Nada de lo ocurrido en Oaxaca puede causar asombro. Nada de ello es nuevo. En vísperas del último informe del presidente Vicente Fox, una columna guerrillera de poco mas de diez hombres realizó una acción de propaganda armada en una carretera de las afueras de la ciudad de Oaxaca. Durante la acción, […]
Nada de lo ocurrido en Oaxaca puede causar asombro. Nada de ello es nuevo.
En vísperas del último informe del presidente Vicente Fox, una columna guerrillera de poco mas de diez hombres realizó una acción de propaganda armada en una carretera de las afueras de la ciudad de Oaxaca. Durante la acción, se repartieron copias de su Manifiesto a la Nación No. 2 -signado el 30 de agosto en la capital del Estado- por el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MRLCB), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), y otras cuatro organizaciones desconocidas hasta ahora: el Colectivo Revolucionario-Francisco Javier Mina, la Organización Insurgente-1º de Mayo, la Brigada de Ajusticiamiento-2 de Diciembre y las Brigadas Populares de Liberación (BPL).
Desde distintas posiciones se ha considerado esta aparición como una provocación dentro del conflicto que tiene lugar en la entidad, como así también el argumento necesario que posibilita la decisión de imponer un desenlace represivo por parte de la administración federal contra los inconformes y, además, el sendero más cierto para la intervención del Ejército Mexicano. Todas ellas, no obstante, destacan la variable militar como resolución de la crisis oaxaqueña más no procuran encontrar otras variables que quizá permitan descorrer algunos de los motivos, causas e implicancias de su actuación.
Durante el desarrollo del levantamiento popular que tiene como protagonista a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el gobierno del estado, a través de la Procuradora General de Justicia del Estado, Lizbeth Caña Cadeza, denunció a esta organización por su actuación con tácticas de «guerrilla urbana», mediante «actos de subversión» y vínculos con grupos armados; argumentos que, en otras ocasiones, alcanzaron para lograr la intervención de la administración federal o de las corporaciones de seguridad. Estas declaraciones fueron avaladas por distintas declaraciones públicas por parte de senadores del Partido Revolucionario Institucional y por un ex gobernador del Estado, a través de colaboraciones periodísticas, ahora senador por el Partido de Acción Nacional. De esta manera fue convocada la intervención militar, pero ello no ocurrió. Los vínculos de la APPO con grupos guerrilleros tampoco ha sido confirmada, sino a través de las declaraciones del gobierno estatal y algunos informes de inteligencia policial y militar.
El movimiento de la APPO y la dinámica intrínseca del conflicto ha superado a todas las otras organizaciones e inconformidades, tanto legales como así también armadas y clandestinas. Aspira la Asamblea a la caída del gobernador como objetivo; en cambio para los insurgentes será tan solo un momento, un instante más de la guerra popular prolongada que encarnan. El Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) ha seguido de cerca este caso y se ha limitado en brindar su apoyo a la APPO y al movimiento popular (que no ha puesto sus armas a disposición del movimiento ni tampoco estableció zonas liberadas), pero su actuación orgánica ha sido tangencial sino nula, quizá debido a una decisión política de no provocación, por debilidad propia -en referencia a su proceso que derivó en la diáspora eperrista- o bien por la continuidad de la estrategia represiva selectiva y masiva -como ocurrió en la región zapoteca de Loxicha, que continúa siendo considerada un «bastión del EPR» por las autoridades estatales y que fue asolada en 1996 por cacerías nocturnas, estados de sitio, su planificada depredación del tejido social y extracción de sus recursos naturales- que la ha diezmado.
La guerrilla es una realidad en territorio oaxaqueño y no tiene su origen el 28 de agosto de 1996 sino desde mucho tiempo antes. Tan sólo en estos tiempos, dos grupos se habían presentado con acciones político-militares: el PDPR-EPR, con los ataques en el año 1996 en Huatulco, Tlaxiaco y la capital, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), con una actividad de propaganda político-militar en Nazareno Etla, Oaxaca, apenas iniciado el mandato del titular del Ejecutivo y quien realizaba su primera visita a un estado de la República Mexicana, en el 2000. Con su aparición en un tramo de la carretera Oaxaca-Tuxtepec, es la tercera presentación pública protagonizada por distintas siglas de una misma generación (desde 1996 en adelante) y la primera de TDR-EP (escindida del PDPR-EPR en 2000) y del MRLCB junto a las otras firmantes del documento de marras. Por cierto, este Manifiesto… es el segundo que firman en conjunto, a excepción de las BPL que no han suscripto el anterior. El primero data del 28 de junio, a diez años de la primera presentación del PDPR-EPR en Aguas Blancas, en tanto que en este nuevo escrito se hace referencia a los caídos de las acciones militares emprendidas el 28 de agosto, también de hace diez años, donde el MRLCB y TDR-EP no existían como organizaciones autónomos. En conjunto recogen -uno en forma simbólica y el otro igual, pero que a diferencia de aquel se apoya con una actividad político-militar- diez años de historia.
No es nuevo el recurso guerrillero de la propaganda armada. Más aún, las últimas tres acciones idénticas en los pasados cuatro años como la que aquí se trata -propaganda armada en carreteras apartadas de los centros urbanos, informativas y publicitarias- fueron realizadas por comandos pertenecientes a TDR-EP. En efecto, en mayo de 2004 el CJM-23M realiza su primera aparición en una carretera de Morelos, idéntica a la que consumará un año después, el 8 de octubre, por el Comando Popular Revolucionario «La Patria es Primero», cuando reafirmó su presencia tras el «ajusticiamiento» del notario José Rubén Robles Catalán, cuatro meses antes. Un acto de propaganda político-militar, de similar característica a la realizada por las FARP en Nazareno Etla, fue llevado a cabo por la Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos (CGNJMM), en San Felipe Neri, Morelos, en el año 2001.
