Un principio ineludible para un correcto análisis social es enfocar las cosas como parte de un proceso histórico, y nunca como coyunturas. Así, la reciente crisis ocurrida en Sudamérica viene de un proceso de años en el cual Colombia, controlado por una élite política ultraderechista, se está hundiendo en una espiral de violencia que ha […]
Un principio ineludible para un correcto análisis social es enfocar las cosas como parte de un proceso histórico, y nunca como coyunturas. Así, la reciente crisis ocurrida en Sudamérica viene de un proceso de años en el cual Colombia, controlado por una élite política ultraderechista, se está hundiendo en una espiral de violencia que ha sido usada de pretexto para militarizar al país, dejarlo bajo control del Tío Sam y con ello convertirlo en un enclave de intervención para las corrientes progresistas que se animan cada vez más a levantar la cabeza. Era pues inevitable que Colombia se convirtiera finalmente en un punto de conflicto con estas naciones.
Los medios, como siempre, dan la visión que corresponde a los intereses del gran dinero.
El antecedente inmediato es la querella entre el gobierno de Venezuela y el de Colombia respecto al asunto de la liberación de rehenes por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El gobierno de Álvaro Uribe -fiel servidor de los intereses de Estados Unidos- apartó a Hugo Chávez de su labor de intermediación usando un pretexto bastante cuestionable -por decir lo menos- por la sencilla razón de que no estaba interesado en conseguir ninguna liberación; ello habría dado a su pueblo la idea de que el camino es la negociación y no la confrontación (que fue la bandera con la que Uribe llegó a la presidencia).
Los sucesos que siguieron al envío de ese correo mostraron que las FARC entendían bien tal estrategia y lograron finalmente dos entregas de rehenes, en ambas ocasiones a través del gobierno venezolano. Era evidente que con ello la guerrilla colombiana había dado un duro golpe propagandístico a la política de «los aplastaremos sin negociar nada» de Uribe. Por ello los medios se encargaron de diluir el significado de este suceso y se dedicaron a poner mayor énfasis en las difíciles condiciones en las que los rehenes decían haber estado viviendo (cosa que desde luego no debe ser zanjada como si nada). Asimismo se encargaron de especular mucho sobre el estado de Ingrid Betancurt , cautiva que ha alcanzado notoriedad porque también Francia insiste en su liberación (tiene ciudadanía colombiana y francesa). Los medios dieron siempre amplia cobertura a la situación de esta persona como parte de la estrategia para presentar a las FARC como terroristas inhumanos.
Evidentemente ni los locutores ni sus expertos invitados reflexionaron jamás sobre el hecho de que los terroristas normalmente no secuestran gente: la masacran intencionalmente. Tampoco se preguntaron seriamente si, dados los resultados hasta ese momento, Uribe debería cambiar su política guerrera y flexionar su postura. Desde luego, el secuestrar gente es algo que no me parece adecuado en un movimiento insurgente que desea un mundo mejor, y las liberaciones son sanas; pero sólo esta parte de la cuestión ha sido presentada en los medios como el único análisis pertinente.
La segunda entrega de rehenes dio como resultado un incremento en las voces que insistían en que eso demostraba que la vía era la negociación. Además el gobierno de Francia aumentó la presión para la liberación de Ingrid Betancourt.
A pesar de la propaganda, las liberaciones fueron un golpe fuerte a la imagen de Uribe fabricada mediáticamente, y era de esperarse que no se quedaría de brazos cruzados.
Y llegó el golpe: el sábado 1º de marzo el ejército Colombiano invadió territorio de Ecuador y atacó un campamento de las FARC. Entre los varios muertos estaba el número 2 de la organización, conocido como Raúl Reyes, quien además tenía ya presencia internacional por ejercer una función de portavoz y representante político. Está ya bien determinado que el ataque tuvo dos vertientes: bombardeo aéreo y tropas de tierra llevadas por helicópteros.
Ahora bien, el actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, no es ningún pusilánime y de inmediato protestó, se negó a aceptar las disculpas del gobierno de Colombia canceló relaciones, expulsó al embajador y desplegó tropas en la zona fronteriza. El gobierno de Venezuela de inmediato condenó el ataque, criticó duramente al gobierno de Colombia y también desplegó tropas en su frontera.
Antes de seguir adelante es necesario resaltar que desde el principio el gobierno de Uribe se dedicó a mentir: primero afirmó que durante el ataque no se violó en momento alguno la soberanía de Ecuador (primera mentira); en su primer mensaje sobre el hecho, Uribe agradeció Correa y dijo que lo mantuvo al tanto de los hechos (segunda mentira). Más tarde se aseguró que las milicias colombianas sí habían entrado a territorio ecuatoriano, pero que lo habían hecho en persecución de los guerrilleros y en todo momento actuaron en defensa propia (tercera mentira), cuando ya es sabido que se trató de una matanza. Testimonios de sobrevivientes confirmaron que fueron atacados mientras dormían, los cadáveres recuperados mostraban el clásico tiro de gracia y las necropsias han permitido encontrar huellas de tortura.
Pero hay otra cosa: el gobierno de Uribe lanzó acusaciones a los gobiernos de Ecuador y Venezuela de tener vínculos con las FARC y adujo que esto se basa en información encontrada en una computadora de Reyes. Los gobiernos aludidos han negado tales acusaciones.
Hasta aquí la línea general de hechos. Vamos a desmenuzarlos, y para ello es necesario, como siempre, irnos al proceso histórico.
El «terrorismo» y el «narcotráfico» de las FARC
Y creo que un punto necesario para arrancar es abordando un punto que es quizá el más importante, porque sobre él se apoya toda la propaganda que sesga nuestro entendimiento de esta crisis. Ese punto, que para muchos es algo así como un dogma de fe, reza así: las FARC están ligadas al narcotráfico y son terroristas. Veamos.
Quien conoce un poco la historia reciente de América Latina, los movimientos de insurgencia y sus dictaduras, reconoce en esto una estrategia bastante usual. Recordemos que sobre todo a partir de la Guerra Fría el Tío Sam ha desarrollado una forma de propaganda que justifique ante los ojos de sus ciudadanos su intervención en países que buscan la democracia y la autodeterminación. Esta estrategia es crear un enemigo con el cual asustar a la gente. Durante la Guerra Fría ese fantasma era la «amenaza comunista»; con ella se justificaron por ejemplo la devastación del Sudeste Asiático o el haber organizado y apoyado dictaduras por todo el Tercer Mundo.
Cuando la Unión Soviética despareció y se creó el mito de la «caída del comunismo», fue necesario inventar nuevos enemigos. Entonces se recurrió al narcotráfico y con esta excusa se creó por ejemplo el Plan Colombia, que convirtió a ese país en el país más represor de todo el hemisferio (palabras de Noam Chomsky, no mías). Estudios al respecto han resaltado que el enorme negocio de la droga apunta hacia las oligarquías ligadas a los sucesivos gobiernos derechistas y no hacia la guerrilla. Es ya evidente que las drogas son desde hace muchos años el pretexto con el cual Estados Unidos ha intervenido en Colombia apoyado a los sucesivos gobiernos autoritarios para combatir a la guerrilla (una buena referencia es «El Plan Colombia», artículo de Chomsky que se obtiene sin problema en varios sitios de internet).
