Pese a que los TLC son promocionados por los gobiernos con la etiqueta del «libre comercio», estos tratados incorporan en sus contenidos aspectos que trascienden de lo que estrictamente se refiere a la exportación e importación de bienes; pues incursionan en áreas tan diversas como son las inversiones, los derechos de propiedad intelectual, las compras […]
Pese a que los TLC son promocionados por los gobiernos con la etiqueta del «libre comercio», estos tratados incorporan en sus contenidos aspectos que trascienden de lo que estrictamente se refiere a la exportación e importación de bienes; pues incursionan en áreas tan diversas como son las inversiones, los derechos de propiedad intelectual, las compras gubernamentales, los servicios, las políticas de competencia, las telecomunicaciones y el sector financiero, entre otros. Y por esta vía definen el marco que determina la orientación de las políticas públicas de las pequeñas economías suscriptoras del tratado.
A través de estos contenidos «extra-comerciales» los TLC invaden competencias soberanas de los Estados, como la definición de las políticas económicas nacionales y el control de servicios estratégicos, afectan el cumplimiento y vigencia de los Derechos Económicos,Sociales y Culturales (DESC) de la población a través de la normativa establecida en los capítulos de compras gubernamentales, comercio de servicios, derechos de propiedad intelectual e inversiones, que promueven los procesos de privatización de los servicios públicos por la vía de las concesiones.
Estamos frente a un instrumento con amplios alcances, que incorpora entre sus contenidos una gama de mecanismos que conjugan prohibiciones a los gobiernos con derechos para las empresas extranjeras en materia de inversiones, tratos no discriminatorios, derechos de propiedad intelectual, «liberalización» de servicios y acceso a las licitaciones públicas. El TLC garantiza la legalización de privilegios y los convierte en derechos para las empresas transnacionales, pues con su ratificación por parte de los órganos legislativos de cada país, estos tratados se convierten en El Salvador en Ley de la República –con mayor jerarquía jurídica que toda la legislación secundaria–, no así en Estados Unidos.
La estructura y contenidos capitulares de los TLC responden a una lógica transversal que privilegia la ganancia por encima de los derechos humanos y la sustentabilidad; resulta abrumador y desproporcionado constatar cómo estos tratados contienen una extensa lista de derechos otorgados a las empresas extranjeras, que contrasta con la omisión entre sus contenidos de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los DESC, y de la conservación de los ecosistemas.
La retórica del discurso oficial
Las intensas campañas oficiales en los medios de comunicación y los discursos de las cúpulas empresariales, nos presentan al TLC entre Centroamérica y Estados Unidos (TLC CA-EU) como la panacea a los problemas que enfrentan la pequeña economía salvadoreña: la clave para la generación de empleo y la vía para accesar a un mercado de más de 270 millones de personas. Según estos planteamientos bastaría con mover la «varita mágica» de ratificar el TLC CA-EU para que automáticamente se potencie el crecimiento de la economía –a través de la exportación de «zemita mieluda» y «consomé de garrobo» al gran mercado estadounidense–, y se derrame el bienestar entre la población nacional –con la posibilidad de ser «bendecida» con un empleo en alguna empresa maquiladora–.
En la apología del TLC CA-EU se han obviado las profundas asimetrías económicas, tecnológicas, sociales e institucionales existentes entre los países suscriptores, pero sobre todo la aplastante capacidad del gobierno de los Estados Unidos de imponer sus intereses en las negociaciones y determinar los resultados. Por otra parte, resulta paradójico presentar este tratado como alternativa para el crecimiento económico y la generación de empleo, siendo que reproduce las mismas medidas de apertura y desregulación económica en que se fundamentan las fracasadas «políticas neoliberales» del Banco Mundial (BM), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en las últimos quince años han profundizado los problemas estructurales de las economías centroamericanas.
Para que la economía crezca se requiere de acciones deliberadas para el logro de ese propósito, pero no basta con obtener tasas positivas de crecimiento del PIB , se requiere alcanzar un umbral de crecimiento -con tasas superiores al 6%– a partir del cual se haga posible reducir el desempleo y además, de forma sostenida durante un período considerable y de manera sustentable. Este tipo de crecimiento es la primera condición, que resulta ser necesaria, más no suficiente para aspirar a resolver los problemas de pobreza y marginación que nos ahoga; pues se requiere además de un crecimiento que se redistribuya en base de criterios de justicia y equidad, que permita una relación armónica con la naturaleza y el medio ambiente.
La preparación de las economías para el desarrollo pasa por enfrentar el flagelo de la desigualdad, que se expresa a través de los altos niveles de concentración de la riqueza y los activos medidos a través del Índice de Gini -que salvo Costa Rica, toda la región centroamericana supera el 0.50%– y en la desigual distribución del producto, que exponen cómo la proporción destinada a remuneraciones a los trabajadores resulta ser en promedio casi la tercera parte de la que se apropian los empresarios en forma de ganancias –o excedente bruto de explotación–.
