Las autoridades birmanas han rechazado en varias ocasiones las pesquisas de la CPI y denuncian que invade su principio de soberanía
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió este martes un examen preliminar por las supuestas deportaciones y desplazamientos forzados de los rohinyás de Birmania (Myanmar) a Bangladesh, anunció el tribunal en un comunicado.
La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, indicó que el examen preliminar se centrará en la supuesta comisión de delitos como «desplazamientos forzados, privación de derechos fundamentales, homicidios, violencia sexual, desapariciones forzadas, destrucciones y saqueos».
El examen preliminar se centrará en delitos como «desplazamientos forzados, privación de derechos fundamentales, homicidios, violencia sexual, desapariciones forzadas, destrucciones y saqueos»
La decisión de la Fiscalía se produce dos semanas después de que una Sala de Cuestiones Preliminares confirmara que la CPI tiene competencia para tratar el caso.
Las dudas legales se debían a que Birmania nunca ha aceptado someterse a la jurisdicción de la CPI, pero los jueces manifestaron que los delitos se habrían terminado de cometer en territorio de Bangladesh, país que sí ha ratificado el Estatuto de Roma, carta fundacional de este tribunal con sede en La Haya.
El examen preliminar abierto no es una investigación plena, sino un paso previo en el que se analizan cuestiones como la complementariedad del caso (comprobar si la justicia nacional ha investigado de forma seria los hechos denunciados), su gravedad o una evaluación completa sobre si los delitos entran en su jurisdicción.
«Todo examen preliminar requiere una evaluación rigurosa de la información disponible, un análisis fáctico y legal exhaustivo y una evaluación irreprochable de los criterios del Estatuto de Roma. Es lo menos que debemos a las víctimas», señaló Bensouda.
Las autoridades birmanas han rechazado en varias ocasiones las pesquisas de la CPI y denuncian que invade su principio de soberanía, pues, al no ser el país signatario del Estatuto de Roma, consideran que no tendrían obligación de acatar su jurisdicción.
Unos 700.000 rohinyás han huido de Birmania a la vecina Bangladesh desde agosto de 2017 a raíz de una campaña militar en respuesta a un supuesto ataque de un grupo insurgente contra puestos policiales y fronterizos.