A pesar de la enorme cantidad de dinero que ha invertido el gobierno estadounidense, la guerrilla no sólo no ha caído, sino que sigue fuerte, contrario a lo que los medios tratan de hacer creer para apoyar las afirmaciones de Uribe de que su política bélica (con la cual logró la presidencia) está dando frutos. Incluso es válido suponer que de no ser por el enorme apoyo de Washington, la guerrilla habría ya extendido mucho su dominio territorial e incluso quizá, hacerse con el poder.
Ahora debemos agregar otras cuestiones relacionadas. Dentro de la estrategia de inventar enemigos para asustar a la población, después del narcotráfico se creó uno más: el terrorismo. Los atentados de 2001 en New York (cuyo trasfondo es cada vez más oscuro) fueron definitivos para imponer este nuevo fantasma mundial. Muchos gobiernos (evidentemente incluidos los sucesivos de México hasta la actualidad) se alinearon de inmediato a este esquema discursivo. Estados Unidos tiene su lista de grupos a los que califica de terroristas, entre los cuales evidentemente están las FARC y otros movimientos de insurgencia como el Hezbollah libanés y hasta el EZLN de acá.
No está de más decir que se trata de una clasificación hipócrita, de doble moral, selectiva y con fines únicamente propagandísticos. ¿Por qué? Terrorismo no significa sólo usar la violencia, sino ciertas formas específicas de usarla. Este concepto se refiere a grupos que realizan acciones de violencia extrema PRINCIPALMENTE CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL con el fin de inculcar un temor que tenga efectos disuasivos. Las FARC o el EZLN no atacan a la población civil. Las primeras indudablemente se han visto involucradas en acciones donde han muerto civiles, durante enfrentamientos con los paramilitares o el ejército.
En tales casos el gobierno colombiano ha armado propagandas para culpar exclusivamente a las FARC de los hechos y con ello «demostrar» que son terroristas, pero los detalles de estos sucesos pueden saberse por otras fuentes. Investigaciones serias han encontrado que la mayoría de las muertes civiles han sido por los paramilitares, que siempre gozaron de impunidad.
Cierto es que organizaciones humanitarias han criticado a las FARC por no tener el debido cuidado en estas operaciones para salvaguardar la vida de civiles, y la organización -hasta donde sé- ha ofrecido disculpas, que desde luego no remedian nada y no les eximen de responsabilidad. Sin embargo es claro que no toda la responsabilidad les corresponde, aunque así lo manejan los medios porque se trata de fabricarles una imagen de terroristas a los ojos de millones de nosotros que no nos preocupamos por investigar más cuidadosamente y nos conformamos con los alquilones de la radio y tele…tanto de aquí como de CNN, BBC o demás, que son lo mismo.
Por otro lado, el gobierno USA jamás incluye en su lista de terroristas a organizaciones con cuya creación y funcionamiento está directamente vinculado, como los «contras» que diezmaron a la población rural en Nicaragua (aspecto reconocido hasta por la Corte Penal Internacional, que condenó a USA por ello); ni a los escuadrones de la muerte salvadoreños, que se dieron vuelo masacrando campesinos, curas progresistas y periodistas; ni a los » kaibiles » guatemaltecos, que hicieron lo propio durante las cuatro décadas de terrorismo de Estado que vivió ese país; ni a la Alianza del Norte afgana, que apoyó a Bush en su invasión de 2001 y que además de haber perpetrado horribles masacres es (ella sí) una enorme organización narcotraficante, que le devolvió a Afganistán el primer lugar en el tráfico de estupefacientes luego de que USA «liberó» la nación.
Esto, entre otros ejemplos disponibles y ampliamente documentados.
Y desde luego, la propaganda tampoco aborda el concepto «terrorismo de Estado» que se refiere a las acciones terroristas que ya no vienen de grupos oscuros, sino de los mismos aparatos de gobierno. Israel contra los palestinos o cualquier dictadura amiga de Washington dan ejemplos a manos llenas de esta doble moral. Incluso México tiene su historial y cada gobierno ha cumplido al final con ese requisito. El tal Fox, por ejemplo, se aventó sus dos salvajes represiones en Atenco y Oaxaca, con muertos y personas sometidas a bestiales procesos judiciales propios de las más sórdidas dictaduras. Todo ello para intimidar a la población y quitarle las ganas de rebelarse; o sea, aterrorizarla. Para eso funciona el terrorismo de Estado.
Volviendo a Colombia, como otros gobiernos represores, basó primero su terrorismo de Estado en los paramilitares. Su existencia se deriva de una vertiente normal en las tácticas de contrainsurgencia, que es la creación de grupos que realicen el trabajo sucio para que el ejército no se vea involucrado descaradamente. Mientras los ejércitos se encargan de las luchas visibles -contra las insurgencias-, los paramilitares atacan generalmente en otro punto sensible: las bases de apoyo; o sea, la población que simpatiza con la guerrilla y constituye en los hechos una fuerza social para ellos aunque no se involucra directamente en la batalla. Manuales de guerra tan viejos como el de Tsun Zu aclaran que es necesario debilitar al enemigo por diferentes flancos, pero ahora estamos hablando de asesinar gente que no combate. Eso es lo que hacen los paramilitares.
Eso eran los escuadrones salvadoreños, los » kaiblies «, los «contras» entre muchos otros…
¿Y en México? ¡Claro que tenemos! En los setentas existió la Brigada Blanca (que era de tipo más bien urbano) y para poner ejemplos recientes -por aquellos que quieren desvirtuar las cosas aduciendo que eso era antes- están los varios grupos paramilitares creados por el gobierno federal en Chiapas: «Los Chinchulines», «Los Degolladores», «Paz y Justicia» (encargado de la masacre de Acteal en 1997), «Máscara Roja», «MIRA», etc. Alrededor de once grupos han sido documentados en el estado. Fueron creados durante el gobierno de Zedillo y protegidos también por el de Fox. Hace varios años la revista Proceso publicó unos documentos secretos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se referían al «Plan Chiapas», en donde se hablaba de la contraofensiva contra la guerrilla y sus bases de apoyo. Resaltaba la necesidad de disponer en el estado de fuerzas civiles de autodefensa y agregaba: «en caso de no existir fuerzas civiles de autodefensa, es necesario crearlas».
Eso, además de muchas otras cosas que fueron averiguándose -incluidas las confesiones de uno que otro paramilitar desertor- han configurado un cuadro que pinta a un sistema político mexicano represor, que ha aplicado las mismas tácticas de terrorismo de Estado de otros gobiernos.
Ahora bien, los paramilitares colombianos formaban las Autodefensas Unidas de Colombia ( AUC ), con la pantalla de ser una organización civil que por iniciativa propia combatía a las FARC. Pero también se documentó durante años de sus ataques contra la población civil. Si bien finalmente -no siempre- y ante la presión de la opinión pública, los gobiernos estadounidense y colombiano también les calificaron de terroristas, en los hechos se les dejó trabajar casi sin ser molestados.
