La causa que ha abierto el juez Baltasar Garzón sobre las torturas cometidas por la Administración de George W. Bush ya no se limita a los abogados que construyeron el «andamiaje legal» que llevó a Guantánamo. Ahora apunta directamente a algunos de sus jefes políticos. Los más importantes: Donald Rumsfeld, ex secretaria de Defensa; y […]
La causa que ha abierto el juez Baltasar Garzón sobre las torturas cometidas por la Administración de George W. Bush ya no se limita a los abogados que construyeron el «andamiaje legal» que llevó a Guantánamo. Ahora apunta directamente a algunos de sus jefes políticos. Los más importantes: Donald Rumsfeld, ex secretaria de Defensa; y Condoleezza Rice, su consejera de Seguridad Nacional en el primer mandato de Bush y luego secretaria de Estado.
Los promotores de la querella inicial ante la Audiencia Nacional, que formalmente ha sido asumida por el juez Eloy Velasco, ya se han personado ante la nueva causa abierta por Garzón, que ha iniciado su proceso a partir de uno anterior sobre terrorismo islamista aduciendo que los informes desclasificados recientemente por Barack Obama «revelan lo que antes se intuía».
La demanda, ampliada, se dirige también contra Rice y Ashcroft
Estos mismos memorandos desclasificados que esgrime Garzón han servido a los querellantes para ampliar la querella. Inicialmente, presentaron su causa sólo contra seis juristas de Bush, algunos de lso cuales tuvieron sin embargo gran relevancia política, como Alberto Gonsales y Douglas Feith. A este punto se había agarrado el fiscal general español, Cándido Conde-Pumpido, para rechazar con argumentos durísimos la causa, tildándola de «fraudulenta» porque no iba a la supuesta raíz del problema, sino sólo contra los juristas.
Ni Bush ni Cheney
En la nueva situación, este problema ya no existe porque la querella, readaptada y ya ante la mesa de Garzón, incluye a pesos pesados del primer mandato de Bush: se pide la imputación por la planificación de la tortura un delito en el que puede aducirse jurisdicción universal de Rumsfeld y Rice, y también de John Ashcroft, ex fiscal general, entre otros. En cambio, no están en esta primera fase ni Bush ni su vicepresidente, Dick Cheney, aunque si el caso va adelante es muy difícil que no aparezcan sus nombres.
El juez ya dispone de los memorandos de la CIA para los interrogatorios
Pese a que la fiscalía quiso enterrar el caso justo después de los encuentros de José Luis Rodríguez Zapatero con el vicepresidente de EEUU, Joe Biden, primero, y el propio Obama, después, la nueva situación es mucho más explosiva: está en manos de Garzón, la querella se ha ampliado contra cargos directamente políticos y ya se han personado abogados, como acusación popular y en representación de Jamiel Abdul Latif Al Banna, británico que estuvo en Guantánamo y que Garzón investigó en la causa original que le ha servido de semilla para ésta.
Documentos nuevos
Garzón ya tiene también sobre la mesa los nuevos documentos difundidos en las últimas semanas en EEUU. Los querellantes han aportado cuatro: la investigación del Senado sobre el trato a los detenidos, el largo informe 263 páginas en que derivó, los memorandos desclasificados de la CIA sobre los métodos de interrogación, y un informe inicialmente secreto en el que el Comité Internacional de Cruz Roja describía el terrible trato que EEUU daba a los presos de la «guerra contra el terrorismo».
Del propio documento del Senado se extraen los elementos que los abogados utilizan para pedir que se impute a Rumsfeld y Rice: el documento describe el papel directo del ex jefe del Pentágono en la aprobación de nuevas técnicas equivalentes a la tortura como el waterboarding (ahogamiento simulado) y la supervisión de Rice.