Necesitado de una ruta segura para el suministro de sus tropas en Afganistán, Estados Unidos destina seis veces más recursos a la ayuda militar de regímenes autoritarios de Asia central que a promover la democracia y los derechos humanos, asegura la organización Open Society Foundation. La asistencia militar del Pentágono y del Comando Central (Centcom) […]
Necesitado de una ruta segura para el suministro de sus tropas en Afganistán, Estados Unidos destina seis veces más recursos a la ayuda militar de regímenes autoritarios de Asia central que a promover la democracia y los derechos humanos, asegura la organización Open Society Foundation.
La asistencia militar del Pentágono y del Comando Central (Centcom) estadounidense se canaliza a través de diversos programas, según Lora Lumpe, autora del estudio, «Asistencia Militar de Estados Unidos a Asia central 1999-2009: Prioridades de seguridad atentan contra los derechos humanos y la diplomacia».
No se sabe realmente cuánto es el monto total de la ayuda, pero es por lo menos tres veces mayor que la que el Departamento de Estado (cancillería) destina a mejorar la situación de derechos humanos, según el informe de 47 páginas publicado la semana pasada por OSF.
«La dirección de Políticas y Planes del Centcom debe tener un panorama general de la gasto militar de Estados Unidos en la región, pero es información clasificada», señaló Lumpe.
El Congreso legislativo no ha logrado obtener un informe detallado en tiempo y forma sobre el gasto del Pentágono, apuntó.
El estudio fue publicado seis meses después del violento derrocamiento del presidente de Kirguistán, Kurmanbek Bakiyev, respaldado por Estados Unidos. Lo ocurrido plantea la duda de si los beneficios estratégicos de asegurarse el acceso a las bases de Asia central superan el costo político, entre otros, a largo plazo.
El Pentágono otorgó 30 millones de dólares a programas de asistencia al régimen de Bakiyev en 2007, la mayoría para compensar el acceso a la Base Aérea de Manas, asegura el documento. Alrededor de seis veces más de lo que destinó a las iniciativas civiles.
También habría ofrecido contratos exclusivos, ahora investigados por Biskek y el Congreso legislativo, a compañías en las que amigos y el propio hijo de Bakiyev tienen intereses sustanciales para operaciones de abastecimiento.
Eso reforzó la idea de que Washington respaldaba a un régimen cada vez más autoritario y corrupto.
«Ahora que Bakiyev cayó, hay muchas personas enfadadas en el nuevo gobierno», señaló Alexander Cooley, especialista en Asia central de la Facultad Barnard de Nueva York. «Es posible que el dinero del Pentágono no sirva para asegurar el acceso a las bases a largo plazo», apuntó.
El «tremendo impacto» del Pentágono en la política exterior de Estados Unidos se volvió una gran preocupación para activistas de derechos humanos, y otros, quienes sostienen que, desde fines la Guerra Fría, las relaciones entre Washington y la mayor parte del Sur en desarrollo están cada vez más «militarizadas».
Washington ofreció varias veces asistencia militar y policial a los países de Asia central -Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán-prácticamente desde su creación, tras la disolución de la Unión Soviética en 1991.
A principios de los años 90, la asistencia militar y policial se concentró en prevenir la proliferación de armas nucleares y biológicas, el tráfico de drogas y el control fronterizo.
Para finales del decenio, la asistencia se expandió a más de cinco países, con el envío del Centcom de Fuerzas de Operaciones Especiales para entrenar efectivos en contrainsurgencia en Uzbekistán y Kirguistán.
El mandato del Centcom se extiende de Egipto hasta la frontera noroccidental de China. Militares uzbekos y Kuirguises forma parte de los ejercicios de soldados de la Organización del Tratado de Atlántico Norte.
La mayor parte de la asistencia en ese periodo se otorgó a través de programas tradicionales militares y de seguridad, supervisados por el Departamento de Estado. Las iniciativas están sujetas a restricciones que prohíben, por ejemplo, ayudar a ejércitos involucrados en violaciones de derechos humanos o que hayan derrocado a un gobierno democrático.
El Pentágono y comandos como el Centcom consideran que los programas del Departamento de Estado no son confiables y tienen fines políticos, que no coinciden con lo que los primeros consideran necesidades estratégicas, señala el informe.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington, el Pentágono creó un sistema paralelo de «cooperación para la seguridad» que permite otorgar dinero sin estar sujeto a las condiciones del Congreso legislativo. «Ese año, el Departamento de Defensa pidió, y el Congreso acordó, más de una decena de autorizaciones que amplían las formas en que el Centcom (y otros comandos regionales) gasta el dinero de los cofres generales del Pentágono para ofrecer asistencia directa a los ejércitos», según el informe de OSF.
El Pentágono ofreció en 2007 por lo menos 103 millones de dólares en asistencia militar a los países de Asia central, el último año en que la secretaría divulgó datos relativamente exhaustivos, indicó Lumpe. Esa cantidad es casi tres veces superior al monto otorgado por el Departamento de Estado.
La asistencia militar de Estados Unidos, incluidos los programas de la cancillería, fue casi la mitad del total de fondos entregados por Washington a Asia central en 2007, concluye el informe.
Estados Unidos necesita garantizar el acceso a las bases militares, desde donde despacha efectivos y suministros a Afganistán. Esa función se hizo más importante en los últimos dos años, cuando el movimiento islamista afgano Talibán de Pakistán atacó un convoy con suministros, procedentes de Karachi.
Washington aumentó la asistencia a gobiernos y ejércitos de la región tras la creación en 2008 de la vía logística septentrional, una ruta de suministro que atraviesa Asia central de Europa a Afganistán.
Pero quizá lo más importante sean los beneficios otorgados a las compañías locales, la mayoría con vínculos estrechos con los regimenes gobernantes, construcciones lucrativas y contratos de suministro, incluso en el propio Afganistán.