deuda de los países beneficiarios. «La totalidad de la deuda externa que Somalia tiene con el Estado español corresponde a dos créditos FAD otorgados al régimen de Muhammad Ziyad Vallo por la venta de camiones y vehículos militares españoles», se explica en el informe Créditos FAD: evidencias de ilegitimidad, elaborado por el Observatori del Deute en la Globalització (ODG). En 2009, España era acreedora de 8.567 millones de euros. Más de la mitad de esa deuda correspondía a créditos FAD, aunque en junio de 2011 la deuda subió a los 11.672 millones de euros a causa del rescate a Grecia.
Tras años de reivindicaciones por parte de distintas ONG para que esta herramienta desapareciera, en 2010, el Gobierno de Zapatero hizo una reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo, dividiendo esta figura en dos: el Fondo de Promoción al Desarrollo (Fonprode) y el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). Aunque en un principio, según se ve en el III Plan Director 2009- 2012, se preveía que los créditos concedidos a través del FIEM contabilizasen como ayuda al desarrollo siempre que contemplaran un carácter concesional, es decir, con un 25% de gratuidad o donación, finalmente, en el reglamento aprobado en junio de 2010, se estableció que los créditos con cargo al FIEM no fuesen considerados «en ningún caso como Ayuda Oficial al Desarrollo». Pero el cambio no ha convencido a las organizaciones sociales, que ven en la reforma una limpieza de cara. «Al dividirlos en dos herramientas, se saca el FIEM, que es la internacionalización de la empresa, del presupuesto de ayuda al desarrollo, pero no se deja de dar», afirma Erika González.
Así, mientras el Fonprode -figura en la que cabe desde la promoción de proyectos educativos o medioambientales hasta la adquisición de capital riesgo a instituciones financieras- se ha recortado este año más de un 70% (de 942 a 272millones de euros), en marzo ya se anunció la concesión de dos créditos FIEM por valor de 67,8 millones de euros a las repúblicas de Kenia y Cabo Verde para proyectos de construcción de una línea eléctrica de alta tensión e infraestructura relacionada con la conservación de productos de pesca, y en junio se ha anunciado un crédito de 40 millones de euros a México para la construcción de un gaseoducto a cargo de Elecnor.
Deuda a cambio de contratos
Mientras, las condonaciones de deuda, también incluidas en la Ayuda al Desarrollo, no llegaban al 6%, con 243 millones. Aunque teóricamente están ligadas a compromisos encaminados a la reducción de la pobreza por parte de los países beneficiarios, existen ejemplos como el de Senegal, país al que se le condonaron 1,9 millones en 2007 a cambio de la repatriación de migrantes, o Bolivia, que prometió «seguridad jurídica» para las empresas españolas, léase Repsol, a cambio de la amortización de 73 millones. En 2010, el Gobierno de Zapatero canceló 207 millones de euros de deuda a la República Democrática del Congo; al menos seis empresas españolas están implantadas en ese país, que posee la segunda mayor reserva forestal certificada FSC y del que procede el 30% de la madera tropical que importa España. Por su parte, a los intereses en cuanto a inmigración y pesca en Marruecos, octavo receptor de AOD española, se le suman los de la primera multinacional española de la alimentación, Ebro Foods, que en 2001 instaló en el país su mayor planta de arroz. Nicaragua, donde Pescanova potenció su presencia a partir de 2009, ha ocupado en los últimos años los primeros puestos como receptor de ayuda al desarrollo. Y Colombia, donde el Canal Isabel II ha privatizado el control del agua en dos de sus departamentos a través de su filial Inassa, ha recibido desde 2006 hasta 2010 más de 250.000 millones de Ayuda Oficial al Desarrollo.
La presencia internacional del monstruo del textil Inditex también se corresponde con países receptores de ayuda como India, Turquía o, de nuevo, Marruecos. Sin embargo, en su principal proveedor, Bangladesh, que presenta los salarios más bajos del planeta y donde ya tuvo que cerrar una fábrica ante las denuncias de abusos a los trabajadores, el grupo tiene su propia línea de «ayuda al desarrollo» con programas de «mejora de calidad de vida» de comunidades vulnerables a través de Cáritas, a los que se han sumado otros proyectos en Camboya, Somalia, Tánger y varios países de América Latina a través de Médicos Sin Fronteras, Entreculturas y Codespa.
«Las empresas que se van a relacionar con la Responsabilidad Social Corporativa van a reclamar el contubernio de un grupo de ONG. Pero en realidad no es ayuda al desarrollo, sino una fuente de legitimación e implantación», afirma Joserra González Parada, director de la revista Esbozos y miembro de la Red de Investigadores y Observatorio para la Solidaridad (RIOS). Aunque el Plan Director 2009-2012 anunciaba el cumplimiento del compromiso del 0,7 del PIB a Ayuda al Desarrollo, poco ha quedado de esa promesa: en 2011 se situaba en el 0,29 y desde el Gobierno ya han advertido que esa meta se cumplirá, pero «cuando se pueda».
Sin embargo, según explica González Parada, estos recortes «no suponen tanto un drama para los países del tercer mundo como para las ONG, que se ven privadas de sus partidas fundamentales en un momento en el que la población no se va a preocupar por ello». «A la cooperación le van a meter la gran estocada en los Presupuestos de 2012 y, si no muere la puntilla se la pondrán en los presupuestos de 2014», asevera González Parada en referencia a las políticas públicas de cooperación. Tras éstas, sólo quedará la «filantropía» de las grandes multinacionales.
Tras los FAD llegó el Fonprode
El Fondo de Promoción al Desarrollo (Fonprode), resultante de la reforma de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), es una figura a través de la que la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo canalizaría la Ayuda Oficial al Desarrollo en oposición al Fondo para la Internacionalización de la Empresa.
Sin embargo, hay pocas diferencias entre esta figura y los FAD, origen de más de la mitad de la deuda externa de la que España es acreedora. Según explica Iolanda Fresnillo, sólo un tercio del fondo será destinado a líneas de financiación no reembolsable. El resto será para créditos y préstamos a Estados y otras administraciones, por lo que se convertirá en deuda externa para países empobrecidos. También se contemplan otras inversiones, como»fondos de capital, fondos de fondos, fondos de capital riesgo, fondos de capital semillas y otros fondos de inversión», herramientas financieras destinadas a conseguir una alta rentabilidad y muchas de las cuales sólo funcionan a través de paraísos fiscales, como ya fue el caso de tres de los cuatro fondos de inversión que recibieron créditos FAD en 2010. Estos fondos, como explica Fresnillo, se han vinculado con las políticas de acaparamiento de tierras.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/El-sector-privado-marca-el-paso-de.html
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