España, derechos humanos y Amnistía Internacional

Los conflictos internos que empañan la sociedad española actual son rara vez denunciados en el contexto de los Derechos Humanos (DDHH). Es cierto que no en pocas ocasiones sobrevuelan las cabezas de algunos manifestantes, como si quisieran decir desde bien arriba que la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y otros tantos pilares del estado del bienestar que emprendieron su viaje sin fecha de vuelta, son, ni más ni menos, que DDHH. Pero si fuera, en cambio, por las voces que descienden de la palestra institucional, sistema informativo incluido, parecería que los tan laureados DDHH han sido eternamente cuidados como oro en paño. Sucede que, cuando la violación de estos derechos ocurre a nuestro alrededor, no se reconocen como tales; y cuando se reconocen como tales resulta que no ocurre a nuestro alrededor. Para dar fe de ello, se invita al lector visitar, por ejemplo, la página web del Periódico El País, y buscar cuántos artículos hacen referencia a tan maltratados DDHH. Si observamos los primeros 65 resultados, publicados del 2010 (incluido) en adelante, con siquiera ojearlos por encima podemos comprobar dos hechos destacables. En primer lugar, que unos siete resultados aluden a la situación de los DDHH en China, y unos veinte se centran en Lationamérica, cinco de los cuales se refieren a Cuba y otros cinco a Venezuela. Estas denuncias no están injustificadas, o al menos no siempre, pero la falta de equidad periodística es deleznable. Ninguno de estos artículos menciona que más del 20% de los niños que nacen en el Chad muere antes de cumplir los 5 años. Tampoco menciona que en países como Malí, Burkina-Faso, Etiopía o Níger más del 70% de la población adulta no sabe leer y escribir. Tampoco se señalan los 46 hombres ejecutados durante el 2010 en EEUU, ni los 43 ejecutados en 2011. Ni tan siquiera tratan seriamente la situación en Colombia, que gasta no obstante uno de los más desastrosos informes según Amnistía Internaconal (AI). Sin embargo, estos resultados no son sorprendentes, visto de qué pie cojean los titiriteros del Grupo Prisa. En segundo lugar, y esto sí es más asombroso, vemos que el periódico español, en la coyuntura social actual, solo hace referencia explícita a la violación de los DDHH en España cuatro veces, y siempre refiriéndose al caso Garzón, lo que evidencia, como apuntábamos, la dificultad que impera a la hora de encuadrar correctamente los conflictos sociales en el contexto de los DDHH. A menos que sea, claro está, de fronteras para afuera.

Cabe decir que, en opinión de algunos, La Declaración Universal de los DDHH [1] consigue situar donde se merece la figura del ser humano, la del hombre como ser supremo para el hombre, que decía Marx. Pero en la opinión de otros, la Declaración adolece de importantes deficiencias. Por ejemplo, hace alusión al derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, aunque no explicita la libertad para qué. Además, no se puede obviar que una persona que no come, que no tiene casa, que no tiene cuidados médicos o que no puede acceder a la educación, difícilmente llegará a ser libre. También disfrutará difícilmente de su derecho a la vida. Y por ello cabría posicionar en primer lugar estos derechos, como los más fundamentales e inalienables. Tampoco hace referencia manifiesta la Declaración Universal de los DDHH a la igualdad independientemente de la orientación sexual, ni al casamiento de hombres con hombres o de mujeres con mujeres. Pero, en cualquier caso, hemos de admitir que estamos confrontando valores de la persona de aquí y de hoy con discursos del pasado. Y estos, más allá de las objeciones que puedan suscitar, suponen un impagable apoyo en la lucha por la dignidad de los hombres y las mujeres. Por tanto, una vez aceptada la Declaración Universal de los DDHH como referencia universal, podemos pasear por sus artículos y estudiar las sensaciones que genera el contraste con los hechos que vienen ocurriendo en España durante los últimos años. Los siguientes artículos, a buen seguro, removerán la memoria reciente de los lectores:

1. Art. 4, Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
2. Art. 7, Todos son iguales ante la ley […].
3. Art. 9, Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Art. 10, Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad […].
4. Art 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
5. Art 20, Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
6. Art 21, La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público.
7. Art 23, Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.[…]
8. Art 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
9. Art 26, Toda persona tiene derecho a la educación.
10. Art 27, Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Qué podemos decir, a la luz de estos artículos, de todos aquellos que trabajan diez, once o doce horas, con hostigamiento por parte de quien los emplea (*) , cotizando en ocasiones por media jornada, o sin cotizar, cobrando el salario mínimo, cuando lo cobran; aquellos que por su posición de clase no son iguales que los poderosos, que los ricos, que los altos cargos, que la Corona, que la Iglesia; que no son iguales en la práctica, ni son iguales por ley; aquellos detenidos en régimen de prisión preventiva, aquellos detenidos por injuria a la Corona, aquellos que han sido arbitrariamente amezanados, reprimidos, hostigados, golpeados y detenidos, por luchar pacíficamente por una democracia que hace tiempo que corrió a esconderse donde nadie pueda verla; aquellos que pagan el deterioro que la educación y la sanidad están sufriendo en este país, aquellos que no tienen derecho a la cultura, privatizada a golpe de patente, de copyright y de Ley, y a base de censura, de represión y de cargarse la división de poderes de un estado de derecho; aquellos que no tienen trabajo, ni cobertura sanitaria; aquellos que viven en situación irregular. Qué podemos decir de aquellos, de nosotros, sino que hemos sido sujetos directos de un continuo ataque a los DDHH.

