El Gobierno de la India y los medios de comunicación dicen a menudo que son que un área de 92.000 kilómetros cuadrados, que engloban 170 distritos en 9 estados de la India están fuera del control del Estado. Ellos y sus alrededores están llenos de los recursos naturales, incluida una gran variedad de minerales, los […]
El Gobierno de la India y los medios de comunicación dicen a menudo que son que un área de 92.000 kilómetros cuadrados, que engloban 170 distritos en 9 estados de la India están fuera del control del Estado. Ellos y sus alrededores están llenos de los recursos naturales, incluida una gran variedad de minerales, los bosques y las fuentes de agua. El territorio está gobernado por los maoístas por lo que el Gobierno lo ha calificado como el «Corredor Rojo». En realidad, la zona está dominada por los adivasi [literalmente, indígenas] por lo que debería ser llamado el ‘Corredor adivasi». Y, por supuesto, es su patria. El Estado de la India ha estado llevando a cabo una gran ofensiva en el Corredor Rojo desde octubre de 2009 para despejar la tierra. Las compañías [multinacionales] aspiran a un negocio superior a los 80 millones de dólares en esta zona. En consecuencia, el gobierno está decidido a limpiarla de maoístas en 2013, tomando todas las medidas necesarias. Después de décadas de abandono, ahora el gobierno dice que va a hacer de todo por ellas. Por ejemplo, impulsar la educación. El primer ministro, Manmohan Singh, dice en televisión que con motivo de la aplicación de los Derechos del Niño se declara la enseñanza obligatoria y dice que es un día histórico para los indígenas. Tal vez, casi nadie del Corredor Rojo lo vio en los canales de televisión, pues tienen la supervivencia y la protección [contra las agresiones policiales] como cuestiones más importantes para ellos en lugar de escuchar acerca de sus derechos a la educación que salen de la boca del Primer Ministro.
Singh dijo que la ley cubre «las necesidades de cada sector desfavorecido de nuestra sociedad, en particular las niñas, los dalits, adivasis y las minorías» porque quiere que «todos los niños sueñen con un futuro mejor y vivan ese sueño». Y lo dice cuando garantiza por ley el 75% de las plazas para quienes puedan pagar la educación en las escuelas privadas y mientras privatiza la educación. Es decir, en contra de la Constitución, que garantiza a toda persona el derecho a la vida, igualdad y libertad, lo que la ley hace es garantizar más privilegios a los hijos de la élite.
Sin embargo, el día que lo dijo era como cualquier otro para los niños del Corredor Rojo. Saltaban por el bosque, corrían tras los monos de acá para allá, pastoreaban las cabras y reunían comida porque en sus aldeas no hay escuelas, ocupadas por las Fuerzas de Seguridad para eliminar el «adoctrinamiento» que, dicen, desde ellas hacen los maoístas, la «mayor amenaza para la seguridad interna de India, como el primer ministro y su ministro del Interior, P. Chidambaram, y sus funcionarios han estado diciendo a la gente del país, así como la comunidad mundial desde 2006. Será difícil que los niños del Corredor Rojo conozcan el plan de estudios, cualquiera, porque nunca llegan los libros a tiempo. Jharkhand es un estado crucial en el Corredor Rojo, y el Gobierno nunca ha sido capaz de dar libros a los niños a tiempo para iniciar las clases desde el año 2001. Muchos niños no están familiarizados con el alfabeto, las tablas y las rimas, pero sí lo están con las armas utilizadas por los maoístas y el Estado. En un para de horas sobre el terreno, uno puede ver esta realidad en Bindu, Tamar, Arki, Khunti y Angara, todas las áreas adyacentes de Ranchi, la capital de Jharkhand. Oirán a alguien hablar de sus derechos pero lo que ve es que el gobierno no está dispuesto a oir hablar de las graves violaciones de sus derechos por las fuerzas de seguridad mientras culpa a los maoístas por todo.
La Unión de los Pueblos para las Libertades Civiles (PUCL) había pedido al Gobierno de Jharkhand información sobre las escuelas ocupadas por las fuerzas de seguridad en el estado. Dado que el gobierno no podía escapar a esta petición, ofreció una lista de 52 escuelas. Sobre la base de esta información, la PUCL presentó una demanda en el Tribunal Superior de Jharkhand en 2008. En consecuencia, la Corte ordenó al gobierno que hiciese abandonar a las Fuerzas de Seguridad las escuelas en un plazo de seis meses. En octubre de 2010 todavía muchas escuelas estaban ocupadas. Sorprendentemente, no se han tomado medidas contra los agentes de policía por su negativa a cumplir las órdenes de la Corte.
El Foro de los Pueblos Indígenas de Jharkhand (JIPF) también intervino en la cuestión de la negación del derecho a la educación a los niños en el Corredor Rojo. El JIPF envió cartas junto con las listas de los 48 campamentos permanentes y 40 campamentos temporales de la policía armada de Jharkhand (JAP) y la reserva de fuerza de policía paramilitar Central (CRPF) que se instalan en las escuelas al Ministro del Interior de la India y el Gobernador de Jharkhand y les pedía que tomaran las medidas necesarias para vaciarlas de inmediato y también instando a que las fuerzas de seguridad no ocupen ninguna escuela en el futuro para que el derecho a la educación de los niños de esos pueblos se pueda asegurar. Sin embargo, el Ministerio del Interior no tomó ninguna acción, aunque el gobernador dio orden a la policía de desalojar las escuelas. Irónicamente, sólo unas pocas escuelas quedaron vacantes, algo que el gobierno considera como un gran logro, aunque aún permanecen campamentos permanentes de la policía en 31 escuelas.
El JIPF volvió a presentar una lista de estas 31 escuelas al Ministro del Interior de Jharkhand, volviendo a pedir el desalojo de las escuelas. La respuesta fue que sólo 11 de ellas estaban ocupadas y que las iban a desalojar en unos meses. El informe del gobierno muestra que la policía desea continuar sus campamentos en algunas escuelas por otros seis meses y en algunas escuelas incluso por más tiempo y están tratando de obtener el permiso del Comisionado Adjunto. También hay casos en que se ha dado permiso a la policía para acampar en las escuelas, lo que claramente significa que el gobierno no se preocupa por los derechos de los niños que viven en el Corredor Rojo. A los niños se les niega el derecho a la educación junto con el derecho a la alimentación, lo que es una clara violación de su derecho a la vida con dignidad garantizado por el artículo 21 y 21 bis de la Constitución de la India. ¿Puede el estado indio dar el mismo trato a los hijos de la élite? Huelga decir que cuando maoístas atacan un edificio de la escuela, se convierte en noticias de última hora para los canales y de la prensa escrita. Sin embargo, los cientos de escuelas ocupadas por las fuerzas de seguridad durante años no se convierten en problema para los mismos medios de comunicación. ¿No entendemos lo que el cuarto reino de la democracia (los medios de comunicación) que está haciendo? ¿Durante cuánto tiempo los adivasis, los dalit y otros grupos marginados son traicionados, negados y alejados de sus derechos constitucionales y privilegios?
El Estado indio debe entender que el derecho a la educación y los campamentos de la policía en las escuelas no pueden ir juntos. El Estado de la India ha estado practicando trucos traicioneros (dar derechos con una mano y quitarlos con la otra mano) con los marginados del país en los últimos seis decenios. Si el Gobierno no lo impide, el rápido crecimiento del extremismo de izquierda no se puede detener. Por lo tanto, si el Dr. Manmohan Singh, está realmente preocupado por los derechos de los niños, debe garantizar la igualdad de derechos a la educación a todos los niños de la India.