«Faltaba coraje moral al Poder Judicial que ha colaborado con la dictadura de Pinochet, facilitando la violación de derechos humanos» afirma el juez chileno Juan Guzmán Tapia durante la conferencia realizada el domingo 25 de enero en el V Forum Mundial de Jueces en Belem (www.forumjuizes.org). Tapia fue el primero juez que mantuvo preso Augusto […]
«Faltaba coraje moral al Poder Judicial que ha colaborado con la dictadura de Pinochet, facilitando la violación de derechos humanos» afirma el juez chileno Juan Guzmán Tapia durante la conferencia realizada el domingo 25 de enero en el V Forum Mundial de Jueces en Belem (www.forumjuizes.org).
Tapia fue el primero juez que mantuvo preso Augusto Pinochet en marzo del 2001 para los crímenes cometidos en la Caravana da la Muerte. El Foro Mundial de Jueces, paralelo al Foro Social Mundial, se han debatido las alternativas a las limitaciones del Poder Judicial local, alternativas representadas por la justicia trans-nacional como camino para combatir la impunidad en casos de crímenes contra la humanidad. Fueron las normas del derecho internacional de Derechos Humanos que han garantizado, por ejemplo, la superación de la barrera protectora de la impunidad parlamentaria de Pinochet y procesar el dictador en España. En el Forum Mundial de Jueces estaba también presente el italiano Giancarlo Capaldo.
Giancarlo Capaldo está a cargo de varios casos de desaparición y muerte de ciudadanos italianos durante la llamada operación Cóndor, un plan de coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80. Entre ellos instruye el juicio por la desaparición de Juan Bosco Maino Canales, Omar Venturelli Leonelli, Juan José Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño. El fiscal italiano ha llevado a cabo en Italia otros procesos contra militares argentinos, quienes han sido incluso condenados, pero en rebeldía, porque no se han presentado. El fiscal Giancarlo Capaldo comenzó a indagar sobre los italodescendientes desaparecidos en Sudamérica a fines de los años noventa, al igual que su colega español Baltasar Garzón, cuando en los países que habían sufrido las dictaduras se habían impuesto leyes de amnistía, obediencia debida y punto final. Desde 1999 se comenzaron a presentar los primeros casos de uruguayos que incluían a Daniel Banfi, asesinado en 1974, Bernardo Arnone, Gerardo Gatti, Juan Pablo Recagno, desaparecidos en 1976 y Andrés Bellizzi desaparecido en 1977. Capaldo viajó a Argentina y Uruguay en 2002, pero no tuvo apoyo de ambos gobiernos.
El perito médico Piero Rocchini enviado por la justicia italiana a la Argentina certificó que el dictador Emilio Massera está en «plenas facultades» para afrontar un juicio penal en Roma por crímenes cometidos durante la dictadura militar, relata «Pagina 12» del día 3 de febrero.
Esta importantísima noticia confirma la relación criminal de la dictadura de Emilio Massera con el proyecto político eversivo de P2 de Lucio Gelli.
El periodista de La Republica de Uruguay, Roger Rodríguez subraya que «cuando Licio Gelli desembarcó en el Cono Sur, las dictaduras le abrieron las puertas. Para el general Alfredo Stroessner, Gelli era anticomunista y por lo tanto aliado. En Chile, se asoció con el general Manuel Contreras. En Argentina, con José López Rega (y su Triple A) y con el almirante Emilio Eduardo Massera, ambos integrados a la P2.
En Uruguay, Gelli operaba desde la sede de Orden de Malta, la empresa Promociones y Servicios del Edificio Artigas y se había asociado con importantes estudios jurídicos. Los generales Julio César Vadora, Luis Queirolo, Eduardo y Rodolfo Zubía, entre otros, lo ampararon, a diferencia del general Gregorio Alvarez, quien dejó morir el Bafisud.
En 1981 el inspector Víctor Castiglioni de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) comandó un allanamiento en Carrasco en que se incautó el archivo de la P2, donde figuraban los miembros uruguayos de la Logia. Esa lista negociaron en sucesivas visitas los primeros ministros italianos Giulio Andreotti y Bettino Craxi. Licio Gelli había participado de la Operación Gladio, una organización terrorista secreta anticomunista creada en Europa Occidental luego de la segunda guerra mundial, con financiación de la CIA norteamericana y el M16 británico para generar una «estrategia de tensión» que impidiera el acceso al poder de gobiernos comunistas o socialistas.