El momento elegido, los días previos al informe presidencial, tampoco representa una novedad. Como ya se señaló más arriba, el 28 de agosto de 1996 el eperrismo lanza la que de hecho fue la única campaña político-militar de envergadura de todo el período que abarca a la actual generación de grupos guerrilleros. Tras esas acciones, la respuesta del entonces presidente Ernesto Zedillo fueron contundentes y, a la vez, marcarían una política de Estado que hasta hoy se mantiene vigente: «perseguiremos cada acto terrorista con toda nuestra capacidad y aplicando todo el rigor de la ley.» Estas palabras, tras un manto de legalidad inobjetable, encierran la concepción de entender al fenómeno guerrillero como acto delincuencial y, por tanto, no comprenderá sus causas sociales, económicas o políticas sino su aniquilamiento. Cinco años después, pero un 9 de agosto, las FARP reivindicaron la colocación de artefactos de fabricación casera en tres sucursales Banamex, recientemente vendidos a capitales extranjeros, en el DF. El mensaje contenido en esas acciones fue tomado como una amenaza y obtuvo respuesta presidencial acorde a esta lectura: «hoy menos que nunca es válido pretender acorralar la democracia por la vía de la violencia», replicó el presidente. El 1º de septiembre del mismo año, la CGNJMM, estadio del cual las FARP formaron parte, hicieron detonar explosivos similares a los de las entidades bancarias pero esta vez en locales de General Motors y McDonald’s, ambas empresas de capital trasnacional, también en el DF. Y el 1º de septiembre de 2004, el Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo (CJM-23M), que forma parte de la estructura diseñada en el Segundo Congreso de TDR-EP, se adjudicó la colocación de bombas caseras de poco poder en Morelos, las cuales fueron desactivadas antes de estallar.
En un seguimiento a los documentos escritos previos y siguientes al 2 de julio difundidos por todas las organizaciones, se destaca la amenaza inminente que resulta la llegada de la ultraderecha al poder en México. Esta acción en particular se enmarca en esa lectura o como ha sido subrayado en el Manifiesto… de junio pasado: la urgente necesidad de «cerrar el paso a la ultraderecha», según sus propios dichos. En ese aspecto, las coincidencias que se han puesto de manifiesto entre las distintas posiciones que sustentan, auguran un nuevo tiempo -que no una nueva etapa- al que deberán enfrentar pues, desde sus argumentos, se desprenden análisis y posiciones políticas que refieren al recrudecimiento de la guerra de baja intensidad, escalonamiento de la represión e impunidad, producto del fraude que en reiteradas ocasiones han denunciado.
Hay otra ocasión que se vuelve propicia para explicar lo sucedido en la carretera oaxaqueña: cuando el PDPR-EPR realizó su primera presentación en Aguas Blancas, se arrojó un manto de sospecha sobre su aparición debido a que si ésta no resultaba una provocación hacia el proceso de negociaciones que la administración federal sostuvo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y si, además, no justificaba con ello los argumentos y discursos represivos del entonces gobernador guerrerense. Sin embargo, en la actualidad no existe ningún sector -aún el más diverso- que no reconozca la existencia del eperrismo.
En un territorio donde sólo el PDPR-EPR y las FARP habían manifestado presencia efectiva -más allá de comunicados y documentos- la aparición de la columna de TDR-EP, del MRLCB y de los otros grupos ha desatado la crítica de otro grupo armado, pero éstas se han dirigido fundamentalmente contra la primera. Las FARP, en un comunicado del 1º de septiembre, hace una caracterización que ya con anterioridad había esbozado. En Guerrero, luego de la «eliminación» de Miguel Angel Mesino, reivindicado por La Patria es Primero -un comando de TDR-EP-, los farpistas denunciaron que Tendencia no es una organización revolucionaria sino que se trata de «grupos paramilitares con discurso de izquierda». Son «falsos revolucionarios», continúa FARP en su escrito fechado en Oaxaca, «con fines contrainsurgentes», «ávidos de reflectores y proclives a la provocación e infiltración en las organizaciones sociales.» «Como es de suponerse -concluyen- tratarán de realizar acciones o hechos que sólo servirán de pretexto para que el gobierno reprima.» Esta caracterización, no obstante, no es la primera vez que sucede sino que data del año 2004, momento en que las FARP han rotulado a TDR-EP como «grupo paramilitar».
Como contraparte, puede considerarse que existe una evaluación política previa por la debilidad del gobierno estatal, la indiferencia del federal y la radicalización del conflicto político y social oaxaqueño, por tanto es una consecuencia de ese escenario ante el vacío de poder. En efecto, la guerrilla tiene lógicas y tiempos políticos propios que guardan correspondencia con la necesidad de romper el cerco informativo que se les impone recurrentemente: se niega su existencia o se distorsiona su contenido y objetivo, para amplificarla hasta el rango de amenaza a la seguridad nacional e inducir la «necesidad represiva». Con ello procura abdicar de su condición fantasmal y emitir distintos mensajes, armados en este caso, dirigidos a cuatro destinatarios: los ejecutivos estatal y federal primariamente, su apoyo a la APPO y al PDPR-EPR. Teniendo en cuenta todo lo anterior y apelando al derecho a la autodefensa armada, reiterada en todos los documentos emitidos por los grupos armados, otra guerrilla (que no es nueva) se presentó en territorio oaxaqueño.
En Oaxaca, nada nuevo bajo el sol.