Traducido para Rebelión por Germán Leyens
ATOYAC de ÁLVAREZ, México – Mientras México discute las acusaciones contra el ex presidente Luis Echeverría por los asesinatos de manifestantes hace 33 años, abogados de derechos humanos y otros dicen que la policía continúa una guerra sucia en el estado de Guerrero y que el gobierno hace poco o ningún esfuerzo por detenerla.
Fiscales federales en Guerrero niegan que exista un patrón en los abusos policiales y culpan a oficiales corruptos y poco éticos. Dicen que están reclutando a individuos más honestos para repletar las filas de la policía.
No obstante, funcionarios de derechos humanos citan una serie de casos para sustentar su afirmación de que los abusos no son sistemáticamente investigados. Amnistía Internacional considera que existe una componente política en estos casos.
«Amnistía Internacional está seriamente preocupada por el continuo acoso de los dirigentes de organizaciones campesinas», señaló la agencia en su informe anual de 2003, citando eventos en Guerrero.
Entre los casos citados por los abogados:
Por lo menos 20 comandantes de la policía judicial, jefes y oficiales continúan en libertad, aunque han sido acusados de homicidio, violación, secuestro y tortura según la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero
Por lo menos 11 personas han desaparecido, algunas después de ser arrestadas, en los últimos dos años, dice la comisión. De 1991 a 2001, la comisión dijo que solicitó que funcionarios estatales y federales investiguen 630 casos de presunto abuso policial, pero que sólo 70 de esos casos han sido resueltos.
Por lo menos 60 personas se encuentran en prisión, dicen los grupos por los derechos, por motivos políticos. Entre los encarcelados hay campesinos, opositores al gobierno y presuntos rebeldes.
Los abogados de derechos humanos también señalan que altos funcionarios acusados de haber estado implicados en las desapariciones continúan en puestos estatales, incluyendo al subprocurador de Justicia del estado, Antonio Nogueda Carvajal.
Nogueda fue comandante de policía en el vecino estado Morelos donde fue acusado en 1988 por la desaparición de José Ramón García, un conocido dirigente de izquierda que desapareció cuando circulaban acusaciones de que la elección que llevó al poder a Carlos Salinas de Gortari fue amañada.
Nogueda ha reivindicado repetidas veces su inocencia y dice que la acusación fue retirada. Funcionarios estatales de Morelos, contactados por Knight Ridder, dijeron que no podían encontrar antecedentes del caso.
Pero Daniel Estrella, el fiscal especial que trató el caso, dijo que la denuncia contra Nogueda continúa en vigor y que los otros tres inculpados con Nogueda están cumpliendo una condena por el caso. En junio, partidos de oposición de Guerrero, legisladores estatales y organizaciones de derechos humanos solicitaron a los gobiernos federal y estatal que reabran la investigación.
Estrella dice que la falta de investigación se debe a que Nogueda es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que tuvo en su poder la presidencia de México durante 71 años antes de la elección en 2000 del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, y que continúa en el poder en el estado de Guerrero.
«Han sido 12 años», dijo Estrella. «En México, los antiguos actores en la política se protegen mutuamente. Nogueda es un antiguo miembro del PRI. Hay muchos Noguedas.»
Nogueda declaró ante reporteros en junio que había sido exonerado. «Fui objeto de esa investigación pero no tuve nada que ver con la desaparición de García», dijo.
Guerrero ha sido desde hace tiempo un centro de violencia política en México. Es el estado natal del legendario dirigente guerrillero Luciano Cabanas, cuyo Ejército Guerrillero de los Pobres aterrorizó a los partidarios del gobierno en los años 70 y que fue muerto en un tiroteo con el ejército mexicano cerca de esta ciudad en 1974. Mucha gente sigue venerándolo.
De los 535 casos de desaparecidos de los años 60 y 70 enumerados por la Comisión de Derechos Humanos de México, dos tercios tuvieron lugar en Guerrero, muchos en las montañas cerca de aquí, según Ignacio Carrillo, nombrado por Fox como «Fiscal Especial para la Atención de Hechos probablemente Constitutivos de Delitos Federales cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado», encargado de investigar la así llamada guerra sucia de hace tres decenios.
La investigación de Carrillo ha causado una tormenta en México, más recientemente cuando solicitó a un juez que ordenara el arresto de Echeverría bajo acusaciones de genocidio originadas en las muertes el 10 de junio de 1971, de docenas de manifestantes que fueron ametrallados en el centro de Ciudad de México por un grupo militar conocido como Los Halcones. Los manifestantes conmemoraban otra famosa confrontación política, el fusilamiento en la plaza Tlatelolco en Ciudad de México, en la que murieron docenas. Activistas de derechos humanos también culpan por Tlatelolco a Echeverría, que era ministro del interior en esa época.
El juez federal César Flores Rodríguez se negó a confirmar las órdenes de aprehensión en contra del ex presidente Luis Echeverría y algunos de sus colaboradores, diciendo que el estatuto de prescripción mexicano de 30 años, había expirado en este caso. Carrillo está apelando contra la decisión.
Sin embargo, los activistas dicen que no precisa volver atrás 30 años para encontrar casos de desapariciones que encausar.
