En sociedades como la nuestra, la democracia -aún entendida en su dimensión más escuálida y formal- se ve fuertemente restringida por la falta de transparencia. Veamos algunos ejemplos. Todo lo que tiene que ver con lo financiero está recubierto por el secreto. De las estafas de los financistas, banqueros y especuladores nos enteramos siempre mucho […]
En sociedades como la nuestra, la democracia -aún entendida en su dimensión más escuálida y formal- se ve fuertemente restringida por la falta de transparencia. Veamos algunos ejemplos.
Todo lo que tiene que ver con lo financiero está recubierto por el secreto. De las estafas de los financistas, banqueros y especuladores nos enteramos siempre mucho tiempo después de que se han producido y raramente el Estado logra luego recuperar una parte mínima de lo robado.
1. En estos días, con la comunicación librada por las autoridades del Banco Central a la Asociación que defiende a los afectados por intereses de usura, AFINDU, se ha conocido una nueva actitud de deslinde de responsabilidad por parte del Estado.
En respuesta a una nota donde se denunciaba la acción de una decena de falsas cooperativas de ahorro y crédito que incurren en el delito del cobro de intereses ilegales- estamos hablando de intereses que superan el 75% de la tasa media cobrada por los Bancos- la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central afirma que las diez«cooperativas denunciadas no se encuentran dentro del elenco de instituciones sujetas al control de este organismo.»
Dicho de otro modo, vía libre para empresas financieras que tienen, entre otras, la facultad de retener jubilaciones y pensiones otorgadas por el Banco de Previsión Social.
A partir de esta retención, la falsa cooperativa, que actúa también sin mínimos contralores internos, como podrían ser asambleas democráticas de sus afiliados, brinda créditos a jubilados y pensionistas. Sobre estos préstamos no hay formas de contralor que permitan estimar el monto de lo retenido a cada jubilado o pensionista por el BPS, ni el número de cuotas que se retendrán ni la relación de estas cuotas e intereses con el monto del préstamo inicial.
Se trata, una vez más, de operaciones contra los sectores de menores ingresos y con menos información de nuestra sociedad.
Aunque las denuncias por el cobro de intereses usurarios ante Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía han sido centenares, no ha habido una sola medida de protección a los perjudicados ni se han puesto trabas para detener los abusos de que son víctimas los consumidores.
Por el contrario, las actuaciones de estos mecanismos de contralor del Ministerio de Economía han dado muestras de una cómplice negligencia en el freno de estos abusos. Parecería que algunos funcionarios están no para defender al ciudadano que es víctima de la usura sino para cuidar de los intereses de los usureros.
Aproximadamente cien mil jubilados y pensionistas reciben sus asignaciones por intermedio de diez de estas falsas cooperativas, alguna de las cuales, además, está notoriamente vinculada a actividades de tipo político electoral expresamente prohibidas por la ley.
Como ocurrió en el año 2002 con la escandalosa falta de contralor por parte del BCU de las acciones delictivas de los banqueros privados, las autoridades dejan actuar libremente a los que lucran con las necesidades, el apremio y la ignorancia de sus derechos que padecen los más desposeídos.
2
Días pasados el presidente de UTE explicaba ante la prensa las causas del apagón que afectó recientemente a Montevideo. Al pasar, Scaglia hizo referencia a la existencia de una población, Tres Ombúes, situada en la periferia de Montevideo, en una zona sumamente expuesta al peligro de una violenta descarga eléctrica, como efectivamente ocurrió accidentalmente días pasados provocando quemaduras graves a un niño.
En las inmediaciones de las torres de alta tensión, que trasmiten una fuerte carga de energía eléctrica, cientos de personas habitan casas de lata construidas sobre terrenos rellenados de basura. En tal situación, los habitantes de ese asentamiento corren gravísimos riesgos. «La existencia de esa población no es un problema de UTE», sostuvo su presidente.
En un sistema como el nuestro, la existencia de los pobres no es un problema para el gobierno. Aunque los que viven en condiciones de necesidad extrema, como ocurre ahora entre nosotros, sean cientos de miles. No son un problema sobre todo si son mansos y si viven lejos de las torres de alta tensión. Y cuando los excluidos no son mansos, los problemas sociales se transforman en una «cuestión de policía». Que es también una forma engañosa e inconducente de abordar la realidad de la gente a la que el régimen empuja a la marginalidad.
Lo que no se ha logrado ni se logrará con gobiernos como los de Lacalle, Sanguinetti y Batlle, es que la cuestión social adquiera un estatuto propio y determinante en el momento de decidir las políticas económicas. Esas políticas ya dieron toda su (mala) leche. Y son cada vez menos los que esperan algo que atenúe los flagelos sociales de la desocupación, del hambre y la miseria. De ahí el incontenible ascenso de los que creen que hay que buscar otros caminos y dar un golpe de timón a favor de los más necesitados.
3
Finalmente hay un aspecto que tiene que ver con la acción política y de los medios de comunicación de masas, especialmente de la televisión abierta.
El proceso por el cual, en los últimos años, una parte considerable de la población urbana se ha visto expulsada de la ciudad y sus posibilidades, se desarrolla en secreto. Más de 150 mil uruguayos han sido arrojados a asentamientos marginales, en muchos de los cuales los niveles de pobreza alcanzan su mayor y más dramática expresión. Asentamientos que, sin interrupción, en un proceso lento y silencioso, crecen a un ritmo del 10% al año.
No es fácil hacer números con esto pero hay que pensar en cientos de personas por mes. Así lo indican las dependencias estatales que miden esos desplazamientos de población.
Exilios silenciosos, estas expulsiones son, en la vida familiar de los pobres y de los trabajadores, una verdadera tragedia, que no obstante no logra «ser iluminada desde la dimensión universal y solar de la esfera pública». No son noticia, ni centro del debate político. Suceden, como sucede que se erosionan los campos, como un hecho «natural».
Junto con el empleo, o un poco después, el trabajador perdió la vivienda y el barrio, el liceo y la escuela, se alejó la policlínica y las posibilidades de empleo aunque sea en changas.
Tragedia sin público. Los pobres no intervienen en la decisión sobre qué cosas son un problema grave y cuáles son las soluciones. Por eso su confinamiento en los campos de la miseria es opaco. Una cuidadosa articulación del poder político con el poder de los medios de comunicación (y de algunos académicos) ha logrado sacar del debate la problemática de la explotación y la marginalización social. Drama social que se vive en privado.
En la sociedad política suelen discutirse las declaraciones más extravagantes de algunos dirigentes.
Salvo para la izquierda, que se ha comprometido con un plan para atender la emergencia social, en el país oficial, en los discursos de Larrañaga y de Stirling, lo que nunca aflora es ese cuadro de destrucción social que padece Uruguay y menos aún la explicitación de las soluciones a que se apelará para resolverlo.