Y aquí entra en escena el oscuro Álvaro Uribe Vélez, a quien desde antes de asumir la presidencia diversas investigaciones (incluso del congreso estadounidense y diarios como el francés Le Monde, fuentes que podemos acusar de todo, menos de comunistas) lo señalaban como alguien ligado a los paramilitares y al narcotráfico. Más aún, durarte su presidencia se dio amnistía a las AUC con la triquiñuela de darles la categoría de fuerza combatiente -ya no de terroristas- y pasaron a la vida política sin juicios ni investigaciones de por medio. Incluso desde antes de ello diversos líderes paramilitares habían admitido que tenían muchos aliados en el congreso, así que imagínense de qué estamos hablando.
A pesar de que las FARC nunca han gozado de todo ese buen trato, la propaganda les pinta como una organización temible, terrorista y vinculada al narcotráfico. En estos casos el gobierno ha ofrecido como pruebas investigaciones que él mismo hace. Los montajes de tipo «informativo» que gobiernos represores presentan para justificar sus acciones son algo bastante común. Sólo hay que ver la historia. Las investigaciones de gente seria no han encontrado los resultados que tan efectivamente logran tales gobiernos.
Y algo muy importante: el gobierno del ilegítimo que actualmente cobra y se presenta ante el mundo como el presidente de México ha estrechado los lazos tendidos por su predecesor con este gobierno colombiano ultraderechista. Hace unas pocas semanas el Secretario de Seguridad de nuestro país anunció que colaboraría con el gobierno de Colombia en su lucha contra las FARC, a las también calificó de narcotraficantes. Con ello avaló la tesis nunca demostrada del gobierno colombiano (que sustituye la comprobación por la insistencia reiterada) y al igual que lo hizo el tal Fox, violó la Doctrina Estrada, que ordena al gobierno de México no inmiscuirse en asuntos de otros países y abogar por la paz como vía de solución. Por el contrario, el gobierno federal (con minúsculas, como su titular) apoyó el discurso de guerra de Uribe y mostró una vez más que está siguiendo dócilmente los principios de la doctrina estadounidense.
No se olvide que a partir de los atentados de 2001 una de las premisas básicas del discurso de Washington es «si no están con nosotros, están con los terroristas». Ese maniqueísmo típico de la ultraderecha lo reproduce Uribe a la perfección. Recuérdese que acusó al presidente de Venezuela de estar ligado a las FARC por el hecho de no avalar su política bélica y por no avalar la etiqueta de terroristas para aquéllas. Y los medios trabajan sobre este mismo punto. Hace unos días una conocida comunicadora de CNN entrevistó a Rafael Correa, quien fue bastante claro y no dudó en asegurar en más de una ocasión que Uribe había dicho muchas mentiras. Entonces, cuando la conversación versaba sobre ello, repentinamente la comunicadora trató de poner en aprietos al presidente ecuatoriano al pedirle que se definiera respecto a si consideraba a las FARC terroristas o no. Tal pregunta parecía tener la intención de dar a entender que Correa había estado evadiendo la cuestión, pero éste le respondió con firmeza que su postura ya había quedado clara desde hacía tiempo, y que él NO le daba a la guerrilla colombiana tal calificativo, pero que desde luego abogaba por la paz como vía de solución.
Esto es importante porque es una muestra de cómo funciona la propaganda: primero, a base de repetición constante y pruebas dudosas, se establece una «verdad» que debe quedar troquelada en la mente de las personas. Luego sobre esos cimientos se construye todo lo demás. Si oímos que Chávez está ligado a las FARC «terroristas y narcotraficantes», la reacción sale sola. Con su pregunta a Correa la comunicadora usó una estrategia bastante usual, que consiste en tratar de poner al otro a la defensiva: si dice que no son terroristas se expone a ser acusado como su aliado, porque la «verdad» ya está implantada; si por el contrario, para evitar tal acusación responde que sí son terroristas, pues le hace el juego a sus adversarios y además SE PROVOCA UN DISTANCIAMIENTO. En México, por ejemplo, el Subcomandate Marcos cayó una vez en esa trampa: un diputadillo priísta lanzó al aire la acusación de que quizá la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR) -que estaba siendo tachado de «terrorista» por el sistema- podría tener vínculos con el EZLN. Marcos negó todo vínculo, cuando la respuesta debió ser algo así como «No tenemos contacto directo, pero avalamos sus ideales». Para tomar un ejemplo reciente, la presencia de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el campamento de las FARC atacado hizo que más de uno cayera en la trampa y de inmediato se desligara de las FARC. Es una estrategia muy usual.
Por eso fue relevante la firmeza con la que Rafael Correa sacó el pie de la trampa que la comunicadora de CNN le tendió.
La maniobra clásica de la desubicación
Ahora bien, las acusaciones del gobierno colombiano contra los de Venezuela y Ecuador, así como el asunto de los estudiantes de la UNAM se inscribe en una táctica que es de las más importantes y URGE que aprendamos a identificarla: la desubicación.
Para decirlo con las palabras del maestro Tomás Mojarro (gran estudioso y práctico de las estrategias de manipulación y de la forma de contrarrestarlas), se trata de que alguien que está en el banquillo de los acusados se levante y ponga a otro en su lugar. El mejor ejemplo que tengo a la mano para ilustrar el asunto es lo que hizo el gobierno de Zedillo cuando expulsó a los observadores internacionales que -amparados por tratados firmados por México- estaban en Chiapas para dar a conocer al mundo las espantosas violaciones de derechos humanos por parte de ejército, paramilitares y policía. La forma que el gobierno encontró para quitarse del banquillo fue arrancar una campaña según la cual había extranjeros detrás de los indígenas del EZLN, usando como inicio un montaje armado por la periodista Dolores de la Vega, que presentó videos de extranjeros en Chiapas cuando aterrizó en helicóptero («olvidó» decir que la nave había aterrizado en una conocida zona de concentración de periodistas nacionales e internacionales, como reveló la revista Proceso). Cuando al presentar su «reportaje» en televisión la señora de la Vega dijo «¿Serán éstos los rostros que se ocultan tras los pasamontañas?» quedó muy claro por dónde iba la estrategia. Con esta campaña el gobierno federal protegió lo que más le interesaba; aquello que es necesario cuidar por encima de todo: SU IMPUNIDAD. Expulsó a quienes estaban amenazando tal impunidad y además los acusó de ser ello el problema.
Frecuentemente la desubicación consiste precisamente en convertir a la víctima en victimario. Así, el gobierno de Uribe ya ha violado en más de una ocasión los territorios de Venezuela y de Ecuador, y dado que ello lo puso en el banquillo de los acusados, acusó a los agredidos de apoyar a la guerrilla; acusación que, gracias a la «verdad» establecida, se convierte en una acusación de apoyar el terrorismo y el narcotráfico. Se quiso levantar del banquillo para poner ahí a los agredidos.
