Los cambios en los planos de los límites de parques naturales, en función del interés de quienes tienen dinero e influencia para poder desarrollar explotaciones del suelo o el subsuelo, no sólo ocurren en Euskal Herria. Las actuales operaciones de Repsol-YPF, Encana (Canadá) y Petrobras (Brasil) en la Reserva de la Biosfera Yasuní, conformada por […]
Los cambios en los planos de los límites de parques naturales, en función del interés de quienes tienen dinero e influencia para poder desarrollar explotaciones del suelo o el subsuelo, no sólo ocurren en Euskal Herria.
Las actuales operaciones de Repsol-YPF, Encana (Canadá) y Petrobras (Brasil) en la Reserva de la Biosfera Yasuní, conformada por el Parque Nacional del Yasuní y el territorio huaorani, se amparan también en el cambio «legal» que el Gobierno ecuatoriano acometió en los límites de la Reserva, en 1990. Aquel mismo año, legalizó el territorio del pueblo huaorani, a condición de que no dificultaran la explotación petrolera.
El emporio petrolero de la Amazonía ecuatoriana quedó, de esta forma, fuera de los límites de protección, pero este entorno, en su conjunto, concentra gran biodiversidad y es territorio indígena, lo que debiera conferirle un estatus especial, así como garantías internacionales en materia ambiental y de derechos humanos y culturales. Asimismo, la Constitución de Ecuador reconoce los derechos ambientales colectivos y sostiene que garantiza los derechos fundamentales de los pueblos indios.
El primer pozo de petróleo se abrió en Ecuador en 1967 y, a partir de los 70, el petróleo se convirtió en el principal producto para la exportación. En los 80 se registraron fugas e incidentes, el más grave, asociado al terremoto de 1987 que destruyó cuarenta kilómetros de oleoducto y causó graves daños al medio ambiente y la economía.
Tras la crisis financiera de 1999, el Estado ecuatoriano acometió una política tendente a duplicar la producción petrolera y a cancelar con esos ingresos según señaló su deuda externa. Ya entonces, Repsol se había convertido en la operadora del bloque 16, adjudicado inicialmente a la empresa Conoco. A la salida de Conoco del Ecuador, en 1991, la empresa Maxus pasó a ser operador y socio mayoritario de este bloque. Maxus fue adquirida por YPF a mediados de los 90 y, posteriormente, Repsol adquirió YPF.
«Por desgracia, petroleo»
«Por desgracia», tal y como valora Elizabeth Bravo, de Oilwatch, en la revista »Ecologista», en el subsuelo de la Amazonía ecuatoriana y, más concretamente, en el Parque Natural Yasuní, «hay petróleo» y esto no se puede separar del hecho de que «la industria petrolera considera que la explotación en las zonas tropicales es más barata». Estas zonas, que conservan la mayor biodiversidad, conforman el nuevo campo de expansión de la industria.
Bravo destaca la deforestación como «el impacto directo» más evidente del proceso de extracción de crudo. Para la prospección sísmica se abren trochas o líneas sísmicas en la selva. Cada línea sísmica mide un kilómetro de largo y entre tres y diez metros de ancho. En el bloque 16 se abrieron 2.634 trochas.
En el mismo campo que explota Repsol, por cada barril de crudo extraído salen cinco barriles de agua de formación, mezcla de sedimentos y agua, con alto índice de salinidad, que se vierte al medio. Junto a ello, los tóxicos producidos durante la perforación o el mantenimiento, se almacenan en piscinas que rebosan en época de lluvia. Por cada pozo en servicio se construye una o dos piscinas.
A todo ello hay que añadir los derrames y fugas de crudo, junto a la lluvia ácida asociada a los «mecheros», la forma en que se quema el gas asociado a la extracción. Lo cierto es que, en un entorno en el que las poblaciones humanas toman el agua de los ríos, recogen agua de lluvia o construyen sus propios pozos, la situación se hizo insostenible hace mucho tiempo.
No se pueden obviar los impactos socio-culturales de la actividad petrolera. De hecho, hay algunas naciones y grupos indios sin contactar aún. Los huaorani son aproximadamente 1.300 individuos y su primer contacto con occidentales se produjo en la década de los 50, y Texaco fue la primera multinacional del petróleo que explotó su territorio en la década de los 60. Las petroleras operan en este entorno tras los «acuerdos» con los indios obtenidos, ya entonces, por petroleras y representantes del Gobierno de EEUU, que supusieron que las comunidades autóctonas se hicieran totalmente dependientes de las corporaciones.
