Casi al mismo tiempo que el gobierno, por conducto de la Secretaría de Hacienda, canjeó a los bancos los pagarés del Fobaproa por bonos de la deuda pública, (sin que el Congreso haya reconocido formalmente como deuda pública el quebranto financiero de la banca) lo que significa otorgar a los «abnegados» banqueros mayores garantías y […]
Casi al mismo tiempo que el gobierno, por conducto de la Secretaría de Hacienda, canjeó a los bancos los pagarés del Fobaproa por bonos de la deuda pública, (sin que el Congreso haya reconocido formalmente como deuda pública el quebranto financiero de la banca) lo que significa otorgar a los «abnegados» banqueros mayores garantías y sobre todo mayores ingresos, por los altos intereses que generan los bonos, el Congreso de la Unión se dispuso a cerrar la válvula de financiamiento al sistema de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Seguro Social.
La ecuación que se plantean nuestros gobernantes es muy simple: para satisfacer las demandas caprichosas de los ricos, siempre habrá recursos excedentes; para resolver las necesidades de los trabajadores siempre estaremos en «crisis financiera».
La reforma propuesta al artículo 286 K de la Ley del Seguro Social dice en una de sus partes: «… el instituto, en su carácter de patrón, no podrá destinar a esta fondo para el financiamiento de la cuenta especial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones recursos provenientes de las cuotas a cargo de los patrones y trabajadores establecidas en el Ley del Seguro Social. Tampoco podrá destinar recursos para dicho fin, de las contribuciones, cuotas o aportaciones que, conforme a la Ley del Seguro Social, son a cargo del gobierno federal; ni de las reservas a que se refiere el artículo 280 de esta ley o de los productos financieros que de ellas se obtengan…»
Esto quiere decir en buen romance, que para financiar el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, al IMSS solo le queda un recurso: la divina providencia.
Se han expresado y con razón muchos argumentos en contra de la reforma a la Ley del Seguro Social:
– los trabajadores nunca han tenido en sus manos la dirección ni el manejo de las finanzas el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que no pueden ser responsabilizados y mucho menos castigados, a causa de las deficiencias técnicas y administrativas de esa institución y mucho menos de su bancarrota. Con todo, el sacrificio será inútil por insuficiente para resolver los graves y complejos problemas que confronta la seguridad social.
– la crisis financiera del IMSS habría que atribuirla a distintos factores entre los que destacan: la perdida del poder adquisitivo de los salarios y, consecuentemente, de las aportaciones que recibe; el desempleo; la disminución, a partir de las reformas de 1995, de las aportaciones de los patrones que fue del orden del 30%; la privatización de buena parte de la finanzas del Seguro Social a favor de las AFORES y de la Banca Privada; la elevada nómina de los funcionarios y del personal de confianza; el aumento incontrolado en el precio de la medicinas; y a los actos de corrupción y de vandalismo de los altos funcionarios de la institución.
– el Seguro Social surgió a causa de la lucha de los trabajadores como una medida práctica para garantizar el pago y el cumplimiento en su beneficio de diversas prestaciones de carácter laboral a que estaban obligados los patrones, de tal manera que esa institución vino a relevar a la clase capitalista de una serie de compromisos establecidos por la ley o por los Contratos Individuales o Colectivos del Trabajo. En adelante, el IMSS se haría cargo de las prestaciones medicas y económicas que corresponden a los trabajadores, a cambio de recibir de manera tripartita las aportaciones de los propios trabajadores, de los patrones y del gobierno. Resulta por lo tanto, contraria a la tradición solidaria del Seguro Social, la decisión de obligar a los trabajadores a resolver con sus propios medios y aportaciones el financiamiento de las jubilaciones y pensiones a que tienen derecho, quedando exentos de toda obligación al respecto, el gobierno y los patrones.
– Destruido el carácter tripartita y solidario que hizo del Seguro Social una institución útil para los trabajadores y aún para la propia clase patronal, no queda mas alternativa que su desaparición a pesar de que en su momento, esta institución se elevó por encima de los intereses de las clases sociales para convertirse en un bastión para la salud de nuestro pueblo y en una palanca para nuestro desarrollo independiente y el progreso.
– Si por mandato de la ley, el gobierno ya no estará obligado a contribuir al fondo de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del Seguro Social, pronto quedará eximido también de aportar en otros aspectos de la vida de la benemérita institución, hasta convertirla en una empresa privada, con lo que se dará cabal cumplimiento a las instrucciones giradas hace varios años por el Banco Mundial.