Y lo mismo se hizo con los estudiantes mexicanos muertos o heridos: dado que el operativo podría ser calificado de asesinato masivo, de inmediato el embajador colombiano inició la maniobra de desubicación, al decir que no podía asegurar que los jóvenes eran guerrilleros, pero que debía investigarse qué estaban haciendo ahí. Este tipo de declaraciones nunca son categóricas y ahí está la trampa: aunque no hizo acusaciones claras -lo que siempre usan como salida- dejó la insinuación en el aire. La propaganda hace lo demás.
Así, las víctimas son convertidas en los responsables de su propia muerte.
El montaje de las «pruebas»
Y ¿qué decir de las «pruebas» que el gobierno colombiano esgrime para sustentar sus acusaciones? Unas computadoras del jefe guerrillero muerto que milagrosamente salen intactas de un bestial bombardeo y que tienen todita la información. Vale citar algunas partes del lúcido editorial del diario mexicano La Jornada en su número del 03 de marzo pasado:
Resulta poco verosímil, además, que los equipos de cómputo de supuesta propiedad de Reyes hubiesen sobrevivido a las explosiones y, en todo caso, no parecería lógico que el líder guerrillero portara la información a la que ha hecho referencia Uribe. Los señalamientos y las supuestas pruebas que vinculan a Correa con la guerrilla tienen toda la apariencia de un montaje del presidente colombiano y constituyen un agravio no sólo para el pueblo ecuatoriano, sino para el conjunto de la opinión pública internacional y hasta para la inteligencia humana.
(…)
La versión de Correa, en cambio, no presenta inconsistencias ni constituye una suma de improbabilidades, y ha sido confirmada por el gobierno de Francia, cuya cancillería afirmó que Raúl Reyes era su contacto con las FARC para negociar la liberación de Betancourt y Bogotá estaba al tanto de lo anterior, lo que pone en evidencia la traición del gobierno de Colombia, al romper el hilo fundamental de una gestión humanitaria que habría contribuido a acabar con el sufrimiento de un nuevo grupo de prisioneros de la guerrilla y de sus familias.
La agresión contra el territorio ecuatoriano confirma, pues, el afán del gobierno de Uribe por impedir toda posibilidad de un canje humanitario con la guerrilla. Su embestida contra los gobiernos de Venezuela y Ecuador denota, por un lado, la hostilidad que provocan en el Palacio de Nariño las posiciones dialogantes y favorables a un arreglo pacífico, como las que han sostenido Quito y Caracas y, por el otro, la mano, no tan invisible, de Washington.
Y es que una perspectiva de paz en Colombia no sólo reforzaría el fracaso de la política militarista de Uribe, sino que haría perder sentido al Plan Colombia, instrumento central del injerencismo estadunidense en Sudamérica, y cuyo objetivo último no es el narcotráfico -con el que Uribe ha estado vinculado, según medios de prensa estadunidenses y colombianos- y tal vez ni siquiera las FARC, sino los gobiernos venezolano, boliviano y ecuatoriano.
Ahora la interpol ha avalado parcialmente la autenticidad de estos archivos. Dice que sí si auténticos, peo que no puede garantizar la veracidad de la información. Es un justo medio bastante usual en propaganda. Para no comprometerse y prevenir desmentidos vergonzosos, no se hacen acusaciones directas, pero se hacen afirmaciones a medias, para que la propaganda y los analistas de los medios se encarguen de hacer que eso sea suficiente para que la gente los tome como una verdad segura o al menos se quede con la duda. Nuevamente está aquí el fantasma de Goebbels , el gran propagandista de Hitler: decir todo lo que sea, incluso mentir…que al final algo queda.
Además de ello, ya se difunden es estos días análisis serios que muestran otros detalles del informe que no son divulgados y que muestran que sus conclusiones están siendo exageradas y distorsionadas. Por ejemplo, el propio informe reconoce que las autoridades colombianas manipularon los ordenadores y las memorias, que «el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley» y que el ejército colombiano hizo uso y modificó los archivos contenidos en los ordenadores, memorias USB y discos duros, antes de su entrega a la policía colombiana.
Será necesario seguir de cerca este asunto en los días siguientes.
La diplomacia controlada desde Washington
La crisis fue desactivada provisionalmente en la reunión de la OEA, pero vale decir que nuevamente se demostró que dicho organismo es sólo un medio de Washington para interferir en América Latina. Mientras que el seno de dicha organización evadió una declaratoria contra el gobierno colombiano, fue en la reunión de Río (07 de marzo) donde se sacó adelante una resolución para declarar que Colombia había violado la soberanía de otro país y que ningún pretexto -lo cual incluye a supuesta lucha contra el narco y el terrorismo- permite semejante violación. Sin embargo, hay que notar que esta declaración tampoco incluyó una condena explícita, y eso evidentemente se explica por presiones de USA a varios gobiernos. El mismo presidente de Ecuador dijo que varios gobernantes se lo habían confesado.
Quien haya leído completo el discurso que Rafael Correa pronunció en la Cumbre de Río el 7 de marzo vería algo que jamás habría visto en el tal Fox o en el indigno actual. Véase esto por ejemplo:
Cuando nuestros soldados llegaron al sitio del combate, encontraron una verdadera masacre, con cadáveres por doquier y heridos abandonados. Todo lo que había dicho hasta ese momento Álvaro Uribe y el gobierno colombiano era una gran mentira, y era claro que se trataba de una acción planificada, no una persecución en caliente, y que se había violado la soberanía ecuatoriana.
De hecho, si se había detectado un campamento de las FARC en nuestro suelo, las autoridades colombianas debieron informar al Ecuador con anticipación, de acuerdo a los procedimientos claramente establecidos en los acuerdos bilaterales de la Comisión Binacional de Fronteras Ecuatoriano Colombiana, COMBIFRON ; la Declaración Conjunta del 12 de enero de 2006, suscrita por los Ministros de Defensa de ambos países, y la específica Cartilla de Seguridad.
Debido a ello presentamos nuestra primera y enérgica nota de protesta al Gobierno colombiano, el cual a través de su Cancillería, ratifica la versión dada por el Ministerio de Defensa de ese país, es decir, que se preparó una acción en el lado colombiano, se recibieron disparos del lado ecuatoriano y se respondió. La Cancillería colombiana además afirmó que: «fue indispensable que las tropas colombianas INGRESARAN a territorio ecuatoriano para registrar el sitio desde donde recibieron disparos (…) el citado Raúl Reyes dirigía desde hace muchos años operaciones criminales en el sur de nuestro país, y CLANDESTINAMENTE, desde territorio ecuatoriano, SIN EL CONSENTIMIENTO de ese gobierno». Añade la nota que «los terroristas, entre ellos Raúl Reyes, han tenido la costumbre de asesinar en Colombia e INVADIR el territorio de países vecinos para refugiarse (…)».