Según el informe Yana Curi, de Medicus Mundi Gipuzkoa, «las mujeres que viven en la proximidad de los pozos y estaciones de petróleo en la Amazonía ecuatoriana presentaron una mayor frecuencia de síntomas relacionados con la exposición al petróleo y un riesgo mayor de abortos que las mujeres que viven lejos de estos pozos y estaciones. En una comunidad rodeada de pozos y estaciones, el riesgo de padecer y morir por cáncer fue también mayor que el que cabría esperar sin contaminación».
Riesgos para la salud
A modo de conclusión, el informe médico establece que «estos elevados riesgos para la salud en las comunidades cercanas a pozos y estaciones de petróleo parecen estar causados por los contaminantes del petróleo».
En 1993, un grupo de indígenas y colonos de la Amazonia ecuatoriana denunció a Texaco por haber contaminado su agua, matado sus fuentes de alimento y causado enfermedades. El catedrático del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Martínez Alier, sostiene en »El ecologismo de los pobres» que «nadie puede negar que Texaco, por medio de su subsidiaria en Ecuador, entre comienzos de los 70 y finales de los 80 contaminó el agua y la tierra. Podría argumentarse de forma verosímil que su sucesor, Petroecuador, heredó las mismas prácticas».
Tras describir la situación creada en el área, con viscosos estanques de agua extraída con el petróleo, carreteras que destruyen la forma de vida indígena, el obsoleto oleoducto transandino hasta Puerto Esmeraldas y seres humanos que «se convierten en bioindicadores del daño ambiental», Martínez Alier plantea que la pregunta de si Texaco usó diferentes estándares en Estados Unidos y en Ecuador «no resulta relevante porque Estados Unidos no tiene una Amazonía y los estándares debían haber sido más estrictos en Ecuador».
El caso sufrió el conflicto de la competencia judicial y, en octubre de 1999, hubo rumores de que sería resuelto extrajudicialmente, «en base a un pago de 400 millones de dólares la demanda inicial fue de 1.500 millones de dolares aunque, finalmente, fue devuelto a Ecuador en 2002, aunque si no se juzgara allí, volvería entonces a Nueva York», relata el catedrático.
Recientemente, miembros de Ekologistak Martxan han participado en un encuentro con las comunidades, que ha incluido una manifestación en Coca y la puesta en común de experiencias y opiniones de militantes ecologistas y de los derechos humanos provenientes de todo el mundo. .
Los ecologistas vascos han tenido, además, la oportunidad de recorrer zonas afectadas por la actividad petrolera, en el denominado Toxi Tour. No duda Xabier Abian en calificar de «Estado dentro de otro Estado» la realidad actual en el bloque 16, tras las intervenciones de las corporaciones que han operado en el mismo. «Los militares están a las órdenes de los responsables de Repsol y las causas que se siguen contra los indígenas y miembros de las comunidades las resuelven cortes militares», denuncian.
El religioso Miguel Angel Orellana reflexiona en su libro »El exterminio de los pueblos ocultos» acerca de este mismo asunto. «Da la impresión de que el Estado ecuatoriano, todavía incapaz de someter una región inhóspita, tras haberla encomendado a militares y misioneros durante dos siglos, la entrega ahora en manos de los petroleros (no olvidemos que los militares tienen entre sus encomiendas primordiales la salvaguarda de las instalaciones petroleras). Estos serían, merced a su excepcional potencia económica y técnica, los encargados de meter en cintura definitivamente esa región botada, una zona todavía no del todo asimilada».
Coincidiendo en el tiempo con la presencia de ecologistas y solidarios provenientes de otras partes del mundo, las comunidades que conforman la parroquia García Moreno recibieron una propuesta de compensación de la multinacional francesa Perenco que opera desde hace 10 años en el denominado bloque 7, cifrada en 45.000 dólares, un montante «insignificante» para las comunidades, ya que el impacto causado en el entorno es mucho mayor, toda vez que Perenco obtiene más de 6 millones de dólares anuales de ingresos por su explotación en el denominado campo Lobo.
Balas de goma y fusiles
El día 18 de octubre las comunidades afectadas iniciaron una medida de hecho, cerrando la vía de acceso. Tras varios días de resistencia, el día 29 de octubre los miembros de las comunidades fueron reprimidos «de manera brutal» por parte de policías y militares; bombas lacrimógenas, balas de goma y disparos de fusil sirvieron para dispersar a los manifestantes. El gobernador, Fausto Ureña, argumentó que los campesinos manifestantes estaban armados con dinamita y escopetas.