En Gladio, Gelli conoció al neofascista Stefano Delle Chiaie (Avanguardia Nazionale) y al terrorista ultraderechista Vincenzo Vinciguerra, quienes participarían directamente en uno de los más importantes atentados elaborados por la coordinación represiva del Plan Cóndor: el intento de homicidio contra el chileno Bernardo Leigthon en Roma en 1974.
Entre 1973 y 1976 los represores uruguayos (OCOA y SID) actuaron en Buenos Aires en coordinación, primero con la Triple A de Rega y luego con el Batallón 601 que comandaba el general Guillermo Suárez Mason, miembro de la P2. En 1977, Tróccoli operó desde el Fusna con el propio Emilio Massera, cabecilla de la P2 en Argentina», concluye Roger Rodriguez (http://www.larepublica.com.uy/politica/292411-el-efecto-troccoli).
ARGENTINA: MASSERA PODRÁ SER JUZGADO EN ITALIA
El ex jefe de la Armada argentina «debe ser considerada una persona con plenas facultades para ser juzgado, a pesar de los intentos de manipulación más o menos conscientes, con exagerados síntomas psíquicos ficticios», escribió en su informe el doctor Piero Rocchini.
Por el mismo caso fueron juzgados, por separado, en Roma, y condenados en marzo del 2007 los represores Jorge Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Vildoza, Héctor Febrés y Antonio Vañek.
Los oficiales argentinos fueron condenados por el homicidio premeditado de Angela María Aieta -madre del líder de la Juventud Peronista Dante Gullo-, secuestrada el 5 de agosto de 1976, así como de Giovanni Pegoraro y su hija, Susana, ambos secuestrados el 18 de junio de 1977.
Todas las víctimas tenían nacionalidad italiana y pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el más emblemático centro clandestino de opositores al régimen, por donde pasaron más de 5000 prisioneros, la mayoría de los cuales siguen desaparecidos.
«Desde 1988 estamos intentando que Massera sea juzgado en Italia, para que sirva de incentivo a la justicia argentina», aseguró Jorge Iturburu, coordinador del Comité de Familiares de Desaparecidos (www.24marzo.it). El ex almirante Emilio Massera, uno de los miembros de la junta militar argentina que organizó el golpe en marzo de 1976, quien está involucrado personalmente en los hechos, no pudo ser juzgado entonces por la justicia italiana debido a sus condiciones de salud por lo que se pidió en noviembre pasado un estudio.
A partir de un peritaje solicitado por la justicia italiana que determinó que el ex comandante en jefe de la Armada Emilio Massera expresó «síntomas síquicos fingidos», la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo que preside Estela de Carlotto pidió la reapertura de los juicios contra uno de los jerarcas del Terrorismo de Estado perpetrado durante la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976; «de esta forma se desmienten los informes presentados por el Cuerpo Médico Forense, que impedían el avance de la justicia contra Massera» ha denunciado Estela Carlotto (www.abuelas.org.ar).
El maestro Horacio Verbitsky explica en Pagina 12 del miércoles 4 de febrero
Esos peritajes argentinos fueron puestos en duda en Italia. El especialista internacional Luigi Cancrini cuestionó el test con dibujos practicado a Massera, que sirve para evaluar la afectividad de los niños. También consideró normales sus dificultades para hablar, pero no por el derrame cerebral que sufrió sino debido a los numerosos medicamentos que consume (Rivotril, Zoloft, Intelec, Lotrial y Sintrom). Por ello el juez Mancinetti envió en 2007 al perito Roberto Tatarelli, quien luego de sortear los obstáculos que le puso el entonces juez y ahora ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, hijo de un almirante de la Armada , pudo realizar las pruebas necesarias el 5 de marzo pasado. Aun así, Montenegro no permitió la toma de un encefalograma a Massera. El perito Tatarelli concluyó que Massera padecía una forma de demencia cerebrovascular de gravedad media e inestabilidad emotiva, con elementos de exageración, que no le permitirían afrontar un juicio. El juez Mancinetti suspendió el proceso y estipuló una revisión periódica para evaluar posibles cambios en su salud. En noviembre del año pasado, Mancinetti envió al perito Piero Rocchini para que actualizara la situación de Massera. La jueza Servini de Cubría autorizó el nuevo examen, que se realizó en el domicilio del ex dictador el 3 de diciembre de 2008″.