Gente atemorizada en Atoyac de Álvarez, donde Carrillo estableció una oficina para considerar las antiguas acusaciones, reclama contra la brutalidad policial, contra funcionarios militares y gubernamentales que aterrorizan este estado de la Costa Pacífica, mejor conocido por el centro turístico de Acapulco.
«Todavía hay secuestros y tortura y nunca castigan a nadie», dijo Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas
de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem). «Lo denunciamos, presentamos denuncias legales, pero las autoridades locales sólo transfieren a los perpetradores a otras localidades».
Amnistía Internacional confirma: «Guerrero ha vivido más desapariciones forzadas a manos de autoridades estatales que cualquier otro estado en México en los últimos 30 años», dijo el grupo en su informe de 2003. Apeló al estado a «criminalizar ‘las desapariciones forzadas’… y a que ponga la legislación del estado en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos».
Incluso el informe de derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU. de febrero reservó una atención especial a Guerrero. «Funcionarios estatales de mantenimiento del orden fueron acusados de cometer asesinatos ilegales… asesinatos para-policiales… informes de desapariciones. La policía a veces tortura a la gente para obtener información… lo que resulta en muertes… y los tribunales continúan admitiendo evidencia extraída mediante torturas», dijo.
La oficina del gobernador de Guerrero, René Juárez, se negó esta semana a dar un comentario detallado sobre el tema, diciendo que está preparando una declaración – la misma respuesta que ha dado durante seis meses en respuesta a las preguntas de Knight Ridder.
Irónicamente, la oficina del gobernador envía a los periodistas a la oficina del subprocurador de Justicia del estado, Antonio Nogueda Carvajal para que comente.
Activistas locales dicen que la actual violencia está relacionada con la violencia de los años 60 y 70 – los que son acusados de perpetrar crímenes políticos en aquel entonces fueron a menudo los mentores de los que son acusados en la actualidad.
«La gente de la guerra sucia sigue presente», dijo Teresa Radilla, de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México.
Citan el caso de Víctor Castro, que fue jefe de la unidad anti-secuestros de Guerrero, que ahora es buscado en por lo menos nueve casos de secuestro, robo, tortura y arresto ilegal. Testigos dicen que hasta hace poco se le podía ver a menudo conduciendo por Acapulco en un Jeep rojo.
Ulises Granados, de 30 años, estudiante de derecho y conductor de autobús, dijo que fue secuestrado por Castro el 23 de agosto de 1997, mientras iba conduciendo por su ruta.
«Nunca le olvidaré. Castro es alto, oscuro, con una cicatriz en la mejilla», dijo Granados. «Me puso una bolsa de plástico sobre la cabeza, me ató los brazos y los pies y sumergió mi cabeza en agua.»
Granados dijo que fue torturado durante tres días. Primero lo acusaron de atropellar a un muchacho y de ser secuestrador. Granados dice que sobrevivió gracias a la rápida intervención de su mujer.
El arresto de Granados fue «ilegal y arbitrario», dijo la comisión de derechos del estado, solicitando la destitución de Castro. Castro fue destituido, pero no se hizo ningún esfuerzo por detenerlo.
Castro creó una conmoción el 4 de enero en el funeral de su mentor, Isidro Galeana, el antiguo comandante de la policía judicial de Guerreo. Carrillo había acusado a Galeana el año pasado en conexión con la desaparición en 1974 de un presunto dirigente de la guerrilla, Jacob Najera de Chilpancingo.
Galeana fue la primera persona para la que se expidió una orden de arresto por acusaciones presentadas por Carrillo, pero la orden del 25 de noviembre nunca fue ejecutada. Galeana murió de causas naturales el 2 de enero.
Castro estaba entre los dolientes que se presentaron en el entierro de Galeana en el cementerio Jardines del Tiempo en Acapulco, según noticias de prensa y testigos.
Dicen que gritó: «¡Viva mi comandante!»
Docenas de oficiales de la policía que también estaban presentes no hicieron ningún esfuerzo por arrestarlo, a pesar de la orden en su contra. Los funcionarios de mantenimiento del orden creen que ya ha abandonado el estado.
Defensores de los derechos humanos señalan con ironía que Nogueda, que fue jefe de Castro, también está implicado en casos que tienen que ver con las investigaciones del fiscal especial.
Nogueda, por ejemplo, trata el caso que tiene que ver con el asesinato de Horacio Zacarías Barrientos, un testigo clave en el enjuiciamiento de Galeana.
El día después de la expedición de la orden de arresto de Galeana, Barrientos, de 55 años, fue encontrado acribillado a balazos, con los brazos arrancados, cerca de su rancho cafetalero cerca de Atoyac.
El 7 de enero Nogueda acusó a cinco campesinos, cuatro de ellos emparentados con Barrientos por su asesinato. Nogueda acusó al tío de Barrientos, Isaías Martínez, de 81 años, de haber tramado su asesinato porque Barrientos había entregado al hijo de Martínez a la policía en los años 70 – afirmación que fue negada por Martínez en entrevistas en la prisión.
«Quería a Zacarías y él estaba fuera del ejército mucho antes de 1978 cuando mi hijo desapareció», dijo Martínez, que es prácticamente sordo.
30 de julio de 2004
<>La corresponsal de Knight Ridder, Janet Schwartz, contribuyó a esta información.
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