Es decir, que cuando aún creían que nos podían engañar, el propio Gobierno colombiano aseveraba, como siempre lo había hecho, que el Ecuador no da su consentimiento a las operaciones de las FARC en su territorio. Pero ahora, y tras develarse sus mentiras, articula calumnias e infamias que van desde tildar al Gobierno ecuatoriano de dar albergue a los que llaman terroristas, hasta calificarnos de cómplices e informantes. Es el mayor cinismo en la historia reciente de América Latina.
Aunque Uribe tuvo que disculparse y prometer que no lo volvería a hacer, vale resaltar que Rafael Correa ha sido muy claro en decir que ahí no acaba todo, que se tomaría su tiempo para reestablecer los contactos y que sería muy difícil volver a confiar en Uribe. Eso es ser congruente.
Aún hay muchas cosas que podrían decirse, porque son muchos los factores que intervienen. Es un tema complicado y por ello solamente siendo presa de la propaganda se le puede reducir a blanco y negro. Colombia -como lo han señalado desde hace años varios expertos honestos- ha sido convertido por Washington en un cónclave belicoso, bien armado, y que actualmente está demostrando que lo que tales expertos advirtieron: que es una especie de Israel pequeño que USA empleará como punta de lanza para intervenir en la región.
Y no es coincidencia, sino geopolítica elemental. El experto Alfredo Jalife-Rahme resaltó hace poco algunos puntos relevantes al respecto:
La «guerra contra el narcotráfico» en Colombia le ha generado pletóricos dividendos geopolíticos a EU desde hace varias décadas, entre los que sobresale su invaluable posicionamiento militar en el único país bioceánico de Sudamérica: Colombia, que colinda con Venezuela (las mayores reservas petroleras del mundo), Brasil (la principal potencia geoeconómica de la región), Perú (potencia minera), Ecuador (potencia petrolera y donde Washington instaló una importante base militar) y Panamá (relevante por su canal). Con la coartada del narcotráfico, EU se posicionó militarmente en las entrañas de Sudamérica.
A nuestro juicio, lo que menos conviene a Estados Unidos es la solución del contencioso colombiano, con una duración de casi cuatro décadas de guerrilla, porque se quedaría sin coartada para vigilar militarmente los dos océanos de Sudamérica y su estratégico canal: el narcotráfico le suple la suprema justificación para permanecer indefinidamente.
(La Jornada, domingo 09 de marzo de 2008)
Estos principios no son ninguna idea iluminada, sino algo que cualquiera con un poco de conocimientos de geopolítica puede deducir. ¿Acaso creen que por ejemplo Hugo Chávez no lo sabe? Su acción de enviar tropas a la frontera fue de inmediato aprovechada para acusarlo de intervenir en un conflicto supuestamente bilateral. Nada de eso. Así como el Grupo de Río contradijo esa tesis y reconoció al conflicto como un problema regional, así también Chávez, como militar, entendió que la acción tuvo también una intención de advertencia, en el sentido de que Uribe pasaría por encima de otras soberanías si era necesario. Ante ese clarísimo mensaje, la respuesta silenciosa de Chávez a Uribe fue: «no nos vamos a dejar; atrévete».
Las tácticas de guerra, desde siempre, han contemplado estrategias para tratar de intimidar, así como las respuestas que se dan a ello. Si no las estudiamos aunque sea un poquito seguiremos aplicando una lógica simple y seremos presa de la manipulación ideológica.
Si alguien me acusa de apoyar a la guerrilla, respondo que si bien no avalo la violencia, entiendo que a veces esta es inevitable, y que quienes la repudian sistemáticamente de entrada podrían recordar que muchos de los derechos de que gozan se lograron con la lucha de otros que en su momento fueron llamados «bandidos» (los «terroristas» de antaño).
Colombia tiene probablemente la más violenta historia de América Latina y conocerla ayuda a entender muchas cosas. Las FARC son resultado de la bestial persecución que durante décadas han sufrido las corrientes de izquierda en ese país. En la única ocasión en que estas fuerzas de izquierda aceptaron entrar a la arena política formando una coalición para competir electoralmente, sufrieron el asesinato de alrededor de tres mil miembros, incluidos candidatos presidenciales. Ante esta clara muestra de que las viejas oligarquías no estaban dispuestas a ceder en nada, se volvió a la lucha armada. Desde luego, nada de esto es divulgado ni mucho menos analizado en los medios.
Apoyo a las FARC (aunque no todas sus tácticas) en la medida en que siempre será válida la lucha ante las injusticias. No es cosa del pasado. Si resulta que siempre ha estado ahí, ¿de dónde sacamos la idea de que estos tiempos son diferentes al resto de la historia? ¿Acaso vamos a asumir aquella absurda tesis del «fin de la historia» y pensar que ya llegamos al pináculo como civilización?
Desde luego, si podemos desarrollar estrategias para hacer cambios de verdad sin derramar sangre, perfecto; pero para eso hay que armar un poder popular y eso inicia con la culturización política. Podemos empezar por aprender a identificar a quienes son realmente nuestros aliados potenciales -a pesar de la diferencia de tácticas- y que nos quieren presentar como el enemigo de todos.
El indigno papel del gobierno mexicano
El gobierno colombiano ha seguido con su campaña de culpar a la víctima, tanto en el sentido de insistir en que el gobierno de Ecuador ha solapado a la guerrilla colombiana como en la increíble bajeza -secundada por medios impresos electrónicos mexicanos aún más bajos- de seguir calificando de terroristas y narcotraficantes a los jóvenes estudiantes mexicanos que fueron asesinados en el operativo militar del principios de marzo.
Pero quizá lo que más ha quedado en evidencia ha sido en innoble papel del ilegítimo que cobra como presidente de México, el cual nuevamente -como lo hizo a acusar de narcotraficantes a las FARC- se ha puesto del lado de los asesinos de sus compatriotas, por la sencilla razón de que son afines en su mentalidad fascista y en su sumisión a Washington. Durante muchos días los familiares de los jóvenes fallecidos le han demandado que hiciera una clara condena a los hechos y siempre ha respondido con silencio o evasivas.
Primero mandó un comunicado a los familiares diciéndoles sólo que lamentaba lo sucedido, pero además de que fue algo privado, era más bien una disculpa propia, sin mencionar ningún reclamo al gobierno de Uribe. Luego salió con la novedad de que iba a pedir una indemnización, cosa que NUNCA solicitaron los familiares y que sólo sirvió para que el gobierno colombiano diera otra bofetada al declarar que no habría nada de eso porque se habría tratado de un legítimo acto de guerra, argumentación tan cínica y detestable que hasta el gobierno de Ecuador la criticó duramente…mientras nuestro gobierno volvió a sumirse en un repugnante silencio.
Otra de las salidas a las que he recurrido el «gobierno» mexicano durante las últimas semanas es esperar a que se haga una investigación a fondo de lo sucedido. Se trata de una clara maniobra dilatoria. ¿Qué se va a investigar si el gobierno colombiano ya admitió cínicamente todas sus acciones, y el gobierno de Ecuador ha declarado ya que los muchachos habían asistido a un congreso y llevaban unos pocos días en el país, lo cual echa por tierra la acusación de que los jóvenes estaban involucrados con la guerrilla? A pesar de esas cosas el gobierno federal (con minúsculas de nuevo) sigue escudándose en su espera de que se investigue para poder asumir una postura.
