La querella planteada este jueves ante la Audiencia Nacional de España por dos organizaciones humanitarias contra el ex presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras es «una luz de esperanza», sostienen juristas y religiosos. La acción «saca a flote el estado de impunidad que prevalece en […]
La querella planteada este jueves ante la Audiencia Nacional de España por dos organizaciones humanitarias contra el ex presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras es «una luz de esperanza», sostienen juristas y religiosos.
La acción «saca a flote el estado de impunidad que prevalece en El Salvador, donde miles de crímenes atroces y aberrantes cometidos durante la guerra civil de 1980-1992 no pueden ser investigados», dijo David Morales, abogado de la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho.
«El Estado sigue protegiendo a los criminales», agregó, por lo que las víctimas acuden a la justicia internacional.
«Este caso es muy ilustrativo de lo que ha pasado en El Salvador y tiene una dimensión histórica invaluable en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas», aseguró Morales.
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el estadounidense Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés) presentaron ante la justicia española la denuncia contra Cristiani (1989-1994) y 14 soldados del ejército por su participación y encubrimiento en la masacre cometida el 16 de noviembre de 1989.
Cuando se cometió el crimen «Alfredo Cristiani era el presidente de El Salvador y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas» y «jugó un papel activo en el encubrimiento del crimen y en la posterior obstrucción de la investigación», afirma un resumen del caso redactado por la APDHE.
Durante una incursión del batallón de contrainsurgencia Atlacatl en la Universidad Centroamericana (UCA), con sede en San Salvador y dirigida por la Compañía de Jesús, fueron asesinados a sangre fría seis sacerdotes jesuitas, uno salvadoreño y cinco españoles, una mujer que se desempeñaba como personal de servicio y su hija de 16 años.
En 1991 se condenó por el crimen a los oficiales del ejército Yushi René Mendoza y Guillermo Benavides (entre nueve acusados), pero fueron puestos en libertad en 1993 a causa de la amnistía decretada por Cristiani, considerada como «un obstáculo para la justicia» por organismos de derechos humanos salvadoreños e internacionales.
El actual presidente de El Salvador, Antonio Saca, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, a la que también pertenece Cristiani, declaró a la prensa que si bien no conocía el caso «abrir heridas del pasado no es la mejor fórmula para la reconciliación».
Saca agregó que se sentía «muy orgulloso» de Cristiani, por ser el presidente que firmó la paz en 1992, y que, «definitivamente, no tiene absolutamente nada que ver» con los asesinatos.
«Quiero mandarle un mensaje al presidente Cristiani: estamos con él y lo apoyaremos hasta el último instante, porque es un hombre histórico para el país», enfatizó Saca.
El rector de la UCA, el hispano-hondureño José María Tojeira, recibió «con agrado» la noticia de la querella presentada en España y expresó su interés en que «la justicia salvadoreña funcione».
El sacerdote jesuita afirmó que «la justicia cierra heridas; no las abre», en respuesta a los argumentos oficiales de que no se deben iniciar juicios por crímenes cometidos en la guerra civil que enfrentó a fuerzas estatales con la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y que dejó 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos, la mayoría civiles.
«Esa es una barbarie ideológica», subrayó Tojeira.
Según Morales, el objetivo de la ley de amnistía de 1993 fue anular los derechos a la verdad, justicia y reparación a las víctimas. El abogado tomó parte en varias demandas presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre las que figura el caso de Óscar Romero, arzobispo de San Salvador asesinado en marzo de 1980 por un escuadrón de la muerte.
La CIDH, además, ha aceptado dos demandas presentadas por la Compañía de Jesús, aún pendientes de resolución.
Organismos de derechos humanos y juristas aseguran que la ley de amnistía y la falta de voluntad de la fiscalía y algunos jueces impiden castigar a los responsables de crímenes contra la humanidad.
Esta no es la primera ocasión en que un caso salvadoreño es llevado ante la justicia de otros países. Desde 2004, el CJA ha iniciado querellas en tribunales estadounidenses contra el ex capitán Álvaro Saravia, el ex viceministro de Defensa, Nicolás Carranza, y los ex ministros de Defensa, José Guillermo García y Eugenio Vides Casanova.
En esta oportunidad el CJA eligió la justicia de España porque esa nación tiene acuerdos vigentes de extradición con El Salvador y porque sus magistrados admiten el «principio de justicia universal», ya utilizado en el caso del arresto en 1998 del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), ordenado por el juez español Baltasar Garzón.