El Observatorio SELVAS ha acompañado directamente el ultimo proceso a los desaparecidos de origen italiana en Roma (http://www.mclink.it/com/inform/art/07n05239.htm) y ha escrito con el especialista Luigi Cancrini el articulo «Desaparecidos, quien no quiere la verdad» en el importante diario italiano UNITA’ del lunes 20 de febrero del 2006 (http://alainet.org/active/10575〈=es).
Mientras organismos querellantes y la Secretaría de Derechos Humanos solicitaron la reapertura de los juicios contra Massera, el juez Torres, a cargo de la causa ESMA, confirmó a Página/12 del día 5 de febrero que ordenó una pericia a cargo de la Asociación Médica Argentina, la Facultad de Medicina de la UBA y el Cuerpo Médico Forense, intervenido por la Corte por su irregular funcionamiento. La SDH reclamó que también participe de los exámenes el Gabinete Pericial Psicológico Forense de la Facultad de Psicología. Torres aclaró que «la declaración de insania rige sólo para el fuero civil». «Lo que hay es una suspensión de la causa en base a los informes que dicen que no está en condiciones de defenderse», explicó. Si la nueva pericia contradice las anteriores y confirma la italiana, «se ordenará su indagatoria y se verá qué se hace con los médicos que intervinieron», dijo.
«ESPERO QUE EN ITALIA SE HAGA JUSTICIA, EN CHILE FUE IMPOSIBLE»
29 de julio 2008, Oscar Alfonso Podlech Michaud, Ex Fiscal militar de Temuco, fue detenido en España por orden de la justicia italiana y trasladado posteriormente a Roma para ser juzgado por la responsabilidad que tendría en la desaparición del joven sacerdote chileno-italiano Omar Venturelli Leonelli, ocurrida en la ciudad de Temuco, en el mes de octubre de 1973, poco después del golpe de Estado en Chile.
Comité Juicio y Castigo a Podlech-Chile (conformada por: Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos y Ejecutados Políticos de la Araucanía; Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos-CINPRODH; Agrupación de Ex Presos Políticos de la Araucanía; Comisión Ética contra la Tortura -Araucanía), ha difundido esta declaración donde destaca que «según estadísticas oficiales, la Araucanía está considerada como una de las regiones con más alto porcentaje represivo del país. En esta zona, donde la organización de mapuches y campesinos, permitió la recuperación de miles de hectáreas de terreno que permanecían usurpadas por los latifundistas; donde además se concentra la mayoría de las comunidades mapuches, se inició desde fines de agosto de 1973, un proceso de amedrentamiento y represión al movimiento campesino, como lo fue el allanamiento de los centros de Reforma Agraria, ubicados en la zona costera de la provincia de Cautín, por parte de militares, de aviadores y carabineros, deteniendo y torturando a decenas de campesinos, falleciendo dos de ellos a consecuencia de las torturas.
Esta represión se agudizo y se hizo más brutal a partir del golpe de Estado de Septiembre de 1973. Es en este contexto que aparece el abogado Podlech, entregando a los militares sus servicios, para ordenar el trabajo en la Fiscalía Militar de Cautín y darle carácter «legal» a procedimientos que tenían como objeto el exterminio, de los dirigentes sociales y políticos del movimiento popular regional. Ello desde la Fiscalía Militar, instalada al interior del Regimiento Tucapel, en directa colaboración con los servicios de inteligencia de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas.
La mañana del 11 de Septiembre de 1973 Alfonso Podlech, vistiendo uniforme militar, se presentó en la cárcel de Temuco y ordenó se dejara de inmediato en libertad, a los integrantes del grupo fascista Patria y Libertad que se encontraban encarcelados por actos terroristas, cometidos durante el gobierno de Salvador Allende. El 12 de septiembre, siempre vistiendo de uniforme militar y escoltado por soldados, se presentó en la Universidad Católica de Temuco, en busca de armas y personas. El 17 del mismo mes, se presentó en la corte de apelaciones de Temuco, para informar al Presidente de este tribunal que había sido designado Fiscal Militar Ad Hoc y que requería el apoyo de algunos funcionarios judiciales, para reforzar el trabajo de la Fiscalía. De esta entrevista y de lo resuelto por este alto tribunal, quedó constancias en el acta oficial levantada en la Corte de Apelaciones.
