El Congreso de los Diputados aprobó hoy con los votos a favor de Partido Socialista (PSOE), Partido Popular (PP), Convergencia i Unió (CiU) y Partido Nacionalista Vasco (PNV), la ley de regulación de la deuda externa, pese a la oposición de Izquierda Unida (IU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El debate fue accidentado porque […]
El Congreso de los Diputados aprobó hoy con los votos a favor de Partido Socialista (PSOE), Partido Popular (PP), Convergencia i Unió (CiU) y Partido Nacionalista Vasco (PNV), la ley de regulación de la deuda externa, pese a la oposición de Izquierda Unida (IU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
El debate fue accidentado porque el presidente del Congreso, Manuel Marín, hizo expulsar de la tribuna de invitados del hemiciclo a un grupo de individuos que desplegaron una pancarta, arrojaron octavillas y se ‘encadenaron’ a los asientos en protesta por la regulación.
Tras el debate de la proposición de ley (una iniciativa de CiU apoyada por el PSOE que ha generado protestas en las ONG’s), miembros de la plataforma por la abolición de la deuda externa desplegaron una pancarta -la campaña ‘¿Quién debe a quién?’, arrojaron octavillas a los diputados e incluso dos de ellos se ‘encadenaron’ a la tribuna con bridas de plástico.
Marín, que se disponía a dar paso a las votaciones, dio orden de desalojar la tribuna, lo que fue fácil en el caso de la mayor parte del grupo, pero no con los que se ataron. Personal del Congreso tuvo que utilizar incluso un mechero para quemar las bridas que ataban a los que protestaban. «Sin violencia, pero con firmeza», decía el presidente.
Los expulsados interrumpieron el debate justo cuando acababa su intervención el diputado socialista Eduardo Madina, en señal de protesta por la aprobación de la ley «ya que es el PSOE el que gobierna y tiene el poder para cambiar esa ley», declaró el portavoz de la plataforma, Tom Kucharz, a Europa Press.
Kucharz consideró positivo que la ley haya salido adelante sin el apoyo de todos los grupos -IU y ERC votaron en contra, mientras que el Grupo Mixto se abstuvo- porque «eso nos da margen para presionar en el Senado para que se introduzcan las enmiendas propuestas».
Según el activista, la ley tiene fallos porque «no establece un compromiso de cancelación inmediata de la deuda externa para los países más empobrecidos, no incluye una moratoria para realizar auditorías que determinen qué deudas son ilegítimas, e incluye el cancelamiento de deuda como ayuda oficial al desarrollo, lo que infla la cantidad».
EL GOBIERNO DEBERA RENEGOCIAR Y CANCELAR DEUDA
Por su parte, CiU, uno de los grupos parlamentarios que votó a favor de la ley, destacó que se haya aprobado la enmienda propuesta por el grupo, que establece que el Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, presente ante el Congreso un Plan para renegociar y en su caso cancelar la deuda contraída con España por los Países Altamente Endeudados (HIPC) antes del 31 de diciembre de 2003 teniendo dicha deuda origen en los seguros de créditos a la exportación concedidos por CESCE, así como la deuda FAD, dentro del acuerdo del Club de Paris.
En la actualidad, la deuda externa no condonada asciende a 1.198 millones de euros, según datos del Gobierno. De este cantidad, 636 millones de euros se trata de deuda oficial y mientras que 562 millones de CESCE e ICO que se reparten entre los 38 países altamente endeudados (HIPC), recuerda CiU.
En este sentido, el Portavoz de Cooperación Internacional para el Desarrollo de CiU en el Congreso y ponente de esta Proposición de Ley, Carles Campuzano, expresó su «satisfacción» en la medida que esta regulación «vinculará la política de gestión de deuda externa a la política de cooperación al desarrollo, abre a la sociedad civil la posibilidad de participar en la gestión de la deuda y desvincula la ayuda oficial a la compra de bienes y productos españoles».
CiU explicó en un comunicado que, además, la política de gestión de la deuda externa se regirá por el principio de condicionalidad por el que España se asegurará de que sus actuaciones de deuda externa se condicionarán al compromiso de los países deudores a reducir su nivel de pobreza, a avanzar en la demacración del país, a profundizar en el respeto de los Derechos Humanos, la conservación del Medio Ambiente y se avanza en la idea de la corresponsabilidad.
Sin embargo, según Kucharz, esta ley «perpetúa la pobreza, los mecanismos de generación de deuda externa y no investiga los crímenes cometidos en el pasado con dinero procedente de créditos», zanjó.