La situación social y económica derivada de la crisis de la Covid-19 hace más imprescindible que nunca la Agenda 2030. Una Agenda y unos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que son la brújula que ha de guiar las actuaciones de las administraciones públicas, de las empresas, de los trabajadores y de las entidades ciudadanas para avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria, solidaria y medioambientalmente sostenible.
La Agenda es la estrategia actual que rige los programas de desarrollo mundiales. Un plan de acción para el desarrollo sostenible a través de 17 Objetivos a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Una Agenda de compromisos para los próximos 15 años –adoptada el 2015 por la Asamblea General de la ONU– en la que los Estados miembros reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin conseguirla no puede haber desarrollo sostenible. En este sentido, los Estados se han comprometido a actuar en las esferas económica, social y ambiental; y a movilizar los medios y recursos necesarios para llevar a cabo los ODS. Palabras grandilocuentes y buenos propósitos que habrá que concretar para conseguir la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y una educación de calidad, conseguir la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y la energía, promover el crecimiento económico sostenido y adoptar medidas urgentes contra el cambio climático. Puntos imprescindibles de la Agenda en la lucha contra las desigualdades, la insostenibilidad ambiental y la pobreza, desde el respeto a los Derechos Humanos.
Una nueva hoja de ruta en la organización política internacional actual que se basa en una lógica de poder policéntrica, multinivel y multiespacial, para conseguir el crecimiento inclusivo y sustentable durante los próximos años, mediante la cogestión y cooperación entre actores públicos y privados, y la participación de la sociedad civil global. En este sentido, los ODS son un ejemplo de Gobernanza Global en la que, una vez más, aparece la esfera privada como parte imprescindible para el desarrollo a través de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). No obstante, esta RSC no puede servir como Greenwashing –lavado de imagen verde– ni para devaluar la reglamentación de los estándares laborales, ambientales y sociales. Una situación compleja a la que se le suma que los compromisos que adoptan los Estados en el marco de la Agenda no son de obligado cumplimiento, sino de carácter voluntario, y no hay una concreción en cuanto a cómo ejercer el control político de su cumplimiento.
La nueva hoja de ruta de los ODS pone en el centro de la agenda global que, para garantizar la vida y los derechos de las personas y del planeta, es necesario un cambio de modelo hacia uno de sostenible. Una cuestión esencial, que no puede quedar en mera retórica sino que debe situarse en la primera línea de la agenda global para la reconstrucción posterior a la pandemia de la Covid-19.
Jesús Gellida, politólogo, investigador social y escritor