Pero la situación que padece la Amazonía ecuatoriana y sus habitantes no tiene sólo que ver con las políticas serviles con los intereses petroleros por parte de la Administración, sino que también el denominado Plan Colombia está afectando negativamente a quienes sobreviven en las provincias ecuatorianas que limitan con Colombia.
Precisamente en las regiones de Orellana y Sucumbíos, donde se desarrolla la actividad petrolera, «se puede evidenciar un grave incremento del nivel de violencia y afecciones a la seguridad alimentaria», sostiene el informe de abril de 2006 elaborado por el Comité Interinstitucional Contra las Fumigaciones.
Orellana está en el Noreste de la región amazónica, con 86.933 habitantes y 21.691 kilómetros cuadrados. En Orellana vive la nación huaorani. Limita al Norte con la provincia de Sucumbíos, con 129.125 habitantes y 17.947 kilómetros cuadrados. En esta provincia coexisten naciones indígenas; los cofán, sionas y secoyas. Sucumbíos limita al Norte con Colombia. Precisamente en esta región los principales productos agrícolas «han sido afectados por las fumigaciones y los químicos, que han deteriorado el suelo y las semillas», denuncia el informe.
En los años siguientes a 2000, cuando entró en vigor el Plan Colombia, junto a las afecciones por las fumigaciones realizadas con el pretexto de los campos de hoja de cocaina, «comenzaron a conocer la luz pública denuncias de asesinatos», se explica en el citado documento.
Se cifra en alrededor de 700 las muertes violentas y amenazas, que responderían, según el comité que alude, a su vez, a testimonios de testigos, información de la Policía Judicial e informaciones periodísticas a un despliegue hacia el Ecuador de grupos armados, sicariato, narcotráfico y tráfico de «gasolina blanca», en el que pudieran estar implicados policías y personal de Petroecuador».
Este informe indica, además, que los estados de emergencia se prolongan durante meses contienen la facultad de las cortes militares de juzgar civiles y esta disposición es utilizada para reprimir las movilizaciones sociales, mediante la instauración de juicios en contra de civiles. Los autores asocian esta realidad también a los impactos del Plan Colombia. –
«Las relaciones establecidas por Repsol violan el derecho a la autodeterminación de los huaoranis»
«El tipo de relaciones establecidas por Repsol con las comunidades huaorani, que son de control, dominación y dependencia, implican una violación al derecho de este pueblo a la autodeterminación; afectan a la cultura, valores y conocimientos que determinan su estilo de vida; y suponen una ausencia de la protección de este derecho que debería ser ejercido por el Estado. Repsol violenta la soberanía, tanto del Estado, como del pueblo». Es una de las conclusiones del informe de la misión de verificación de los impactos petroleros en la Reserva de la Biosfera Yasuni, en territorio huaorani, elaborado en 2004 por Acción Ecológica de Ecuador.
El espíritu que alentó el trabajo, que ha sido referencia para posteriores visitas de observadores a la Amazonía ecuatoriana, residió «en la convicción de que la soberanía y la conservación del patrimonio nacional no pueden ser puestas en entredicho por ninguna empresa o institución, menos aún si se da el caso de que se trate de empresas transnacionales».
Junto a los bloques 31 (Petrobras) y 14 (Encana), en el informe se recoge la situación en el bloque 16, controlado por Repsol-YPF. La empresa Maxus comprada por YPF en los 90 construyó una carretera de 180 kilómetros de longitud y una anchura de nueve metros otros seis metros de anchura en cada margen acogen el paso del oleoducto y líneas de alta tensión para los campos petrolíferos que atraviesa el Parque Nacional Yasuní.
La carretera «es uno de los principales factores de aculturación para el pueblo huaorani». Argumenta el informe, entre otras cuestiones, el reciente reasentamiento alrededor de la vía de miembros de comunidades huaorani e indígeneas kichwas, provenientes de otras regiones, «en situación de riesgo incalculable», que supondría «incumplimiento de las promesas de Repsol de evitar en estas zonas el asentamiento».
Algunas casas hechas por la popia empresa, supuestamente para frenar la oposición de algunos líderes; elevado grado de deforestación alrededor de la vía; tráfico denso de camiones y máquinas; polución, ruido y emisión de gases son habituales. En los campos de Repsol trabajan unos 100 trabajadores (antes eran 300) en condiciones salariales de 100 a 600 entre huaoranis y trabajadores externos y sin cobertura de seguridad social para los indígenas. Las jornadas pueden extenderse 11 horas y no hay organización sindical.
Por lo observado en el campamento de Repsol y los testimonios recogidos al respecto, se asegura que «cuando llueve se descargan las piscinas de desechos a los ríos, lo que provoca la contaminación del agua y afectación al ecosistema y a toda la cadena trófica».
