Ecuador vuelve a enfangarse en la crisis política en la que está sumido desde el derrocamiento de Lucio Gutiérrez de la presidencia, el 20 de abril de este año. Quien rige de presidente desde entonces, Alfredo Palacio, ha lanzado un órdago político intentando convocar una Asamblea Constituyente para dar paso a la pretendida «refundación del […]
Ecuador vuelve a enfangarse en la crisis política en la que está sumido desde el derrocamiento de Lucio Gutiérrez de la presidencia, el 20 de abril de este año. Quien rige de presidente desde entonces, Alfredo Palacio, ha lanzado un órdago político intentando convocar una Asamblea Constituyente para dar paso a la pretendida «refundación del país». Con ello se ha enfrentado al Congreso, dominado por quienes le han amparado en estos seis meses en la presidencia, e incluso al Tribunal Supremo Electoral, donde también ha sido rechazada la propuesta por considerarla no ajustada a los criterios constitucionales. Y, de forma sorprendente, un sector de los denominados «forajidos» ha hecho suya la apuesta apoyando a quien hasta este momento se ha caracterizado por mantener los privilegios de la oligarquía poniendo en marcha medidas económicas y sociales de claro corte neoliberal y profundamente conservador. La propuesta de Asamblea Constituyente tenía sentido en abril, y la sigue teniendo ahora, pero añadida a otros aspectos claves para esa pretendida refundación del país: el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. y el mantenimiento de la base de Manta como elemento estratégico del Plan Colombia.
Alfredo Palacio, vicepresidente con Lucio Gutiérrez, llegó a la presidencia como resultado de la crisis endémica en que vive Ecuador desde hace años, de la magnitud que alcanzó la lucha popular, de la profundización de las contradicciones interburguesas. Era un gobierno que nacía comprometido con el norteamericano (de ahí las renuncias, tempranas, de ministros como Rafael Correa, opositor a las políticas del FMI, o Mauricio Gándara, crítico con la base de Manta) y con las clases dominantes tradicionales, representadas de manera particular con el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática puesto que la mayoría de sus ministros y altos cargos representaban, y aún lo hacen, a estas organizaciones políticas. La ID ha tenido a su subdirector, algo así como el vicesecretario general, en el gobierno en dos carteras, primero en Comercio Exterior y luego en Interior, ostenta también el Ministerio de Asuntos Exteriores y casi un centenar de militantes están en cargos de alto nivel en el gobierno de Palacio. El PSC cuenta con la gerencia del Banco Nacional de Fomento, por ejemplo.
Palacio prometió que cuestiones de gran calado, las que supondrían «refundar el país», como el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., el mantenimiento de la base de Manta, la participación en el Plan Colombia e, incluso, la convocatoria de una Asamblea Constituyente serían sometidas a consulta popular. En sus seis meses de gobierno ha decidido mantener la base de Manta (desde la que EE.UU. actúa en Colombia y sirve de trampolín para el envío de mercenarios a Iraq, por ejemplo), ha efectuado operaciones policiales contra militantes de las FARC y ha reiterado hasta la saciedad que está dispuesto a firmar el TLC, a «culminar con éxito» la negociación que se mantiene desde hace año y medio, estando aún en la presidencia Lucio Gutiérrez. El pasado 23 de octubre, Palacio mantuvo un encuentro con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en el que Ecuador accedió a la mayor parte de las propuestas colombianas y no sólo con el TLC, que negociarán ambos países conjuntamente con EE.UU., sino con el combate contra las FARC y las fumigaciones en las zonas fronterizas.
El actual ministro de Comercio, Jorge Minllingwoth, un representante de la elite económica bananera, es un firme partidario del TLC y no quiere ni oír hablar de una posible pregunta a la población sobre el mismo. Es el clásico exponente del despotismo ilustrado en Ecuador, el viejo paradigma de «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Pregunta para la Asamblea Constituyente sí, decisión soberana sobre el TLC, no. Aceptar este juego sin incluir el TLC en la consulta, supondría una Constitución reaccionaria, con amparo legal a los intereses de las multinacionales y la defensa de los intereses de los grandes grupos económicos ecuatorianos frente a las aspiraciones emancipatorias del pueblo ecuatoriano.
