LALGARH, India, dic (IPS) – Esta pequeña localidad india, ubicada a solo 150 kilómetros de Kolkata, dominó los títulos de los medios de comunicación en diciembre de 2008, cuando la etnia adivasi, liderada por rebeldes maoístas, la tomó brevemente. Para junio de 2009, las fuerzas de seguridad ya la habían recuperado Lalgarh, aunque el bosque […]
LALGARH, India, dic (IPS) – Esta pequeña localidad india, ubicada a solo 150 kilómetros de Kolkata, dominó los títulos de los medios de comunicación en diciembre de 2008, cuando la etnia adivasi, liderada por rebeldes maoístas, la tomó brevemente.
Para junio de 2009, las fuerzas de seguridad ya la habían recuperado Lalgarh, aunque el bosque de Jangalmahal aún continúa bajo la influencia del Partido Comunista de India (maoísta), prohibido desde junio de ese año bajo el rótulo de organización terrorista.
Los maoístas dicen defender los derechos de los adivasis en el centro y este de India, zonas ricas en minerales, de los intereses de las empresas mineras. La mayoría de los 100.000 indígenas del país se concentran en esta oriental región, que incluye a los estados de Orissa, Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Madhya Pradesh y Bengala Occidental.
La pobreza extrema y las privaciones entre los adivasis, que los impulsaron a unirse a cuadros maoístas armados, son visibles en Lalgarh, igual que la apatía oficial hacia su situación.
«Nunca oí sobre el programa Bajo la Línea de Pobreza (BPL, por sus siglas en inglés) para los pobres del que usted habla», dijo a IPS Rajan Gharai, un escuálido adivasi que vive con su esposa en las calles de Lalgarh.
En una aldea en las afueras de esta localidad, un joven indígena, Sohan, dijo a IPS que en los meses del verano, cuando prevalecen las condiciones de sequía, al gobierno no le importa ni siquiera facilitarles el acceso al agua, y mucho menos implementar el programa BPL.
Según activistas por los derechos humanos, el problema maoísta tiene sus raíces en el modelo no inclusivo de desarrollo que dejó a los adivasis y a otros pueblos marginados a la intemperie. A pocos les sorprende que recurran a la violencia.
«Debido a la codicia corporativa, los indígenas son desplazados en toda India. Dependen de recursos de la propiedad común y ahora su propia supervivencia está amenazada, (por lo que) están en pie de resistencia», dijo el activista por los derechos humanos Binayak Sen.
«Esta resistencia tiene lugar bajo un arcoíris, pero se le pone una etiqueta política particular», agregó, eligiendo evitar la palabra «maoísta».
Sen, un renombrado médico que pasó varios años en la cárcel acusado de actuar como correo de los maoístas presos, aseguró que grandes partes de India padecen una hambruna perpetua.
«La Organización Mundial de la Salud dice que cualquier persona cuyo índice de masa corporal sea inferior a 18,5 padece desnutrición crónica», dijo Sen a IPS.
«Datos oficiales admiten que entre 36 y 37 por ciento de nuestra población tiene un índice de masa corporal de menos de 18,5. Entre los sectores marginados, este puede abarcar a incluso 60 por ciento», señaló Sen, quien fue preso pese a ser vicepresidente de la Unión Popular para las Libertades Civiles.
Sen condenó la respuesta gubernamental al problema, haciendo intervenir a la policía armada para sofocar la rebelión adivasi liderada por maoístas.
«Como trabajadores por los derechos humanos, condenamos todas las clases de violencia, ya sea del Estado o de quienes lo desafían», planteó.
El 24 de noviembre, tras el colapso de las conversaciones entre los maoístas y el gobierno, los paramilitares y la policía mataron a tiros al líder rebelde Koteswar Rao, también conocido como Kishen Ji, en circunstancias que fueron condenadas por los activistas por los derechos humanos.
Los rebeldes respondieron a ese asesinato con más violencia, lo que obligó a cerrar comercios y otros establecimientos.
A comienzos de este mes, por lo menos ocho policías y dos civiles fueron muertos en el estado de Jharkhand, en incidentes protagonizados por los rebeldes. Escuelas e infraestructura ferroviaria fueron objeto de atentados en otros estados del oriente del país.
Un portavoz maoísta que se identificó como Akash emitió un comunicado señalando que las continuas operaciones de seguridad del gobierno estadual eran el motivo para suspender el cese del fuego en Bengala Occidental, que duró del 1 de octubre al 3 de noviembre.
«El gobierno no apreció el cese del fuego. Lo debería haber mantenido, porque así se habría reducido la violencia», dijo a IPS Sujato Bhadra, uno de los dos interlocutores designados por el gobierno del estado de Bengala Occidental para dialogar con los maoístas.
«Hay una extrema falta de confianza entre ambas partes. En vez de aprovechar la oportunidad que presenta el cese del fuego, hay una retórica política del lado del gobierno», dijo Bhadra.
«Solamente la paciencia dará sus frutos, y tal vez los maoístas de India puedan seguir el camino de Nepal y participar en el proceso electoral», agregó.
La rebelión maoísta en India se alimenta de la rápida urbanización y de la codicia corporativa patrocinada por los políticos, en lo que los activistas describen como un defectuoso modelo de desarrollo que ignora los derechos de los indígenas y otras comunidades marginadas.
Un ejemplo fue el permiso concedido al gigante minero británico Vedanta Resources PLC para extraer bauxita en las colinas de Niyamgiri -mayoritariamente indígenas- del estado de Orissa, vecino a Bengala Occidental.
Sin embargo, en este caso y con el apoyo del exministro de Ambiente Jairam Ramesh, los activistas aborígenes y las organizaciones ambientalistas lograron detener el proyecto y salvar las tierras originarias de las tribus Dongaria Kondh y Kutia Kondh.
Ya en 2006, el primer ministro Manmohan Singh describió a los maoístas como la mayor amenaza interna del país. Sin embargo, desde entonces reconoció en varias ocasiones el respaldo económico de la rebelión y llamó a un rápido desarrollo como la mejor herramienta para contenerla.
Fuente original: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=99882