En Diciembre de 1997, México y la Unión Europea (UE) firmaron tres instrumentos jurídicos: el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, llamado Acuerdo Global; el Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio y una Declaración Conjunta. A diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), este tratado […]
En Diciembre de 1997, México y la Unión Europea (UE) firmaron tres instrumentos jurídicos: el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, llamado Acuerdo Global; el Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio y una Declaración Conjunta.
A diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), este tratado cuenta con una Cláusula Democrática contenida en el Título I «Naturaleza y Ámbito de aplicación del Acuerdo Global, que a la letra dice: «El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo.»
Ante esto se diría que hubo un salto cualitativo hacia un nuevo tipo de relación, pero la realidad está mostrando que no es así. La Cláusula no conlleva los mecanismos jurídicos que la hagan operativa. Tampoco se definieron las normas de cooperación, ni del diálogo político.
En Abril del año 2000 México y la UE sellaron un pacto en materia de libre comercio Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM). En estos instrumentos, se señala como autoridad decisoria a un Consejo Conjunto, conformado por representantes de los poderes ejecutivos, quien complementará, profundizará y liberalizará las negociaciones inconclusas. De todo esto quedan excluidos los/as senadores/as mexicanos/as y los/as parlamentarios/as europeos y de igual manera, los pueblos, ciudadanos/as y organizaciones sociales y civiles.
Las autoridades mexicanas han expresado que la receta para solventar los impactos del ajuste es promover la liberalización comercial bajo la premisa de que libre comercio es igual a motor de crecimiento económico y éste por sí mismo generará desarrollo social. Pero basta ver los resultados de este modelo para comprobar que dicho paradigma es falso.
Por ejemplo, el Acuerdo Global/TLCUEM en su forma actual para México, tiene todos los ingredientes para que se acentúe la inestabilidad del crecimiento económico la vulnerabilidad financiera y cambiaria, la ampliación de las desigualdades regionales, sectoriales y productivas, la concentración de la riqueza y del ingreso, el deterioro del medio ambiente y de las condiciones de vida y trabajo de la población.
En términos de inversión, la Unión Europea se ha consolidado como la segunda fuente de capitales productivos en México, con una aportación de más de 35,6 mil millones de dólares acumulados de 1994 a 2004. En efecto hay 6.620 empresas con capital europeo que están establecidas en México. Sin embargo, en el Acuerdo no se establece ningún control al cumplimiento de las obligaciones laborales y ambientales [1].
Por otro lado la tendencia de la IED europea en México es la compra de activos. No se crean nuevas empresas; el capital europeo absorbe sólo las ya existentes, sobre todo en el sector servicios y en particular en los servicios financieros. La inversión europea en este sector, no ha reactivado el crédito para la estructura productiva de México y las micro, pequeñas y medianas empresas se mantienen en permanente estado de quiebra [2]
El sector energético y el agua en México son considerados recursos estratégicos y la Constitución Política de México los considera bienes públicos, sin embargo, la Comisión Europea, insiste en su privatización. La Comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en conferencia dictada en México el 7 de febrero de 2006, manifestó: «Nuestro Acuerdo Global nos otorga una excelente base jurídica para avanzar en la construcción de una relación cada vez más fuerte. Tenemos que aprovechar al máximo el potencial de este Acuerdo. La negociación de las cláusulas de revisión (en materia de agricultura, servicios e inversiones) constituye una etapa central en este proceso. Hay que trabajar conjuntamente para poder lograr un acuerdo en la primera mitad de 2006. Una conclusión exitosa de dicha negociación abriría nuevos campos de aplicación del acuerdo y contribuiría grandemente a un mayor acercamiento» [3]
A nivel europeo, este Acuerdo afecta negativamente las normas sociales y medioambientales, participando de un sistema de relaciones internacionales que amenaza la calidad de vida de amplias capas de la población: privatización de servicios básicos, desmantelamiento de la seguridad social, desvío del presupuesto social hacia prioridades de seguridad y defensa, ataques a los derechos fundamentales de los/as ciudadanos/as, de los/as migrantes y refugiados/as, así como la privatización de la esfera política en manos de tecnocracias al servicio de los intereses de las empresas trasnacionales, sin participación ciudadana.
La Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA) junto con decenas de organizaciones de ambas regiones han venido encabezando una lucha desde 1997, primeramente, porque se transparentaran las negociaciones, se reformularan los contenidos y se reconocieran las asimetrías entre la Unión Europea (UE) y México. Ya entrado en vigor el Acuerdo, la lucha ha estado encaminada a la aplicación positiva de la Cláusula Democrática [4], al respeto a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medioambientales (DESCM). Asimismo, las propuestas incursionan en la creación de un Comité Consultivo Mixto (CCM) que busca asegurar la participación de la sociedad civil europea y mexicana en el monitoreo, cumplimiento y evolución del Acuerdo Global; así como proponer criterios, estrategias e instrumentos que permitan construir mecanismos apropiados para asegurar dicha participación. A todo esto se suma la propuesta de un Observatorio Social que de cuenta de los impactos sociales y medioambientales que ocasionan las inversiones y las relaciones comerciales sobre el medio ambiente, el ejercicio de los derechos humanos integrales, civiles y políticos y haga las recomendaciones procedentes a través del CCM, a las autoridades europeas y mexicanas en un marco de transparencia y de diálogo constructivo.
