Desde el pasado mes de agosto, cuando tomó posesión el reelegido presidente Álvaro Uribe Vélez, la arremetida contra los movimientos sociales en Colombia está siendo feroz. En especial, en Arauca, donde los intereses en juego en la industria del petróleo hacen que haya que limpiar el departamento de cualquier voz disidente. Por ello, las detenciones, […]
Desde el pasado mes de agosto, cuando tomó posesión el reelegido presidente Álvaro Uribe Vélez, la arremetida contra los movimientos sociales en Colombia está siendo feroz. En especial, en Arauca, donde los intereses en juego en la industria del petróleo hacen que haya que limpiar el departamento de cualquier voz disidente. Por ello, las detenciones, asesinatos, retenciones y amenazas están a la orden del día.
Por su interés a la hora de comprender el conflicto de los movimientos sociales de la región contra las actividades de las empresas transnacionales petroleras que operan en Arauca (sobre todo, Occidental y Repsol), reproducimos aquí el último comunicado que han emitido las Organizaciones Sociales de Arauca.
En Arauca no existe el Estado Social de Derecho
Hace cuatro años el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, estrenó su gobierno impulsando su famoso Plan de Seguridad Democrática y definiendo para nuestro departamento las «zonas de rehabilitación y consolidación», declaradas estas inconstitucionales, por ser violatorias a los principios de igualdad, democracia y Derechos Humanos. Figura que permitía -y curiosamente se permite luego de ser declaradas inconstitucionales- otorgarle a los militares sendos derechos para acusar y perseguir a los dirigentes sociales. Se hizo común las detenciones masivas, la militarización de la vida civil con los frecuentes y exagerados operativos militares urbanos y rurales y con ellos las masacres.
Hoy, a casi tres meses de la posesión del presidente Uribe en su segundo mandato y en procura de mostrar resultados que ratifiquen su desgastada política de seguridad democrática y con la complicidad del gobernador Julio Enrique Acosta Bernal y su secuaces el Coronel José Rafael González Villamil, comandante de la XVIII Brigada del Ejército Nacional; el Teniente Coronel Alejandro Cortéz, comandante del Batallón General Gabriel Reveiz Pizarro del municipio de Saravena; el Mayor Carlos Arturo Cabezas Torres, comandante de la Estación de Policía del municipio de Saravena, nuevamente arremete contra el movimiento social y desde el 27 de octubre es agredido el municipio de Saravena y en forma sediciosa detienen a más de 100 pobladores de los cuales les han hecho montaje judiciales a 19 de ellos, hoy presentados como trofeos de guerra en los medios de comunicación nacional:
Vicente Vera, José Vargas, Mariela Pabón, Doris García, Fredy Pinto, Manuel Pinto, Daniel Rueda, Pablo Aponte, Luís Francisco Porras, William Andrés Calderón, Álvaro Pinto, Carlos Moreno, William Efraín Higuera, José Lizardo Vargas, Edward Aponte, Luís Alberto Galindo, Gildardo Romero, José Manuel Patiño y Orlando Páez Durán.
A eso de las 8:30 p.m., fue detenido el joven Eduardo Sogamoso, presidente de la Asociación Juvenil Estudiantil Regional ASOJER, por miembros de la Policía nacional, quienes de manera arbitraria lo hicieron subir a la camioneta, le investigaron y le dejan en libertad en una zona opuesta a donde había sido detenido.
El 28 de octubre en la casa del dirigente social Víctor Julio Laguado Boada, fue realizado un allanamiento arbitrario por parte de integrantes de la Fiscalía, DAS, CTI, policía y ejército nacional, además iban acompañados de un hombre de civil y armado, quien no se identificó, y quien según la fiscal dijo que pertenecía a la SIJIN.
No siendo suficiente esta actitud demencial, el día 31 de octubre atentan contra la misión médica y es detenido el doctor José Elías Pinto, reconocido por su labor social y por su compromiso ético como médico.
Así mismo, por enésima vez es allanada la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena ECAAS. Única empresa de servicios públicos del país de propiedad comunitaria y ejemplo en la prestación de estos servicios.
Vísperas a esta represalia militar, el 26 de octubre fue asesinado el señor Nelson Ortiz, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Playas de Bojabá, en el puente de la quebrada Caño Rojo, zona de presencia frecuente de la fuerza pública.
El 29 de octubre, llegaron un grupo de 8 hombres armados y encapuchados procedentes de vía que conduce a al municipio de Fortul al puente caído Banadías 1, quienes inicialmente se identificaron como miembros de las AUC y posteriormente de pertenecer al frente 45 de las FARC, pasaron el río y llegaron a la caseta donde requisaron y pidieron documentos a las personas que allí se encontraban y luego procedieron a sacar al señor Miguel Gutiérrez, quien trabajaba como canoero y lo asesinaron en presencia de los pobladores, luego tomaron un carro y se dirigieron hacia el casco urbano de Saravena
Es así, como pretenden reconstruir la paz en este rincón de Colombia subyugando a un pueblo digno y ejemplo de lucha y libertad. Las Organizaciones Sociales no permitiremos que reine la impunidad y el deterioro de la Vida y los Derechos Humanos, nuestra voz de protesta y denuncia será incansable contra todos los que a través de actos de terror y montaje pretendan amedrentar al pueblo de Arauca y del oriente Colombiano.
Organizaciones Sociales de Arauca
Por la defensa de la vida, los derechos sociales y la permanencia en el territorio
Departamento de Arauca – Colombia, 31 de octubre de 2006