Además de dirigir los «interrogatorios», con simulacros de fusilamiento incluidos, Podlech fue quien organizo los consejos de Guerra y en tanto Fiscal acusaba a los presos políticos de falsos delitos y crímenes por los cuales eran condenados, sin derecho a apelación, hasta con cadena perpetua. Tales procesos eran absolutamente ilegales, de acuerdo a la propia legislación chilena.
El poder de Alfonso Podlech y su decisivo rol en violaciones a los derechos humanos, que incluyó ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, se encuentran debidamente respaldadas por documentos y testimonios de sobrevivientes de la época.
El ex Fiscal Podlech goza de la más absoluta impunidad, pues nunca ha sido procesado ni condenado por la justicia chilena, no obstante, los múltiples testimonios que lo involucran, como responsable en casos de violaciones a los derechos humanos.
Omar Venturelli Leonelli, sacerdote chileno-italiano, fue profesor de pedagogía de la Universidad Católica de Temuco y comprometió su vida, con la lucha de los pobres del campo y la ciudad por una sociedad más justa, solidaria y humana. Como educador, fue capaz de vincular el quehacer universitario con la comunidad y se supo ganar el respeto y el cariño de los estudiantes. Su compromiso con los cambios que la sociedad chilena vivía y su profunda sensibilidad social, lo llevaron a integrar el Movimiento Cristiano por el socialismo, primero y después a militar en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Omar se casó con Fresia Cea y de cuyo matrimonio nació Paz, su única hija. Poco después del 11 de Septiembre de 1973, Fresia y su hija se radican en Italia donde actualmente viven.
Luego del golpe militar, Omar Venturelli fue llamado por bando de la Fiscalía Militar de Cautín, para presentarse en el Regimiento Tucapel de Temuco. Se presentó acompañado de su padre y sin que se le formulara cargo alguno, se ordenó su detención en la cárcel de Temuco, desde donde fue llevado varias veces, por militares al Regimiento Tucapel, a fin de ser interrogado y torturado.
El 3 de octubre de 1973, estando preso en la cárcel de Temuco, la Fiscalía Militar emitió una falsa orden de su libertad, que era el mecanismo utilizado en casos de prisioneros, que hoy son detenidos desaparecidos. A partir de aquel día, Omar Venturelli es un detenido desaparecido y hasta hoy su familia y sus compañeros, no cesan en la búsqueda de sus restos.
Como recuerdo y homenaje, a lo que fue y significó su paso por la Universidad Católica de Temuco, hoy la Facultad de Educación de esa Casa de Estudio, le ha dado el nombre de Omar Venturelli a su sala de Consejo», concluye el Comité por el Juicio y Castigo a Podlech.
Espero que en Italia se haga justicia, en Chile fue imposible, lo dice Fresia Cea, viuda de Omar Venturelli, por cuyo asesinato se juzga en Roma al ex fiscal militar de Temuco, Alfonso Podlech. Podlech está recluido en la cárcel de Rebibbia, en Roma, donde goza de buena salud tras ser extraditado desde España en agosto de este año; en su calidad de fiscal militar de la ciudad de Temuco -y fervoroso partidario de la dictadura militar cívica instaurada en 1973 en el país austral- contribuyó de manera efectiva a engrosar el listado de «desaparecidos» y muertos por los agentes de gobierno y otros esbirros de la junta.
Nicolò Aldobrandini, comenta que «c omo la enorme mayoría de los represores y quienes dieron un marco de aparente juridicidad a su actuar, durante todos estos años el ex fiscal se benefició de la omerta (o ley del silencio) que protege todavía a quienes protagonizaron la triste violación de los principios humanitarios de la civilización en Chile».
Para Podlech, empero, podría caer el ocaso definitivo. El abogado a cargo de la representación del asesinado Omar Venturelli, Giancarlo Maniga, dijo el 2 de diciembre del 2008 que pediría al tribunal «el máximo castigo que existe en Italia», prisión perpetua, y que demandará no se le conceda el beneficio de arresto domiciliario por «temor a que escape a Chile», donde con pocas dudas sus andanzas seguirán envueltas en el manto de la impunidad.
