En su determinación de recontar los sufragios únicamente en el 9. 07 por ciento de las casillas electorales instaladas en el país el pasado 2 de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se atuvo a la letra del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema […]
En su determinación de recontar los sufragios únicamente en el 9. 07 por ciento de las casillas electorales instaladas en el país el pasado 2 de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se atuvo a la letra del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pero dejó de lado preceptos constitucionales que establecen los principios de imparcialidad, objetividad y certeza en los comicios.
El fallo se sustenta en tecnicismos legales, pero no refleja el sentido de Estado que es exigible a los integrantes del órgano encargado de verificar que los resultados de los procesos comiciales sean el reflejo efectivo de la voluntad popular, y no consecuencia de irregularidades dolosas o fraudulentas. La resolución, en fin, es una decisión «parcial e incompleta», como lo señaló el ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Jaime Cárdenas Gracia, quien destacó que, aunque «los criterios de la Constitución implican maximizar principios, entre ellos el de certeza, y se tendrían que llevar a sus últimas consecuencias, los magistrados se fueron con la ley secundaria para una interpretación pobre, limitada, escasa».
En efecto, las inconsistencias aritméticas a las que hace referencia le ley como causal de revisión, no sólo están presentes en las más de 70 mil casillas cuyo recuento demanda la coalición Por el Bien de Todos, y de las que el TEPJF sólo aceptó revisar 12 mil, sino en el conjunto de las cuentas presentadas por el IFE en su Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y en el conteo distrital efectuado los días 5 y 6 de julio, y si no se hubiera resuelto con base en criterios estrechos habría resultado evidente la procedencia de recontar la totalidad de los votos.
Pero, más allá de las razones o sinrazones jurídicas, los magistrados del TEPJF habrían debido tomar en cuenta la clara necesidad institucional, política y social de esclarecer a cabalidad el comportamiento del electorado en los comicios presidenciales del 2 de julio, y para ello no había otro camino que volver a contar los votos emitidos ese día. Al no haberlo ordenado así, la instancia judicial ha cerrado, por ahora, el paso a la conformación de una Presidencia legítima y aceptada por todos.
La negativa al recuento es un golpe al movimiento ciudadano que se mantiene en plantón en el Zócalo y en Paseo de la Reforma, y puede ser vista como un mal escenario para la coalición Por el Bien de Todos, ya que abre un compás de espera en el cual ésta podría desgastarse y en el que su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, se verá expuesto a una nueva andanada mediática. En efecto, en la medida en que el político tabasqueño persista en los llamados a mantener y profundizar la resistencia civil, el grupo en el poder las cúpulas empresariales, la Presidencia, el Partido Acción Nacional, los conglomerados de medios insistirán en calificarlo de peligroso e inconforme sempiterno.
Pero el fallo conocido ayer tampoco hace ningún favor al Partido Acción Nacional, pues lo deja sin posibilidad de comprobar el reclamo de que su aspirante presidencial, Felipe Calderón Hinojosa, ganó la elección del mes pasado. Por añadidura, la mayor parte de las casillas que serán sujetas a revisión corresponden a las entidades en las que se concentran las mayores sospechas de fraude por parte de Acción Nacional y sus alianzas de trastienda con los gobernadores locales y/o con Elba Esther Gordillo, por ejemplo: Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Tamaulipas y Sonora, entre otras entidades. Ello parece confirmar tales sospechas y debilita, en consecuencia, la perspectiva de que el presidente Vicente Fox consiga colocar la banda presidencial a un correligionario.
No debe perderse de vista, por otra parte, que el que queda peor parado con el fallo del TEPJF es el Consejo General del IFE, toda vez que se confirma, así sea parcialmente, el desaseo y la ineptitud con que fue conducido el proceso, y se desmienten los alegatos de Luis Carlos Ugalde y su equipo sobre una supuesta elección «ejemplar» y «transparente»: así fuera sólo el 10 por ciento de las casillas en donde se registraron irregularidades que ameritan un recuento, la resolución de la corte electoral deja en claro que el IFE falló de manera garrafal en su tarea.
Desde otro sentido, la resolución comentada es un reconocimiento implícito a las razones del descontento ciudadano que se expresa, hoy por hoy, en las asambleas informativas que se realizan en el Zócalo y en los campamentos establecidos en Paseo de la Reforma y en las avenidas Juárez y Madero de esta capital: es llanamente inadmisible un conjunto de al menos tres millones de sufragios dudosos cuando la diferencia entre los candidatos más votados es de 250 mil boletas, menos de medio punto porcentual del total de la votación.
Es importante considerar, por último, que la decisión de ayer del TEPJF no es la última palabra en torno al proceso electoral. Habrá que esperar al recuento de las 12 mil casillas y ver en qué medida el nuevo cómputo altera las tendencias presentadas por el IFE, y si en el proceso se descubren irregularidades que, a juicio de los magistrados, hacen necesaria la apertura de la totalidad de los paquetes. Por otra parte, está pendiente aún el dictamen del conjunto del proceso. Por así decirlo, la moneda sigue en el aire.