Después de semanas de intenso debate parlamentario, el gobierno de Tokio aprobó la ley que permite que un mayor número de ciudadanos extranjeros obtengan un permiso de trabajo, un giro decisivo para una nación tradicionalmente renuente a la inmigración. La nueva disposición está en relación con la disminución constante de nacimientos, el aumento progresivo de […]
Después de semanas de intenso debate parlamentario, el gobierno de Tokio aprobó la ley que permite que un mayor número de ciudadanos extranjeros obtengan un permiso de trabajo, un giro decisivo para una nación tradicionalmente renuente a la inmigración. La nueva disposición está en relación con la disminución constante de nacimientos, el aumento progresivo de la esperanza de vida y la falta crónica de mano de obra, en una economía donde la tasa de desempleo es estable por debajo del 3%.
En realidad, la ley crea un nuevo estatus para los ciudadanos extranjeros en diversos sectores, desde los trabajos en la construcción hasta el trabajo en la agricultura y la atención hospitalaria. «La falta de personal se ha convertido en un factor que frena el crecimiento económico, queremos remediar la implementación de un nuevo sistema», dijo el primer ministro Shinzo Abe durante una audiencia en el Parlamento. Bajo el nuevo plan, se emitirán dos tipos diferentes de permisos de residencia en 14 sectores diferentes.
El primero durará hasta 5 años para los especialistas en algunos campos, pero no se les permitirá traer a sus familiares. El segundo tipo está dirigido a aquellos con un alto nivel de conocimiento específico; en ese caso, estas personas pueden estar acompañadas por familiares y decidir quedarse en Japón por un período ilimitado.
Para estos perfiles no habrá límite de cuota. Sin embargo, el gobierno ha dejado claro que el nuevo sistema no pretende abrir las puertas a los inmigrantes por tiempo indefinido, y que esta resolución no marca un cambio radical en la política de inmigración.
El ministro de Justicia japonés, Takashi Yamashita, afirmó que el nuevo sistema no equivale a «aceptar inmigrantes de forma indefinida», ante las críticas de partidos de la oposición, de sindicatos y de sectores conservadores de la sociedad nipona por el posible impacto social y laboral de la reforma. También aseguraron que se tomarán las medidas necesarias para «garantizar que se trata igual a los trabajadores extranjeros que a los nacionales», según dijo el ministro portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga, en rueda de prensa.
Organizaciones humanitarias y expertos han criticado la nueva normativa al considerar que está hecha a medida de las empresas y de la coyuntura económica, y señalan la ausencia de políticas destinadas a fomentar la integración de los inmigrantes y a permitir su estancia en el país largo plazo. Según los datos del ministerio de Trabajo y Bienestar Social, el número de trabajadores extranjeros en Japón alcanzó una cifra récord de 1,28 millones de personas en octubre pasado, en comparación con los 680 mil en 2012. Los ciudadanos chinos representan el porcentaje más alto, con unas 370 mil personas, seguidas por los vietnamitas y los filipinos. La organización sindical más grande de Japón (RENGO) ha pedido un amplio debate en el Parlamento, indicando que un cambio en esta escala tendrá «un gran impacto social».