El tribunal dará su fallo sobre este asunto en enero de 2009. Mientras, el fiscal italiano Giancarlo Capaldo continúa diligenciando el caso. Hasta la fecha ha firmado no menos de 130 órdenes de detención contra responsables de diversos crímenes cometidos durante la vigencia de la Operación Cóndor -suerte de «solución final» coordinada por las dictaduras del Cono Sur para eliminar sin mayores trámites a quienes juzgaban sus enemigos-; sin embargo los actores de la justicia europea no logran hacerse escuchar, al menos no correctamente, por sus pares en América Latina, y en Chile en particular.
Venturelli, ex sacerdote y partidario del proceso social de la Unidad Popular, tras colgar los hábitos casó con Fresia Cea, con quien tuvieron una hija. Al ser detenido en octubre de 1974 era profesor de la Universidad Católica de Temuco, ciudad ubicada en el corazón de la tierra mapuche a unos 680 kilómetros al sur de la capital del país.
La viuda de Venturelli se manifestó esperanzada de que en Italia se pudiera conseguir justicia, puesto que en Chile no había sido posible enjuiciar al asesino de su esposo. Dijo Cea a una agencia internacional de noticias (AP) que había escrito a la presidenta Bachelet pidiendo alguna acción o apoyo del gobierno, pero que nunca tuve ni siquiera una respuesta.
Ruth Kries, viuda del médico Hernán Henríquez, que vive en Alemania, fue interrogada en el marco de esta causa por el fiscal Capaldo, acusando a Podlech por el asesinato de su marido; señaló luego que estos crímenes deben ser castigados de acuerdo con la ley «no por venganza, sino para que las generaciones futuras crean en las instituciones y en la democracia». El fiscal italiano demás interrogó a Jeremías Levinao, que integraba una comunidad mapuche, quien afirmó que el ex fiscal militar ordenó su detención, la que se prolongó por un año y medio; hizo hincapié en la brutalidad de la conducta de Podlech para con las comunidades indígenas» (http://www.surysur.net/?q=node/9389).
DESAFIOS DE LA JUSTICIA TRANS-NACIONAL
Parlamentarios brasileños viajaron a Italia en marzo del 2008 para tomar contacto con las autoridades judiciales que abrieron proceso contra miembros de la dictadura brasileña sospechados de participar en el Plan Cóndor, que coordinó la represión durante las dictaduras suramericanas. La jueza italiana Luisana Figliolia, quien el 24 de diciembre del 2007 ordenó la detención de 11 brasileños y otros 129 ex represores suramericanos por la desaparición o muerte de italianos en el marco de las acciones del Plan Cóndor.
La decisión del diputado Pompeu de Mattos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados «nos puede permitir conocer finalmente la verdadera historia de Brasil en esos años», afirmó Jair Kirschke, del Movimiento Justicia y Derechos Humanos, investigador del operativo Cóndor en Brasil, quien colaboró con el fiscal italiano Giancarlo Capaldo , promotor de la causa en Roma. Mattos, elegido recientemente titular de la Comisión de Derechos Humanos, también solicitará informaciones a Uruguay y Argentina sobre la muerte del ex presidente Joao Goulart, en Argentina, el 6 de diciembre de 1976.
Jair Kirsche dijo que esas informaciones «pueden aportar esclarecimientos de un caso en el que puede estar la mano del Cóndor», pues hay sospechas de que Goulart fue envenenado por miembros de los servicios de inteligencia uruguayo. Por otra parte, el senador Cristovam Buarque, impulsor de una serie de audiencias en la Cámara alta sobre la represión militar, dijo a ANSA que es «receptivo a todo y cualquier pedido que nos puedan hacer los jueces italianos sobre informaciones que puedan ser útiles en la investigación del Cóndor», relata ANSA del 14 de marzo del 2008.
Once líderes de la izquierda peruana anunciaron que denunciarán ante la Justicia italiana el rol de la dictadura peruana en el Plan Cóndor, contrariando las declaraciones del presidente Alan García en defensa del ex dictador Francisco Morales Bermúdez (1975-1980).