Además, el gobierno mexicano no sólo dio al espalda a sus gobernados afectados, sino que incluso los ha agredido. De entrada, ha avalado solapadamente la acusación de terrorismo y narcotráfico del gobierno de Uribe, porque el pasado 14 de marzo, en su boletín 059, la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su «preocupación del gobierno federal que ciudadanos mexicanos estén relacionados con una organización como las FARC, conocida por su ilegalidad y naturaleza violenta (…) y autora de actividades de narcotráfico». También se dijo declaró entonces que estaban a la espera de que el gobierno de Colombia «proporcione a nuestro país cualquier información derivada de las investigaciones que se llevan a cabo» y, conforme a convenios bilaterales existentes, «investigue los presuntos vínculos de nacionales mexicanos que se encontraban en el campamento de las FARC». Además, el Procurador General de la República, (el cuestionadísimo Eduardo Medina Mora, que tan bien hizo su papel de represor durante el gobierno anterior) ordenó una investigación, pero a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada ( La Jornada , 19 de marzo y 07 de abril). El hecho de que la realice tal organismo no deja lugar a dudas de la intención.
Por esa razón es que la única sobreviviente mexicana, la estudiante de la UNAM Lucía Morett , dudó muchos días el regresar a México, temerosa de ser arrestada. Imagínense en su lugar: después de todo lo que vivió, a donde más teme regresar es a su casa. Desde luego, el gobierno mexicano ha declarado que Lucía tiene garantizados sus derechos constitucionales, pero eso no significa nada. Lo mismo puede decirse de cualquier persona que es arrestada y encarcelada (los presos conservan ciertos derechos). El gobierno NUNCA ha prometido que no la arrestará.
Así, el interrogatorio que se le practicó los días 8 y 9 de abril en el hospital en Quito, en opinión de su abogado Juan de Dios Parra -secretario general de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos ( Aldhu )- «contiene un enfoque especulativo que deja abierta la puerta para que la estudiante sea incriminada al llegar a México». Aquí algo muy importante: desde días antes se sospechaba que los soldados colombianos habían robado los pasajes de los muchachos fallecidos y que su gobierno había pasado la información al de México; y a decir de los deudos, esa sospecha se confirmó durante el interrogatorio: «Una de las preguntas que le hicieron a mi hija -declaró el padre de Lucía- fue sobre el motivo de sus viajes a Cuba y Holanda. En efecto, ella había ido a esos dos países el año pasado y los sellos de estos viajes estaban en su pasaporte. ¿Por qué, si el gobierno mexicano tiene esa información, no nos ha devuelto sus documentos?»
A decir de Parra, la autoridad mexicana en ningún momento asumió, durante la diligencia, «una acción protectora de los derechos de su connacional como víctima de un suceso ilegal de guerra de un ejército extranjero. Por el contrario, sufrió una conducta hostil, prejuiciada y especulativa». Que el interrogatorio no trató de indagar los hechos ocurridos en la frontera ecuatoriana y en cambio, «se orientó a investigar sobre un probable delito cometido por la interrogada», que el «procedimiento irregular de la PGR tiene la intención de disminuir el valor de un testimonial» de Lucía Morett en el juicio internacional que la Aldhu prepara contra Colombia por «actos de guerra ilegales» y terrorismo. Concluyó: «Vamos a protestar. Si la PGR tiene elementos de juicio para iniciar un proceso en su contra, que lo inicie. Y si no, que no especule. Vamos a forzarlos a que abran sus cartas para que Lucía pueda ejercer su derecho a la defensa». Y por ello «se inhibió de recomendar» que la sobreviviente emprenda el viaje de regreso a México, «porque aún no se sabe qué quiere y qué pretende» la PGR (para todo lo anterior ver La Jornada, 12 de abril).
Actualmente Lucía está en Nicaragua, con la categoría de refugio humanitario, ya que no se le puede conceder asilo político dado que no es perseguida por la justicia de México…aún. Una carera estudiantil y profesional en el limbo gracias al grupo cavernario que gobierna México.
El 11 de abril se divulgó una carta de la cancillería mexicana a los deudos de los muchachos, en la cual volvía sobre la cantaleta de esperar los resultados de las investigaciones y resaltando que el gobierno mexicano ha «reprobado» lo sucedido. Éste es uno de esos casos en los que, como dijo alguna vez Jesús Reyes Heroles , «la forma es fondo». Si no se usa la palabra CONDENA, como se hace en estos casos, entonces no se está diciendo nada. No hay realmente una intención de sacar la cara por los caídos…algo que sí lo hicieron otros.
Por ejemplo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa. En la conferencia de prensa que ofreció durante su estancia en México a mediados de abril, no faltó alguien -de los que se alinean con las versiones del poder- que le preguntara sobre los «vínculos» de los universitarios con la guerrilla. Serio, Correa le respondió: «Mire, no tenemos esa información y no nos interesa. Fueron masacrados, y eso no se justifica con nada».
También se le preguntó sobre la afirmación del gobierno colombiano de que les había advertido en 16 ocasiones sobre la presencia de las FARC. Respondió que eso era «una payasada» y recordó que la cancillería colombiana le había hecho llegar «una carta groserísima» en noviembre, en la cual aseguraba que Raúl Reyes estaba en territorio ecuatoriano, pero cuando le pidieron las coordenadas no recibieron respuesta. «Eso me lleva a pensar que ya estaban preparando la incursión», concluyó.
Pero si eso les asquea, prepárense para algo peor. En la misma nota de La Jornada, del 13 de abril, donde se reseñó la conferencia de prensa de Correa, se denunció que la oficina de comunicación de la presidencia de Ecuador canceló una entrevista que aquél tenía programada con ese diario, y explicó que la cancelación fue «A PETICIÓN DEL GOBIERNO DE MÉXICO». Y para que no quedara duda, en la conferencia de prensa que hemos citado, el encargado de Comunicación Social del gobierno mexicano, Arturo Tello, que era quien moderaba, nunca cedió la palabra al representante de La Jornada.
Esto es el actual «gobierno» de México.
No está de más citar otra burla a la inteligencia por parte del gobierno de Uribe, cuando el 13 de abril el gobierno de Correa dio 48 horas para que diera pruebas de su acusación en el sentido de que había ordenado a sus fuerzas no perseguir a las FARC en su territorio. La respuesta de Colombia fue que la presencia del fallecido guerrillero Raúl Reyes en territorio ecuatoriano era la prueba pedida. Eso es tan tonto que bastará con citar la contrarréplica de Correa: «Con ese argumento entonces podríamos decir que Uribe ha ordenado no perseguir a las FARC porque también es manifiesta la presencia de (Manuel) Marulanda , (Jorge Briceño , alias) Mono Jojoy (líderes de la guerrilla marxista) en Colombia». A su vez, la nueva respuesta de Colombia fue: que Correa, «por problemas políticos internos, quiere confundir a su pueblo inculcando nacionalismo contra Colombia» mientras que ha sido «permisivo» con las FARC. (La Jornada, 15 de abril).