Los esfuerzos de RMALC y CIFCA han transitado también por lograr, junto con una diversidad de organizaciones, la realización de dos Foros de Diálogo Social entre la sociedad civil mexicana y europea y los gobiernos de la UE y México, que apunten al establecimiento de un verdadero diálogo que favorezca la participación de la sociedad civil en la definición de un Acuerdo para el desarrollo sustentable, que parta del reconocimiento de las asimetrías, la regulación de la economía, evitando con ello que se deje actuar libremente a las fuerzas del mercado y se busque el fortalecimiento de los Estados Nacionales como garantes del respeto y promoción de los derechos humanos frente a las empresas transnacionales.
El Acuerdo está destinado a atraer grandes capitales de Europa a México. El gobierno mexicano ofrece: mano de obra barata, explotación de nuestros recursos naturales, incluyendo el petróleo y la UE insiste en que México liberalice la industria eléctrica, la educación, el agua y otros servicios públicos. (En México, campo de las finanzas, la banca y las comunicaciones están prácticamente en manos privadas transnacionales europeas).
En ese marco, RMALC y CIFCA desarrollan el Estudio del Impacto Social y Medioambiental de las Inversiones Europeas en México y en Europa, en la prestación de servicios públicos esenciales en los Sectores Hidráulico y Energético. Este estudio es parte del proceso de implementación del Observatorio Social y Medioambiental, tiene el propósito de ampliar el espacio de movilización y articulación de redes sociales en ambas regiones, en torno a la defensa de los intereses públicos o colectivos y enfrentar la impunidad con que se violan los derechos económicos, sociales, culturales, los derechos colectivos a un medio ambiente sano, los derechos de los pueblos indígenas y reivindicar con toda la fuerza el derecho al desarrollo como un derecho humano [5]. En lo que ha este estudio respecta es crucial la defensa del acceso al agua y a la electricidad como bienes sociales que deben ser garantizados de manera universal a cada ser humano.. Esta experiencia es una de las bases para la construcción de la Red Birregional EU-AL [6],agrupando organizaciones europeas, de América Latina y El Caribe.
Este trabajo no pretende ser un estudio especializado sobre el mercado de la electricidad ni de la privatización del agua en su conjunto, lo que se busca es ejemplificar el comportamiento de las inversiones europeas, es decir, en la medida que el componente comercial juega un rol de primera importancia en las relaciones entre las partes, el Observatorio Social busca dar seguimiento a las actividades comerciales y de inversión de las principales empresas de países firmantes del acuerdo, a fin de asegurar que su acción respete los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como los derechos de los pueblos indígenas; en este sentido el objetivo del Observatorio estará articulado a los esfuerzos de dar una dimensión positiva a la Cláusula Democrática integrada en el Acuerdo [7].
¿Por qué estos dos sectores? Desde la RMALC y CIFCA consideramos que uno de los grandes propósitos de la globalización comercial es la reducción del gasto social y de privatizar los servicios básicos como agua, electricidad, salud entre otros que en su momento han sido responsabilidad de los gobiernos nacionales bajo el argumento de que los Estados ya no tienen la capacidad financiera por lo que es necesario la inversión privada. En México y Europa se ha venido dando esa tendencia a la comercialización de los servicios públicos y se ha tenido un impacto en términos del disfrute de los DESC por parte de la población de ambas partes, en particular, de las personas que viven en situación de pobreza.
Tanto el sector agua como el energético han ido sufriendo un proceso de reestructuración con miras a la privatización primero parcial pero encaminada a la apertura total bajo el argumento de que ya no hay recursos para que el Estado por sí sólo mantenga a estos dos sectores y por ello dicen, es necesaria la inversión privada.
Al respecto, la propia Unión Europea ha sido la más agresiva para presionar en el marco de la Organización Mundial de Comercio a los países en desarrollo incluido a México para abrir al mercado sectores estratégicos como agua y electricidad, y en el marco del Acuerdo Global la propia Comisión Europea envió a su contraparte mexicana, el requerimiento de liberalización de 12 ramos entre ellos energía, servicios en telecomunicaciones, correos, servicios ambientales (sobre todo sistemas de distribución de agua potable y plantas de tratamiento) entre otros [8].
Hoy el agua y la electricidad son vistos como servicios sujetos a las reglas del comercio internacional y ya no como derechos sociales sino como inversiones que deben ser rentables. En ese sentido, nuestra preocupación central es que desde una perspectiva de desarrollo integral y derechos humanos, la privatización de servicios va realmente en detrimento de las obligaciones del Estado como garante de derechos y podría acarrear una lógica de mercado en donde, por ejemplo, las personas y las colectividades no son vistas como sujetos de derechos sino como «clientes», compradores de servicios entendidos como mercancías, esquema de por sí excluyente y generador de otros problemas.
El Estudio muestra en la parte de agua dos casos: el ejemplo de la resistencia en Grenoble, Francia y el de Agua de Saltillo en México.
En lo que se refiere a Electricidad se hace referencia a los impactos de la operación de Electricidad de Francia (EDF) y Gas de Francia (GDF). En el caso mexicano, el movimiento de resistencia frente al proyecto de la energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Entregamos este Estudio como un esfuerzo de RMALC y CIFCA, que con el importante apoyo de la Fundación Heinrich Böll vienen enlazando sus análisis, sus experiencias, sus luchas y sus esperanzas, por lograr construir modelos alternativos sustentados en los derechos humanos integrales y que generen nuevas relaciones equitativas y democráticas.
Norma Castañeda forma parte de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) Lydia Van der Fleirt forma parte de la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA)