El juez que había ordenado el desalojo del edificio retiró su decisión tras la fuerte movilización popular, que culminó en un acuerdo entre la Alcaldía de São Paulo y el Movimiento de los Sin Techo del Centro. Los 1.630 habitantes de la ocupación Prestes Maia, en São Paulo, consiguieron una victoria parcial ante la justicia […]
El juez que había ordenado el desalojo del edificio retiró su decisión tras la fuerte movilización popular, que culminó en un acuerdo entre la Alcaldía de São Paulo y el Movimiento de los Sin Techo del Centro.
Los 1.630 habitantes de la ocupación Prestes Maia, en São Paulo, consiguieron una victoria parcial ante la justicia brasileña. La Defensoría Pública de São Paulo, que apoya al movimiento de los sin techo amenazados de desalojo, obtuvo la suspensión de éste por 60 días, previsto para el 25 de febrero.
Después de varias amenazas y doce días de acampada frente al Ayuntamiento de la ciudad los coordinadores de la ocupación y dirigentes del Movimiento Sin Techo del Centro (MSTC) consiguieron reunirse con los representantes del Gobierno federal y local, y lograron la promesa de que saldrán de allí con una bolsa aluguel (dinero para alquilar) de 300 reales mensuales (100 euros aproximadamente) por familia durante los siguientes seis meses al desalojo, hasta que todas sean admitidas en programas de vivienda.
Un casa para los movimientos
Esto puede suponer el fin del mayor edificio ocupado de América Latina, una antigua fábrica de 22 plantas, hogar de 468 familias, ocupada desde noviembre de 2002. Podría suponer también el fin de toda su organización colectiva, parte del MSTC, y del movimiento social y de apoyo que se ha generado en torno a ella. La Prestes Maia publica agendas de resistencia en internet y ha llegado a administrar una biblioteca con 15.000 volúmenes. También se constituyó como escuela popular, ofreciendo a la población del centro de São Paulo aulas de alfabetización, talleres de artes plásticas, teatro, blocos de carnaval y muestras de cine.
El edificio llevaba 20 años abandonado antes de ser ocupado. Los propietarios del inmueble, Jorge Hamuche y Eduardo Amorim, un político local y un acaudalado empresario paulista, acumulan una deuda al Ayuntamiento de cinco millones de reales (1,83 millones de euros), casi el equivalente al valor del edificio. Un informe de la ONU defiende la desapropiación del edificio por el Ayuntamiento de modo que sea reformado y consolidado como vivienda popular. El dossier Violaciones de derechos humanos en el centro de São Paulo: propuestas y reivindicaciones para políticas públicas, del Forum Centro Vivo, afirma que el número de inmuebles vacíos (254.000 unidades) es mayor que la estimativa del déficit habitacional de la ciudad (203.400 unidades).
Sobran inmuebles desocupados y subutilizados pero faltan viviendas. Amnistía Internacional también expresó su preocupación por el posible desalojo violento de la ocupación. La resistencia prevista para cuando llegue el momento del desalojo se prevé pasiva. Pero la guerra por la vivienda va a durar mucho. Solamente en la ciudad de São Paulo hay 3,6 millones de personas viven en viviendas precarias; 1,6 millones en lugares clandestinos o irregulares; 1,2 millones en favelas y 600.000 mil en cortiços (casas antiguas ocupadas por varias familias).
Prestes Maia, la ocupación más grande de América Latina, amenazada de desalojo