Representantes de organizaciones de mujeres de El Salvador, agrupadas en la llamada Concertación Feminista Prudencia Ayala, denunciaron este miércoles el aumento de la violencia de género en este país, hasta tal grado que en los últimos ocho años (de 1999 a 2006) el feminicidio se ha incrementado en un 224%, según cifras oficiales. Glenda Vaquerano, […]
Representantes de organizaciones de mujeres de El Salvador, agrupadas en la llamada Concertación Feminista Prudencia Ayala, denunciaron este miércoles el aumento de la violencia de género en este país, hasta tal grado que en los últimos ocho años (de 1999 a 2006) el feminicidio se ha incrementado en un 224%, según cifras oficiales.
Glenda Vaquerano, especialista en temas de violencia, aseguró que según el Instituto de Medicina Legal, «los casos de homicidios contra mujeres, en su mayoría antecedidos de violaciones sexuales y torturas, pasaron de 195 en 1999 a 437 en 2006. En su mayoría, cometidos en el entorno familiar».
Vaquerano dijo a EL PAÍS que el feminicidio en El Salvador tiene varios agravantes: el estado actual de violencia general que vive esta nación centroamericana, así como la impunidad prevaleciente, «mucho más cuando se trata de casos de mujeres». «Tenemos muchos casos registrados de mujeres maltratadas en el hogar, por sus parejas, que hacen denuncias de amenazas a muerte recibidas, pero que nunca se les brindó protección. Al poco tiempo de haber hecho la denuncia fueron asesinadas», explicó Vaquerano.
Camila Rosas, también miembro de la Concertación, apuntó que no hay datos estadísticos que indiquen en la actualidad cuántos feminicidios quedan en la impunidad, «pero en nuestra organización [Las Dignas] investigamos que de todas las denuncias interpuestas ante el sistema de justicia, apenas el 2% es procesado y ello responde a la mentalidad machista y patriarcal que prevalece en nuestra institucionalidad».
Concertación Feminista ha iniciado una activa campaña con varias jornadas e iniciativas, entre las que resaltan la exigencia al Estado de que lleve a cabo políticas públicas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; la aprobación de una Ley de Protección Integral a las Victimas de la Violencia (que según la denuncia lleva tres años archivada en el parlamento) y el reconocimiento legal de la figura del feminicidio como delito de lesa humanidad.
Por su parte, la activista Delia Cornejo aseguró que, pese a que más del 52% de la población salvadoreña está conformado por mujeres, la «discriminación existe en un sistema machista y misógino: sólo existe un hospital de Maternidad, se nos obliga a la maternidad forzosa, se sufre de lesbofobia, además de inequidad en salarios, trabajo doméstico, penalización del aborto y discriminación política».