En el occidente guatemalteco, lindando con Chiapas, se encuentra el departamento de Huehuetenango, atravesado por la sierra de los Cuchumatanes, la más alta de Centroamérica, y con 15 licencias para exploración y 27 para explotación de minerales metálicos. Con un altísimo porcentaje de población indígena, la agricultura de subsistencia se complementa con la producción de […]
En el occidente guatemalteco, lindando con Chiapas, se encuentra el departamento de Huehuetenango, atravesado por la sierra de los Cuchumatanes, la más alta de Centroamérica, y con 15 licencias para exploración y 27 para explotación de minerales metálicos. Con un altísimo porcentaje de población indígena, la agricultura de subsistencia se complementa con la producción de café, las remesas de los emigrados al Norte y de las inversiones estatales. La situación es de gran desigualdad y pobreza: en 2007, el 78,3% de la población era clasificada como pobre y el 30,3% como extremadamente pobre.
En esta región se han realizado 20 consultas comunitarias sobre minería de metales a cielo abierto. La última, el 17 de octubre en el municipio de Soloma, donde las autoras pudimos participar como observadoras internacionales. Así, 20 municipios de los 32 que forman el Departamento ya se han manifestado sobre el asunto. Y el resultado ha sido bien claro: no quieren que la minería destroce sus montañas, contamine sus aguas y erosione sus comunidades.
Mujeres y hombres, jóvenes y niñas, empadronadas y no identificados, todas y todos tienen la oportunidad de participar en estos actos reivindicativos. Se asume que toda persona tiene el derecho de participar en la decisión sobre el desarrollo de su entorno. Según la Asamblea Departamental sobre los Recursos, impulsora de muchos de estos procesos, las consultas son un momento de encuentro y manifestación plural. La participación de las mujeres, por ejemplo, es mucho mayor que en las elecciones, precisamente por la percepción de que las consultas son otra manera de hacer política, desde la base y sin clientelismos.
Se trata de una nueva acción coordinada para la profundización democrática en un país como Guatemala, donde la democracia es pura retórica y las decisiones siguen en manos de oligarcas, militares y las trasnacionales. Una herramienta que trasciende lo local para conformarse en una lucha regional y nacional que reivindica bajar al nivel comunitario el poder sobre las decisiones de desarrollo. Manifestaciones, cortes de caminos, acciones legales y una importante difusión son otras formas de resistencia a la minería.
En 2005, la subsidiaria Montana Exploradora, ahora parte del gigante canadiense Goldcorp, inició la explotación del proyecto aurífero Marlin en San Marcos (colindante con Huehuetenango). Ante la preocupación por los impactos y la ausencia de información, en junio de ese mismo año, el municipio de Sipakapa organizó una consulta comunitaria en la que más del 98% de los votantes rechazó la actividad (con el 45% de la población empadronada). El resultado no ha sido oficialmente aceptado y la mina sigue adelante, obviando la legislación municipal e internacional que avala estos referendos.
Todos estos procesos no se pueden desvincular del contexto político guatemalteco. Tras 36 años de cruento conflicto armado, donde más de 250.000 personas desaparecieron a manos de los militares y demás cuerpos contrainsurgentes, en 1996 se firmaron los débiles acuerdos de paz. Sin embargo, aún hoy es peligroso ser crítico en Guatemala. En un país donde los más despiadados ex dictadores presiden comisiones de derechos humanos (véase el caso del general Ríos Montt), no es fácil reclamar justicia. Los movimientos sociales están criminalizados, pero el crimen organizado está en las calles. El narcotráfico, las ‘maras’, el feminicidio y el acoso a los ‘revolucionarios’ son algunos de los ejes de la violencia en este país de posguerra.
En enero de 2005, en Sololá, se cortó el camino a un camión que transportaba un cilindro hacia la mina Marlin y, dado el gran despliegue de fuerzas policiales y militares, un campesino perdió la vida y algunos pobladores y policías resultaron heridos tras un fuego cruzado. A pesar de la represión, las organizaciones sociales han continuado su lucha, enmarcada, en muchos casos, en la defensa de los derechos básicos. Es especialmente importante la labor organizada de colectivos históricamente marginados, como es el caso de la población rural indígena, el sujeto, precisamente, de las consultas. De hecho, éstas se están reinterpretando como la continuidad de una práctica ancestral indígena.
María Barrachina y Leire Urkidi, observadoras internacionales de la consulta popular celebrada en octubre en el departamento de Huehuetenango (Guatemala)