Con independencia del TLC CA-EU, El Salvador tiene el reto de ordenar su casa, de fundamentar las bases que le permitan remontar esas enormes asimetrías que le hunden entre los puestos más bajos del desarrollo humano. La integración regional -vista como un proyecto sistémico–, a diferencia de los TLC se configura en una vía que podría acercarnos al propósito de un desarrollo justo y sustentable.
El TLC: un instrumentos para la consolidación del «ajuste»
Los TLC refuerzan y consolidan el proceso de ajuste iniciado desde finales de los ochenta, pues permite simultanear en dos carriles distintos medidas de políticas con propósitos convergentes. Ambos se enfilan hacia el objetivo compartido de garantizar la desregulación de la economía y el aseguramiento de una base de acumulación de las empresas transnacionales, y para ello traslapan sus acciones para operar como en una carrera de relevos, dando continuidad desde el TLC a lo ya iniciado por los Programas de Ajuste Estructural (PAE).
Las reformas económicas e institucionales contenidas en los PAE, que se convierten en exigencias para los países deudores a través de las condicionalidades cruzadas de los préstamos de estabilización –otorgados por el FMI– y de ajuste -del BM–, se complementan y profundizan con la suscripción de los TLC, en la medida en que los contenidos de estos tratados transforman los marcos jurídicos de las naciones, sellando legalmente las reformas que promueve.
En el proceso de reformas mucho se avanzó en materia de desregulación y apertura, los procesos de privatización trasladaron a manos privadas buena parte de las empresas y activos públicos; sin embargo, todavía faltan por privatizar importantes servicios públicos, los cuales están en la mira de las corporaciones transnacionales que orientan la agenda de los TLC hacia la privatización de servicios como el agua, la salud, seguridad social, educación, la generación hidroeléctrica y geotérmica, la transmisión de la electricidad, entre otras.
Una práctica secreta y antidemocrática
En los países centroamericanos existe una larga tradición en la aplicación de políticas públicas de carácter antidemocrático, esto no sólo por los perversos impactos que han generado en la población, sino por los mecanismos excluyentes utilizados para su formulación e implementación. A pocas personas extraña el hecho que las decisiones económicas sean asumidas por unas cuantas personas, sin la mínima posibilidad que en el futuro puedan asumir sus responsabilidades por los costes y perjuicios que sus decisiones generan.
Las negociaciones de los acuerdos y tratados de comercio e inversión no han sido la excepción. Pese a la trascendencia que los TLC tienen en la vida nacional, por los impactos sociales y económicos que generan, los procesos de negociación y de toma de decisiones se han caracterizado por la falta de transparencia, la ausencia de consultas a los sectores perjudicados y la nula participación de los diferentes sectores económicos y sociales.
El secretismo y carácter antidemocrático de los procesos de negociación contrasta con la retórica del discurso oficial que recalca en la necesidad de «establecer procesos de participación social amplia». Desde la lógica de los gobiernos, la sociedad civil es poco más que el sector empresarial, muestra de ello es la misma conformación de los equipos negociadores de los TLC, los cuales están conformados por funcionarios públicos de los ministerios de economía o de comercio e industria, y por la representación de las cúpulas empresariales.
El tratamiento de las asimetrías y el acceso al mercado
Los presuntos beneficios derivados de la apertura externa y la liberalización de la inversión no son automáticos y menos se distribuyen de manera equitativa entre países y al interior de los mismos. El desigual reparto del crecimiento está determinado por las estructuras de propiedad de los medios de producción, por las imperfecciones en mercados internos concentrados y con información asimétrica, por las prácticas proteccionistas -arancelarias y no arancelarias–; sino principalmente por las enormes asimetrías existentes entre países, las cuales se hacen tangibles en los disímiles niveles de desarrollo que presentan.
Tomando en cuenta que los TLC no se aplican entre economías homogéneas, sino más bien entre economías desiguales, con importantes desproporciones y diferencias en cuanto a desarrollo, producción, territorio, pobreza, competitividad, población, recursos, poder, marcos jurídicos e institucionales y cultura; no se pueden obviar las asimetrías al momento de evaluar los impactos que resultan de la implementación de estos tratados.
Muy poco o nada aporta al desarrollo de las pequeñas economías la aplicación de tratados como el TLC CA-EU si consideramos que estos operan desde y para favorecer los procesos de acumulación del capital transnacional, el cual no sólo contribuye escasamente al fortalecimiento de las capacidades nacionales, sino que más bien le resta a ese proceso. En este sentido, los TLC hacen a estos países un flaco favor, al exponerlos desde los ámbitos del comercio y la inversión a relaciones injustas y desequilibradas que redundan en perjuicios para la población de menores de ingresos.
