El pasado día 21 el presidente de ENCE Juan Luis Arregui, y el consejero ejecutivo de la empresa, Pedro Oyarzábal anunciaron que ENCE renunciaba a realizar una nueva planta de celulosa en Fray Bentos Uruguay (proyecto M’Bopicuá). El proyecto había causado importantes protestas ciudadanas en Uruguay y Argentina, y había desembocado en el mayor conflicto […]
El pasado día 21 el presidente de ENCE Juan Luis Arregui, y el consejero ejecutivo de la empresa, Pedro Oyarzábal anunciaron que ENCE renunciaba a realizar una nueva planta de celulosa en Fray Bentos Uruguay (proyecto M’Bopicuá).
El proyecto había causado importantes protestas ciudadanas en Uruguay y Argentina, y había desembocado en el mayor conflicto diplomático entre ambos gobiernos en los últimos años. La planta de celulosa debería situarse en el río Uruguay que separa ambos países, junto a otro proyecto similar promovido por la empresa finlandesa Botnia. Los impactos ambientales y sociales negativos se extendían a ambos países.
El presidente de ENCE justificó su decisión por considerar que las dos plantas (la de ENCE y la prevista de la finlandesa Botnia) están demasiado juntas y el constante transporte por las carreteras de la materia prima para su funcionamiento sería excesivo para las características de la zona.
Aunque no se reconoce públicamente el proyecto tenía también importantes problemas en su financiación, pues necesitaba los recursos de la Corporación Financiera Internacional (organismo dependiente del Banco Mundial) y del Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como el seguro a nombre de Estado Español que puede otorgar la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).
La campaña «¿Quién debe a quién?», formada por cerca de 50 organizaciones españolas, ya había denunciado, desde inicios del año 2006, que el proyecto no tenía una evaluación ambiental y social adecuada, y que causaría importantes impactos negativos en el medio ambiente y en la región.
Igualmente la campaña había solicitado que la inversión no obtuviera recursos públicos españoles (a través ICO y CESCE), habiendo logrado el compromiso por parte del Gobierno español de congelar temporalmente el posible apoyo. La falta de financiación puede haber tenido un papel destacado en la decisión final.
Por ello Ecologistas en Acción y el Observatorio de la Deuda en la Globalización no comparten las declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente, Cristinta Narbona, en las que afirma que el «gobierno español es ajeno al conflicto», cuando está directamente implicado en la financiación de la planta. Del mismo modo añadió que «ENCE tiene tecnología homologada por normas internacionales (de protección del ambiente) y equivalente a la mejor de la que tienen (plantas papeleras) instaladas en Argentina», lo cual entra en clara contradicción con las propias declaraciones de la empresa.
Ante la retirada del proyecto queremos señalar que los sistemas de control de impacto social y ambiental de CESCE e ICO han sido insuficientes para negar por sí mismos la realización del proyecto, a pesar de los altos impactos reconocidos como principal razón para renunciar al proyecto por el nuevo presidente de ENCE. Esto muestra que efectivamente CESCE e ICO no disponen de sistemas adecuados para la evaluación de los proyectos y deben ser revisados en profundidad, tal como se está exigiendo actualmente a través de la propuesta de Ley de Deuda Externa que está en trámite parlamentario.
Este caso muestra, una vez más, que debe exigirse corresponsabilidad a estas instituciones, con la finalidad de asegurar que no se apoyan con recursos públicos españoles proyectos ambiental y socialmente dañinos en el exterior. Por ello exigimos a los parlamentarios españoles que aprovechen la modificación de la ley de deuda para establecer los mecanismos de corresponsabilidad adecuados.
Del mismo modo se encuentra en trámite la elaboración la Ley de Responsabilidad Ambiental. Esta ley no incluye las acciones de empresas españolas en el extranjero, lo cual, según el parecer del Observatorio de la Deuda en la Globalización y Ecologistas en Acción, es una gran carencia en la misma, como se demuestra en este caso.
Ambas organizaciones se alegran de que la movilización ciudadana en Uruguay, Argentina y España hayan impedido este perjudicial proyecto en Fray Bentos.