El 15 de octubre, la Policía Comunitaria, en la que participan 70 comunidades del Estado de Guerrero, cumplió 13 años. DIAGONAL repasa con dos de sus miembros la trayectoria de una institución popular y autónoma del Estado. Para los tlapanecos, la colectividad aparece en el centro de la existencia, muy por encima de la persona […]
El 15 de octubre, la Policía Comunitaria, en la que participan 70 comunidades del Estado de Guerrero, cumplió 13 años. DIAGONAL repasa con dos de sus miembros la trayectoria de una institución popular y autónoma del Estado.
Para los tlapanecos, la colectividad aparece en el centro de la existencia, muy por encima de la persona como individuo. Por eso, los dos integrantes de la Policía Comunitaria de Guerrero que atendieron a nuestras cuestiones han optado por guardar el anonimato con objeto de ceder todo el protagonismo al conjunto de la organización popular.
DIAGONAL: ¿Cómo y por qué surge la organización?
POLICÍA COMUNITARIA: Surge como necesidad. Había muchos asaltos, violaciones, mucha muerte y asesinato. Los pueblos se organizaron para parar esos atropellos. Sabíamos que el Gobierno no iba a dar solución, así que nos juntamos y comenzamos a pensar cómo tener nuestra propia seguridad, y el 15 de octubre de 1995 se montó el primer equipo de Policía Comunitaria en Santa Cruz del Rincón. Como en muchos otros pueblos indígenas, desde tiempos ancestrales teníamos nuestros propios órganos de protección, de defensa, había comunidades en las que nunca había llegado -afortunadamente- la jurisdicción del Estado, asuntos graves eran resueltos en asambleas de vecinos. Una ola de inseguridad y los constantes asaltos nos impulsan a coordinarnos entre pueblos y comunidades, en una especie de red, para cuidar los caminos, los arroyos, las veredas, que es donde ocurrían la mayor parte de los delitos. Al principio no se llamaba ni coordinadora ni policía, es la práctica la que ha ido dando nombre a todo esto.
D. : ¿Quiénes eran los delincuentes de antes y de ahora?
P.C. : Al inicio eran cuatro los delitos más graves: violación, homicidio, asaltos y abigeato [robo de ganado]. En la medida en que se ha ido operando y ampliando el trabajo, éstos se han ido agotando y actualmente pasan cada cuatro o cinco meses, ahorita los problemas más frecuentes son asuntos de lesiones, problemas familiares, deudas, préstamos…
Hay dos estructuras, la Policía Comunitaria, y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que es un comité de autoridades nombradas en asamblea y la parte que administra justicia. Al inicio, cuando se detenía a algún maleante se lo entregaba al Estado, pero se vio que nomás les poníamos el pastel en la mesa, les multaban o quitaban algún dinero y luego los soltaban. Los maleantes regresaban más bravos contra su comunidad. Viendo esa situación, en febrero de 1998, se decide constituir un comité de autoridades que imparta justicia y a partir de ahí, los delincuentes ya se remitían ante la CRAC. Pero se presenta otro problema: «Si es culpable, ¿qué hacemos con él?» Se abre otra discusión y se empieza a instrumentar el proceso de reeducación. Este asunto son dos cosas: hacer pública, visible, a la persona que comete un delito, y que a través del trabajo comunitario en la región, de las pláticas, los compañeros que cometieron algún error lo reconozcan y rectifiquen su forma de actuar. No es asunto de la autoridad con el detenido, es un asunto que toda la población vigila. Se promueve que haya una conciliación entre las partes, y se agota hasta los límites de la paciencia, que platiquen y se entiendan, lo que interesa es que se recupere y se conserve la armonía en la comunidad. Los únicos casos en los que no procede la conciliación y la reparación de partes es en casos de homicidio y de violación. Son asuntos muy delicados en los que es difícil que la gente vuelva a tener una amistad.
D. : ¿Qué herramientas jurídicas se usan para juzgar a los detenidos?
P.C. : Cada caso es distinto, el reglamento de la ‘Poli’ rige en lo general, porque aquí son distintos los principios, no hablamos de castigar, sino de reeducar, y eso no se da igual con la misma gente, en los mismos tiempos o con los mismos mecanismos. No es como el Código Penal, ahí se trata de castigar una acción. Aquí no, el asunto es educar, que el que cometió una falta lo reconozca y que se comprometa a no reincidir.
D. : Habéis denunciado agresiones por parte del Estado…
P.C. : Las agresiones se han ido incrementando. En los primeros años se vio con beneplácito que los indígenas tuvieran sus policías y le hicieran su chamba al Gobierno, pero cuando vieron que nombrábamos autoridad para juzgar, dijeron, «ah, ya nos están quitando el negocio», porque la Justicia es un negocio para el Ministerio público.
Cuando se crea la CRAC empiezan las agresiones. De 1999 a 2001 fueron los años de mayor hostigamiento : los detenidos que había en manos de la organización eran asesorados para que presentaran denuncias contra nosotros por privación de libertad o por algún delito. En esos años hubo el mayor número de detenciones, pero también esto empezó a movilizar a la gente, y eso le dio más fuerza a la organización. En una ocasión detuvieron a los seis compañeros del Comité de Autoridades el día que entregaban su cargo al nuevo comité. Ahí se movilizaron todas las comunidades, más de 5.000 personas, una marcha como nunca en la historia en San Luis y se logró la liberación de los compañeros. Se sentó al Gobierno del Estado, a la Procuraduría de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia a firmar o a generar acuerdos. Se negaron a firman, decían: «Legalmente ustedes no existen, no están en la Constitución ni en ninguna ley». «¿Cómo que no? Aquí estamos». Entonces se logró un acuerdo en 2001 y 2002, y de ahí, han mantenido siempre bajo la manga órdenes de aprehensión que las ejecutan cuando mejor les conviene, cuando quieren iniciar campañas de desprestigio contra la organización, o piensan que por algún motivo nos vamos a movilizar. Esto ha servido también para ir aclarando cuál es la posición del Estado real hacia los pueblos.