El tratamiento a las asimetrías se ha limitado en el TLC CA-EU al manejo de los tiempos en la aplicación del calendario de desgravación arancelaria y al establecimiento de cuotas, obviando las enormes brechas entre los países suscriptores. En el TLC CA-EU, Estados Unidos negó a los países de la región el otorgamiento de un «trato especial», en virtud del tamaño de sus economías y su grado de desarrollo, lo cual supone desconocer las abismales asimetrías y asumir la opción de profundizarlas con su implementación.
Por otra parte, la solución estadounidense al problema de las asimetrías es muy simple: impulsar programas de cooperación y de capacitación que han sido aprobados para la región por el Banco Mundial, el BID, la Agencia Internacional para el Desarrollo (US-AID por sus siglas en inglés) y otros organismos financieros, para preparar a la zona en la aplicación de los derechos y obligaciones que les dará el acuerdo de libre comercio. Estas soluciones obvian los determinantes estructurales de las asimetrías, y focalizan en la capacitación en materia de derechos y obligaciones del TLC CA-EU la respuesta a estas situaciones, con la consiguiente presión fiscal por la vía del endeudamiento público.
Además, esta situación desventajosa para Centroamérica se complementa con la dificultad que entraña para los exportadores de la región poder competir con los productos agropecuarios estadounidenses y accesar a su mercado, considerando las barreras sanitarias y aduaneras que limitan su entrada y las políticas de subsidios que ese país mantiene en beneficio de su sector.
Como muestra de la falta de coherencia del TLC CA-EU con el objetivo de «eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes», Estados Unidos decidió unilateralmente que los subsidios internos no son sujetos de negociación: «no hay manera de discutirlos en esta ni en ninguna otra negociación comercial» .
Por otra parte, pese a que las normas sanitarias y fitosanitarias constituyen un instrumento que puede contribuir a garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, en beneficio de las personas consumidoras; en la práctica éstas operan como verdaderos mecanismos proteccionistas, como lo ilustra el caso del sector avícola mexicano, que en el marco del TLCAN obtiene acceso «aparente» a su mercado, sin vincularlo con la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Como resultado, los exportadores avícolas mexicanos en diez años, no han podido cumplir con los requisitos sanitarios para acceder al mercado estadounidense, anulando así la concesión otorgada por dicho país en el marco del tratado; y en contrapunto, Estados Unidos ha tenido un acceso irrestricto al mercado mexicano avícola .
El objetivo estratégico del TLC CA-EU
Más allá del afán de que El Salvador pueda exportar «pupusas», «quesadillas» y «nuégados con chilate» al mercado del norte, la verdadera motivación del TLC CA-EU se encuentra en la concresión de los intereses del gobierno de los Estados Unidos , los cuales se centran no sólo en acceso al mercado, sino en los servicios y el comercio electrónico, el fortalecimiento de la propiedad intelectual, las inversiones e incrementar la transparencia en los procedimientos y regulaciones gubernamentales .
Se trata de una apuesta desproporcionada entre quienes suscriben el TLC CA-EU, lo cual obviamente responde a los límites que imponen las enormes asimetrías entre las Partes, pero sobre todo a la aplastante capacidad que tiene la economía del norte de definir la agenda y determinar los resultados.
Los gobiernos centroamericanos se «conforman» con ratificar en el TLC CA-EU las ventajas ya otorgadas por el gobierno estadounidense a través de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y el Sistema General de Preferencias (SGP); la llegada de más empresas maquiladoras –que aporten algunos puestos de trabajo, ante la incapacidad generadora de empleo de las economías centroamericanas–; y con la posibilidad de que el mercado estadounidense se abra a la exportación de productos «nostálgicos» que encontrarían un potencial mercado en la población centroamericana radicada en aquél país.
Mientras que el gobierno estadounidense impuso un tratado que, además de permitirle libre acceso de sus bienes a los mercados centroamericanos, le garantice óptimas condiciones para sus inversiones en la región -sin regulaciones y con tratos «no discriminatorios»–, que sus empresas puedan beneficiarse de la liberalización de los servicios -para accesar al control de servicios públicos como agua, educación y salud, y consolidar su control en electricidad, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos–; que proteja las patentes de sus empresas y que éstas tengan irrestricto acceso a los recursos naturales y la biodiversidad de la región; así como el poder controlar las licitaciones y compras gubernamentales abiertas por los gobiernos de la región.