En cuanto al oleoducto, está enterrado, tanto en la tierra, como en el río. «El crudo fluye a temperaturas muy altas y, cuando llueve, del tubo del oleoducto sale vapor. Existen letreros que invitan a llamar, en caso de emergencia, a un teléfono en Quito, pero los huaorani no tienen móviles y en el entorno no hay señal y, menos aún, teléfonos», se indica.
Profunda tristeza
«Durante la misión observamos una situación terrible desde el punto de vista social; violencia a los niños, hambre, una profunda tristeza en la gente y una permanente queja con respecto a lo que la empresa promete y no da» recoge el informe, en contraste con que «los huaorani han sido tradicionalmente un pueblo muy igualitario, la sociedad indígena con menos división del trabajo dentro de las familias».
Los huaorani sienten que Repsol les impide cualquier tipo de contacto con otras entidades u organizaciones. Con dinero, «los hombres, en general, beben mucho compran bebida en Pompeya, comunidad kichwa sita en el puerto de entrada a la vía Maxus hay versiones que afirman la existencia de un prostíbulo en el kilómetro 36, lo que potenciaría enfermedades de transmisión sexual comunes en el parque. Los huaorani eran vistos como grandes guerreros y ahora son relegados al último puesto de la sociedad».
Con la irrupción de Repsol, «nadie asume la responsabilidad por la educación de las comunidades huaorani». En el centro médico de Coca, el médico aseguró que las principales enfermedades observadas, cuyo padecimiento aumentó tres años después de la llegada de Repsol, son gastrointestinales, dermatitis y respiratorias; estarían relacionadas con la contaminación del río Tiputini. En el Parque se constata, además, extracción ilegal de madera, fundamentalmente cedro. Se han dado cambios profundos en la alimentación los huaorani han firmado un convenio que les impide cazar hay frecuentes casos de abortos y cabe la posibilidad de algún caso aislado de sida. –
«Los militares obedecen órdenes de representantes de las compañías petroleras; la represión es brutal»
Diocles Zambrano repasa en esta entrevista la situación en las provincias del Amazonas.
¿Qué zonas abarca la zona petrolera?
Además de las zonas visitadas en el Toxi Tour, la vía Oca y la vía Taracoa, toda la provincia de Orellana y toda la provincia de Maco están totalmente cruzadas por carreteras y tuberías. También está afectada la provincia de Pastaza. Las tres provincias son las que generan el 90% del petróleo que sale a nivel nacional, pero la parte más crítica está en Orellana.
En verano de 2005 los informativos del Estado español dieron cuenta de cargas militares contra la población, ¿fue en estas provincias? ¿Qué ocurrió?
Desde hace algunos años la población ha empezado a protestar por la industria hidrocarburífera y sus efectos negativos en la salud, el medio ambiente y las pertenencias de los habitantes de la Amazonía. La única forma que ha tenido un pequeño resultado es la medida de hecho, pero cada vez que las comunidades afrontan medidas de hecho, lo primero que hacen es enviar a los militares a reprimir porque las petroleras y los militares tienen convenio para que éstos cuiden a las primeras. Los militares obedecen órdenes de los representantes de las compañías petroleras. En julio de 2005, empezó una medida de hecho biprovincial. Orellana y Sucumbíos, contra el Estado y las petroleras porque ni uno, ni las otras querían comprometerse a reparar daños ambientales y a compensar e indemnizar a las personas afectadas. Fue un paro auspiciado por las comunidades, por la gente de base que vive en las instalaciones petroleras y que obligó a los funcionarios políticos de estas provincias a sumarse. La respuesta fue una represión brutal; asaltaron parroquias y ciudades enteras, lanzaron bombas y ráfagas de fusiles ametralladoras. El acontecimiento no fue cubierto por la prensa nacional, buena parte de ellas financiadas, por las petroleras. Pequeños flashes informativos traspasaron las fronteras del país.
¿Cómo incide en la salud de los habitantes de la Amazonía la industria petrolera?
En la Amazonía la mayor parte de sus habitantes son indígenas que viven de la caza y la pesca. Con esta actividad se ahuyenta la cacería, se mueren los peces, desaparecen las fuentes de agua y se agrieta la selva y el bosque. El agua dulce se contamina, no sólo a nivel superficial, sino que el movimiento de tierra, los temblores provocados por la explosión de grandes cantidades de dinamita o de tempolita, provoca la contaminación de aguas subterráneas. En cuanto a las vías de acceso, no se toman precauciones, no se marcan, no se tiene en cuenta que puedan pasar por sitios sagrados o por zonas de apareamiento o entornos ricos en biodiversidad. Se producen, además, represas, provocando grandes inundaciones y proliferación de mosquitos que provocan un sinfín de enfermedades.
