La pena de muerte sigue vigente en el mundo

Según la principal organización internacional en defensa de los derechos humanos, el indigno ranking sigue hoy encabezado por China, donde las sentencias son un secreto de estado que hacen imposible saber un número de condenas ni siquiera aproximado, seguida de Irán con 246 ejecuciones registradas, Egipto con 107, que escala al tercer puesto, Irak con un mínimo de 45, Arabia con 27 y Estados Unidos (EUA) con 17 ejecuciones. Seguirían Somalia, Yemen, India y Omán, si bien en algunos otros países tampoco habría sido posible obtener datos mínimamente fiables.

Según Amnistía, la cifra total de condenas a muerte durante el pasado año de la que existe información contrastada, es de 1.477, de las cuales se habrían podido confirmar al menos 483 ejecuciones, entre ellas 16 mujeres, un 26% menos sobre el total de 2019, siguiendo una tendencia global a la baja que se registra desde 2015, si bien la situación de pandemia puede haber influido en la demora de los procedimientos judiciales. El número de países en los que Amnistía Internacional tiene constancia de haber llevado a cabo ejecuciones en 2020 es de 18, dos menos que en 2019. En algunos países como Japón, Paquistán o Bielorrusia, y siempre según la organización, el pasado año no habría tenido lugar ninguna ejecución, a diferencia del anterior, mientras que otros estados donde la pena sigue formalmente vigente, como la Federación Rusa, Corea del Sur, Argelia o Túnez, podrían considerarse próximos a una posible abolición, puesto que llevan más de 10 años sin aplicar la pena capital. Amnistía Internacional no tiene información de ninguna ejecución en el continente europeo durante el 2020, pero al menos en Bielorrusia habría actualmente un mínimo de cuatro sentencias firmes, pendientes de conmutación o de cumplimiento.

En numerosos casos, según AI, la aplicación de la pena capital supuso una clara violación del derecho internacional (ya que, incomprensiblemente, la propia pena todavía no lo es). Se trata del carácter público de algunas ejecuciones (Irán), el ajusticiamiento de menores (también Irán), la aplicación a personas con alguna discapacidad mental (Estados Unidos o Paquistán), la no realización de juicios justos según los parámetros del derecho internacional, o bien su aplicación en numerosos delitos que no habrían implicado asesinato ni homicidio, como puede ser el tráfico de drogas, los delitos económicos, la violación, la rebelión, el espionaje, la blasfemia (sic) o el ambiguo concepto de actos contra la seguridad nacional. Entre los crueles métodos que se siguen utilizando predominan los fusilamientos (en China e Irán entre otros), el ahorcamientos (en los países árabes junto a Irán y la India), la inyección letal (en China y Estados Unidos), la silla eléctrica (también en los EUA) o la decapitación (en Arabia Saudita), quizás el sistema más terrible de los utilizados actualmente si tenemos en la memoria las imágenes que se han hecho públicas en los últimos años, y si es que se pueden establecer diferencias en algo tan inhumano como es el la muerte de una persona por una decisión de un tribunal, un primer ministro o un jefe de estado.

Un caso especialmente lamentable es el de Estados Unidos por ser un país supuestamente tan democrático. Sin embargo, en los EUA la pena capital sigue aplicándose de manera continua e implacable, y no parece que eso vaya a cambiar en los próximos años. Si bien 22 de sus 50 estados tienen aprobada la abolición, otros territorios como Texas han aplicado más de un tercio de las 1.500 ejecuciones llevadas a cabo desde la restauración de la pena capital por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1976, tras 10 años de suspensión de la misma. Especialmente preocupante ha sido la reactivación del corredor de la muerte por parte de la jurisdicción federal bajo la presidencia de Donald Trump, algo que no ocurría desde hace 17 años, lo que ha supuesto 10 ejecuciones en menos de 6 meses, una cifra sin precedentes en las cuatro décadas anteriores, en las que solo se habían llevado a cabo un total de tres ejecuciones en aplicación de sentencias de los tribunales federales. También es absolutamente denunciable que, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte de los EUA, el número de personas de raza negra ejecutadas per asesinar a personas blancas desde 1976, cerca de 300, sea 15 veces superior al de personas blancas ejecutadas por el asesinato de personas negras, que han sido hasta el momento 21, cuando el número de asesinatos interraciales es de solo poco más del doble en el primer caso.⁽²⁾

No está de más tampoco recordar que este inhumano y degradante sistema se mantuvo en España hasta los últimos años del franquismo, habitualmente en procesos llenos de irregularidades. Así, en marzo de 1974 fueron condenados y ejecutados Salvador Puig Antich, militante anarquista y Georg Michael Welzel, un preso común más conocido como Heinz Chez o Heinz Ches, aplicándoles a ambos el terrible y cruel método del garrote vil. En septiembre de 1975, apenas dos meses antes de la muerte del dictador, fueron nuevamente condenadas a muerte once personas, cifra que muy a menudo se olvida. Ocho de ellas eran miembros del FRAP⁽³⁾ y tres de ETA, aunque seis de las condenas, entre ellas dos mujeres embarazadas, serían conmutadas por penas de prisión, siendo finalmente ejecutados los miembros de ETA Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui y los miembros del FRAP José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, cinco en total. La abolición de la pena vino de la mano de la Constitución de 1978 si bien, para tiempos de guerra, la misma no sería efectiva hasta 1995.

Afortunadamente, y también según Amnistía, en estos momentos son ya 123 los miembros de la Asamblea General de la ONU que apoyan el establecimiento de una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo, lo que es sin dudad un primer paso para alcanzar a medio plazo su plena abolición, un número de países sensiblemente superior al de hace tan solo una o dos décadas. En todo caso, la posición de la organización internacional defensora de los derechos humanos en todo el mundo, tal como nos recuerda en este detallado informe es muy clara y contundente, y debería ser el principio rector de los gobernantes de todos los países: Amnistía Internacional “se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución”.

Notas

(1).     Informe global de amnistía internacional. Condenas a muerte y ejecuciones en 2020

(2).     EEUU: Pena capital muestra historia de disparidad racial – Los Angeles Times – 15/09/2020

(3).   Siglas del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, organización de extrema izquierda que realizó numerosos atentados en España en los años 70 del siglo pasado.