Estas consideraciones justifican con creces un TLC CA-EU para Estados Unidos, más que la «preocupación por el desarrollo» de los países centroamericanos, reiteradas veces expresada por funcionarios estadounidenses. Para las corporaciones transnacionales estadounidenses –como AES Co., Enron, Coastal Power, Duke Energy, Constellation — ya radicadas en la región y para otras interesadas por establecerse en las áreas de tratamiento de basura, telecomunicaciones, recursos hídricos, salud y seguridad social, educación e inversiones directas en general, el TLC CA-EU representa una excelente oportunidad, dado que por sus contenidos, lógica y principios representa un instrumento probado en eficiencia para garantizar sus intereses.
Con el TLC CA-EU: ¿quiénes ganan? y ¿quiénes perdemos?
Los TLC, al igual que cualquier política económica, no son ni pueden ser instrumentos neutrales. Su implementación genera efectos diferenciados entre los países signatarios y al interior de estos: por un lado se configura un selecto grupo de ganadores -generalmente un reducido número de empresas monopólicas u oligopólicas nacionales y unas cuantas corporaciones transnacionales que operan o buscan operar en la región-quienes reciben los beneficios de las «negociaciones» y del esquema impulsado por el tratado; y por el otro lado, soportando las secuelas negativas del tratado, se ubican amplios sectores económicos y sociales del país, los mismos que históricamente han sido afectados por la aplicación de las «reformas neoliberales».
Si bien es cierto que en los contenidos del TLC CA-EU no aparecen dibujados los intereses de la mayor parte de empresas -micro, pequeñas, medianas, e incluso grandes empresas nacionales–, mucho menos los derechos de trabajadores, consumidores y población en general; si asoman los intereses de los núcleos hegemónicos empresariales, los cuales han tenido la posibilidad de participar, y en alguna medida incidir, en las negociaciones a través de su representación en el equipo negociador.
Resulta muy difícil enunciar las ventajas derivadas del TLC CA-EU para los sectores sociales, cuando los contenidos de estos tratados no sólo carecen de una lógica de derechos humanos, sino que los subsumen y contradicen. Estos tratados no han sido inspirados ni construidos desde ni para los intereses ciudadanos, o de las pequeñas empresas, o del respeto al medio ambiente; de allí la fundamental omisión de una lógica transversal de derechos laborales, sociales, migratorios y ambientales que atraviese todo el contenido capitular, que es una clara evidencia de su incompletitud y del sesgo de estos Tratados.
En este sentido, el TLC CA-EU riñe con los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores, con los derechos de las personas consumidoras, con los propósitos de desarrollo de las micro, pequeña y medianas empresas, con la pretensión del desarrollo rural y la sustentabilidad de la región, y en general, choca con la légitima aspiración de los pueblos de construir su proceso de desarrollo, renunciando a que sea el mercado quien determine sus vidas.
No cabe duda que las implicaciones del TLC CA-EU son de tan amplio alcance que trascienden del plano estrictamente comercial, para impactar en los ámbitos económico, laboral, social, político, cultural y ambiental. Las repercusiones afectarían directa e indirectamente a la población, transmitiéndose por múltiples vías: el desempleo generado por la quiebra de empresas nacionales, la mercantilización de los servicios públicos, el encarecimiento de las tarifas y el alza en el precio de los medicamentos, el deterioro del medio ambiente, la ingesta de alimentos modificados genéticamente, la quiebra de la producción agropecuaria con la consiguiente inseguridad alimentaría, y con ello el incremento de las migraciones y el desarraigo cultural de los pueblos.
NO al TLC CA-EU, SI a la integración de los pueblos
Es claro que el TLC CA-EU no constituye una alternativa para los pueblos centroamericanos, y que los históricos y estructurales problemas de la región no serán resueltos por esta vía, por lo que una tarea impostergable es avanzar en el ordenamiento de «nuestra casa». Esto supone la afirmación de un proyecto nacional de desarrollo, el cual debe propender hacia la integración de los pueblos centroamericanos como herramienta que estimule el desarrollo sustentable y equitativo.
La construcción de propuestas alternativas exige definir un proyecto nacional basado en principios de participación democrática, sustentabilidad y reducción de las brechas de desigualdad -etarea, genérica, social, étnica y geográfica–, que garanticen el cumplimiento y vigencia de los derechos humanos.
Es ineludible para El Salvador crear las condiciones que permitan superar el estado de subdesarrollo en que se encuentra sumergido, y que el TLC CA-EU profundizará. Mas que la ratificación de este tratado, se requiriría de un acuerdo de cooperación, construido desde una lógica que estimule el desarrollo sustentable y equitativo de cada país de la región, lo cual sólo se puede fundamentar a partir del fortalecimiento de la integración de los pueblos, antes que los mercados.
Raúl Moreno es economista, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, Presidente del Centro para la Defensa del Consumidor y miembro de la Red de Acción Ciudadana frente al Libre Comercio, SINTI TECHAN de El Salvador.