Pero esto es solo, evidentemente, un resumen naíf de algunos de los sucesos más sonados en nuestro país, y que aún siendo conocidos no los denunciamos explícitamente en el contexto de los DDHH. Pero más allá de un análisis superficial, hemos de saber, por ejemplo, qué dice una organización de reconocido prestigio, como lo es AI, sobre nuestra situación actual. Conviene señalar, no obstante, que AI se deja en el tintero algunos abusos de primer orden contra los DDHH cuando no denuncia con ahínco el problema de la vivienda en España o la discriminación de las personas homosexuales en gran parte de Europa (donde el asunto no es tan controvertido como en otros países del mundo) cuando estas no gozan de los mismos derechos, como el matrimonio o la adopción. Tampoco denuncia de forma severa el detrimento de la protección social y de la cobertura sanitaria. Pero en cualquier caso, la labor de AI es digna de loa, y por tanto se anima al lector a repasar, directamente, el informe anual de 2012 [2]. Algunos datos sobre España (páginas 185-188) son reveladores. El único indicador «positivo» del informe sobre España (aparte de colindar con el de EEUU, con quien todas las comparaciones son atenuantes), es gozar de una pena de muerte abolicionista para todos los delitos, y de una mortalidad infantil de 4,1 sobre mil. Esta está a la altura de otros países de Europa y de los países mejor posicionados en el resto del mundo: Singapur (2,8), Japón (3,3), Israel (4,4), Australia (5,1), Corea del Sur (4,9), Cuba (5,8), Canadá y Malasia (6,1). En el campo de la educación, la situación es menos halagüeña. La tasa de alfabetización en España es del 97.7%, significativamente por detrás de muchos países mejor posicionados: Cuba (99,8), Kazajistán, Ucrania, Bielorrusia, Tayikistán, Georgia, Eslovenia (99,7), Turkmenistán, Rusia (99,6), Armenia, Azerbaiyán, Polonia (99,5) y otros trece países más. Nótese lo dramático de este indicador en términos absolutos, que significa que más de un millón de españoles no sabe leer y escribir. AI denuncia, asimismo, el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, que golpearon con sus porras y dispararon balas de goma a manifestantes pacíficos durante el último año [3]. AI denuncia también los actos de tortura cometidos en España. Este hecho es significativo, y hemos de comprenderlo, asimilarlo y divulgarlo. Que la tortura no se ejerce solo en los países menos desarrollados de África. Que se ejerce aquí, la TORTURA, con todas sus letras. AI denuncia también los casos de impunidad por estos delitos vividos en España, así como los casos de personas extraditadas a otros países donde estaban amenazadas. Estos hechos sitúan a España en el (desgraciadamente) abultado círculo de países donde se dan casos de tortura, de uso excesivo de la fuerza, de violencia extrema (porras, pelotas de goma, fuego real, flagelación, azotes con varas, gases lacrimógenos o tásers, entre otras) o incluso muertes (ya sea esta debida a la represión, a la ejecución por pena de muerte, a la muerte bajo custodia, a los conflictos armados, etc.), y de baja protección de los ciudadanos ante estas amenazas. España queda, por tanto, relegada del pequeño resto de países que, de acuerdo al informe de AI, han sabido no solo garantizar la protección de los derechos más basicos sino también prevenir estos peligros durante al menos el último año: Cuba, Eslovenia, Japón, Malta y los Países Bajos. AI denuncia, asimismo, los episodios de racismo, discriminación y violencia contra mujeres y niñas (60 mujeres murieron el año pasado a manos de sus parejas o ex parejas) en nuestro país, situándose este, por tanto, muy por detrás de los países anteriormente citados donde el racismo, la xenofobia o el abuso de mujeres y niñas son más residuales de acuerdo al informe de AI: Cuba y, en menor medida, Países Bajos. Si a ello sumamos las detenciones en régimen de incomunicación, los desahucios y la falta de mecanismos para proteger los derechos de la infancia, que también denuncia AI, entonces no podemos más que alzar la voz y pedir fuertemente el respeto de los DDHH, por una vez, de fronteras para adentro.

Nota:

(*) … emplea. Y no precisamente en su acepción de «dar trabajo».

Bibliografía 

1. Organización de las Naciones Unidas, Sección en español de la página web de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos.

2. Informe 2012 de Amnistía Internacional, Amnistía Internacional, Amnistía Internacional 2012- Informe anual.

3. Coordinadora para la Prevención de la Tortura, Rebelión, «Se duplican en 2011 las denuncias de tortura y malos tratos durante las movilizaciones sociales».

Blog del autor: http://wdb.ugr.es/~miki/?page_id=261

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