¿Y en cuanto a la actividad en los pozos?
En la perforación del pozo hay una cantidad ingente de químicos peligrosos, cancerígenos, que adjuntan al petróleo para que pueda fluir. Por lo general, el petróleo siempre se encuentra ligado a agua y gas. Tras salir a la superficie llega a las estaciones de separación, el petróleo es evacuado a la refinería del puerto de Esmeraldas para ser comercializado, pero el agua de formación y el gas quedan aquí. El gas se quema al aire libre, creando otras reacciones químicas porque la combustión es incompleta y el agua se tira a grandes balsas que casi siempre son fuentes de abastecimiento de los campesinos.
El problema de la falta de potabilidad del agua de consumo es de gran gravedad…
El 90% de la población no dispone de agua potable. Todas las fuentes de agua se contaminan provocando un daño en la salud. Además, la combustión del gas provoca otras reacciones químicas y un nuevo contaminante que retorna de nuevo al agua, a nivel superficial. En muchas comunidades la gente consume el agua de lluvia recogida de los techos, provocando una contaminación mucho más peligrosa, ya que la gente va enfermando, día a día, sin darse cuenta. La incidencia del cáncer se multiplica en la medida que las personas cumplen años; de 20 años de edad en adelante se triplica y, las mujeres, en algunas zonas tienen un 160% más de probabilidades de contraer cáncer y de tener abortos espontáneos. Aquí no se salva nadie.
¿Qué postura adopta la Administración?
Un estudio en San Carlos, sobre una población de 1.000 habitantes, encontró que el 10% de la población tenían ya cáncer. Un posterior estudio en la misma zona confirmó los datos o, incluso, ofreció un panorama peor. Las autoridades nacionales lo saben perfectamente, se les ha entregado copia de los estudios, pero no se ha hecho nada por remediar los problemas, ni por limpiar lo contaminado.
Los vertidos de crudo son habituales en un entorno rico en biodiversidad y con una población humana desasistida…
Los vertidos se producen porque la mayor parte de la tubería que se está utilizando en este momento tiene alrededor de 20-30 años, cuando, normalmente, la vida útil del oleoducto es de 10 años. Por ello se producen vertidos a diario en las comunidades. En la provincia de Orellana hay un promedio de dos derrames por semana y pasan los años y no son remediados.
¿No se remedian en ningún caso?
Cuando la comunidad trata de protestar, muchas veces se le da pequeñas dádivas, alguna casa comunal o útiles escolares y se firma un convenio entre la compañía y el afectado, por el cual el dueño de la finca o la comunidad se compromete a no denunciar. Pese a que es el Estado el reponsable de velar por la seguridad de los habitantes, se deja que sean la compañía y el afectado quienes hagan un convenio por el que, el afectado se compromete a retirar la demanda interpuesta, a no volver a demandar nunca más y a no protestar por ningún concepto. Muchas veces, además, como los demandantes son campesinos humildes, algunos de los cuales no saben leer o son gente ya mayor, les hacen firmar documentos en blanco que luego son rellenados por la empresa.
¿Se puede hablar de situación de excepción en la zona?
En menos de dos meses se declararon cinco estados de emergencia. Tuvimos un estado de emergencia que duró cuatro meses y justamente había una protesta fuerte por la contaminación. La gente siguió en la lucha y hubo compañeros, entre ellos mi persona, demandados ante una corte militar por terrorismo, sabotaje y secuestro, cuando no hubo nada de ello. Simplemente, en la comunidad donde yo vivo se levantaron tres comunidades contra la compañía Perenco, francesa, reclamando que presentaran el estudio de impacto ambiental por una tubería que alcanzaba los 100º y estaba afectando a mucha gente que se quemó, niños, animales y pedíamos que se enterrara y que la comunidad fuera compensada. La compañía nos envió al Ejército y el propio gobernador se trasladó a la zona en helicóptero militar, supuestamente para invitarnos a dialogar, ya que, según decía, él no podía decir nada como autoridad civil que era. Mientras hablábamos con él, los soldados nos emboscaron y sacaron de las instalaciones; lanzaron balas y bombas y el gobernador comenzó a señalar con el dedo a los dirigentes que debían apresar. Capturaron a dos observadores, yo me escabullí, y nos quisieron juzgar a todos en una corte militar. –