Media hora de balazos la madrugada del lunes. Fueron recogidos en el cerro del Fortín al menos 300 casquillos de AK-47. El comando que destruyó de la manera más brutal posible los transmisores de la radio y televisión oficialmente «de los oaxaqueños» no se anduvo con cuentos. Pero el movimiento popular tampoco. No bien amanecieron […]
Media hora de balazos la madrugada del lunes. Fueron recogidos en el cerro del Fortín al menos 300 casquillos de AK-47. El comando que destruyó de la manera más brutal posible los transmisores de la radio y televisión oficialmente «de los oaxaqueños» no se anduvo con cuentos. Pero el movimiento popular tampoco. No bien amanecieron las frecuencias sin una estación para la voz del magisterio y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), éstos ocuparon todas las radiodifusoras AM y FM de la ciudad, y para el mediodía ya transmitían, en poder de la APPO, 12 emisoras de nueve empresas diferentes.
Pero en los primeros minutos de este martes, desde más de 20 vehículos en movimiento -la mayoría sin placas-, fuerzas policiacas atacaron a tiros varias de las estaciones ocupadas con la intención de recuperarlas. Fueron identificadas las patrullas 517, 801, 529, 693 y 55 de la policía municipal. Se reportó un herido grave, con un tiro en el pecho.
Durante el lunes, uno recorría el cuadrante y no encontraba una Radio APPO, sino muchas. Con los micrófonos abiertos para la ciudadanía, algunas se escuchanan en todo el estado. Desde temprano comenzaron a llegar llamadas de aliento y respaldo de la sierra Sur, la Cañada, la Costa y los valles centrales.
El clamor que escuchaban los oaxaqueños aún era por la salida de Ulises Ruiz, quien sobrevive en la burbuja mediática que le prestan desde el centro de la República. En su estado se le escucha sólo como anécdota. El gobernador de Oaxaca, como aquel personaje de la novela Peter Schlemihl, es un hombre sin sombra; habla de paz y diálogo, y se lava las manos de cuanto hecho de sangre provocan policías de civil y golpeadores profesionales vinculados a su administración.
Cara limpia para el Senado
En otra esforzada acción de gobierno, los policías municipales y sus colaboradores «civiles» se han dado a la ingrata tarea de borrar con pintura blanca las pintas y el grafiti (que por millares decoran las fachadas y muros de la ciudad y los suburbios), para dar buena impresión a la avanzada que envió el Senado de la República con el fin de evaluar la situación y determinar si viene una comisión de legisladores. Muros blanqueados para tranquilizar a los observadores.
Y entonces brotó la voz de la protesta en todas las radios. Además, siguen siendo más los que, aerosol en mano, pintan y repintan los muros exigiendo la desaparición de poderes y denunciando por sus nombres o apodos a los funcionarios relacionados con la represión. También exigen, con nombre, la liberación de los presos políticos, torturados en todos los casos.
El comercio cerró el lunes en buena parte de la ciudad. Y ante la falta de transporte, pues no circularon los autobuses urbanos, por todas las colonias se veía caminar a la gente por centenares y los taxis no daban abasto.
Una marcha popular que salió a las 14 horas del mercado de Santa Rosa dio la vuelta a la capital durante cinco horas. Unas 12 mil personas, convocadas en pocas horas, atravesaron la central de abasto, realizaron un mitin en la distante colonia Reforma, y luego un plantón en El Llano, para concluir con una concentración en el zócalo.
Los inconformes cerraron desde temprano todos los accesos de la ciudad, con excepción del aeropuerto, «pues es federal», explicaron, y fueron bloqueadas las terminales de autobuses ADO, AU y Del Sur. Fueron quemados vehículos de la empresa Sertexa en distintos puntos de la periferia. ¿Cuánto falta para que esto sea una insurrección popular generalizada?
