Una indígena pasa frente a una pintada que reclama castigo para el ex presidente Ríos Montt– REUTERS El 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de Guatemala y la comandancia de la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron los acuerdos que ponían fin a 36 años de una guerra civil que se saldó […]
Una indígena pasa frente a una pintada que reclama castigo para el ex presidente Ríos Montt– REUTERS
El 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de Guatemala y la comandancia de la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron los acuerdos que ponían fin a 36 años de una guerra civil que se saldó con 250.000 muertos y desaparecidos, y una nación con el tejido social destrozado. Diez años después, hay avances innegables en materia de libertades políticas, pero en un contexto de miseria que mantiene al país anclado en el subdesarrollo y con unos índices de criminalidad (4.680 asesinatos entre enero y noviembre, de acuerdo a cifras oficiales) que hicieron exclamar al cardenal Rodolfo Quezada Toruño, uno de los iniciadores del largo proceso de negociaciones, que «ahora muere en Guatemala más gente que durante la guerra».
Las estadísticas respaldan la apreciación del cardenal. El 49% de los niños padece de desnutrición crónica. El hambre, también crónica, alcanza al 23% de los menores de seis años, cifra superior incluso a la de Haití (18%), considerado el país más pobre del hemisferio. El 57% de la población vive en el límite de la pobreza (sobrevive con dos euros al día) y de éstos, un 21,9% sobrevive en condiciones de pobreza extrema (menos de un euro al día), según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
A lo anterior hay que sumar la impunidad: de las 626 masacres documentadas por la Comisión de la Verdad de la ONU, sólo se ha enjuiciado con éxito un caso en los tribunales, mientras los abogados de los grandes responsables, como el ex presidente Efraín Ríos Montt, entrampan hasta lo indecible los procesos iniciados por la Audiencia Nacional española para evitar que sean juzgados. Una comisión de Naciones Unidas que en septiembre visitó Guatemala pudo comprobar que, de las 45.000 denuncias de desapariciones forzadas atribuidas a las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado, «no se ha investigado ninguna».
El informe Seguridad y justicia en tiempos de paz, de la oficina del defensor del Pueblo, Sergio Morales, señala a la violencia y la impunidad como las dos anclas que evitan el desarrollo del país y denuncia un tercer elemento preocupante: el retroceso en el fortalecimiento del poder civil, palpable en la incorporación del Ejército en tareas relacionadas con la seguridad interna y la creciente presencia de militares en los mandos altos y medios de la Policía Nacional Civil, extremo que contradice abiertamente la letra y espíritu de los Acuerdos de Paz.
Así las cosas, pareciera que los guatemaltecos tienen muy poco que celebrar en esta fecha. Pero no todo es negativo. Para Gustavo Porras, calificado por la desaparecida revista Crónica como «un cerebro de izquierdas en un Gobierno de derechas», que de secretario privado de la Presidencia de Álvaro Arzú pasó a dirigir la comisión gubernamental que negoció la paz, «el fin de la violencia política ha permitido un desarrollo de una cultura de paz, de mayor tolerancia (?) que ha repercutido en la nueva posición de Guatemala en el concierto internacional y que se refleja en acciones como la participación de nuestro Ejército en misiones de paz de la ONU en otros países». Porras aboga porque se alcance una tasa tributaria del 12%, para que el Estado pueda tener los recursos necesarios para atender sus deficiencias en materias como la salud o la educación, materias en las cuales Guatemala es la nación de Centroamérica que menos invierte.
Ricardo Rosales Román, el comandante Carlos González de la URNG, señala que la paz sólo se alcanzará cuando la sociedad guatemalteca asuma el espíritu de los acuerdos que pusieron fin al enfrentamiento. «Nuestro gran desafío», puntualiza, «es la construcción de una nueva nación, multiétnica, pluricultural y multilingüe, dentro de la unidad del Estado (?) que presupone la transformación radical del obsoleto, caduco y agotado sistema imperante».
Una de las representantes del Gobierno Arzú en las negociaciones, Raquel Zelaya, puntualiza, al analizar los retrasos y fracasos de los últimos 10 años, que «la paz no soluciona los problemas por decreto». Zelaya apunta la necesidad de hacer conciencia entre los guatemaltecos de que «vencer los problemas de exclusión, discriminación y falta de oportunidades, es tarea de la sociedad en su conjunto». El camino por recorrer se visualiza largo y arduo. La intransigencia heredada de regímenes militares fascistoides ha dejado su impronta en los guatemaltecos. A título de anécdota, el ex presidente Arzú, ganador del premio Príncipe de Asturias a la Concordia, precisamente por firmar la paz con la guerrilla, se ha negado a asistir a los actos oficiales por diferencias personales con el actual mandatario, Óscar Berger, y ha organizado una celebración paralela frente al Ayuntamiento capitalino. Un gesto que dice mucho.