Los dirigentes peruanos, que fueron encarcelados y trasladados clandestinamente a la Argentina en 1978, confirmaron a Página/12 que preparan un escrito que presentarán ante el juzgado italiano que preside la magistrada Lussiana Figliola, quien pidió la extradición del dictador en el marco de una causa que investiga la cooperación de las dictaduras sudamericanas en los años setenta.
Los dirigentes acusan a Morales Bermúdez de haberlos entregado a la dictadura de Videla, que los tuvo detenidos cerca de un mes en Jujuy hasta que debió liberarlos ante la intervención de las Naciones Unidas. Según declararon a este diario, su detención habría sido una retribución por otro servicio realizado en el marco del Plan Cóndor, la desaparición en Lima en 1977 del dirigente montonero Carlos Maguid.
Hasta ahora la jueza Figliola ha admitido una imputación en contra del dictador peruano por el secuestro de Noemí Gianotti de Molfino, integrante de las Madres de Plaza de Mayo, ocurrido en Lima en junio de 1980. Gianotti de Molfino fue secuestrada junto con dos argentinos, actualmente desaparecidos en un operativo conjunto de los militares peruanos y argentinos. Un mes después de su detención Gianotti de Molfino apareció muerta en Madrid.
» Estamos comunicando al juzgado italiano nuestra disposición a declarar sobre nuestra deportación clandestina a la Argentina, que formó parte de la Operación Cóndor. También pondremos en conocimiento del juzgado italiano el caso de la desaparición de Carlos Maguid», le señaló a Página/12 el dirigente de derechos humanos Javier Diez Canseco, ex candidato presidencial uno de los once peruanos encarcelados en Jujuy. «De acuerdo con los tratados internacionales, si el juzgado que ve esta causa por el caso Gianotti de Molfino recibe nuevos elementos, como los que nosotros vamos a aportar, que vinculan a Morales Bermúdez con otros hechos de la Operación Cóndor, entonces debe ampliar el proceso para incluir esos casos nuevos. Por eso, esperamos que en el proceso contra Morales Bermúdez por el secuestro de Gianotti de Molfino se incluyan nuestro detención en Argentina y la desaparición de Maguid», agregó el dirigente a Pagina 12 del día 18 de enero del 2008.
En Italia algunas organizaciones sociales italianas como SAL de Roma (www.saldelatierra.org) y A Sud (www.asud.net) han realizado en Roma el 2 de diciembre del 2008 un seminario con los testigos del proceso italiano para la desaparición del ex padre de la teología de la liberación Venturelli. En Torino la Fundación «Lelio Basso» y el Ministerio de Relaciones exteriores ha organizado un seminario internacional el día 13 de noviembre del 2008 (http://www.internazionaleleliobasso.it/index.php?newsid=393).
La Región Emilia-Romagna se constituyó parte civil en el proceso contra Alfonso Podlech Michaud, ex fiscal militar de Temuco acusado de haber sido uno de los más salvajes torturadores en la época de la dictadura de Pinochet en Chile. Sobre la Resolución de la Región, que nombrará a un abogado para tutelar los intereses de la Emilia-Romagna y apoyar el abogado de la parte civil/querellante, se expresa con satisfacción Maria Paz Venturelli, hija del desaparecido modenés. «Es el fruto de muchos años de trabajo junto a la Región y, sobre todo, constituye una señal política muy fuerte», dijo. «La Región -añadió el consejero Gianluca Borghi- considera un deber necesario defender a los descendientes de ciudadanos emiliano-romagnolos que sufrieron la violencia de las dictaduras sudamericanas». Sobre este hecho intervino también la Presidenta del Consejo de los emiliano-romagnolos en el mundo, Silvia Bartolini. «Ha llegado por fin el momento de la justicia -dijo. En nombre de las once asociaciones emiliano-romagnolas en Chile, y en particular de aquella de Temuco, agradezco a la Región por el importante gesto de proteger al menos el recuerdo de nuestros correligionarios que han mantenido alta, en el extranjero, la bandera y los valores de la lucha por la libertad y la democracia».
Cristiano Morsolin, operador de redes internacionales para la defensa de los derechos humanos. Co-Fundador del Observatorio SELVAS.org. Trabaja en Latinoamérica desde 2001.