Mientras el gobierno estatal balbucía su deslinde de la balacera y el madrugador asalto al plantón en la antena de CORTV, y aventuraba la versión de un «autoatentado» de la APPO, todos sabían que era un ataque más de la fuerza pública, como el de ayer contra las bodegas del diario Noticias, que este lunes seguía en poder de los policías e invasores que encabeza el presidente municipal de Santa Cruz Amilpas, el priísta Miguel Garza Quintana.
Según informó la APPO en conferencia de prensa, entre las radiodifusoras tomadas estaban -además de La Ley- La Grande de Oaxaca, La Súper Q, Radio Cristal, Radio Oro, EKSA, Mexicana, Radio Fórmula, Estéreo Exitos y Qué Buena. Y ninguna dejó de transmitir el lunes.
«Qué gusto me dio poner radio La Ley esta mañana y oír que estaban hablando ustedes», decía al aire un ama de casa de la colonia Morelos. «Ahí siempre se habla mal del movimiento, se desinforma con descaro y nunca permiten las llamadas con críticas, rápido las bloquean».
Este sentimiento liberador y desafiante se adueñó de las ondas hertzianas. En EKSA los conductores alternativos decidieron que «la pregunta del día», dirigida al secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz Escárraga, era: «¿Dónde está tu esposa?» La repitieron todo el lunes, inquiriendo sobre la ex funcionaria Aurora López Aceves, quien fue secretaria de Transporte en el gobierno de José Murat, y coordinadora de Transporte con Ulises Ruiz. Se le acusa de falsificar 18 mil concesiones de taxis, a razón de 120 mil pesos cada una, y de fabricar con ellas «lealtades» de transportistas del PRI y la CROC. Una y otra vez se le definió como «prófuga de la justicia».
La marcha que rodeó la capital oaxaqueña iba encabezada por miles de campesinos indígenas procedentes de la sierra Mixteca. «Compañeros, levanten sus armas», invitaba una bocina en la descubierta, y los mixtecos levantaban machetes, palos, varillas, resorteras y ¡periódicos! «Este es un movimiento pacífico. Nuestras únicas armas son nuestros instrumentos de trabajo», proseguía el magnavoz.
Frente a la populosa central de abasto, donde proliferan centenares de puestos y negocios, la marcha proclamaba: «Lo que el gobierno quiere es que ustedes, los comerciantes, desaparezcan para abrir paso a sus socios, las grandes cadenas: Sam’s Club, Gigante, Soriana, y ellos llevarse la tajada. Los priístas ayudan a los que te van a quitar tu trabajo». También señalaban al cacique de la central, Roberto Mendoza, alias El Patachín, que trafica permisos y promueve la invasión de calles y colonias. «Es hora de que los comerciantes alcen la voz y se defiendan». El efecto de desnudamiento de la protesta popular oaxaqueña es ya de largo alcance.
La APPO responsabilizó al gobierno por «infiltrar agentes provocadores, fabricar delitos, cometer asesinatos, detener y encarcelar y torturar ilegalmente. Hacemos un llamado a la población general a su comprensión y a reforzar las guardias y proteger todos los lugares que ocupan las radiodifusoras ocupadas, de manera responsable y organizada, evitando cualquier provocación que justifique la intervención policiaca del gobierno federal».
En un mensaje difundido profusamente el lunes, la APPO señalaba: «Ante este panorama de provocación, terror y represión, hacemos la más amplia convocatoria a nuestro pueblo para concentrar todas nuestras fuerzas en torno a la demanda única que es la caída del tirano y, por consiguiente, a reforzar los puntos fijos, los campamentos y las distintas tomas de oficinas».
Por otra parte, diversos municipios que apoyan a la APPO y participan en el movimiento denunciaron que el gobierno retiene fondos públicos para más de 200 municipios, 47 de ellos gobernados por el PRD y el resto por ayuntamientos electos por usos y costumbres. «Es un acto de represalia», según Ignacio Cruz López, alcalde de San Jacinto Amilpas, uno de los «castigados» por Ulises Ruiz.