Como vemos, el gobierno de Colombia no pudo sostener su «prueba» y se fue por la descalificación. Así sucede cuando no se tienen más argumentos. Vale una vez más citar a Tomás Mojarro, cuando no se puede sostener una postura se recurre a la descalificación por ignorancia o mala fe, pero en ambos casos es muestra de debilidad e impotencia.
El montaje sigue su curso. La Procuraduría General de la República (PGR) de México informó haber recibido de las autoridades colombianas información que presuntamente evidencia a Lucía Morett «parte estructural» en México de las FARC, según funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Según la información entregada por Colombia (que por supuesto es confidencial y quieren que creamos que existe) ya se supone que la chica y el fallecido Juan González del Castillo «eran parte estructural de las FARC en México, toda vez que no sólo realizaban labores de proselitismo y apoyo a esa organización, sino también formaban parte de los enlaces entre ese grupo sudamericano y agrupaciones armadas mexicanas» (La Jornada, miércoles 16 de abril de 2008)
Si alguien se pregunta por qué tanta acusación contra Lucía, creo que la respuesta es sencilla: porque sobrevivió, y ha denunciado la atrocidad de lo sucedido. Por ejemplo, véase esta declaración suya del 15 de abril, en el sentido de que el ejército colombiano «acomodó el escenario para que pareciera combate el bombardeo al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador». Dijo que vio cómo los soldados «movían cosas de un sitio a otro» para preparar todo. «Tuvieron 12 horas para mover las cosas a su antojo. Entonces, no se puede confiar en imágenes posteriores. Yo no vi ninguna arma hasta que llegó el ejército colombiano disparando».
Por cosas como ésta tratan de desprestigiarla con saña y si es necesario, silenciarla con la amenaza de un proceso judicial. En ningún momento el «gobierno» mexicano ha actuado de modo que defendiera la integridad de la chica; se la limitado a seguir el juego sucio de Uribe.
Para no ir más lejos, apenas el 16 de abril, mientras estaba de visita en México, Uribe dijo claramente que los cuatro estudiantes asesinados eran terroristas, delincuentes y narcotraficantes. Señaló, como otra de sus «pruebas», que «estaban en un campamento terrorista. Por ejemplo, el video que entregaron las autoridades ecuatorianas muestra que tenían gran familiaridad con la FARC, algo propio de la complicidad, un delito que se llama concierto agravado para delinquir, para tipificar delitos de terrorismo». Este sujeto se ha acostumbrado a decir cualquier tontería, ya que ningún entrevistador se va atreverá a cuestionarlo ¿Qué esperaba este fanático de la sangre ajena? ¿Que los estudiantes estuvieran peleando con sus anfitriones? Se supone que los muchachos estaban ahí para hacer un trabajo de investigación y habían acordado unas entrevistas. ¿Eso se puede hacer de otra forma que no sea en un ambiente cordial? ¿Que birria de prueba es ésa? Cuando se carece de argumentos, esas cosas tenemos que oír.
Pero lo más indigno es el nuevo silencio del dizque presidente de México, que dejó que este sujeto viniera a nuestro país a insultar a sus víctimas. Más bien fue la Rectoría de la UNAM la que contestó y criticó duramente a Uribe por tales palabras (y hay que decir que el actual rector de la UNAM, José Narro, no es alguien admirable, pues fue uno de los artífices de la represión estudiantil de 2000). E vicepresidente ecuatoriano, en clara alusión a los insultos de Uribe, reiteró que se tenía la información necesaria para afirmar que lo muchachos mexicanos tenían poco tiempo en Ecuador y que estaban haciendo una investigación (La Jornada, 17 de abril).
Como ven, fueron otros los que sacaron la cara por los masacrados.
Y atención con lo que sigue: el Partido Acción Nacional, que logró al presidencia en 2000 y la usurpó en 2006, forma parte de un frente internacional de las fuerzas de derecha. Y así como ha estado trabajando muy de cerca con las fuerzas oscuras de España, Colombia, Miami y otros lados, también tiene trabajando a sus cavernarias bases sociales en México, las cuales tienen a veces que hacer algunos trabajos sucios que el gobierno no puede realizar por temor al desprestigio. En tal estrategia elemental se inscribe un suceso muy grave. Resultó que el gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez (el cual donó millones de pesos del erario público a la Iglesia Católica local como contribución para construir un santuario que rendirá homenaje a muertos de la guerra cristera de los años veintes), se entrevistó con Uribe durante su estancia en México y el mismo presidente Colombiano dijo luego que en la reunión estuvieron «unas personas de una ONG en México y que luchan contra la inseguridad y contra el secuestro. Esas personas han expresado toda la solidaridad al gobierno colombiano y denunciaron penalmente a los jóvenes mexicanos que estaban en Ecuador, por su participación con el grupo terrorista de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)» (La Jornada, 19 de abril). En pocas palabras, se trata de una organización que está colaborando en el linchamiento y silenciamiento de Lucía Morett , por no hablar de su desprecio a la vida de sus connacionales.
¿Y cuál organización es? Aquí viene algo hermoso. Un diario de Colombia reveló quienes estuvieron en la reunión con Uribe y el gobernador de Jalisco eran José Antonio Ortega, presidente de la asociación Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, y Guillermo Velasco Arzac , de Seguridad, Paz y Justicia.
Arzac tiene estrechos vínculos con el PAN y Vicente Fox. Su hijo, Guillermo Velasco Barrera, fue director de relaciones públicas de la cuestionadísima fundación Vamos México, que presidía la esposa del entonces presidente Fox. En lo sesentas Arzac participó formó parte del MURO, aquel violento grupo de ultraderecha que operaba en la UNAM. Fue redactor de la revista Puño… nombre muy elocuente, puesto que la ultraderecha suele recurrir a nombres que denotan fuerza . En años recientes fundó la asociación México Unido contra la Delincuencia (que casualmente sólo hacía escándalo por lo que sucedía en el Distrito Federal, gobernado por el PRD, y nunca por entidades como Sinaloa o Chihuahua, con mayores índices de delincuencia), auspiciada por empresarios de tendencias uribistas de militarizar al país.
Tanto Ortega como Arzac participaron activamente en la campaña electoral del que ahora cobra como presidente.
Y aquí viene lo mejor: Estos dos sujetos son los responsables del mensaje que circuló por la tele hace poco, comparando a López Obrador con Hitler y demás dictadores por haber llamado a la toma de la tribuna en el Congreso.
Así pues, todo encaja. Nada es coincidencia. Es la gente que está ejerciendo cada vez más control sobre la política de este país. Gente que no vacila en lanzarse contra quien sea para proteger sus intereses.