Este es el panorama actual con la convocatoria de Asamblea Constituyente, que recoge una vieja aspiración popular y claramente expresada en el mes de abril, presentada ahora como una cortina de humo para ocultar una nueva vuelta de tuerca de la política neoliberal y proimperialista que viene desarrollando el gobierno de Palacio desde hace seis meses. Por si a lo mencionado anteriormente no fuese suficiente, aún se pueden dar tres datos más: primero, la política presupuestaria diseñada por Palacio y su gobierno para el año 2006 implica que una tercera parte, unos 2.900 millones de dólares, estará destinada a pagar la deuda externa; segundo, aún colea el conflicto con las petroleras, especialmente con la Occidental (Oxy), a quien los sectores populares han exigido le sea retirado su contrato de explotación del petróleo y expulsada del país por incumplimiento de sus obligaciones, algo a lo que se niega, también, el ministro de Energía del gobierno Palacio; tercero, se acaba de aprobar la exención de impuestos durante diez años a las empresas nacionales y extranjeras que inviertan en sectores estratégicos, como petróleo, electricidad, alta tecnología, carreteras, puertos, etc.
Por lo tanto, la propuesta de Asamblea Constituyente lanzada en estos momentos por Palacio no es más que una gran cortina de humo con la que ocultar los principales aspectos de su política y atraerse a los tan traídos y llevados «forajidos», para terminar, supuestamente, con la «partitocracia corrupta», por utilizar una expresión muy en boga en estos momentos en Ecuador. Y este sector, de nuevo, entra al trapo haciendo abstracción de los aspectos reseñados más arriba. Apoyar la convocatoria de una Asamblea Constituyente sin tener en cuenta las variables mencionadas anteriormente y sin exigir al mismo tiempo la ratificación popular o el rechazo del Tratado de Libre Comercio supone, ni más ni menos, que colocarse en la senda neoliberal por mucho que se revista la protesta de consignas antipartido o apelaciones al poder de la «sociedad civil». Una sociedad civil que, como en Venezuela, está siendo alentada hábilmente por el imperialismo estadounidense -como en su momento se hizo en Ucrania- para perpetuarse en el poder cambiando algo para que todo siga igual. Organizaciones pretendidamente «no gubernamentales» como Participación Ciudadana y Ruptura 25, que se significaron en abril y lo hacen ahora como las principales impulsoras de la Asamblea Constituyente, reciben financiación de la Administración Bush, al igual que la famosa «Súmate» de Venezuela ante el descrédito de una oligarquía corrupta hasta la náusea y sin posibilidades de lanzar un candidato que pueda poner en peligro el mandato de Chávez.
Si ya en abril los «forajidos», un movimiento carente de dirección y compuesto principalmente por elementos de la clase media empobrecida y representantes de la pequeña burguesía, se contentaron con el recambio oligárquico y no reclamaron en sus asambleas el cambio de política -apenas hubo mención al TLC o la base de Manta, por poner un ejemplo- ahora, en octubre, siguen por la misma senda y colocan, ni más ni menos, que a Palacio al frente de sus manifestaciones haciéndole poco menos que el gran líder que va a salvar a Ecuador a través de la convocatoria de una Asamblea Constituyente en la que no estén representados los partidos. Pero la gran pregunta es ¿va a cambiar las estructuras económicas del país, esas que obligan a casi una cuarta parte de la población a un exilio económico, esas que permiten que el 10% de la población ostente el 45% de la riqueza nacional? Y más, ¿se va a aceptar que la consulta se ciña a los parámetros que le preocupan a Palacio – una sola pregunta que dice «Autoriza usted que se convoque la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que transforme la nación, reestructure el Estado ecuatoriano y expida la Constitución que anhela el pueblo de Ecuador?»- o se van a incluir aspectos como el TLC, el mantenimiento de la base de Manta o la implicación en el Plan Colombia?
De nuevo un movimiento popular se enfrenta al dilema de reforma o revolución, a la toma del poder político o al abandono del mismo siguiendo la consigna zapatista de «cambiar el mundo sin tomar el poder» y olvidando que la toma del poder constituye una realidad insoslayable para llevar adelante las transformaciones necesarias en las estructuras económicas, sociales y culturales. Cuando no hay más que un movimiento espontáneo, cuando no se derrota al poder y se implanta un nuevo orden social la historia viene demostrando que el capitalismo no se siente en peligro cuando se le pretende «derrotar» con reformas parciales.
El capitalismo admite a los rebeldes, pero no a los revolucionarios. Admite a Lula, pero no a las FARC, por poner un ejemplo. En cada país hay que tener presentes los factores internos y externos que hacen posible una u otra vía para luchar por la justicia social. En unos es la lucha electoral, como en Venezuela; en otros es la lucha armada, como en Colombia. En Ecuador se está a las puertas de un cambio crucial y la responsabilidad de los movimientos populares no puede quedarse en meras transformaciones cosméticas, reformistas. O se toma el poder o no se puede cambiar el mundo.