Mientras la ley universitaria recibía en marzo las últimas bendiciones de la clase política, 35.000 personas se volvieron a manifestar fuera del Parlamento griego. Después de diez meses de lucha educativa, huelgas, paros, ocupaciones de universidades, detenciones y cargas policiales permanentes, el 8 de marzo sería la primera vez que los estudiantes se negarían a […]
Mientras la ley universitaria recibía en marzo las últimas bendiciones de la clase política, 35.000 personas se volvieron a manifestar fuera del Parlamento griego. Después de diez meses de lucha educativa, huelgas, paros, ocupaciones de universidades, detenciones y cargas policiales permanentes, el 8 de marzo sería la primera vez que los estudiantes se negarían a dispersarse. Durante más de dos horas resistieron delante del Parlamento los gases lacrimógenos (prohibidos en Grecia en época de guerra, pero permitidos en época de democracia). El saldo: 49 personas presas (que actualmente tienen causas abiertas por delitos menores), y más de 30 en hospitales, con lesiones y problemas respiratorios. Fue el epílogo en una escalada de violencia que desde hace un año se ha cobrado decenas de víctimas, entre estudiantes golpeados y detenidos.
Sin embargo, junto a la dureza policial, las movilizaciones educativas de marzo, y en menor medida las de abril, han sido novedosas en su creatividad, alegría y capacidad de reacción. Un día después del 8 de marzo, el movimiento educativo formado por profesores y estudiantes reunió en Atenas a 7.000 personas en una marcha contra la represión. Una semana después, a pesar de que la ley había sido aprobada, 20.000 personas se manifestaban bajo la lluvia en un clima festivo. A pesar de la aparente derrota del movimiento educativo, a lo largo de estos meses estudiantes y profesores conquistaron las calles de las ciudades, dejaron de creer en los medios de comunicación de masas y generaron sus propias fuentes de información. No en vano se ha conseguido paralizar la reforma constitucional. Hoy, como dicen los estudiantes, «toca resistir desde dentro de las universidades y hacer que la nueva ley no se aplique». Hay ya muchos órganos académicos que han declarado que no la van a aceptar y que van a apelar contra ella en las Cortes, al considerarla anticonstitucional.
Desde que en noviembre de 2006 el Gobierno conservador hiciera pública la intención de reformar la Constitución para derogar el artículo 16, que impide la creación de universidades privadas, las movilizaciones educativas volvieron a reavivarse. Se necesitaba el consenso del principal partido de la oposición, el Partido Socialista (PS). Sin embargo, la reacción del movimiento educativo, que continuó las ocupaciones y manifestaciones semanales, hizo que en febrero el PS retirara su apoyo.
De manera paralela, reaparecía la reforma de la ley universitaria, impulsada por la ministra de Educación, Marieta Yianaku, bajo la creencia de que las protestas bajarían a causa del cansancio y con la resaca del fracaso en la reforma constitucional. El Gobierno empezó de improvisto a tramitar la ley que en el verano de 2006 había sido rechazada, gracias a la primera oleada de movilizaciones. Las facultades siguieron ocupadas y a finales de febrero llegaron a ser más de 300. Las manifestaciones crecían cada vez más, al igual que la brutalidad policial. Estropear un cajero automático, tirar un cóctel molotov contra los policías o intentar romper el cerco para que un grupo de personas entregara a los diputados un texto con sus demandas eran motivos suficientes para que los antidisturbios cargaran contra las manifestaciones y las dispersaran.
Las palizas y, sobre todo, el uso desmesurado de gases lacrimógenos, incluso sobre personas ya detenidas, convertían todas las semanas el centro de Atenas en una cámara de gas. Los medios de comunicación locales han silenciado la altísima participación de miles de personas en las manifestaciones (hasta 40.000), han abusado de las imágenes de contenedores ardiendo para clamar por las detenciones y han presentado la mercantilización de la educación superior como una solución para el desempleo y la infra-financiación crónica.
La característica principal de este proceso que comienza hace justo un año ha sido una espontaneidad que ha superado los planes y la capacidad de todas las organizaciones políticas. Es el inconformismo de los estudiantes frente a un ambiente que no reconoce sus estudios, que exige cada vez más especialización y más títulos, como si fueran productos comprados en el supermercado.