En Guatemala la lucha por el poder político a través de mecanismos democráticos no se ha privilegiado, se puede constatar un aumento de los conflictos sociales y políticos alrededor de los eventos cívicos, por lo que la violencia ha sido una constante, indicó la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Los períodos electorales en el […]
En Guatemala la lucha por el poder político a través de mecanismos democráticos no se ha privilegiado, se puede constatar un aumento de los conflictos sociales y políticos alrededor de los eventos cívicos, por lo que la violencia ha sido una constante, indicó la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Los períodos electorales en el país, incluso los que han transcurrido después de la firma de los Acuerdos de Paz, se han caracterizado por la presencia de la violencia en distintas manifestaciones, subrayó el informe ‘Conflictividad Electoral en el Proceso Electoral 2007’ presentado el 12 de julio por la magistratura de conciencia.
La conflictividad electoral comprende el conjunto de problemas y dificultades que se desarrollan alrededor de un proceso de sufragio, lo que incluye, además del día de los comicios, los períodos previos y posteriores a las votaciones y los acontecimientos de violencia relacionados con esta dinámica, subrayó la PDH.
Las partes involucradas y afectadas en este tipo de incidentes son, entre otros, los miembros de los partidos políticos, los comités cívicos y las diferentes instancias del Tribunal Supremo Electoral (TSE), amplió el informe, al destacar que los conflictos políticos y electorales se desarrollan en un contexto de conflictividad social mayor, en el que la violencia se ha convertido en un rasgo característico de la sociedad guatemalteca.
El presente proceso electoral ha estado marcado por el inicio prematuro de la campaña política y por la presencia de una serie de acontecimientos violentos en contra de funcionarios públicos y miembros de partidos políticos, entre otro tipo de hechos, señaló la PDH.
La magistratura de conciencia destacó que en el marco de los preceptos humanos y particularmente de los derechos cívicos y políticos, la facultad ciudadana para el voto consiste en la capacidad de un individuo de elegir libremente a sus representantes para hacer gobierno, derecho que debe ser garantizado por las autoridades, quienes a su vez deben respetarlo.
La sistematización de hechos violentos vinculados al proceso electoral, particularmente aquellos que han afectado a activistas y dirigentes de partidos políticos, durante el 2006 y los primeros seis meses del 2007, arroja un total de 61 ataques, 32 el año pasado y 29 en el presente, concluyó el informe de la PDH.