– El Congreso de la Unión, sin ser parte en el Contrato Colectivo de Trabajo, que regula las relaciones laborales entre el Seguro Social y sus servidores, se entromete arbitrariamente no para alterar el monto de las pensiones y jubilaciones contempladas en dicho contrato, sino para destruir todo el Régimen de Jubilaciones y Pensiones allí establecido.
Los partidarios de la reforma alegan que el Contrato Colectivo de Trabajo quedará incólume, es decir, que no sufrirá alteración alguna, lo que es cierto, desde el punto de vista formal y literal. Simplemente queda sin sustento, derogado en la práctica, al cerrársele las fuentes de financiamiento para su debida aplicación. Hay que entender que el Contrato Colectivo de Trabajo que suscriben el sindicato y el patrón es una institución reconocida y regulada por la Constitución y por la Ley Federal del Trabajo. Este contrato no puede ser modificado, sino por las causas y procedimientos establecidos en la legislación laboral. De ahí que los actos del congreso sean notoriamente inconstitucionales, como anticonstitucional resulta también privar a los trabajadores del Seguro Social de sus derechos contractuales, sin haber sido escuchados y vencidos en juicio.
Los promotores de la iniciativa dicen que la reforma a los artículos 277 D y 285 K de la Ley de Seguro Social no tienen por objeto lesionar los derechos del sindicato y de los trabajadores, sino que es una medida de carácter hacendario para reencausar los recursos del poder público. Solo les faltó decir que ese dinero que se va a ahorrar el gobierno, al no contribuir al Régimen de Jubilaciones y Pensiones, se destinará para ampliar los recursos que se otorgan a los dueños extranjeros de la Banca, pero mejor optaron por el cinismo al afirmar que esos recursos serán para conservar y aun acrecentar la fuente de trabajo de los médicos, enfermeras y personal técnico y administrativo del IMSS, porque el único propósito de la reforma es garantizar el bienestar y la felicidad futura de esos trabajadores.
La mayoría de diputados y senadores del PRI, autores de la iniciativa, parecían tener prisa por complacer los afanes privatizadores del presidente Fox y de reencontrarse con su aliado tradicional, el PAN, en otra de aquellas causas antinacionales y antipopulares que han llevado a esta país a la ruina. En el debate quedó la impresión de que el PRI no puede vivir y actuar sin la consigna del presidente de la República, aún cuando éste pertenezca a otro partido. Hay que destacar, por ser de justicia, que sin menosprecio de la actitud combativa de los legisladores del PRD, la oposición más lúcida y brillante a estas reformas, estuvo a cargo de la minoría de diputados y senadores del propio PRI.
Los comunistas nos queremos referir, sin embargo, a una cuestión que consideramos capital:
Palmiro Togliatti el antiguo Secretario General del Partido Comunista Italiano conoció al fascismo como nadie, penetró en sus características fundamentales a tal grado que supo conducir con éxito la lucha de su partido por eliminar esa pesadilla cruel, reaccionaria y violenta impuesta al pueblo por la burguesía decadente de Italia, es más, fueron los «partisanos» comunistas los que capturaron y fusilaron a Mussolini. En una parte de su obra «La Vía Italiana al Socialismo», Togliatti nos dice que: «lo primero que puede afirmarse es que el fascismo es el sistema de reacción integral más consecuente que haya existido hasta el presente en los países en donde el capitalismo ha alcanzado cierto grado de desarrollo. Esta afirmación no se basa en los actos terroristas – por demás feroces- ni en el gran número de obreros y de campesinos asesinados, ni en la crueldad de los métodos de tortura aplicados en gran escala, ni en la severidad de las condenas; viene motivada por la supresión sistemática y total de toda forma de organización autónoma de las masas. Puede que otros países se haya dado un número más elevado de victimas y un terror más cruel. Pero en ninguno otro país ha sido tan radicalmente suprimida como en Italia la posibilidad de que las masas crearan formas autónomas, de la índole que fueren de organización. En ningún otro país ha sido llevada de manera tan congruente y con tanta eficacia la lucha por la destrucción de las libertades democráticas formales «
La derogación por vía legislativa de un Contrato Colectivo Trabajo, segando sus fuentes de financiamiento significa la destrucción de un sindicato, por parte del poder público, significa la destrucción de una organización autónoma de defensa de los intereses de la clase trabajadora.
La clase obrera en México hace tiempo que fue despojada de su derecho de agruparse en un partido político que pueda acceder al registro electoral. En adelante, ya tampoco tendrá derecho a organizarse en sindicatos y eso, según la experiencia de los comunistas, no es otra cosa que fascismo.
[1] Director de Unidad Comunista, Revista teórica del Partido de los Comunistas de México