No está de más reiterar que las acusaciones de que las FARC son narcotraficantes habían sido básicamente el discurso de sólo dos gobiernos: Colombia y Estados Unidos, hasta que el PAN empezó a gobernar nuestro país y sin ninguna investigación y en una clara violación de nuestros principios de política exterior (no involucrarse) aceptó sin más la acusación y sobre eso armó un discurso innoblemente colaboracionista, cuando que algo bien documentado desde hace años -incluso por investigaciones del gobierno de USA- es que el presidente colombiano es quien desde hace mucho tiempo tiene nexos con el narcotráfico y los paramilitares que -ellos sí- se la pasaron asesinando campesinos colombianos.
Así las cosas, resta por seguir los acontecimientos. De los días recientes y analizarlos lo mejor posible. Sin embargo, cabe un último apunte.
La nacionalización de Cemex en Venezuela: magnífico parámetro
A veces sucede -parafraseando a Noam Chomsky- que la historia es tan amable como para montarnos algunos experimentos de tipo comparativo, que nos dan excelentes parámetros para entender las cosas. A principios de abril el gobierno venezolano anunció la nacionalización de la industria cementera, lo cual afecta a la empresa mexicana Cemex, de enorme presencia en aquel país. Entonces sí, el gobierno de México, que durante semanas ha dado la espalda a unos universitarios asesinados por el gobierno de Colombia, tardó un día o menos en poner el grito en el cielo.
Lógico: los afectados no eran personas comunes ni estudiantes de una universidad pública, sino millonarios a los cuales sirve la oscura élite política que gobierna este país. El gobierno basó su crítica en el eterno dogma neoliberal de la «seguridad y certeza a los inversionistas», diciendo que en México sí se cuidan esos valores. Si uno se ilustra un poco en el tema se dará cuenta de que esas declaraciones del «presidente» son una vergüenza. Ese discurso, que parece correcto porque nos lo troquelan a diario para que lo aceptemos acríticamente, es en realidad pura ideología de capitalistas rapaces. Llaman «seguridad y certeza» a las condiciones donde ellos hagan lo que se les dé la gana, sin control alguno.
Ésa es la base del neoliberalismo: que el Estado deje de ser un regulador del capital y un protector de la sociedad ante el poder económico; que se haga a un lado y deje a aquél actuar según sus intereses. Nunca se divulgó el argumento principal del gobierno de Chávez para nacionalizar: las grandes empresas cementeras (incluida Cemex) incurrieron en una «cartelización» al propiciar un encarecimiento de los productos que fabrican. Además, como exportaban la mayoría de su producción -siguiendo sólo sus intereses por la ganancia – provocaban desabasto en el mercado interno, contribuían a la crisis de vivienda que padece Venezuela y estaban obstaculizando el enorme plan de vivienda del gobierno. Es resumen, estaban actuando como capitalistas, produciendo para ganar dinero y no para apoyar a la sociedad en donde generan su riqueza.
Nadie que de corazón se interese por sus semejantes y por un mundo justo podría criticar a un gobierno que actúe en pro de los intereses de la gran mayoría de sus gobernados, aunque para ello tenga que poner en orden a unos cuantos millonarios (que es exactamente lo contrario de lo que hacen gobernantes indignos como los que México tiene desde hace tiempo). Y sin embargo, los medios nos han adoctrinado durante años y nos sesgan la información de tal manera que acabamos creyendo que gobiernos como aquél son enemigos del mundo entero y que cuando se defiende a los ricos nos están defendiendo a todos. El caso de las cementeras en Venezuela es una de tantas pruebas de que eso de que los grandes empresarios son los que generan el desarrollo y que por ello se les debe dar plena libertad y facilitarles todo, es UN MITO. Pero para entenderlo hay que salir de la ignorancia. Y eso no se consigue nutriéndose -mejor dicho, desnutriéndose- con los alquilones de la tele y la radio comerciales.
Y atención: el gobierno venezolano simplemente está recuperando para la sociedad sectores económicos clave que los gobiernos anteriores entregaron a los voraces capitales. O sea, está deshaciendo exactamente lo que acá en México aún se está haciendo: acá siguen la electricidad y los hidrocarburos, mientras que Venezuela recién recuperó su control sobre ellos, que estaban en manos extranjeras gracias a medidas muy similares a las que ahora tratan de imponer acá. Bolivia, por su parte, también recuperó el control sobre sus recursos gaseros que tenían el mismo problema.
Mientras otros países ya se están sacudiendo la lacra del neoliberalismo, aquí su embestida sigue avanzando y muchos de nosotros seguimos creyendo en su discurso embustero. Mucha razón tenía Alfonso Reyes: los mexicanos vamos en el cabús de la historia…hasta atrás: No «al día y a la vanguardia», como nos quieren hacer creer.
Además debe quedar claro que una nacionalización no significa que le quitan a los dueños la empresa y ya, sino que se les indemniza en forma justa. El embajador de Venezuela en México recordó que su gobierno estatizó hace poco dos grandes compañías de capital estadounidense relacionadas con la electricidad y la telefonía; que se negoció con los propietarios la indemnización y que al final el gobierno de Bush no emitió ninguna protesta. Recordó también que su país tiene un historial impecable en materia de deuda. Ni siquiera cuando se presentó la crisis de 2003 derivada de golpe de Estado y el sabotaje petrolero se dejó de pagar el débito externo y tampoco hubo ningún retraso. Concluyó reiterando que su país está ejerciendo su soberanía, tomando las decisiones que debe tomar, pero que «no estamos agrediendo a nadie» (La Jornada, 5 de abril).
Exactamente los principios que tanto detestan los neoliberales como los que gobiernan México
Gracias a la historia por el experimento que nos regaló. Como se dice en el Apocalipsis: «quien tiene oídos, que oiga»
Contra la calumnia
Es ya evidente que la derecha internacional está organizándose para enfrentar el nuevo desafío de las sociedades en su conjunto. La similitud de discurso y enfoques entre los derechistas de México y los de España, Colombia, Europa y otros países no es ninguna coincidencia. Cavernarios personajes de México han apoyado al asesino gobierno colombiano y declarado a guerra a una estudiante universitaria; las derechas de Ecuador y Venezuela de inmediato y en curiosa concordancia han aprovechado el «aval» de la Interpol a las acusaciones de Uribe para preparar procesos penales contra sus presidentes. Todo ello sin detallar ahora los años de trabajo para sabotear y degradar mediáticamente a los gobiernos surgidos de una aspiración social por cambios verdaderos.
Como siempre, la estrategia es acusar a otros de lo que realmente nosotros estamos haciendo, así que estos derechistas denuncian los lazos de la izquierda internacional para hablar de «conjuras comunistas» que pretenden desestabilizar países pacíficos. Les acusan de lo que ellos realmente son: narcotraficantes y terroristas.
Elemental. Sun Tzu aconsejaba fortalecerse y hacer alianzas, pero impedir además que el adversario actúe en tan sentido. Pero la izquierda debe fortalecerse, trabajar para divulgar todos estos engaños y seguir avanzando en una integración internacional.
Esforzarse contra la calumnia es una de las más elevadas tareas del ser humano. Sin duda.