La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha condenado al Estado peruano por el secuestro, tortura y ejecución extrajudicial de dos líderes sindicales mineros en 1989, informó ayer el tribunal, con sede en Costa Rica. Por este caso, denominado Cantoral Huamaní y García Santa Cruz contra Perú, la […]
La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha condenado al Estado peruano por el secuestro, tortura y ejecución extrajudicial de dos líderes sindicales mineros en 1989, informó ayer el tribunal, con sede en Costa Rica.
Por este caso, denominado Cantoral Huamaní y García Santa Cruz contra Perú, la corte dictó sentencia el pasado 11 de julio, pero la resolución fue hecha pública ayer en su página de Internet, pues primero debían ser notificadas las partes involucradas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que actuó como parte acusadora en la causa, denunció que el Estado peruano violó los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de asociación de Saúl Cantoral Huamaní y de Consuelo García Santa Cruz. Durante ese periodo el presidente de Perú era Alan García, el mismo que en la actualidad.
La CIDH afirmó que «al ser las víctimas prominentes líderes sindicales y mineros, el presente caso aborda la problemática de las actividades represivas del Estado contra la dirigencia sindical para desmotivar la protesta social en el Perú, y en general sus efectos respecto de la libertad de asociación».
En su sentencia, la corte ordena al Estado «investigar inmediatamente los hechos que generaron las violaciones del caso, e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables».
También ordena al Estado peruano que, en un plazo de seis meses, publique la sentencia en el Diario Oficial y en otro de circulación nacional, y realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional.
Por daños materiales e inmateriales, la Corte cuantificó una suma total de 402.500 dólares que el Estado está obligado a pagar a los familiares de las víctimas en los próximos 12 meses.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma de la OEA cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las resoluciones del alto tribunal son de obligatorio cumplimiento para sus Estados miembros.